Introducción
El XIII Congreso del PIT-CNT se realiza en un contexto internacional caracterizado por un avance importante de la derecha, tanto en el mundo, como en nuestro continente. Para la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) en esta instancia se trata de “ posicionar a nuestro PIT CNT como una organización capaz de enfrentar la actual ofensiva del capital contra todas aquellas fuerzas sociales y políticas que, en mayor o menor medida, obstaculizan un proceso de reestructuración capitalista para ampliar la sobre explotación de los trabajadores”.
A continuación se presenta una reseña de los principales aspectos conceptuales del documento que fue presentado por COFE para ser discutido en el próximo Congreso. Se han excluido de esta reseña el análisis internacional que es compartido en todos los documentos presentados y el detalle de las propuestas.
Las premisas básicas
El PIT CNT, como continuador de la gloriosa CNT, representa los más altos niveles de unidad de la clase trabajadora y es un referente ético y programático primordial para nuestro pueblo; fundamentalmente para nuestra clase que brega por la conquista de una nueva sociedad, sin explotados ni explotadores, superadora del sistema capitalista.
La luchas por los objetivos reivindicativos inmediatos tiene que servir de base para acumular fuerzas y avanzar hacia el logro de los objetivos programáticos que nos hemos marcado como clase desde aquel emblemático Congreso del Pueblo de 1965 y que se actualizaron en el Segundo Congreso del Pueblo en 2008. Para lograrlo debemos luchar, sin pausa y sin concesiones, por una modalidad de desarrollo económico y social que ponga en el centro los sectores populares, los trabajadores, los productores directos y que el poder se ejerza a partir de los intereses, la participación y movilización de esos sectores. Esto implica cuestionar fuertemente la forma dominante del desarrollo actual y el bloque de poder que la sustenta.
Los límites del progresismo
Las condiciones para el desplazamiento del progresismo quedaron establecidas cuando aceptaron las instituciones políticas y económicas del sistema capitalista. La ofensiva actual para sustituirlos por fuerzas políticas totalmente sometidas a los designios del capital se explicaría, en gran medida, porque los gobiernos progresistas tienen contradicciones internas y no garantizan el pleno cumplimiento de los objetivos económicos y geopolíticos de los Estados Unidos.
En Argentina, Brasil y Uruguay, llegaron al gobierno fuerzas políticas que trataron de atenuar los males del capitalismo sin enfrentarlo como sistema. En los tres países los cambios son fuertes en el plano electoral – con reiteradas victorias nacionales y regionales-, mínimos o nulos en lo ideológico, pero en lo económico e institucional profundizaron el capitalismo.
La caída de los precios de las materias primas, la recuperación del valor relativo del dólar y el retraimiento de la entrada de capitales afectan económica y políticamente a los gobiernos progresistas. Hay una tendencia al descenso de la actividad económica: desaceleración, estancamiento y, en algunos casos, recesión con lo cual se genera la caída del ingreso nacional y un aumento considerable del déficit fiscal. En contextos críticos, como los señalados, caen los ingresos reales de trabajadores y pasivos, se reducen los recursos destinados a los servicios e inversiones públicos, y a políticas dirigidas a los sectores más desprotegidos, lo que provoca una pugna distributiva entre trabajo y capital y el creciente empobrecimiento de sectores sociales que dependen de subsidios del Estado.
En los últimos dos años se producido una transformación geopolítica muy importante, los gobiernos de Argentina y Brasil, han cambiado de signo, el primero por derrotas electorales y, el segundo, por una interrupción abrupta del proceso democrático.
Las medidas tomadas por los gobiernos de Mauricio Macri) y Michel Temer contra los trabajadores a través de leyes que lesionan los derechos laborales y de los pasivos, acompañadas de represión contra las protestas sociales muestran la gravedad de la ofensiva del capital que pretende eliminar los derechos adquiridos a lo largo de décadas, muchos de los cuales solo pudieron lograrse en el marco de gobiernos progresistas.
Caracterizando la etapa
Para analizar la situación actual parece imprescindible recordar como caracterizábamos los trabajadores el ascenso al gobierno del FA: “Estamos ante la emergencia de un nuevo escenario político y social que pasa por la generación de mejores condiciones para la disputa con la hegemonía de las clases dominantes.” (MRNA del PIT-CNT, 27/12/2004). El aspecto fundamental a analizar es si hubo o no “mejores condiciones para disputa de la hegemonía con las clases dominantes” y que resultado tuvieron esas nuevas condiciones que se desarrollaron a partir de 2005. Deberíamos analizar, al menos, tres planos de la lucha de clases: la reivindicativa, la programática-estructural y la ideológica.
Desde el punto de vista reivindicativo se lograron un conjunto significativo de reformas legales y salariales a favor de los trabajadores. Esto, siendo cierto, se procesó en forma diferente en los sectores público y privado y en los diferentes períodos de gobierno.
Desde el punto de vista programático-estructural: a) no se enfrentó al capital, afectando sus derechos de propiedad, para distribuir la riqueza acumulada, por lo contrario, se ampliaron y/o crearon un conjunto significativo de reglas favorables al capital para captar inversión extranjera directa, promover inversiones nacionales e implementar la participación público privada; b) no se impulsó el desarrollo de las empresas públicas existentes y menos aún se amplió la propiedad estatal a otros sectores económicos; c) en síntesis, no se llevó adelante un proyecto de cambio estructural alternativo para reducir el dominio del capital en la economía nacional ni, por supuesto, existen indicios de un proyecto anticapitalistas de mediano y largo plazo.
Desde el punto de vista ideológico, el discurso predominante consolidó la hegemonía de la clase dominante: el “capitalismo en serio” se impuso sobre cualquier alternativa de orden social: ni antioligárquico, ni antiimperialista, y mucho menos, anticapitalista.
El concepto “gobierno en disputa” trató de explicar lo que se verificaba en la práctica, dentro de los gobiernos del Frente Amplio, pero es una categoría de análisis insuficiente en tanto parecería referirse a un equilibrio de fuerzas que en el caso del FA no fue tal en la mayoría de los temas de fondo. Si el concepto disputa no discrimina cual es la correlación de fuerzas existente y en que ámbitos, entonces poco agrega dado que en mayor o menor medida al interior de todo gobierno existen disputas.
En los gobiernos del FA existen diferencias muy claras entre sus múltiples sectores respecto a temas cardinales, tales como: el papel del Estado; la inserción internacional; los mega emprendimientos extranjeros; la matriz productiva a desarrollar; la política presupuestal y tributaria; etcétera. En los hechos, y más allá de las intenciones y las justificaciones, hay sectores que defienden básicamente los intereses del capital y se pliegan a su proyecto. Otros sectores que tienen proyectos de mayor alcance programático no han tenido capacidad y/o fuerza para lograr que sus planteos se reflejaran en el modelo de acumulación actual y en las correspondientes políticas económicas. Lo relevante a señalar es que los intereses estratégicos del capital, básicamente transnacional, han predominado en lo programático estructural.
Uno de los pocos ámbitos donde la disputa se resolvió, en algunos casos, a favor de los trabajadores y contra el capital fue la inserción internacional: en 2007 se evitó la firma de un TLC con Estados Unidos y en 2015 se logró el retiro del tratado plurilateral de liberalización del comercio de servicios (TISA) impulsado por los Estados Unidos.
La correlación de fuerzas ha sido mucho más equilibrada en lo que tiene que ver con los temas reivindicativos, de todas formas los parámetros han sido fijados en gran medida por el equipo económico. La discusión de la ley que buscó resolver el problema de los “cincuentones” mostró claramente las diferencias dentro del gobierno.
Se ha planteado, también, que existe de un “bloque político social para los cambios” que se contrapone al proyecto de “restauración conservadora” de la derecha. Si nos atenemos a lo señalado anteriormente ese llamado “bloque de los cambios” incluye sectores que defienden los intereses del capital y que han predominado en la conducción económica del país. Quiere decir que rechazar la “restauración conservadora” no implica, como contrapartida, el apoyo irrestricto al llamado “bloque político social de los cambios”, como si fuera una fuerza homogénea cuyo objetivo es defender los intereses de los trabajadores.
Hoy más que nunca se impone que nuestra clase rediscuta la política de alianzas y, en particular, el papel que cumple dicho “bloque” en esta etapa y cuál es el papel que le corresponde a los trabajadores en el mismo.
Si bien coincidimos en que la principal fuerza motriz de los cambios sociales son los trabajadores organizados, vemos que hasta ahora las acciones llevadas adelante han sido insuficientes para modificar la correlación de fuerzas y profundizar cambios capaces de modificar la estructura social y económica del Uruguay, sin posibilidad de ser revertidos o revocados si alterna el gobierno.
Si no somos capaces de modificar la correlación de fuerzas en nuestro país y de clarificar cuales son los puntos de inflexión por donde pasa hoy la lucha de clases, no hay manera de combatir al imperialismo y evitar el avance de la derecha como en el resto del continente. Al respecto, en el documento se sostiene: “vienen por nosotros para liquidar las conquistas… vienen por todo lo que hemos ganado los trabajadores a lo largo de años de lucha, entre otros, derechos laborales, libertades sindicales, formalización y aumentos salariales».
Dicho lo anterior, sin olvidar que desde los gobiernos del FA se impulsan medidas tales como los tratados de libre comercio y de inversiones, la extranjerización de la economía, el mantenimiento del sistema de AFAPs, las declaraciones de esencialidad sin fundamento legal, el decreto 401 que pena en forma más desproporcionada los paros parciales, la prohibición de ocupar en el sector público, la represión en la educación, el incumplimiento de la Ley de Negociación Colectiva y el avance de las tercerizaciones. Además, por supuesto, de los procesos de privatización en varias empresas públicas, así como la reducción de las inversiones del Estado, sustituidas en muchos casos por el régimen de Participación Público Privada y/o concesiones con los privados, con todo lo que ello implica.
Conciliación de clases y fortalecimiento de las reglas del capital
Han existido, ciertamente, contradicciones y disputas en el gobierno y en la fuerza política, pero la iniciativa respecto al modelo económico y la inserción internacional estuvo desde el principio en manos de quienes propugnan una profundización del modelo centrado en el mercado, atraer inversiones extranjeras y el mayor nivel de apertura externa posible.
Los sectores que han resistido ese modelo económico, si bien han carecido de una propuesta alternativa común, tuvieron la capacidad de organizarse junto al movimiento popular y frenaron el TLC con Estados Unidos en 2007 y el TISA en 2015.
Como contrapartida del proceso de profundización del modelo ortodoxo, amigable para la inversión extranjera, los gobiernos del FA buscaron su legitimación a través de una estrategia que combinó, la contención de las situaciones de máxima pobreza con políticas sociales. Desde este punto de vista consideramos que los últimos gobiernos han realizado una estrategia de profundización del capitalismo basada en una política de conciliación de clases asimétrica que brinda ciertos beneficios a los capitalistas y a los trabajadores.
Los beneficios del capital transnacional están fuertemente protegidos por tratados de protección de inversiones y de libre comercio que garantizan que en caso de incumplimiento del Estado este deban enfrentar demandas internacionales y pagar enormes indemnizaciones. Tampoco puede desconocerse que los subsidios ya otorgados a las empresas nacionales no pueden ser revocados porque enfrentarían juicios con costos muy altos.
Los beneficios legales obtenidos por los trabajadores, en base a su lucha, pueden ser reversibles por cualquier gobierno, se pueden modificar o derogar leyes, decretos y resoluciones. Avances tan importantes, tales como: la reimplantación de los Consejos de Salarios – ampliado a los trabajadores rurales y a las empleadas domésticas-; los fueros sindicales; la eliminación del decreto que impedía las ocupaciones; la ley que garantiza los cobros de derechos laborales cuando no cumple una empresa tercerizada; la ley de ocho horas al sector rural; las leyes de negociación colectiva pública y privada, ley de responsabilidad penal, FONDES Y INEFOP. Se valoran, también, los avances en materia social como son Matrimonio Igualitario, Interrupción voluntaria del Embarazo, Legalización de la Marihuana y la aplicación de un Sistema Nacional de Cuidados.
Los capitalistas, en cambio, tienen beneficios y privilegios, tales como: la ampliación del número de Zonas Francas, las que se otorgan a empresas transnacionales que instalan grandes plantas pasteras y/o en edificios en la ciudad; la ampliación de los beneficios de la Ley de Promoción de Inversiones y la Ley de Asociación Público Privada que beneficia tanto al capital extranjero como al nacional.
Esta desigualdad jurídica entre el trabajo y el capital se expresa con meridiana claridad en los momentos de crisis económica cuando se producen reducciones del nivel de actividad, devaluación, inflación y déficits fiscal que hacen que el Estado aplique políticas de ajuste.
Muestra de ello son las concesiones realizadas en el acuerdo firmado con la empresa UPM para que lleve adelante la instalación de una pastera en el centro del país. Nuevamente se priorizan los impactos económicos favorables que genera un mega proyecto sobre los impactos de mediano y largo plazo en la economía nacional y en el medio ambiente. En este caso se adicionan, además, una serie de requerimientos en inversiones del estado en infraestructura (mil millones de dólares) y en regulaciones laborales con el agravante que la empresa se reserva el derecho de invertir o no, a pesar de que se hayan cumplido con todas sus demandas.
Téngase en cuenta que esta situación de asimetría entre el capital y el trabajo aumentará exponencialmente si el gobierno sigue adelante con su política de firmar tratados de libre comercio y de protección de inversiones con países de enorme poder económico mundial como China y los países agrupados en el Transpacífico, ejemplo TLC con Chile.
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