El brexit ha tenido un alternado devenir y periplo en los pasados tres años que le costaron al Reino Unido (RU) -hasta ahora- otros tantos primeros ministros, además del empate del referendo en que dos naciones (Inglaterra y Gales) votaron a favor del divorcio con la Unión Europea (UE) y dos en contra (Escocia e Irlanda del Norte). Desde mediados de 2016 los ojos del mundo -sobre todo del occidente europeo- se posan en las cúpulas británicas, especialmente en sus fuerzas conservadoras, gobernantes, parlamento y euroescépticos, mientras se oye hablar del brexit.
El retiro del RU continúa siendo un tema que aqueja a la UE por ser el primero en dejar la Comunidad mediando un referéndum y no por la naturaleza del Estado (casos de Argelia -colonia francesa- y de Groenlandia -perteneciente a Dinamarca, pero con un estatuto jurídico independiente), por lo que toda negociación acerca de cómo se articularán esas islas y qué consecuencias económicas y sociales traerán al área continental unida pondrán a prueba, también, la conducción política del reino. Por primera vez se experimenta la puesta en práctica de la modificación (otra más), de la constitución de la UE por el Tratado de Lisboa (13-XII-07) y su artículo 50. Si bien es cierto que las islas ocuparon un papel sobresaliente en dos guerras de la primera mitad del siglo XX, libradas fundamentalmente en tierras continentales, y de que el premier tory Winston Churchill demandó “construir una especie de Estados Unidos de Europa», también es cierto que no se la consideró una potencia unificadora. Y no aludimos a la oposición anglofóbica de un francés decisivo como Charles de Gaulle, sino a la propia actitud de los británicos que una vez dentro de la UE -tras la muerte del caudillo galo- obtuvieron ventajas dentro de la Comunidad en lo que se fueron introduciendo reformas en los estatutos.
De ahí surgió la integración de las tres últimas décadas del RU a la UE, con sus excepciones muy llamativas: está fuera de los tratados de Maastricht (1992) -con los que el agrupamiento superó su carácter eminentemente económico e incorporó el elemento de la ciudadanía comunitaria- y se situó fuera de la zona euro, manteniendo su propio signo monetario. Puede entenderse que mediante un andar zigzagueante los británicos se dieron una institucionalidad a modo, diferente a la que rige a los demás.
Desde otra óptica, hay que señalar que dentro de la propia comunidad isleña se fue incubando una clara división que desde el principio estuvo representada por los propios resultados del referendo separatista: en números redondos, un 52% votó por la separación y un 48% por la permanencia integrada. De inmediato lo que se percibe y ocurre es el rompimiento partidario, social y entre naciones integrantes. En el país pasa por parte de quienes apoyan la ruptura, que dan pie a expresiones xenofóbicas -subsidiarias de las antimigrantes- en particular hacia los procedentes de naciones de la semiperiferia y la periferia capitalistas.
Cuando señalo la esfera partidaria, no puedo olvidar que hubo ministros conservadores que disintieron de una salida no concertada (dura), pidiendo negociarla con la UE, y que esos trances llegaron a incluir conflictos íntimos, como el que aquejó a la familia del actual primer ministro y su dimitente hermano. El calado del cisma generado por el brexit afecta al conjunto de las agrupaciones: hay duros y blandos, euroscépticos y europeístas en todas las expresiones políticas.
Sin embargo, el que más sufrirá en el caso de ocurrir finalmente un divorcio (en octubre, en enero o en otro momento) será el sector financiero y la capital en particular: se estima que en Londres radican las principales oficinas de 250 bancos extranjeros (algunos ya están en otro sitio). En términos de la jurista hispana Araceli Mangas: “El gran perdedor del proceso sería el poderoso sector financiero británico: la City, en lenguaje coloquial. La nueva etapa abriría un proceso de cambio en el sector, con elevada incertidumbre y hasta posibles relocalizaciones empresariales”. Hay quienes denominan de otro modo este tiempo, apuntando que es el final de la postguerra.
Entre los parlamentarios conservadores que desean llegar a un rompimiento brusco se encuentran quienes indican que sería la forma de aumentar la libertad del RU para imponer sus propias normas en diversas ramas y determinar las regulaciones arancelarias de frontera. Es decir, normarse básicamente de acuerdo con las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). La verdad es que sólo aspiran a dos cosas: devolver a las islas la posibilidad de integrase a la corriente proteccionista y, por otro, firmar un amplio TLC con Estados Unidos, prometido por Donald Trump a cambio del divorcio con la UE a la que ve como un competidor a disgregar. Este planteo del estadunidense es el que posibilita expresiones provenientes de sociólogos de la Universidad de Coimbra -en particular de Boaventura de Sousa Santos- de que el siguiente país a separar de la UE, por lo cual bregan la ultraderecha europea y local, sería Portugal.
Subyuga a los xenófobos la idea de que con un divorcio brusco el RU fijaría medidas represivas que afectarían a la migración al eliminar la libre circulación de personas. De contrapartida, quienes se oponen a ello e incluso los que no quieren que el país abandone la UE, ven en la actual crisis generada por esta controversia sobre el brexit la oportunidad para celebrar un nuevo referendo que anule el habido en 2016.
Al escribir este domingo 8 de setiembre, me hago eco de la obcecación e intransigencia del premier de no acceder a otra cosa que una salida dura del reino, incluida la eventualidad de desafiar y no cumplir la ley –arriesgando su caída como premier e ir preso- al negarse al determinante parlamento que pretende acordar con la UE. Según mi criterio, esta discordancia entre factores de gobierno no pone en riesgo la consuetudinaria y las liberales instituciones monárquico-parlamentarias del reino.
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