Hay personas, a mi entender, que traducen mal algunos hechos regionales adhiriendo a gobiernos populares de este siglo que les hicieron suponer que producirían cambios sustanciales, cuando en realidad se trataba de cuestiones que no ofrecían rutas antisistema.
Antes, generaciones del siglo XX, en las décadas de los 60 y los 70, se mostraron ilusionados por los triunfos electorales en Chile, el paso de Juan José Torres por Bolivia, Velasco Alvarado en Perú y hasta por la breve presidencia de Cámpora y la liberación de los presos políticos en Argentina.
Aunque el Frente Amplio (FA) se presentó envuelto en las banderas del progresismo, atrayendo a la izquierda a su caudal electoral, todo lo realizó sin reñir con el capitalismo -sí lo hizo con algunas formas del neoliberalismo-, manteniendo intacta una estructura cara a la burguesía: el ejército, esa institución que cooperó con los comandos de civil al asalto institucional y provocó masacres en la izquierda, con persecuciones, torturas, encarcelamientos, desapariciones y asesinatos, a los que se agregaron exilios y destierros.
Desde la fundación del grupo que conocemos como Tenientes de Artigas (1964) la conducción del ejército -parte fundamental de las fuerzas armadas- pasó a serle propia, reflejándose en los cargos que sus oficiales superiores desempeñaron antes, durante y después de la dictadura hasta nuestros días. Alcanza con recordar apellidos como Cristi, los hermanos Zubía, Álvarez, Vadora, Queirolo, Medina, Rapela o el más actual de Manini.
Para la reinstitucionalización del país, este sector fue fundamental en las conversaciones con los partidos tradicionales y la Unión Cívica. Los arreglos entre los Tenientes y los grupos predispuestos a alianzas cupulares y a hacer concesiones a los militares, desembocaron en lo que conocemos como Acuerdos de la Naval que aún nos rigen. Para esta etapa fueron atraídos a la mesa sectores dialoguistas del FA. En este punto vale la pena recordar lo escrito desde la prisión por Wilson Ferreira (el Partido Nacional no participó en la Naval) sobre lo que él designaba como acuerdos “Medina -Sanguinetti”: “El pacto compromete y muy gravemente todo el futuro democrático del país”. Se refería a las reuniones de estos ideólogos en la casa del colorado Emilio Comforte, amigo de Sanguinetti.
El pacto allí cocinado significó el primer paso a un gobierno emergido de las urnas y el acuerdo no escrito acerca de la impunidad militar por hechos violatorios de los derechos humanos entre 1973 y 1985. En ese gobierno un Teniente fue ministro, Hugo Medina, quien guardó en su caja fuerte los llamados a declarar ante el Poder Judicial a oficiales acusados de violar garantías individuales en la dictadura. La negativa y la insubordinación no fueron sancionadas y se las salvó con la obediencia legislativa que aprobó la Ley 15.848 sobre la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Los militares se volvieron a imponer: seguían sosteniendo el lugar primordial que les había reconocido el decreto de “fuerzas conjuntas”, 22 meses antes de formalizar la dictadura; continuaban siendo instrumento de la oligarquía -sin honor, torturador, violador y asesino de patriotas inermes- aún con el desprecio de parte de la burguesía, que el belga-uruguayo Alejandro Végh Villegas consideraba a su dirección como “generales de establo”.
Cuando en estos días se genera un contencioso que deriva en un avispero político en año electoral y el presidente decide destituir a un par de comandantes y unos cuantos generales, los debates ambientados por los medios y la proximidad electoral hacen repartir por mitades equivalentes las responsabilidades de los hechos: una mitad le corresponde a Tabaré Vásquez y la otra a José Nino Gavazzo.
Si aquí hay responsabilidades, hay que saber prorratearlas: si después de dos mandatos (5º y 7º de la reinstitucionalización) en el último año del segundo el presidente hace lo que nadie hizo por décadas -aunque se esperaba desde mucho antes-, es evidente que tiene alguna responsabilidad, pero en todo caso es menor a otras dado que terminó haciendo lo debido. También existe responsabilidad en que en los últimos 15 años de gobierno de casi 200 desaparecidos sólo ubicaron cuatro cadáveres, sin olvidar que en los 20 anteriores todo acabara en los archivos.
En cuanto a lo de Gavazzo -un emblemático torturador- tiene una carrera completa como delincuente ya que como militar -por lo menos- asesinó a 28 personas y en 1984-85 fue procesado por un delito de extorsión a un impresor al que exigía que le ayudara a falsificar moneda brasileña. Por supuesto que se le podrían agregar muchas cosas más (igual que a otros que se apropiaron de los bienes muebles e inmuebles de los detenidos), pero eso no lo hace protagonista. Si algún resentido “filtró” el expediente de este caído en desgracia con Iván Paulós (otro Teniente y jefe de inteligencia militar) -como se supone-, esto no debe confundirse con las pretensiones por parte de la vieja oficialidad de permanecer como grupo privilegiado y eludiendo la verdad.
Al gobierno – por estos y otros hechos- lo juzgará en octubre y noviembre la ciudadanía, que no debe olvidar los pactos desventurados (no sólo los de la Naval sino también los de antes de la dictadura) y las responsabilidades políticas de sostener a sujetos opuestos a rectificar, a luchar por verdad y justicia. No parece serio responsabilizar únicamente al presidente por lo que el FA y sus dirigentes (incluido Vázquez, Astori, Mujica y los deudos políticos de Fernández Huidobro) no tienen: una política clara sobre fuerzas armadas.
La cuestión en el país -según la entiendo- es que se hará ruido de sables mientras no se extirpe a los Tenientes, éstos sigan imponiendo pactos de sangre a nuevos militares y se mantengan doctrinas de seguridad nacional y adoctrinamientos de la guerra fría.
De lo que trata, en este y otros casos, no es de exculpar a unos y culpar a otros, sino de fijar correctamente las responsabilidades y discutir sobre ellas.
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