La Confederación de Cámaras Empresariales presentó un conjunto de medidas favorables a sus intereses con la pretensión de que las mismas sean aplicadas en lo que resta de este gobierno y, la mayor parte, para que sea implementada por quien gane las elecciones nacionales.
Fundamentan sus reclamos entre otros aspectos en: estancamiento productivo desde 2014, déficit fiscal alto y creciente, atraso cambiario (cuya causa es el mantenimiento «artificial» del precio del dólar), baja inversión privada, saldo negativo de la Inversión Extranjera Directa, cierre de empresas, destrucción de puestos de trabajo.
A partir de ese diagnóstico, proponen un paquete de medidas orientadas a “mejorar el clima de negocios y así aumentar la inversión, la producción y el empleo”, en otras palabras: aumentar los beneficios del capital. Todas las medidas que plantean los empresarios son beneficiosas para sus intereses y contrario a los intereses de los trabajadores y de las familias en general. Quienes crean que la lucha de clases no existe pueden constatar en el documento de la Confederación que sí existe: este es el Manifiesto del Capital.
Plantean reducir el gasto público, lo que implicaría la reducción de los bienes y servicios que presta el Estado a la población, pero obviamente no proponen reducir los subsidios al capital, por el contrario, proponen aumentarlos modificando la Ley de Promoción de Inversiones.
Reclaman reducir el atraso cambiario en el corto plazo, una devaluación del peso frente al dólar, lo que implica la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y pasivos que tienen ingresos fijos y atacan a las pequeñas y medianas empresas que producen para el mercado interno, las que verán reducida la demanda de los bienes y servicios que producen.
Los salarios del sector privado van a ser difícil de recuperar ya que no se ajustan con la inflación, porque desde 2015 se impuso el criterio del Poder Ejecutivo de aumentar los salarios en forma nominal. A los empresarios les sirve devaluar porque bajan sus costos en el mercado interno, son más competitivos con la producción extranjera y reciben muchos más pesos por sus dólares.
No negamos la existencia de atraso cambiario, pero la solución de este problema se debería implementar en forma gradual, en el marco de un programa de desarrollo productivo y con medidas compensatorias para los que tienen menor nivel de ingresos y capacidad de adaptación.
Lo otro que plantean a corto plazo es eliminar el decreto que regula las ocupaciones y «reglamentar» el derecho de huelga, para de esa forma evitar los costos de la resistencia que seguramente darán los trabajadores a este conjunto de medidas regresivas.
A mediano plazo, quieren profundizar una serie de medidas que comenzaron en 2007, con la reforma tributaria que aumentó los beneficios al empresariado en materia tributaria con la baja del impuesto a las ganancias; tasa plana en el IRPF al capital, tienen igual tasa los pequeños y los grandes empresarios – los trabajadores pagan una tasa mayor cuanto más ganan- aumento del número y tamaño de las zonas francas y de los beneficiarios de la ley de promoción de inversiones, con importantes exoneraciones fiscales.
Ahora, en esa misma línea, proponen reducir el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas y bajar nuevamente los aportes patronales a la Seguridad Social, que en Industria y Comercio (7,5%) son la mitad de lo que pagan los trabajadores (15%).
Con estas medidas, se reducen los ingresos del Estado y aumentará el déficit fiscal que supuestamente pretenden reducir. Más aún, lo que proponen no es solo que el costo de la reducción del déficit lo paguen los trabajadores y pasivos, sino que, además, pongan sobre sus espaldas compensar lo que no van a pagar los empresarios.
La larga lista de reclamos incluye, prohibir que ingresen nuevos trabajadores al Estado durante el próximo período de gobierno. Esa política de reducir personal eliminando vacantes se aplica desde 2015, cuando se resolvió que por cada tres vacantes ingresaría un trabajador. Todos aquellos que impulsan, sostienen y respaldan este tipo de propuestas deberían conocer los grandes problemas de funcionamiento del Estado, dejar de lado las visiones reduccionistas y economicistas que solo atienden al déficit fiscal cómo única preocupación de la estabilidad “macroeconómica” y dejan de lado la estabilidad política y social. Y lo que es peor aún, los costos que esto genera en lo que no tienen capacidad de pago para satisfacer sus necesidades a través del mercado.
En varias reparticiones del Estado la necesidad de funcionarios es tan grande que pone en peligro funciones básicas que hacen también a la seguridad de la población, concepto que va mucho más allá de defender los derechos de propiedad. En Argentina y Brasil – Macri, Temer y Bolsonaro – devaluaron, redujeron el gasto público, despidieron trabajadores estatales, aumentaron las tarifas públicas, precarizaron el trabajo y el resultado fue que la economía entró en recesión, creció el desempleo y aumentó sustancialmente la pobreza y la marginación.
La política de conciliación de clases que realizaron los gobiernos frenteamplistas funcionó como estabilizador social mientras los precios internacionales de las materias primas lo permitieron. Cuando se revirtió el ciclo favorable y aumentó el déficit fiscal se descargaron los costos del ajuste en los trabajadores, uno de los ejemplos más notorios, es el aumento del IRPF al trabajo, que implicó un aumento de la recaudación de 27% en 2017. En este contexto los trabajadores, pasivos, pequeños productores y demás sectores populares deberían luchar para que se apliquen políticas de reactivación económica y que la reducción del déficit fiscal lo paguen el capital y no el trabajo. ¡Qué realmente pague más el que tiene más!
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