In Memorian: León Duarte y Gerardo Gatti, desaparecidos
Al revisar la situación europea, encontramos en el Este a Rusia y el afán de sus autoridades -desde comienzos de año- de darse una nueva legalidad para garantizar la conducción de Vladimir Putin, que se propone gobernar hasta 2036.
Mi estimado Juan Pablo Duch, corresponsal de La Jornada de México, escribe desde Moscú señalándome algunas objeciones que se hacen a esas reformas, aunque anticipa su aprobación; cuenta que «se pretende tener una nueva Constitución sin convocar una Asamblea Constituyente» y que sus enmiendas requerirán modificar cerca de un centenar de leyes.
Sobre esto agrega: “Se quiso sustituir una Asamblea Constituyente con un variopinto grupo de ciudadanos, designados a dedo por el propio beneficiario de la reforma, en el cual de sus 75 integrantes sólo siete u ocho son juristas o guardan alguna mínima relación con el estudio del Derecho”. Se suponía que ese grupo iba a hacer las propuestas, pero se reunió después que la Oficina de la Presidencia había elaborado las enmiendas de fondo. Una de sus integrantes, la pertiguista (r) Yelena Isinbáyeba, dio gracias al presidente que la invitó a participar porque “leyó por primera vez la Constitución vigente».
La rapidez con que se redactó el proyecto dio lugar a bromas: desde mediados de enero en que Putin habló de reformar la Carta Magna, sólo el Covid-19 impidió que entrara en vigor el 22 de abril mediante la aprobación en las urnas. En todas las instancias -controladas por el Kremlin- se logró el visto bueno sin debate alguno: la Duma (Cámara de Diputados), el Consejo de la Federación (Senado), la totalidad de las 85 Entidades de la Federación y hasta la Corte Constitucional. “Los senadores no tuvieron tiempo ni de leer las casi 70 páginas de enmiendas» pero unas horas después de recibidas dieron su visto bueno al texto.
Otra violación legal que conspira contra esta democracia postsoviética, plantea aceptar las reformas –que en la práctica ya están aprobadas por la Duma, el Consejo de la Federación y las Entidades de la Federación–, mediante un procedimiento que no contempla la Constitución: una “votación popular” que nadie sabe definir y que es muy diferente a un referendo o plebiscito, que por ley no es posible efectuar sobre asuntos constitucionales y que, aún si se pudiera, tiene un reglamento estricto (mínimo de 50 por ciento más 1 voto del total de inscritos en el padrón). Se espera someter el texto a votación, con solo un Sí o un No, sin considerar la infinidad de modificaciones que deberían resolverse con votaciones por separado al no ser oficialmente una nueva Constitución. Esa “votación popular” se concibió como un simple trámite porque para que gane la reforma hace falta que voten Sí más de la mitad de las personas que acudan a las urnas. Parece ocioso señalar que el Kremlin tiene infinidad de recursos para influir en los gobernantes del interior del país (nadie podrá verificar el respaldo masivo que dirán) además de los trabajadores del numeroso sector público cuyo salario depende del beneficiario de la reforma.
La aspiración de darle legitimidad a la reforma con «la votación popular», hace que únicamente se consiga culminar la mise en scène, pues dicha cita con las urnas carece de sentido cuando la reforma ya fue aprobada por todas las instancias legales. Si llegase a ganar el NO (lo que no sucederá), sólo se exhibiría un fraude algo más burdo.
Está muy claro que más allá de la posibilidad de reelegirse hasta 2036 para estar al frente del gobierno (que dadas las condiciones institucionales que tendrá Rusia será igual a ser el poder), la finalidad principal de la reforma constitucional es que Putin se mantenga dirigiendo la conducción global del país. Pero también hay que decir que lo que se propuso y sucederá próximamente, el mandatario lo tiene hoy antes de concluir su actual mandato -en 2024–: una Presidencia súper reforzada, con una amplia base de poder, extendidas facultades sobre el Parlamento, el Gobierno, la Corte Constitucional, la Suprema Corte, la Fiscalía, los Gobernantes regionales y las municipalidades.
El texto de marras otorga carácter constitucional al Consejo de Estado, -que hasta ahora ha sido una instancia consultiva- pero sus prerrogativas y funciones tendrán que definirse mediante una ley al respecto, teniendo en cuenta que es el presidente quien nombra a sus integrantes y cuando lo decida puede asignarle el peso político que en su momento desee. Otro tanto sucede con el Gobierno, que puede ampliar sus facultades si, por ejemplo, las elecciones legislativas son favorables al Kremlin y Putin opta por ejercer de Primer Ministro sin limitaciones de periodos. Estas son posibilidades adicionales a la presidencia para seguir al frente de la pirámide del Poder Ejecutivo.
Desde otra óptica, las enmiendas restringen los derechos de los ciudadanos a ser elegidos (edad, años de residencia, doble ciudadanía, permiso de residencia en otros países, etcétera) e imponen, cuando así convenga a los intereses de la élite gobernante, “la primacía de la Constitución por sobre las obligaciones y compromisos internacionales» a los que libre y soberanamente se comprometió Rusia. Asimismo, incorpora la palabra “Dios” como inspiración del pueblo en un Estado que se proclama laico.
En resumen, el texto permite al presidente mayores facilidades para rechazar una ley; poder quitar al premier sin disolver el Gobierno; decidir qué órganos se subordinan a él y cuáles al primer ministro; puede destituir a cualquier ministro sin consultar al jefe de gabinete; proponer al Senado -cuyos miembros él designa- los candidatos a titulares de las cortes Suprema y Constitucional, sus miembros, igual que a los fiscales; reduciendo de 19 a 11 el número de jueces de la última de las citadas.
Con el telón de fondo de haber sido el centro de una superpotencia, los poderes rusos encarnados en Putin se pertrechan para una omnipresencia institucional, política, económica y militar.
El autor destaca el invaluable aporte de Juan Pablo Duch.
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