La aviesa actitud de la senadora nacionalista Graciela Bianchi de solicitar informes sobre la presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTU, Mabel Mallo, quien le reclamó al presidente Lacalle Pou por los recortes presupuestales en la educación, constituye otro contundente testimonio de la virulencia anti-sindical del oficialismo.
Esta destemplada acción de persecución ante una demanda legítima, se suma a otros episodios protagonizados por miembros de la coalición multicolor, en particular de su compañero de bancada Sebastián Da Silva.
No en vano, desde el comienzo de la nueva administración, se ha lanzado una furiosa ofensiva contra el colectivo docente, como el sumario con separación del cargo de quince profesores maragatos por presunta violación de la laicidad, algunos de los cuales, según se anuncia, serían destituidos.
Empero, este no ha sido el único hecho que amenaza la libertad sindical consagrada por la Constitución de la República. En ese contexto, el discurso de la derecha cuestionando el ejercicio del derecho de huelga y diversas medidas gremiales en otros ámbitos, corrobora, en forma absolutamente inequívoca, que estamos ante una escalada de corte netamente autoritario.
A ello contribuye también la falta de diálogo entre las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, en una clara violación de la ley de negociación colectiva.
Por supuesto, uno de los mayores núcleos de tensión entre las partes son los inmorales recortes aplicados al presupuesto educativo con el silencio, la aquiescencia y la complicidad de la propias jerarquías de la ANEP, así como la supresión de grupos, horas docentes y programas educativos dirigidos a la atención de los sectores más vulnerables de la población.
Aunque no fue explicitado, el golpe propinado por las listas gremiales en las elecciones para designar a los dos representantes docentes en el Consejo Directivo Central de la ANEP, caló hondo en el oficialismo.
Por supuesto, el mayor motivo de enfrentamiento entre las partes es el atropello perpetrado por la Ley de Urgente Consideración, que dispuso la supresión de la participación de los educadores en los organismos de conducción, la ilegal eliminación de los Consejos de Educación, el arrasamiento de la autonomía y medidas que atentan contra la libertad de cátedra y comportan fuertes cortapisas al trabajo de los educadores, tanto de los sindicalizados como de los no sindicalizados.
Ese clima de tensión se inscribe en la ya iniciada campaña por el referéndum destinado a anular 135 artículos de la LUC, que, a medida que se confirme y se acerque la fecha de la convocatoria, se tornará aun más exacerbada.
Si bien el planteo de la inefable Graciela Bianchi fue formulado aparentemente a título personal, se trata nada menos que de la primera senadora del oficialismo, que suele hacerse cargo de la vicepresidencia de la República ante una hipótesis de vacancia temporal.
Naturalmente, Bianchi ha exhibido posturas radicalmente anti-sindicales desde que se integró a las filas del Partido Nacional, luego de abandonar su militancia en el Frente Amplio y de ocupar sendos cargos de confianza política en el primer gobierno de Tabaré Vázquez y en el de José Mujica.
Ello se suma a su reconocido talante autoritario, que la transformó en motivo de conflicto cuando fue directora del Liceo Nº 6 Francisco Bauzá, donde protagonizó sonados enfrentamientos con los gremios estudiantiles, con su punto más álgido durante las ocupaciones registradas en 1996, cuando el presidente colorado del CODICEN era el polémico Germán Rama.
Aunque ella lo ha negado reiteradamente, existen evidencias que fue la única directora que solicitó el desalojo compulsivo del centro educativo, el cual se registró en horas de la madrugada.
Con tales antecedentes negativos, nos preguntamos cómo dos gobiernos del Frente Amplio le ofrecieron ocupar cargos de confianza política. Realmente, incomprensible.
Ahora, esta ex frenteamplista renegada, que no dudó en integrarse a un partido que encabeza un conglomerado derechista que incluye hasta a militares pro-golpistas, se siente fuerte para canalizar todos sus odios revanchistas.
En ese contexto, Bianchi pidió informes a las autoridades de la UTU, en torno al desempeño académico, las insistencias y el eventual goce de licencia sindical de Mabel Mallo, en un nuevo testimonio de hostigamiento e intimidación contra los gremios de la educación.
En su furiosa alienación, Bianchi parece no entender que la dirigente sindical ejerció sus legítimas prerrogativas, cuando reprochó, en tono respetuoso, por el desastre que está perpetrando el gobierno en la educación pública.
La actitud es doblemente incomprensible si se toma en cuenta que la legisladora es una docente de vasta trayectoria y, además, es abogado. Obviamente, debería entender muy bien como se procesa en una democracia el ejercicio del derecho a la protesta y cuáles son los límites que un legislador y representante de la soberanía popular no debiera traspasar en una democracia.
Parece insólito que, en el pasado, Graciela Bianchi haya sido secretaria privada del inolvidable y ya fallecido senador frenteamplista José Germán Araujo – un emblemático opositor a la dictadura- cuya herencia agravia con actitudes exacerbadas. Su talante autoritario la sitúa en el espacio de la más rancia derecha reaccionaria y fascista y nos convoca a evocar los oscuros tiempos de represión del pachecato y la tiranía liberticida.
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