En el mundo, las derechas para acceder a los gobiernos adecuan -en varios casos- diversas formas de justicia según los desarrollos de sus países, no siendo excepción ni ejemplo único el Cono Sur, zona austral del subcontinente con 5 millones de km2. Desde la Casa Blanca -de donde parten los criterios que intentan marcar los devenires políticos regionales de estas naciones del capitalismo periférico- es decidida una de las formas preferidas de eliminar la división liberal de los poderes -eje de la construcción jurídica propuesta por Jean-Jacques Rousseau- atribuyéndole a uno (el Judicial) las potestades de otros (el Ejecutivo y/o el Legislativo).
La aparición de esta modalidad que llamamos “judicialización de la política” y su pervivencia, es propia de las propuestas y los regímenes conservadores. La también conocida como Lawfare alude a la utilización maliciosa de normas para persecución política, atacar imágenes públicas y destruir al adversario. A vía de ejemplo de la afirmación, debe entenderse que los acuerdos y las consejerías estadunidenses o sus agencias (y agentes) hacia los estamentos judiciales latinoamericanos devinieron en aquello que reconocemos de un tiempo para acá como judicialización de la política. Aquí hay que recordar la impartición -existe conocimiento público- en 2009 del “Proyecto Puentes”, auspiciado por los estadunidenses, acerca de la lucha contra la corrupción, con jueces de Argentina, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Uruguay. Por otra parte, en este siglo son notorios los casos de Honduras y Paraguay, tanto como el de Ecuador -contra Rafael Correa y Jorge Glas- y en su medida contra el actual gobierno de Venezuela.
Para mayor claridad conosureña citaremos los ejemplos, brasileño, de la empresa Odebrecht y el Lava Jato, con los que se pretende justificar tanto la deposición de un gobierno electo (el de Dilma Rousseff) como la prisión del principal líder político del país (Lula), y en el caso argentino, al endilgarle toda corrupción a los tres gobiernos que precedieron al actual y armar una novela mediático-legaloide sobre la ruta del dinero K y el episodio (de fotocopias) de los cuadernos. Es por demás evidente que los integrantes de los respectivos poderes judiciales (Sérgio Moro y Claudio Bonadío, respectivamente brasileño y argentino) –cooptados por las autoridades vigentes- no son los inventores de esta manera de despejar adversarios de la arena política, sino los obedientes ejecutores de una forma de hacer lo indicado -entre otras- que aconseja el imperio desde hace décadas. Lo que adicionalmente pone al descubierto esta modalidad es que apunta a impregnar e instalar en la ciudadanía la sensación de que únicamente hay corruptos entre quienes lideran la oposición independiente a Washington o en quienes se pretenda instalar (para el caso, un antineoliberal). Un filósofo del derecho como Hans Kelsen, guía sobre el cual se asienta mucho del pensamiento y arquitectura jurídica positivista occidental de origen kantiano, sostenía en sus obras que muchos de los desvíos en que podría caer un juez debían considerarse como de un “legislador negativo”.
Digamos que aquí de lo que se trata no es de “poner las manos en el fuego” por nadie (algo innecesario y reñido con nuestras convicciones): si con fundamento en cuestiones apegadas a la ley se procede a encausar y condenar a un político, no hay nada que cuestionar; pero si la actuación judicial no se apega a la legalidad y se aplica siguiendo deseos exclusivamente para “descarrilar” adversarios, por ejemplo sobre cuestiones electorales, partidarias o de opinión, entonces estamos ante la judicialización.
Hace casi una década el entonces ministro de la Corte Suprema argentina, Eduardo Zaffaroni -con seguridad sospechando en qué podría derivar esta injerencia de un poder en la órbita de otro- advertía que «la judicialización de la política es un fenómeno mundial» y «si la justicia se deja llevar por el narcisismo y pretende resolver todos los problemas que no le corresponden, no se podrá resolver nada».
Aquí hay que decir que el aderezo a estas acciones de persecución de la corrupción -probada o supuesta- la ponen los medios de prensa de la derecha (mayoritarios en Latinoamérica) con los “pre-juicios” noticiosos en que dan sus veredictos condenatorios (o los propician) ventilando sesgadamente los casos en que unos jueces intervienen por encargo. El masaje a la conciencia de la población busca -y en muchos casos obtiene- que la extrapolación de las diferencias políticas sean objeto de la acción judicial, desembocando en que los juzgadores -que debieran combatir todos los casos de corrupción sospechados y de ser comprobados, condenados- se consideren “héroes de la probidad”, de los que el público aspira como ética pública de las autoridades, pero que éstas desnaturalizan y convierten en un recipiente de excrecencias -de acuerdo con la porfiada aseveración de los medios.
A pesar de haber expresado críticas a esta filosofía jurídica, se debe reconocer que el garantismo positivista, el que defiende “la democracia a través de los derechos” es superior -por tener la perspectiva de una sociedad con justicia- al “realismo” que campea por la enseñanza y aplicación actual del derecho, herencia, como se afirma, de la Escuela de Leyes de Illinois, contaminada por los desastrosos Chicago Boys.
Uruguay, flanqueado por dos gigantes, no escapó a estos remezones, aunque parece haberlos superado y el estado de derecho -que comprende los individuales, inherentes a su personalidad- proveniente de la vigencia constitucional y que se desprenden de la misma, así como la clara separación de poderes, significan un valladar a los afanes ególatras y conservadores de algunos integrantes del Poder Judicial. Sin embargo, no nos olvidemos de que la judicialización política -en términos de una senadora del Frente Amplio- es una estrategia “que me parece mortal para la democracia (…), porque ya sabemos dónde está terminando en América Latina”.
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