El próximo 19 de noviembre del corriente, se cumplirán 50 años de la firma del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, que podríamos calificar como una inteligente solución, concebida por los negociadores designados en aquel entonces por ambos países ribereños y que fuera completamente aceptada por los gobiernos de Argentina y Uruguay.
Este Tratado se fue postergando por diversas causas y fue producto de diferentes situaciones de tensión presentadas en aguas platenses desde fines del siglo XIX, inicialmente congeladas en 1910 a través del Protocolo Ramírez-Sáenz Peña.
El mencionado Protocolo, como se le conoció, firmado por Argentina y Uruguay ,canceló la Doctrina de Costa Seca del canciller argentino Estanislao Zeballos e hizo primar la cordura nuevamente en las entonces agitadas aguas del Río, gracias a la amistad y cooperación de dos excelentes jurisconsultos del derecho internacional, el Dr. Gonzalo Ramírez, Ministro Plenipotenciario designado por Uruguay y el Dr. Roque Sáenz Peña, Ministro Plenipotenciario Argentino y luego Presidente de la Nación hermana entre 1910 y 1914.
No obstante, con el correr del siglo XX se hacía cada vez más imprescindible buscar una solución de fondo, para delimitar claramente las jurisdicciones en el Río de la Plata de cada uno de los países, pues luego de algunas décadas de relativa tranquilidad posteriores al Protocolo antes mencionado, se empezaron a reiterar varios conflictos nuevamente, involucrando pesqueros y buques mercantes en estas aguas aún sin clara jurisdicción.
En enero 1973 en proximidad de la Isla de Flores se presentó un escenario de alta tensión entre unidades navales y aéreas de ambos países, con duros enfrentamientos diplomáticos e intercambios de fuertes notas a nivel presidencial.
Desde 1968 no obstante, delegaciones de especialistas designados por ambos países ya venían negociando aspectos técnico-jurídicos en múltiples reuniones, que fueron fundamentales para plasmar los 92 artículos que compondrían el Tratado.
Sin embargo, también hubo interrupciones circunstanciales en las negociaciones como consecuencia de diferentes acontecimientos, tales como la detección por la delegación uruguaya de micrófonos ocultos instalados en el hotel Crillón de Buenos Aires, donde se encontraba alojada la misma.
Retomado el diálogo, el destino de la isla Martin García fue de los puntos más álgidos de la negociación, llegándose a una solución de consenso, asignándola: “exclusivamente a reserva natural para la conservación y preservación de la fauna y flora autóctonas (sic)”.
Cabe agregar, que además la isla de Martín García quedaba bajo jurisdicción y no soberanía argentina, destinándola como sede de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), donde se construiría un parque a la memoria de los héroes comunes, todo amparado por la inviolabilidad e inmunidades que le confiere el Derecho Internacional.
Por otra parte, se logró una original combinación de varias herramientas jurídicas que permitieron definir los tipos de jurisdicción de cada uno de los países en diferentes zonas del Río de la Plata, aplicando fajas de jurisdicción exclusiva y un área de aguas de uso común.
Importa destacar, que el proyecto del articulado del Tratado estaba listo desde el punto de vista técnico antes que el General Juan Domingo Perón asumiera la presidencia, con el convencimiento de los negociadores que era justo para ambos países.
El texto parecía contemplar razonablemente los intereses de argentinos y uruguayos, más allá de naturales oposiciones, como eran de esperar, de algunos encumbrados personajes de ambas orillas del Plata, que hicieron mucho ruido. Algunos de ellos, como el Prof. Pivel Devoto hacían prevalecer antecedentes históricos sobre argumentos jurídicos, no siempre fáciles de sostener, pues habían caducado en el tiempo.
En ese contexto, el General Perón impulsó el Tratado desde que asumió la presidencia, considerando que era un claro símbolo de hermandad entre pueblos, percibiendo que, con inteligencia, diálogo y negociaciones, se pueden superar situaciones complejas que se arrastraban de casi un siglo atrás.
Ahora, con cinco décadas de tiempo pasado desde su firma, podemos afirmar que la aplicación del Tratado ha solucionado múltiples problemas suscitados en el Río de la Plata en general y con sus canales de navegación en particular.
Ha sido tomado como ejemplo en varios lugares del mundo, al ser una herramienta de ingeniería jurídica de referencia, clave para superar los problemas limítrofe-fluviales más complejos.
El Tratado otorga el marco jurídico apropiado para procurar solución a eventuales planteos o controversias actuales y futuras por su total vigencia.
Algunos de esos problemas, en la actualidad o seguramente en un futuro cercano, estarán tratándose en el seno de la CARP, entre ellos: la extensión y profundización del canal de acceso al Puerto de Montevideo; la posible apertura por Argentina del Canal Magdalena, el dragado de los canales de Martín García o el hoy denominado Canal Buenos Aires en proximidades de la isla homónima, entre otros.
Asimismo, estimamos que ha llegado el momento de efectuar la demarcación del primer límite terrestre entre Uruguay y Argentina, que se produjo con la unión de las Islas Martín García y Timoteo Domínguez.
El problema de los límites de nuestros países en el Río de la Plata y su Frente Marítimo fue sumamente trabajoso resolverlo. Luego de un siglo de disputas, la habilidad, ingenio y profesionalismo de aquellos negociadores y especialistas, sumado a la voluntad política y compromiso del General Juan Domingo Perón, hicieron posible la firma del Tratado del Rìo de la Plata y su Frente Marítimo, aquel 19 de noviembre de hace 50 años.
La delegación uruguaya en aquel entonces fue integrada por el Dr. Edison González Lapeyre, Capitán de Corbeta Yamandú Flangini y los extintos Dr. Julio César Lupinacci y Capitanes de navío Román Orozco y Heber Grasso.
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