La sinceridad, que es naturalmente una virtud muy valorada pero no una cualidad habitual en la clase política, tiene una contracara que a menudo deviene en mochila, cuando se confiesan culpas sin el menor atisbo de arrepentimiento.
Es el caso del Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el Secretario de Estado mejor evaluado del gabinete ministerial según los sondeos de opinión pública, quien confesó la comisión de un pecado capital que no tiene redención.
Al ser entrevistado en un programa televisivo, cuyo conductor es un connotado aliado del oficialismo, Salinas admitió haber votado afirmativamente la reforma constitucional propuesta por la dictadura, en el plebiscito del 30 de noviembre de 1980.
“Para ser honesto, porque no tengo nada que ocultar en tal sentido, voté Sí. Si es así, es así. ¿Para qué te voy a decir otra cosa, voy a ir a la cómoda?”, admitió sin pruritos el galeno, atribuyendo su decisión a que, como tenía 18 años de edad, atendió la sugerencia de su padre, quien le recomendó no “meterse en líos”.
No satisfecho con tan temeraria confesión y al serle preguntado cómo evaluaba por entonces la gestión del gobierno autoritario, Salinas afirmó que no estaba “conforme ni disconforme”, demostrando una absoluta ignorancia e indiferencia ante el infierno de represión criminal que estaba asolando al país.
Como es notorio, el proyecto de reforma constitucional de la dictadura liberticida que fue derrotado en las urnas pese a la censura y a las limitaciones de la libertad de expresión, apuntaba a abolir la democracia representativa y a los partidos de izquierda, creando una suerte de parodia institucional bajo permanente tutela militar. En ese contexto, se avalaba todo lo actuado por el gobierno de la época, sin eventual margen de revisión.
Empero, Salinas admitió también –sin ruborizarse- haber votado la papeleta para mantener la vigencia de la Ley de Caducidad, en el referéndum celebrado el 16 de abril de 1989, que institucionalizó la impunidad de los delitos de lesa humanidad hasta 2005, cuando el primer gobierno del Frente Amplio decidió la reapertura de las causas penales.
Su argumento para justificar tal aberración porque tenía apenas 18 años de edad y su padre lo instó a que convalidara con su voto la pretensión cívico militar de perpetuarse en el poder, es, a todas luces, un burdo e insostenible pretexto. En realidad, en el reservado ámbito de la intimidad del cuarto secreto, pudo haber adoptado una decisión diferente.
En efecto, casi diez años después, el hoy Secretario de Estado sufragó por la papeleta amarilla, corroborando su absoluto desprecio por los centenares de reclamos de verdad y justicia de los familiares de las víctimas de la barbarie.
Como se sabe, la ley 18.848 –que fue pergeñada y votada por blancos y colorados en 1986, con el falaz argumento que era menester evitar un nuevo golpe de Estado- perdonó los aberrantes delitos perpetrados por los militares durante la larga noche autoritaria, atando de pies y manos al Poder Judicial.
Merced a esa norma, que es inconstitucional y ha sido reiteradamente condenada por organizaciones internacionales de derechos humanos, todos los represores permanecieron impunes durante veinte largos años de oprobio.
Si bien las declaraciones del Ministro Daniel Salinas no provocaron las repercusiones políticas previsibles ante la extrema gravedad de su tenor, constituyen un auténtico agravio contra la democracia.
En este caso concreto, no se trata de evaluar si la gestión de Salinas para atender la pandemia fue o no acertada, sino que su talante ideológico cierra perfectamente con su pertenencia al ultra-derechista partido Cabildo Abierto.
En efecto, con estos antecedentes- que fueron confesados públicamente- uno puede concluir que el médico ocupa el cargo no por su idoneidad técnica sino por su afinidad con el líder de dicho conglomerado reaccionario senador Guido Manini Ríos.
Es bien sabido que algunos integrantes de Cabildo Abierto incluyendo naturalmente a Manini, han destilado reiteradamente su nostalgia por la dictadura, en declaraciones ambiguas o de abierta aprobación de las bárbaras fechorías perpetradas por los uniformados durante doce largos años de plomo.
Incluso, no han dudado en cuestionar los fallos judiciales de condena a conocidos criminales castrenses. Ello, naturalmente, pone en tela de juicio la vocación democrática de un partido que integra el gobierno multicolor.
En efecto, como se sabe, CA integra, entre otros, al ex represor y coronel retirado Antonio Romanelli, al teniente coronel retirado Eduardo Radaelli, condenado en Chile por el secuestro, desaparición y asesinato en Uruguay de Eugenio Berríos, y al mayor retirado Enrique Mangini, antiguo miembro de la fascista Juventud Uruguaya de Pie -que tatuaba esvásticas en los muslos de jóvenes estudiantes- y que incluso es sindicado como participante en el asesinato del estudiante Santiago Rodríguez Muela, en 1972.
La fuerza política nuclea también a otros oficiales retirados, que comparten con Manini Ríos su condición de miembros de la golpista logia Tenientes de Artigas y ha recibido el apoyo explícito del Centro Militar, una auténtica madriguera de golpistas de la peor laya.
La confesión de Daniel Salinas horada una imagen pública positiva, originada en su actuación como ministro durante la pandemia. Empero, también corrobora su inocultable talante ideológico afín a los espasmos reaccionarios de un fascismo cada vez menos solapado que subyace en la sociedad uruguaya.
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