UPM 2 ¿APOCALIPSIS O PANACEA?

La firma finlandesa anunció su decisión de concretar la inversión en la segunda planta de celulosa en nuestro país. No tardaron en aparecer las voces de quienes ensalzan este proyecto y quienes lo denostan. ¿Qué tan positivo es para el Uruguay? ¿Cuáles son los números más verosímiles, los que sostienen que la inversión nunca será recobrada o los que declaran que es una inversión superavitaria? ¿Por qué los grandes partidos están de acuerdo en esta ocasión, cuando estamos acostumbrados a verles enfrentados en la mayoría de los temas? ¿Hay una visión común de apertura de la economía al mundo en que cualquier inversión es vista como una lluvia de agua bendita? ¿Subir el PBI y asegurar los equilibrios macroeconómicos puede llevar a negociar aceptando clausulas lesivas para nuestro país? ¿Puede llegar a ser un desastre ecológico como vaticinan algunos? ¿Son confiables nuestros organismos de cuidado del medio ambiente? ¿Será el tren de UPM o del pueblo?

Mala Tos Le Siento al Gato por Celina McCall

A lo que todo indica, esta noche el presidente Vázquez saldrá en cadena para “informar” sobre el acuerdo alcanzado con UPM para la instalación de una nueva planta de celulosa en el río Negro. Será, dicen, el mayor legado de Tabaré, y la mayor inversión en la historia del país.

Mi primera reacción ante esta noticia fue “No aclares que oscurece”. Ninguna explicación sirve ya ante el hecho consumado.  ¿Por qué le debemos creer ahora? Está todo cercado del más absoluto secretismo, y lo poco que se sabe no augura nada bueno en el futuro.

Pienso que la planta debería haberse encarado desde el principio como una política de Estado. Al final, ya teníamos la experiencia de Botnia, y todos los problemas acaecidos por su  instalación.  Para empeorar la cosa, el que era más intransigente en aquél entonces con el gobierno uruguayo era el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, el mismísimo Alberto Fernández, hoy candidato a la presidencia del vecino país.  Es increíble que doce años después del corte de puentes y el conflicto con Argentina, los personajes sigan siendo los mismos.

El Frente Amplio está acostumbrado a gobernar y legislar en mayoría, sin consultar a nadie y sin que la opinión de la otra mitad de la población les interese en algo.    De ahí a la soberbia y a equivocarse, hay un solo paso. Tanto se vanaglorian que somos la única democracia plena del Continente, y a la hora de prestar cuentas, no les gusta hacerlo.

Para poder decir si UPM2 está bien o mal tengo que poder informarme bien qué se negoció, y eso resulta imposible.  La mayor inversión en la historia del país, pero ¿a qué costo?  ¿El tren (¿de los Pueblos Libres?) que tienen que brindarle aumentará en cuánto nuestra deuda y déficit ya gigantesco a cambio de cuántas regalías?

A Toma, secretario de presidencia, le preguntaron qué entregaba Uruguay a cambio de la inversión y respondió categóricamente “Absolutamente nada”. Yo no preciso escuchar absolutamente nada más para saber que no dice la verdad.  Se le ha dado mucho y algún día sabremos cuanto.  Mientras, el país se nos inundó de cianobacterias pero nos dicen que los controles ambientales son de última generación.  El campo está fundido pero a los compatriotas no se les puede dar nada porque el país se hunde.

“Al Uruguay inclusivo le falta reconocer, dentro de su mapa de diversidades, a los uruguayos que trabajan la tierra, pequeños, medianos y grandes. Le falta una defensa transversal y enfática de la producción nacional”, escribió Eduardo Blasina. Tanta obsesión con UPM que se olvidaron de investir en su gente.  Mala tos le siento al gato.

Frente único pro-UPM por Camilo Márquez

Luego de conocidos los resultados electorales de las internas los mandamases de UPM han decidido bajarle el martillo a la inversión de su segunda planta de celulosa en el país. El gobierno no disimuló su satisfacción que llegó incluso al éxtasis, afirmando que esto reforzaba la imagen internacional en cuanto a seguridad jurídica, “estabilidad institucional”, seriedad, responsabilidad y “confiabilidad” de Uruguay para la llegada de inversiones extranjeras. Mejor es lujo.

La empresa hizo movimientos antes de las internas, amagó en varias ocasiones, incluso puso en duda si se instalaría. Dos domingos antes de la elección el gobierno le firmó una resolución que: “refuerza los mecanismos de prevención, instala dos oficinas cerca de la planta y establece como último punto del conflicto la ocupación” (el Observador 30/7) Se trata de un compromiso especial que blinda al capital celulósico, el ok de los fineses no sólo es una venia política sino un respaldo intelectual a la reelección del FA.

“La empresa había solicitado un marco jurídico que evitara que la primera medida de protesta fuera el piquete” (ídem) Este “detalle” más que ningún otro es el corazón de la reglamentación sindical que literalmente encorseta cualquier posibilidad de lucha del carácter que sea. Mientras la empresa poda la capacidad de acción (al menos en los papeles) de la fuerza de trabajo, el binomio que se encuentra a la cabeza del PITCNT juega a la diplomacia con declaraciones ambivalentes. El comunicado firmado por Pereira y Abdala balbucea que “la tradición” en Uruguay es que “hay negociación colectiva”. El comunicado esquiva rigurosamente la consigna de orden: ABAJO LA REGLAMENTACIÓN SINDICAL. Cierra citando a D´Elia para mendigarle al Poder Ejecutivo: “Los acuerdos son para cumplirse”, precisamente, Vázquez le firmó un acuerdo al pulpo de la celulosa y se lo CUMPLE, esta calesita no nos lleva a ninguna parte.

Pero la cosa es considerablemente más grave, porque el gobierno ha desempolvado toda una serie de leyes del pachequismo para galvanizar este acuerdo anti-obrero. Aquí hay que hacer una reflexión: Los gobiernos del FA echan mano siempre al mismo periodo del pasado para regimentar la movilización cuando los mecanismos de contención normales son desbordados o para prevenir esos desbordes, un régimen que se especializaba en apalear estudiantes y encarcelar huelguistas.

Decreto anti piquetes, esencialidad, militares a recoger basura contra la huelga de los municipales, ahora la propia burocracia sindical (que va a llamar a votar por Martínez) se ve obligada a denunciar más de lo que ella misma quisiera en el “dejamos constancia (?) de que no reconocemos lo establecido en la ley 13720 artículo 3 literal f del gobierno del señor Pacheco Areco”, este literal no considera “licita” una huelga si la causa que la origina no es planteada con siete días de anticipación. Como vemos, el FA le ha afilado las armas a un futuro gobierno derechista pero antes él mismo ha debido llegar a ese destino en dosis homeopáticas. Es una fuerza no ya defensora del status quo, sino reaccionaria, nadie en su sano juicio puede asignarle características progresistas, no digamos transformadoras o de izquierdas.

No hay que mencionar otra vez la seguidilla de números que desmienten las cifras ultra millonarias que en teoría dejará UPM-2 en el país. Está al alcance de cualquiera con una conexión a internet como el Estado va a terminar poniendo más dinero (de entrada) tren y puerto mediante para transportar y sacar la celulosa del país. Si esto no alcanzara para convencer a alguien, allí está la pastera de Fray Bentos que es la capital del desempleo a nivel nacional.

Por más que los candidatos de la oposición blanqui-colorada (y los socios menores de estos) aparezcan con reservas y “prudencia”, es sólo cálculo electoral, de otra forma se mimetizarían con el oficialista, pero todos apoyan la entrega de la tierra, el subsidio al capital extranjero por parte del Estado y el ataque a los derechos laborales que pretenderán generalizar utilizando este precedente como palanca para torcerle el brazo a la clase obrera.

Desde el Partido de los Trabajadores lo decimos claramente: Fuera UPM y su tren; por la nacionalización de los recursos naturales, estatización bajo control de los trabajadores y las organizaciones populares de los emprendimientos ya instalados en nuestro país.                             Por un verdadero plan de industrialización al servicio del pueblo laborioso.

No hay milagros por Andrés Copelmayer

Que, en tiempos de guerra comercial, proteccionismos e incertidumbre económica global, la empresa finlandesa realice la mayor inversión de su historia en el Uruguay, es el resultado de la confiabilidad internacional que tiene nuestro país como sistema democrático y republicano.

Esta inversión, por su monto inédita en nuestro país, dejará a Uruguay como el quinto productor mundial de celulosa y provocará un cambio sustancial en la dinámica productiva del país. La fase de construcción y montaje de la planta, empleará a 6.000 personas durante dos años, entre mediados de 2020 y 2022. Inversión largamente esperada, porque moverá al sector de la construcción, uno de los más potentes para crear empleo, y que arrastra 20 trimestres consecutivos de recesión. Tal es su impacto que los propios finlandeses criticaron fuertemente a la empresa por no instalar esta planta en Finlandia.  Es un proyecto de US$ 3.000 millones, con un contrato que dura 50 años, sin ninguna cláusula por fuera de la normativa vigente, y que tendrá un fuerte impacto productivo y socio ambiental que recaerá sobre las próximas generaciones. Gane quien gane las próximas elecciones, contará con un colchón de ingresos que atenuarán el impacto recesivo del necesario ajuste del alto déficit fiscal, que si o si deberá comenzar por una consensuada reforma de la seguridad social. Esta inversión planchará la suba del dólar y por ende permitirá seguir controlando la inflación.

UPM2 es un logro de todo Uruguay y de su rica historia institucional, por lo cual todo uso electoral a favor o en contra de esta inversión, banaliza el desafío urgente de concretar políticas de estado socio ambientales. El gran mérito de este gobierno es que asumió riesgos y costos de gran magnitud al acelerar la construcción de infraestructura indispensable para el país, sin tener confirmada aún la inversión.

Pero ser el quinto país en el mundo en producción de celulosa y ser parte del Acuífero Guaraní nos exige asumir responsabilidades socio ambientales con las próximas generaciones.

El Acuífero Tacuarembó, nombre dado en Uruguay al Sistema Acuífero Guaraní (SAG), es compartido con Argentina, Brasil y Paraguay. Su extensión en el territorio nacional es de 40.000 Kms2, abarca toda la región norte y es la unidad acuífera más importante del país. El Sistema Acuífero Guaraní en su conjunto es uno de los reservorios de agua subterránea más extensos del mundo con 1.200.000 kms2. Ambas sumadas, son razones más que suficientes para que urja una total reingeniería de la DINAMA. Este organismo no cuenta hoy con los recursos humanos y tecnológicos, la capacitación ni el presupuesto necesario, para generar estrategias complejas de control en tiempo real sobre la afectación del medio ambiente, proponer alternativas sustentables a los problemas presentes y futuros, ni para anticiparse con acciones preventivas. Es cierto que se logró avanzar mucho: se creó el Plan Ambiental Nacional y el Observatorio Ambiental; se definió una Estrategia Nacional de Biodiversidad; también el Departamento de Gestión Costera y Marina y se fortaleció el Sistema Nacional de Áreas Protegidas; junto a la creación del Gabinete Ambiental y la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático. Su éxito más resonante es el combate al plástico de un solo uso y la Ley de Residuos. Pero lo cierto es que en muchos casos la seguimos corriendo de atrás. Según anunció la Ministra el día Mundial de Medio Ambiente, el número de sujetos controlados por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) varió de 500 en 2008 a 7.000 en 2018, lo que aún es francamente insuficiente. Además, mencionó la incorporación del monitoreo en línea en tiempo real, que se inició para un grupo de grandes emprendimientos y se extendió a más de 20 industrias y en los próximos meses alcanzará a 60 empresas, lo que es muy poco en relación al número total de empresas contaminantes. Es evidente que en muchos casos no se cuenta con los recursos humanos ni tecnológicos para garantizar el cumplimiento de las leyes de protección ambiental. Es tiempo que el sistema político acuerde una política de estado en torno al medio ambiente jerarquizando la dimensión de los desafíos que se enfrentan. También urge que junto a la sociedad toda dejemos de ver a las organizaciones sociales ambientalistas defensoras de la tierra, el agua, el aire y los bienes naturales como unos simples loquitos sueltos que protestan por todo.

República o “Monarquía Celulósica” por Raúl Viñas

El martes pasado un comunicado en inglés de UPM daba la mala noticia para Uruguay de que la empresa había dado el “SI” a la posibilidad de instalar una segunda planta de celulosa, eso siete meses antes del fin del plazo previsto en el documento firmado entre el Poder Ejecutivo y UPM el  7 de noviembre de 2017.

Esa firma se realizó en la Torre Ejecutiva con invitación a toda la prensa nacional e internacional, rápidamente convocada, ya que hasta el mediodía la noticia era que UPM se tomaría 10 días para decidir sobre algunas cláusulas del documento.

De lo firmado esa tarde se dijo que era la de una “hoja de ruta” un “precontrato” y otras consideraciones similares, aunque ahora ha sido  denominado como un “Contrato de Inversión”

Pero esa no sería la única firma comprometiendo al Uruguay en sumas multimillonarias con la empresa UPM. Cinco meses más tarde los mismos funcionarios que comparecieron en representación de Uruguay el 7 de noviembre, firmarían con los representantes de UPM  una  modificación al documento, aceptando entre otras cosas un pago 10 veces menor al pactado originalmente por el uso que haría UPM de las vías que Uruguay construiría entre la planta de celulosa en Pueblo Centenario  y la terminal de UPM en el puerto de Montevideo.

A diferencia de la primera, esta segunda firma no tuvo publicidad, no se citó a prensa y las luces de la sala de presidencia permanecieron apagadas. Sucedió el 5 de abril de 2018, aunque los uruguayos solo nos enteramos casi un año más tarde, cuando en un informe pagado por la Presidencia a un estudio privado de abogados para justificar que los funcionarios firmantes no concurrieran a una citación del parlamento, apareció citada la modificación realizada al contrato, entre los documentos estudiados.

No hubo además en este caso una resolución del Poder Ejecutivo autorizando la firma de los funcionarios. La Resolución 154/2018 convalidaría lo actuado, pero solo 4 días más tarde, evidenciando la falta de autorización previa para el acto realizado.

Tampoco fue esa la última vez  que se firmaron modificaciones o contratos comprometiendo a la República con UPM. Al otro día de que la empresa comunicara su decisión de seguir adelante con la planta de celulosa sobre el río Negro, y cuando aún no se habían acallado las manifestaciones de júbilo de algunos, por el gran negocio que esto puede significar para UPM; supimos que una semana antes, el 15 de julio, los mismos tres funcionarios volvieron a firmar documentos en nombre de la República, otorgando a UPM aún mejores condiciones para desarrollar su negocio en Uruguay, además de la posibilidad de retirarse del contrato unilateralmente, por su sola voluntad, con la sola condición de avisar con un año de antelación.

Al igual que en 2018 esta firma se realizó sin prensa ni control alguno, solo por la voluntad de los tres firmantes y supuestamente la del Presidente de la República que con su acción termina de comprometer al país al pago de más de  cuatro mil millones de dólares en una serie de otros documentos confidenciales firmados con UPM, como fue el contrato de compra de energía al que se obligó la UTE por 20 años.  Este contrato se firmó pese a la opinión contraria de los servicios jurídicos del organismo. Además de acuerdo con los servicios técnicos de UTE supone un incremento de la tarifa eléctrica de un 2%, elevando aún más el costo de la electricidad para los uruguayos.

Tan secreta fue la firma del documento el 15 de julio, documento que ahora sabemos se denomina “Contrato Complementario”, que consultados varios miembros del Poder Ejecutivo, los ministros de Economía, de Transporte y Obras Públicas y de Industria y Energía, tres carteras claves en el tema, reconocieron desconocer las cláusulas de ese contrato.

Recordemos que las cabezas de esos ministerios además de las de los ministerios de Trabajo y de Vivienda y Ambiente habían estado en la foto de la firma del contrato original de noviembre de 2017.

¿Como un país como Uruguay, reconocido internacionalmente, hasta ahora, por su seguridad jurídica ha llegado a esta situación de lo que al menos podemos llamar “desprolijidad” administrativa?

El parlamento es el gran ausente, el legislativo que de acuerdo con el Artículo 85 de la Constitución de la Republica debe : “aprobar o reprobar por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, los tratados de paz, alianza, comercio y las convenciones o contratos de cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras” no tiene injerencia en estos tratos que el ejecutivo realiza por si y ante si con empresas a las que de esa manera eleva al nivel de estados rebajando la república al nivel de una empresa que viene a operar en su territorio.

¿Cómo llegamos a esta situación en que como un monarca absolutista el Presidente decide solo con su secretario comprometer el país incluso más allá de su mandato?

¿Cómo puede ser que el presidente pacte con empresas condiciones que en la práctica anulan a los poderes judicial y legislativo de la República en lo que se refiere al trato con la empresa que contrata?

Lo del legislativo es porque porqué más allá de la seguridad jurídica que es un valor a conservar y cuidar, se pacta en esos contratos la inamovilidad jurídica por la que una ley promulgada por un parlamento legítimamente elegido, digamos en 2035, no sería aplicable a la empresa.

El Poder Judicial queda además fuera porque en los contratos se pacta la jurisdicción internacional para la resolución de diferencias entre la empresa y el estado.

La combinación de estas condiciones hace que las empresas contratantes configuren algo muy parecido a los enclaves coloniales de potencias y empresas que en los siglos 18 y 19 sirvieron para la explotación de los recursos naturales de muchas regiones del mundo, en beneficio de las metrópolis y empresas tratando con los reyezuelos o dictadores de turno.

¿Cómo se ha llegado a esta situación de poder cuasi absoluto en manos del Presidente y su Secretario para pactar condiciones en nombre de la república incluso más allá de su período de gobierno?

Para nuestro país esta situación tiene su origen en los decretos del Poder Ejecutivo 455/2007 (1) y 477/2008 (2) ambos decretos dicen reglamentar la ley conocida como de promoción de inversiones (Ley 16906) (3) pero en la práctica van más allá de lo que dice la ley a la que le hacen decir y por lo tanto a los legisladores y al Poder Legislativo más de lo que la ley dice y de lo que evidentemente fue la intención del legislador. En esos decretos se crea la figura e instrumento de los contratos entre gobierno y empresas cuando se trate de proyectos de inversión que superen los siete mil millones de Unidades Indexadas, equivalentes a casi mil millones de dólares. Esos proyectos que se califican como “Inversiones de gran significación económica” quedan en manos exclusivamente del Poder Ejecutivo y dentro de el de la Presidencia de la República y muy especialmente del Secretarío de la Presidencia que preside la comisión que se conforma con representantes de los ministerios relacionados con las actividades del proyecto para definir y negociar el contrato.

Así en este tiempo de elecciones uno esperaría que se propusiera revisar este conjunto de normas que genera la entrega de la soberanía a las empresas y una peligrosa concentración de poder económico y político en muy pocas manos y sin ningún control.  Sin embargo eso no sucede, se me ocurren dos causas, no conocen que esto existe o no quieren hacer olas por si les llega la oportunidad de usarlo.

• https://www.impo.com.uy/bases/decretos/455-2007
• https://www.impo.com.uy/bases/decretos/477-2008
• https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp6212048.htm

UPM2 El fin a la incertidumbre por William Yohai

Hace pocos días UPM aprovechó su presentación trimestral a los accionistas[i] para dar a conocer la famosa “Decisión Final de Inversión”. Construirá una planta de celulosa en Uruguay con capacidad

para 2.1 millones de toneladas anuales.

1) En la versión en inglés se afirma que el de la tonelada de celulosa será de U$S 280. Hemos calculado, junto a Gustavo Melazzi, en estudios publicados desde 2007 hasta la actualidad, que el costo de producción de las pasteras uruguayas debía aproximarse a U$S 300 la tonelada. La empresa nos da la razón.

Esto sitúa las ganancias previsibles de la empresa, a valores actuales de la celulosa de unos U$S 700 la tonelada, de U$S 800 millones anuales. Si recalculamos a un precio aproximado promedio los últimos 10 años de U$S 550[ii] la ganancia no bajaría de U$S 500 millones anuales. Como el mismo informe resalta, no hay en el mundo, grandes inversiones en producción de celulosa previstas para los próximos años. Se puede afirmar que las estimaciones de ganancias serán mucho más cercanas o superiores a los niveles máximos que a los mínimos.

Como UPM afirma que invertirá en total U$S 3.050 millones (2.700 en la planta, y 350 entre el puerto y Paso de los Toros) se presume que recuperará la inversión entre 3 y 6 años. Todo un récord para grandes inversiones de este tipo. También podemos afirmar que, al exencionar a la empresa de IRAE el estado uruguayo dejará de percibir entre U$S 125 y 200 millones por año. Este es un aporte que no se ha mencionado para la instalación de la planta. Si tomamos un horizonte de 20 años (tiempo de vida útil estimado de la planta) Uruguay aporta-pierde entre U$S 2.500 y 4.000 millones como resultado de esta generosa exención[iii].

2) Entre las razones esgrimidas por los jerarcas del gobierno y aceptadas por la gran mayoría de la prensa y la oposición política (con matices) para las inmensas concesiones que el estado uruguayo aceptó en el contrato ROU-UPM[iv] hay una que predomina y dice aproximadamente así: “Esta es la mayor inversión de la historia del país, reactivará el centro de la República que exhibe los peores indicadores económicos y sociales….si no concedíamos todo eso la inversión no se llevaba a cabo”

El informe de UPM desmiente en forma implícita pero al mismo tiempo categórica ese razonamiento: “La disponibilidad de eucaliptus está asegurada a través de las propias plantaciones propiedad de UPM, de las arrendadas así como de acuerdos de suministro con proveedores privados. Hoy las plantaciones propias y arrendadas cubren 382.000 hectáreas capaces de suministrar tanto la planta de Fray Bentos como la nueva de Paso de los Toros”. Si no hacía la planta: ¿qué iba a hacer UPM con los 7-8 millones de toneladas de troncos que estaban creciendo aceleradamente? De allí el título: la incertidumbre que nunca fue.

3) Más adelante el informe se jacta de que, a U$S 1.286 por tonelada de producción instalada la de PdT es una de las más baratas de las existentes en el mundo….¿cómo podría ser de otra manera si el estado uruguayo está invirtiendo no menos de  U$S 3.000 millones para facilitarle la logística[v] a la empresa y encima la está subsidiando con U$S 1.450 millones, a razón de 72.5 anuales para pagar una energía eléctrica que no necesita ni necesitará por lo menos por 15 años?[vi]

4) Podríamos abrir un capítulo “delirios varios”. Ya demostramos con la información oficial (OPYPA)[vii] que, considerando la historia del empleo en la cadena forestal y especificamente en la forestal celulósica, la cantidad de empleos que se puede esperar genere la nueva planta una vez instalada y funcionando es magra. No más de 500. De 4.000, que menciona el contrato ROU-UPM ahora crecen, mágicamente a 10.000. En la construcción de la planta el informe de viabilidad ambiental (documento de la empresa) habla de un promedio de 2.850, con máximos de 4.000. O sea, mínimos de mucho menos que eso.  Comparemos: desde 2014 se perdieron 50.000 empleos. El total de asalariados en el país ronda los 1.600.000…. ¿cuánto cambiarán esos 2.850 la situación global? Dudamos mucho que la construcción del ferrocarril y el viaducto empleen más de 500 personas durante 2 o 3 años. Son obras que se realizan a partir de maquinaria pesada con poca gente trabajando.

5) El ministro Astori se ufana del crecimiento del pbi que traerá el año que viene el comienzo de la construcción de la fábrica y demás obras. Toda la construcción de aquella implicaría, en dinero, un gasto de entre U$S 600 y 700 millones. Unos 200 anuales. Eso es un 0.33% (aproximadamente) del pbi anual del país. Menos aún impactarán las demás obras. Cabe aclarar que, desde el punto de vista de la inversión (formación bruta de capital, fbk, en términos técnicos) el impacto en el pbi se corresponde mucho más con la masa salarial empleada que con la inversión total (U$S 2.700 millones). En efecto, el grueso de esta cifra se genera a partir de maquinaria importada. Computa como “maquinaria y equipos” dentro de la fbk pero se debe deducir del pbi como importación. Y por supuesto, el próximo año comenzaremos a pagar intereses por los desembolsos que ya están generando las inversiones en curso (viaducto, traslados portuarios, etc.).

Eso sí, una vez funcionando la planta hará crecer el pbi nacional en poco menos (y en esto somos más optimistas que el gobierno) del 3%[viii]. un impacto puramente numérico y que se debe a la masa de dólares que figurarán como exportados. Escasísima repercusión interna.

Lo que también es claro: frente a este crecimiento del pbi se produce un considerable aumento de la deuda pública. El país no tiene “resto” económico lo cual se manifiesta en un déficit fiscal global cercano a 5% del pbi. Por tanto todas las inversiones ocasionadas por el proyecto causarán un aumento de la deuda mayor al 8% del producto[ix]. Por algo en el  conjunto de informes que publicó Búsqueda[x] el día 25/7 se lee: “La nueva planta de UPM promete dar un empuje a la economía uruguaya en un contexto de estancamiento. Sin embargo, esta buena noticia ya la habíamos incorporado en nuestra línea de base cuando revisamos a ‘negativa’ la perspectiva (de la deuda pública) el año pasado. No proyectamos que el impacto económico y recaudatorio de la planta, por sí solo, ayude mucho con el creciente déficit fiscal o estabilice el ratio deuda/PBI. Esto depende de medidas de ajuste fiscal que todavía están ausentes, aunque anticipamos que esto podría aclararse después de las elecciones”, declaró a *Búsqueda* el analista de Fitch Ratings Todd Martínez.”

Ese informe de Ficht es el que comentamos en el trabajo citado (nota final vi)

6) Visto todo lo anterior…. ¿tenemos los uruguayos algo para festejar del anuncio del 23 de julio? Los lectores sabrán extraer sus propias conclusiones.

[i]       https://www.upm.com/siteassets/asset/investors/2019/q2-2019-presentation_final.pdf

[ii]      http://www.mgap.gub.uy/sites/default/files/14_anuario_2018_-_comercio_exterior_productos_forestales.pdf página 241

[iii]     Para ver una comparación internacional. www.resonandoenfenix.blogspot.com “New York Times, UPM y nosotros”

[iv]     Hemos escrito abundantemente sobre el tema ver www.resonandoenfenix.blogspot.com . Algunos de estos trabajos han sido publicados además por BRECHA y VOCES. También hemos participado en múltiples mesas redondas en todo el país y en algunos programas de radio y televisión.

[v]      Un breve resumen: el ferrocarril nos cuesta U$S 2.400 millones, viaducto sobre accesos a Montevideo, traslado de puerto pesquero y dique Tsakos 300, dragado en 20 años no menos de 200, obras viales no menos de 100, etc. Cabe aquí precisar un concepto: cuando se suman los costos que se llevarán a cabo durante varios años se acostumbra calcular el valor actual de esos pagos. Nos parece que en este caso no corresponde: Uruguay pagará intereses por todos y cada uno de ellos. Por lo tanto la reducción de montos que cabría al aplicar el valor actual se anula al tener en cuenta los intereses generados por la deuda contraída.

[vi]              “El factor de carga anual, o sea, entendido como la relación entre el consumo durante un período de tiempo determinado y el consumo que habría resultado de la utilización permanente de la potencia máxima, fue de 64,3%, lo que representó un decremento de 0,77% en relación al año anterior” así reza el informe de UTE disponble en: https://portal.ute.com.uy/sites/default/files/generico/Memoria_2017.pdf (Págs. 16/17). Proyectando el crecimiento actual de la demanda  de energía, recién después de 2035 haría falta agregar nuevas fuentes de generación. Sin contar con el hecho de que el mismo será cubierto cada vez más a expensas de desarrollos dispersos en base a eólica y fotovoltaica con contrato de compra-venta con UTE.

[vii]    Ver en www.resonandoenfenix.blogspot.com “UPM2 ANATOMÍA DE LA MENTIRA: EL EMPLEO”

[viii]   Ver también el blog “resonando” “La insoportable levedad de los análisis económicos del gobierno parte 2”

[ix]     www.resonandoenfenix.blogspot.com “UPM2: ERRORES GROSEROS DEL CONTRATO, COSTO PARA ROU, DEUDA PÚBLICA Y CALIFICADORAS. Un cóctel interesante.”

[x]      Se puede consultar en www.resonandoenfenix.blogspot.com

 ¿Y la izquierda dónde está? Por Melisa Freiría

Cuando nos bombardean con el discurso de los dos demonios, embanderándose con las causas de izquierda, ¿quién los baja de su pedestal moral? Ellos mismos; cuando se paran del lado del capital extranjero sin un plan integrado de desarrollo nacional como política de Estado. Haciendo y deshaciendo a su antojo con un hermetismo pocas veces visto, hipotecando un futuro del cual no van a hacerse cargo.

¿Existe algún país desarrollado que no cuide su medio ambiente? ¿Existe algún país desarrollado que no regule ni sea capaz de controlar el cumplimiento de los cuidados hacia el medio ambiente? En quince años no se fue capaz de reducir la contaminación de los suelos y aguas sino que por el contrario se nos perjudicó aún más.

En lugar de poner el foco en un plan de infraestructura y desarrollo productivo para el país, el centro de todo siempre está en UPM. Los millones de dólares que destina el Estado para construir obras lo hace a oídos sordos de los reclamos de las familias afectadas y mandatado por la multinacional de UPM. No se enmarcan en un plan nacional de integración regional, sino que simplemente busca satisfacer las necesidades de los capitales extranjeros de la empresa.

Que es necesaria la inversión extranjera no hay dudas. La inversión privada viene decayendo desde 2013. Es necesario generar las condiciones estructurales para reactivarla. Esa tendencia estrepitosa no la revertimos con una ley ni con exoneraciones impositivas puntuales, tampoco poniendo el país al servicio de.

Es cierto que debemos generar empleo y aprovechar los derrames que producen las inversiones. Es también cierto que la educación debe acompasar los tiempos que corren, pero de ahí a cambiar programas por los lineamientos acorde a los intereses de una empresa multinacional hay un trecho muy grande y una resignación tremenda.

Yo quiero gobernantes que se posicionen siempre del lado de los más débiles generando oportunidades sostenibles y no hipotecando nuestro futuro, elaborando en conjunto políticas de Estado y no con la irresponsabilidad tremenda de comprometer el país a puertas cerradas. Políticas de Estado en las cuales el Frente Amplio supo apoyarse pero no tuvo la altura de continuar.

Plantate bien por  Fernando Pioli

En Uruguay tenemos tres millones de expertos en plantas de celulosa y no estamos dispuestos a aceptar la construcción de una nueva sin opinar sobre ella, como corresponde. La noticia de que habrá una tercera motiva una renovada racha de críticas cuyo fundamento científico parece puesto en duda por las otras dos ya existentes en nuestro país. La posibilidad de una contaminación inmanejable que afecte una calidad medioambiental que ya viene cascoteada es un temor razonable, y no debe tomarse a la ligera.

No obstante, esto último las críticas suelen venir desde un carril fanatizado, con fuertes pronunciamientos que presentan un sesgo abiertamente irracional y a veces sencillamente delirante. Honestamente, sospecho no tener condiciones para determinar el grado de contaminación potencial de una planta d estas características, pero sin embargo me siento más alerta para detectar cuando alguien está argumentando desde la vereda del fanatismo, y en el caso de UPM 2 salen todos los números del bolillero.

Desde las críticas absolutamente sin sentido sobre el ferrocarril central del estilo “se van a dividir localidades” no es saludable detenerse ni medio segundo. Especialmente cuando en este país se dijo durante años que el ferrocarril era una herramienta de desarrollo imprescindible y que es imposible construir un país desarrollado sin él.

El punto es que el desarrollo industrial no es gratuito, como no lo es nada de lo que hace el ser humano. Todo tiene una contrapartida y debemos razonar con conciencia cívica, es decir teniendo en cuenta que hay decisiones que benefician al conjunto de la sociedad. Los beneficios fiscales de la construcción de la planta explican por sí mismos el tratamiento diferencial que se tiene con una industria de estas características. Alguien tiene que decir de un modo un poco más claro que no tiene sentido comparar los impuestos que tiene que pagar un almacenero con una industria que afecta de modo radical la economía del país y que sus beneficios se aspira a que sean colectivos, en el mismo colectivo en el que está el almacenero. No estoy con esto señalando que los impuestos que paga el almacenero son justos, estoy señalando la inutilidad de debatir en esos términos, que son básicamente los términos en que se debate.

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