¿A seguro se lo llevaron preso?

La situación de la violencia en la sociedad y la inseguridad que implica se viene arrastrando desde hace largo tiempo. Fue un tema central en los últimos años y jugo un rol preponderante en la campaña electoral. El nuevo gobierno generó expectativas y se han visto cambios en la “sensación térmica”, pero, ¿estamos en una sociedad más segura? ¿Alcanzaba con cambiar al ministro? ¿Se soluciona el tema con mayor represión? ¿Es muy pronto para evaluar a las nuevas autoridades? ¿Hay que llevar un ranking de asesinatos para mostrar la eficacia o el fracaso de la política ministerial? ¿Sirve para algo interpelar al ministro? ¿Qué lecturas se desprenden de la destitución de Erode Ruiz? ¿Genera esto una grieta en la policía? ¿Se deben procurar políticas de estado en materia de seguridad? ¿Es posible lograrlas o las diferencias filosóficas entre las partes son insalvables?

 La seguridad pública la teoría del Big Bang por Antonio Ladra

Ha cambiado el gobierno, ha cambiado el ministro, ha cambiado la cúpula de la policía y la situación de la inseguridad sigue igual o peor.

Sigue habiendo delitos y criminalidad y ajustes de cuentas, sí hay que llamarlos así, aunque la presidente no le guste y no para rebajarle el estatus a los muertos sino simplemente para caracterizar ese tipo de asesinato. Esta es una realidad que todos debemos comprender para no caer o recaer en facilismos infantiles o malintencionados.

Octubre cerró con cerca de 20 muertos, pero más allá de la cantidad, en la Policía preocupa la violencia utilizada en algunos de esos asesinatos, mediante métodos típicos del crimen organizado.

Un cuerpo calcinado en San Carlos, una joven con manos y pies atados asesinada en Pando, ahora dos restos de cadáveres en un tanque en Paso Carrasco. El fenómeno de la inseguridad trasciende gobiernos, partidos y dirigentes políticos. Atraviesa la sociedad y dada la gravedad en que se manifiesta, lo que se impone esperar es una política de Estado. No fue fácil para Bonomi, no es fácil para Larrañaga, ni se soluciona cambiando de ministro ni con cosméticas operaciones de marketing.

Es probable que Jorge Larrañaga sea el ministro que enfrenta los mayores desafíos en su gestión. La oposición culpa al gobierno, a la LUC. La hoy oposición fue el gobierno antes y se quejaba de que se hacía centro de todos los problemas al ministro del Interior Eduardo Bonomi, cuando pedían su renuncia. Desde el gobierno actual, el propio Larrañaga habla de responsabilidades directas del gobierno anterior. Me enloquezco.

Larrañaga, como antes Bonomi, está sentado sobre un barril de pólvora Dentro de poco se va a pedir su renuncia. ¿Cuánto faltará para que comience el clamor de ¡Renunciá Guapo!?

Y así estamos unos y otros dan explicaciones fáciles que buscan el aplauso de la tribuna, de sus tribunas, pero ninguno piensa más allá de sus narices.

Que tenemos un grave problema de in/seguridad, es cierto, sería de necios negarlo, pero de ahí a culpar al actual gobierno o al anterior es maniqueo, pueril y está fuera de lugar.

Hay un fenómeno delictivo en crecimiento con homicidios cada vez más violentos y esto no se va a resolver de un día para el otro. Tampoco si no media previamente un gran acuerdo político y social que permita a través de acciones inteligentes y persistentes atacar el delito, sus causas y sus manifestaciones allí donde aparezca.

BIG BANG

En 1995, bajo el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti el inspector Roberto Rivero inició un camino de profesionalización de la policía, por lo menos en el área de drogas. Limpió el campo y empezó a armar un equipo y una estructura.

A Rivero lo siguió Julio Guarteche y la política antidroga se mantuvo en sus líneas generales hasta el gobierno pasado. Fueron 25 años de política de Estado. Dos gobiernos colorados y tres del Frente Amplio.

Sanguinetti, Batlle, Vázquez, Mujica y de nuevo Vázquez.

Hoy se decidió no seguir ese camino. Borrar todo. Larrañaga tomó al Ministerio del Interior como si fuera el Big Bang, el gran estallido, que constituye el momento en que de la «nada» emerge toda la materia, es decir, el origen del Universo, que todo empieza de nuevo con su llegada.

Los homicidios dejan en claro que hace rato se rompió el pacto de convivencia en la sociedad uruguaya, fruto de lo peor que le puede pasar a un núcleo humano: el incremento de la marginalidad social y cultural, que no es la pobreza medida en términos económicos simplemente.

La crisis de la seguridad pública no obedece solamente a un problema policial, que lo es, sino también al fracaso de las políticas sociales y educativas, al olvido del papel de la patria potestad en la formación de los niños y adolescentes.

El delito es parte de la condición humana, cruza a pobres y ricos por igual, pero se exacerba donde hay pobreza, marginalidad, cultura delictiva, drogas, narcos, organizaciones criminales, corrupción policial, ineficiencia en la gestión, incapacidad e intereses políticos.

Mientras no se ataque adecuadamente esa creciente marginalidad social y cultural nunca van a alcanzar las leyes, las cárceles, ni la policía. Las cárceles se llenan de jóvenes con una edad promedio de 25 años y ya sabemos que siete de cada 10 presos primarios va a volver a delinquir.

Salvo que, producto de una broma de mal gusto o la absoluta pérdida de referencias, dada la cantidad de víctimas que se suceden día a día, se entienda que sacando de circulación los «dealer» de las esquinas el problema está resuelto.

Y mucho menos se ataca el delito pensando que es un buen camino controlar los clubes cannábicos como si fueran el origen del mal. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Las farmacias? Mientras no se asuma el problema en su peligrosa dimensión y prevalezcan miradas partidarias o marketineras, estaremos transitando sin pausa hacia realidades similares a las peores en el continente.

Un giro de 180 grados por Edward Holfman

Fueron 15 años de Gobiernos del Frente con un programa de Gobierno en materia de seguridad pública llamado “convivencia y seguridad”, que establecía: No es deseable ni sostenible una estrategia pública basada en una respuesta policial única y aislada, cuyo componente central sea la saturación permanente de zonas bajo el control policial. Soluciones de este tipo tienden a generar fuertes estigmas y procesos de polarización social, al tiempo que la institución policial queda entrampada en la lógica “represión o represión” generadoras de otro conjunto muy significativo de problemas adicionales.

Hoy continúa siendo difícil de entender la estrategia del Frente Amplio, en materia de Seguridad, desde las dos ópticas para analizar la seguridad pública, la óptica objetiva analizando las cifras que no fueron buenas, récord de homicidios, rapiñas y hurtos y la óptica subjetiva la que la gente conoce como “sensación térmica” se instaló una sensación de inseguridad en gran parte de la población de nuestro País. La seguridad pública, se transformó en la principal preocupación de la población en Uruguay.

El año 2018 se transformó en el peor año en materia de cifras de violencia y criminalidad, con récord de robos, rapiña y de homicidios. El Frente Amplio perdió las elecciones nacionales noviembre 2019, porque no supo interpretar la demanda de mejoras urgentes en las políticas de seguridad pública y eso lo alejó más de una posible victoria. Algunos manifestaban que el tema de seguridad publica ya no mueve la aguja, que equivocados estaban.
En el último periodo del Frente Amplio, generó en la población una sensación de inseguridad, que hasta el día de hoy sigue padeciendo, lo que es más grave, delinquir se trasformó en un negocio muy rentable. Los delincuentes se sienten impunes. Gran parte de la victoria del nuevo gobierno |se basó en una nueva política de seguridad humana, con un giro de 180 grados.

Medir la criminalidad de un país es sumamente difícil. La criminalidad para los criminólogos, es igual al doble que la registrada por las cifras oficiales.  Encuesta 2017 del INE dice que 7 de cada 10 personas que fueron víctimas de algún delito no lo denuncian, la famosa cifra negra es muy alta casi un 73%.

La sensación de seguridad siempre va estar ligada a la óptica objetiva y subjetiva de cada persona de acuerdo a sus experiencias personales vividas en materia de seguridad.

Siempre se utiliza las cifras de homicidios para medir la violencia y la criminalidad y nada mejor que observar las cifras oficiales en Uruguay. Homicidios entre el 1 marzo al 31 de agosto: año 2018 (218), año 2019 (181), año 2020 (161). Cabe destacar que todos los delitos han sufrido un importante descenso, rapiñas y hurtos, no así el delito de abigeato.

No es una cuestión de nombres. Se necesitaba en el Ministerio del Interior, un líder, un referente político, capaz de implementar una nueva gestión en Seguridad.

La Policía Nacional entre sus cometidos tiene prevención, disuasión y represión del delito. Con solo represión no se arregla la seguridad pública.  Hay dos cosas importantes. La primera es la rehabilitación de las personas privadas de libertad, es muy alto el nivel de reincidencia de nuestro país llegando a más del 60% y en segundo aspecto la participación de la ciudadanía en la prevención del delito y en la evaluación de las políticas de seguridad pública.

En todo nuevo gobierno en los primeros meses hay un enfriamiento de los delitos, porque hay un nuevo enfoque de la seguridad pública. Los delincuentes también deben ajustar toda su organización y sus operaciones ilegales a la nueva forma que tiene el gobierno en el combate al crimen. El fenómeno de la pandemia también impactó. Hay que darle tiempo al nuevo gobierno para implementar esos cambios, con la Ley de Urgente Consideración y la Ley de presupuesto. En seguridad pública no hay soluciones mágicas.  La criminalidad en el mundo se mide por los homicidios, por ser el dato más confiable. El gran problema que existe en nuestro país es que se aclaran solo el 50% de los homicidios que ocurren.

Las interpelaciones sirven siempre que se hagan con respeto, por parte de los legisladores, y que el ministro tenga una mente abierta a cualquier sugerencia adecuada que haga cualquier legislador. Toda interpelación tiene en el fondo un tinte político, no debemos ser ingenuos.

El Ministerio del Interior tiene una estructura y organización de naturaleza jerárquica y el superior es el ministro. Hay en toda la Institución Policial un sentimiento disciplinario que es el determinante esencial de autoridad jerárquica, con respecto a sus subalternos, facultándose al ministro a dictar las ordenes que entienda oportuno disponer cuando se viole esa estructura jerárquica. El cargo de jefe de Policía Departamental es un cargo de suma confianza.

Lo sucedido fue un llamado de atención del ministro al interior de la Policía dejando bien claro que se debe respetar la organización sus estructuras y las jerarquías correspondiente, el jefe de Policía H. Ruiz contaba con todo el apoyo del presidente y el ministro. Un hombre con una larga experiencia policial, pero en este caso comparto la medida de Larrañaga. Los cambios en estos puestos que son de confianza son comunes en toda institución pública o privada, cuando se rompe esa confianza.

En toda política de seguridad pública, debe existir el mayor consenso, es una condición fundamental para que las políticas de seguridad tengan éxito. Como profesional en temas de seguridad se debería buscar un consenso, buscar acercar a las partes, gobierno oposición, pero analizando el pasado y pronosticando un futuro, las diferencias filosóficas del Gobiernos y coalición, con el partido de la oposición Frente Amplio son insalvables.

Cada maestrito con su errorcito por Leo Pintos

A esta altura uno creía que lo había visto, oído y leído todo sobre el problema de la inseguridad. O la seguridad, porque ni en eso nos hemos puesto de acuerdo. Pero no, todavía nos seguimos sorprendiendo con nuevos episodios de esta interminable cadena de malas decisiones, siendo las últimas la remoción de dos Jefes de Policía, por causas bien diferentes pero igualmente absurdas. El sistema político sigue enfrascado en una interminable campaña electoral, mientras la gente sigue reclamando soluciones. No nos sorprendamos entonces cuando aparezca el mesías proclamando mano dura.

Ya probamos con inflación punitiva, tecnología invasiva, armamento de guerra, reforma judicial, cárceles y más cárceles. Y el delito no cedió, ni cederá. Por más que el Ministro del Interior se vanaglorie de unos datos que no significan absolutamente nada en este contexto inédito. Aunque el Ministro grite que es hincha de la policía. Aunque el Ministro se muestre como un hombre recio. Aunque el Ministro destituya a quienes intentan hacer su trabajo. El delito no cede, y no cederá con la actual conducción política del Ministerio del Interior. Desde el retorno a la democracia se han sucedido los gobiernos y las cifras de delitos no dejaron de subir. Fueron 35 años de errores u omisiones. Pero el principal error ha sido creer que se triunfará sobre el delito solo con fuerzas de seguridad, cuando en verdad al delito se lo enfrenta también con más Estado: educación, asistencia, protección e inclusión. No podemos seguir desconociendo la violencia que subyace detrás del tema de la inseguridad. La sociedad, representada en el Estado, no supo abordar en este tiempo los problemas de una sociedad fracturada, que pide a gritos vivienda digna, oportunidades educativas y laborales, en definitiva, dignidad en los sectores sociales más pobres. Se ha dicho hasta el hartazgo: no todos los pobres son delincuentes, pero la inmensa mayoría de los delincuentes son pobres. Y son jóvenes. Y son adictos. Y son enfermos psiquiátricos. Solo una política carcelaria centrada en la rehabilitación, con condiciones dignas para presos y funcionarios carcelarios, podrá ayudar a cortar este verdadero círculo vicioso, del que el preso sale peor de lo que entra. A lo mejor ha llegado el tiempo de tener paciencia y constancia para empezar a solucionar este problema, que requiere gran inversión de recursos materiales y humanos. Es una pena que la política en este país sea de vuelo gallináceo en ciertos aspectos, porque en su momento hubo una política de Estado vinculada a la madera que hoy está dando sus frutos (polémicas aparte respecto de su conveniencia).  Ese debiera ser el modelo a imitar: políticas de Estado a largo plazo. Una política que encare el problema de la violencia como una enfermedad crónica y no como una afección aguda. Una política que cuide a cada persona que nace como si de un árbol se tratase. En la pasada administración se implementó el Plan Siete Zonas, un buen plan, que intervenía en territorio con una interesante perspectiva de inclusión social, y no se tuvo paciencia ni claridad para sostenerlo y fue dejado de lado. Esa fue una señal clarísima de que el Estado bajaba los brazos en políticas inclusivas para centrarse solo en lo represivo. Y esa visión cortoplacista se profundiza en este gobierno, como lo demuestra el desmantelamiento del Centro Cívico en Casavalle. Lo cierto que el Ministerio del Interior hoy es un perro persiguiéndose la cola. Está en manos de un hombre débil desde todo punto de vista, que no calza los puntos para afrontar la difícil tarea de dar seguridad. Quizá la explicación de que el Uruguay haya podido implementar en el tema de la madera una política de Estado exitosa, se explique porque se trataba de una inversión con grandes beneficios económicos para unos pocos. Y a propósito del tema, lo que se promete hacer en torno a la seguridad, es seguir echando leña a una locomotora que inevitablemente nos terminará arrollando a todos.

La (des) “inteligencia” policial por Oscar Mañán

Al analizar los hechos de los últimos días podría decirse que la expresión “inteligencia policial” es una contradictio in adjecto (contradicción en sus términos). Realmente el tema de la seguridad es uno de los problemas no resueltos en los últimos años y, quizás, el nuevo gobierno no tiene aún soluciones claras. Sin embargo, la baja del jefe de policía de Montevideo muestra que se priorizó la cadena de mando y no la articulación con la comunidad para generar una red de protección para los más desvalidos ante la delincuencia.

Declaraciones del ministro Larrañaga a El País, poco claras por cierto, reconoce la situación de los delitos y sostiene que se está incrementando los efectivos en el territorio. Pero, recurrentemente, vuelve a las críticas de los quince años del anterior gobierno y las dificultades de la pandemia para justificar el poco avance hasta el momento.

Más allá que hubiera discrepancias con el ex-jefe de Policía Erode Ruiz, sindicado en más de un episodio de represión en el pasado, ahora es cesado por haberse reunido con un ex jerarca del gobierno anterior (el archi rival). El motivo de la pérdida de confianza fue, supuestamente, reunirse con el archi rival del cual obtuvo valiosa información (primero para dilucidar un asesinato y luego para identificar mafias de copamiento en un barrio marginal de la capital).

La reunión en sí, es una declaración de incompetencia de la “inteligencia policial”, o la comisión de Convivencia y Seguridad Ciudadana, ya que la comunidad confió en un ex jerarca y no en los actuales. Error político si los hay coartar la formación de redes de confianza para la denuncia de delitos, independientemente de que pudiera haber otros motivos latentes y no manifiestos contra el jefe de policía.

El ministro se vanagloria de menos delitos, claro en un año de restringida movilizad, independientemente que los delincuentes hayan tenido una actividad normal. Todo esto muestra que el Plan de Seguridad del gobierno es, justamente, no tener plan. Los clichés de “ajuste de cuentas”, la “cadena de mando” o “ejercicio de la autoridad” son meros eufemismos para nombrar la “des-inteligencia” de la policía. Para hacer más eficiente las formas de actuar contra el delito es menester entenderlo, saber las causas sociales del mismo, y escuchar mucho a las víctimas, con avidez y humildad

El FA perdió el camino a la superación de la inseguridad cuando abandonó el enfoque de derechos humanos y reforzó la vía represiva para terminar con el delito, ya en el primer gobierno. La coalición multicolor todavía no encuentra un camino y balbucea unas críticas, que independientemente de su validez o no, son inocuas para el problema.

Escupir para arriba por Roberto Elissalde

Por viejo que suene, el refrán que aconseja no escupir al cielo cuenta con el respaldo de Isaac Newton y su teoría de la gravedad. Cualquier cosa que arrojemos a las nubes parecerá subir sin problemas, después se detendrá e inmediatamente comenzará a caer contra el cuerpo del descuidado que la arrojó. Lo normal en estos casos es que el perpetrador se corra del lugar y no se apedreé a sí mismo.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, ocupa el cargo porque su antiguo competidor, el actual Presidente de la República, lo puso allí para que demuestre, en la vida real, que se puede vivir sin miedo. Si no pudiera demostrarlo, tal vez su cuerpo funcionaría como llave térmica, saltando para evitar que el cortocircuito llegue hasta quien lo nombró. El Presidente no perdería más que a un excontrincante de la interna partidaria. El Herrerismo quedaría sin oposición interna.

Las piedras que Larrañaga tiró contra su antecesor en la cartera, Eduardo Bonomi, parecen estar detenidas en el aire. Alguna incluso ya cayó por los hombros. La falta de cintura del Ministro hace pensar que estamos en el momento en que todas las piedras empiezan a retornar al punto de partida.

La coalición de derechas va a ver cómo uno de sus puntales discursivos contra la izquierda se demuestra más difícil de solucionar de lo que se había anunciado. Esto no es sorpresa, porque con el objetivo de desplazar al Frente Amplio, los coaligados fueron capaces de sumar frutas con verduras y tanto valía prometer 50 mil viviendas sin intención de construirlas como llenarse la boca con bajar el costo del Estado y tener subsecretarios que cobran además de su sueldo una suculenta jubilación militar pero no pagan sus deudas al BROU.

Pero el tema de la seguridad se puede disparar para dos lados opuestos: o bien se acepta la complejidad que tiene y se acepta que el camino será complicado, con éxitos y fracasos, pero intentando llegar a la raíz o se elige radicalizar el discurso.

Voluntarios para superar a Larrañaga no faltan. El ala militar del gobierno puede concluir que una “guerra frontal a la delincuencia” es el camino y que seguramente haya una parte del electorado dispuesto a premiar esa visión.

Pero los que quieren garantizar la seguridad del cuartel no se dan cuenta que la sociedad uruguaya cambió y ya no se puede volver a los 70 o los 80. Sin conocer la meticulosidad de los protocolos seguidos por la Policía el pasado fin de semana en la Plaza Seregni, ya no es posible hacer que algunos uruguayos respeten normas arbitrarias sólo porque un señor de uniforme diga que hay que hacerlo. La Policía -y en particular las autoridades políticas- deberían saber que sus acciones pueden provocar más daño que remedio si no toman en cuenta los cambios producidos en el país en los últimos 15 años. El reclamo liberal a la “responsabilidad individual” no parece compatible con el uso de la coerción estatal para prohibir cosas que no están prohibidas específicamente. Y si sobrevuela la sospecha que eso puede pasar en algunos barrios, con algunas músicas y con algunos colores de piel, pero no en otros, se avanza a un choque de trenes.

No le conviene a nadie dar manija a la Policía, convencer a los efectivos de que se acabó el recreo y que ahora sí pueden liberar sus instintos disciplinadores. Seguir por ese camino es peor que escupir para arriba: es llamar al granizo de enero. Se podrá quedar Larrañaga y podrá irse Erode Ruiz, pero si los políticos de la coalición con comprenden que el tiempo cambió, que los ciudadanos se acostumbraron a las reglas y no a las imposiciones más o menos caprichosas, el país entero va a sufrir la granizada.

Mono con revolver por Andrea Bertino

Hubo 35 homicidios en octubre, la salvaje ejecución de una feriante a plena luz del día, una avioneta narco perdida, echan a la policía a los tiros del 40 semanas y la violencia de género sigue sin parar. Pero, para el ministro Larrañaga, lo importante es sacar a unos pibes de la Plaza Seregni y cortar con los tambores barriales. Y ese es el riesgo de poner en un cargo tan importante a alguien incapaz. Porque Larrañaga, así como nunca fue resolutivo ejerciendo otros cargos en la política, no tiene rumbo y hubiese sido una real sorpresa que ahora lo ejerciera como debe ser. Todo el episodio de la destitución del jefe de Policía de Montevideo parece sacado de una película de enredos de bajo presupuesto; en donde un ministro se “enoja” porque el jefe de policía habla con gente del FA y actúa casi como un capricho con reprimenda. Pero no es impactante ni extraño, es la lógica. Lo que pasa está siguiendo no solo la lógica de su incapacidad sino la lógica de un gobierno al cual no le interesa la gente, no gobierna para la gente, aunque la gente lo puso allí. Y eso tampoco es nuevo.

Todo parece ser más un circo que intenta parecer que están “encausando a los malos”, agarrando unas botellas de fernet en la frontera, gastando miles de pesos en la nafta de su helicóptero y ploteando patrulleros; mientras no existe una sola política de seguridad de parte del Estado. No hay plan, no hay cronograma a seguir, no se le explica a la población que están haciendo, ni por qué. Porque seguramente ni ellos lo sepan. Y la verdad que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que el Ministerio del Interior no era un premio para Larrañaga, era un fierro caliente para un inepto desesperado por poder. Pero Jorge se creyó lo del premio. Y pocas cosas tan peligrosas como incapaces con poder. Tiene el poder de las armas, de la represión justificada por la pandemia. Y nos reíamos de Trump o Bolsonaro; si claro.

Larrañaga confunde autoridad con miedo; no tiene ni claro el ABC del procedimiento policial. Repite discursos obsoletos de “la grieta es entre la gente honesta y la delincuencia”, poniendo a la gente contra la gente. La policía estaba agazapada y ahora esta desbocada, avalada por un gobierno que en vez de cuidarnos nos impone pánico.

Y sí. «aunque salga a hacer mandados, un milico es un soldado».

No apto para ingenuos por Celina McCall

Estamos cumpliendo en estos días ocho meses del gobierno de Luis Lacalle Pou, la casi totalidad de los cuales sobrevividos en medio al caos y la pandemia.  Y digo sobrevividos porque nadie saldrá de esta experiencia totalmente inmune.

Desde el primer día, el Frente Amplio prometió palos en la rueda.  Dicen por ahí que el que avisa no traiciona, y avisos no han faltado.  El problema es que vienen disimulados con la palabra democracia, libertad de expresión, derecho a esto, derecho a aquello, y otros vocablos similares que, en realidad, significan totalmente lo contrario.

En resumidas cuentas: el “cuanto peor, mejor” del siglo XXI.  Infaltable cuando pierden el poder y las mayorías que les permiten hacer los que les cante.

Como escribió Andrés Ojeda el martes en El País, el policía (y su accionar) se convierte siempre en rehén de la contienda política entre el gobierno y la oposición de turno”.

Lo peor es que actualmente, no se tiene que lidiar solamente con la seguridad sino con los protocolos impuestos por la pandemia.  Y no pequemos de ingenuos, el Frente Amplio se aprovecha de ello para desestabilizar al gobierno y llevar agua a su molino.

La gente ya está cansada de esas maniobras (y por eso votó un cambio).  A la gran mayoría sí le importa cuidarse y cuidar a los demás.  Sí le importa mantener la libertad responsable que nos fue concedida y no quiere ni remotamente estar obligada a cuarentenas tan inútiles cuanto perniciosas, tanto para la salud como para la economía.  Sí quiere convivir en paz y dentro de las reglas.

Lo de la visita de Gustavo Leal a Erode Ruiz hizo parte de esas maniobras.  Sin hacer juego de palabras, mostró una deslealtad con la institucionalidad y las jerarquías.  No se puede ser blando, tanto los votantes como las circunstancias lo exigen.

Ya sabemos por experiencia que no sirve de nada interpelar al Ministro del Interior.  Perdí la cuenta cuántas veces fue llamado a sala Eduardo Bonomi y aún con evidencias de desatino (perdí algunas horas escuchando argumentos de un lado y de otro), se quedó en el puesto durante dos gobiernos consecutivos.  Debe haber sido el más longevo en el cargo,  el que más presupuesto tuvo para ejercerlo y el que peores resultados obtuvo.  A cada año que pasaba aumentaban los números y hechos delictivos.

Como tuiteó Álvaro Amoretti: “Cuando se llama con tanta insistencia a la lucha y la resistencia hay que hacerse cargo de lo que se desata. Nada justifica quebrar la paz social que es un bien supremo a cuidar”. Le dieron diez años a Bonomi, lo mínimo que le pueden dar a Jorge Larrañaga es un par de ellos al menos para que muestre a qué vino.

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