La supresión de treinta y cinco artículos y la modificación de otros trescientos treinta de la Ley de Urgente Consideración (LUC) corroboran, en forma absolutamente inequívoca, que existen fisuras, algunas diferencias ideológicas y perfilismos en el seno del gobierno multicolor.
Aunque se quiera transmitir a la población una imagen de unidad- que es ciertamente más cosmética que real-es evidente que cada colectividad ha querido establecer su impronta.
En tal sentido, no es un dato menor que la mayoría de los cambios hayan sido propuestos por el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el propio Partido Independiente, pese a que todos rubricaron el documento de acuerdo antes del balotaje que modificó radicalmente el mapa político del país.
Aunque no se quiere admitir, estas actitudes responden, más que a perfiles programáticos propiamente dichos, a la necesidad de los dirigentes partidarios de marcar su propio territorio.
No olvidemos que este es un gobierno que integra a nada menos que cinco lemas, que, sumados en la segunda vuelta electoral de noviembre pasado, lograron ganar por un ínfimo margen de poco más de un punto porcentual.
Si bien la denominada LUC fue anunciado anticipadamente por el Partido Nacional durante la campaña electoral e incluso antes de dirimirse la primera convocatoria a las urnas de octubre, nadie dudaba que aflorarían disidencias.
En efecto, esta no es una coalición como el Frente Amplio que siempre votó bajo el mismo lema y presentó al electorado un programa único, sino una alianza electoral destinada a desplazar a la izquierda del gobierno e implantar un proyecto político restauracionista.
Por supuesto, bajo el paraguas multicolor interactúan dirigentes con aspiraciones políticas para 2024, como el actual canciller y líder colorado Ernesto Talvi y el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, sin obviar, por supuesto, a Juan Sartori, quien seguramente pugnará por la candidatura del Partido Nacional en las elecciones que se celebrarán dentro de cinco años.
Esta circunstancia –que no puede ser obviada- constituye un potencial factor de fragmentación hacia la interna del conglomerado, que tornará virtualmente inviable que la coalición derechista se mantenga durante todo el quinquenio. Consciente de este riesgo, Lacalle Pou apuró la aprobación de este mamotreto, en plena emergencia sanitaria provocada por la epidemia de Coronavirus.
En ese contexto, los cambios y las negociaciones – que han sido virtualmente invisibilizadas y desplazadas por una prensa cada vez más obsecuente- han pasado obviamente inadvertidas.
No en vano, los informativos del oligopolio audiovisual, que son los que tienen mayor penetración por su dimensión masiva, dedican más de la mitad de sus tres horas de duración a informar con respecto a la epidemia de Coronavirus.
Esa circunstancia, que se suma al deliberado recorte de la otrora profusa crónica policial, opera claramente como pantalla de humo que ocultó lo que se ha estado cocinando a fuego lento en Palacio Legislativo, desde que la LUC ingresó al ámbito parlamentario.
Esta actitud de disciplinamiento informativo ha permitido que la tramitación de esta auténtica ley “ómnibus” haya transcurrido casi sin reacciones adversas explícitas y en silencio, configurando una embestida baguala conservadora de impronta regresiva.
En ese marco, no es un detalle menor que quedaran por el camino nada menos que la pretendida desmonopolización de la importación, exportación y comercialización de combustibles, las tentaciones privatizadoras del servicio de telecomunicaciones que provee ANTEL en el mercado de transmisión de datos y la titularidad de la propiedad de bienes rurales por parte de sociedades anónimas, entre otros delirios ultra-conservadores del nacionalismo de sesgo herrerista.
Aunque algunos de estos temas seguramente serán abordados en leyes independientes que se dirimirán mediante trámite ordinario, el hecho de que queden fuera del rango de urgente consideración habilitará tiempos más dilatados de debate.
Pese a que este macro-proyecto será votado por la coalición multicolor que detenta las mayorías parlamentarios que le otorgó legítimamente el elector en las urnas, las modificaciones introducidas al paquete legislativo original le recordaron al Presidente Luis Lacalle Pou que no es un monarca sin corona.
En efecto, el craso error del primer mandatario fue ordenar que el articulado fuera elaborado por técnicos únicamente de su Partido Nacional, inspirándose sólo en el programa de su fuerza política.
En tal sentido, el Jefe de Estado parece olvidar que su colectividad partidaria obtuvo apenas el 29% de los votos válidos en la primera vuelta electoral de octubre, lo cual equivale a bastante menos de un tercio del total. Pese a que ganó la elección en la segunda vuelta por la captación del resto del electorado de derecha, se transformó, a la sazón, en el presidente con el menor caudal electoral genuino de la historia desde la implantación del sufragio universal en nuestro país.
Este no es, como se suele afirmar erróneamente, un gobierno del Partido Nacional, sino una suerte de hidra mitológica de cinco cabezas liderada por dirigentes que quieren marcar su propio perfil, porque tienen ambiciones políticas.
De todos modos, más allá de eventuales diferencias ideológicas, que en ningún caso son radicales, todos se coaligaron bajo una suerte de improvisado lema, para parir un engendro jurídico en muchos aspectos anticonstitucional, que marcará un dramático retroceso hacia los tiempos del neoliberalismo más salvaje y reaccionario.
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