Las más recientes declaraciones y posturas políticas del gobierno deben ser examinadas con atención, lo que no siempre es sencillo porque la pandemia por Covid comprensiblemente impone atender otras urgencias.
En estos días se han sucedido varias definiciones. El presidente Lacalle dejó en claro que defiende su gestión invocando al secreto, la fe y la libertad. Sin embargo, esas condiciones son incompatibles entre sí, y por ello parecería estar en marcha un giro desde una retórica que se dice liberal pero que en la práctica sería neoconservadora.
Secretismo
El secreto se convirtió en un elemento clave en justificar los próximos pasos ante la pandemia. El presidente afirmó que mantendrá en secreto las negociaciones y los contratos con las farmacéuticas que producen las vacunas. Ante algunos cuestionamientos sobre incertidumbres en cuestiones como número de dosis, fechas, o empresas involucradas, replicó que negocia confiando en la buena voluntad de la contraparte, y pidió que se le tuviera confianza.
Se debe poner en discusión esa justificación del secreto basado en la idea presidencial de trasnacionales que negocian de buena fe. Cualquier de nosotros tiene el derecho de desconfiar de las corporaciones, y es más, podríamos exigirle esa actitud al gobierno. Esto no es antojadizo. Pongamos como ejemplo a la corporación Pfizer, en tanto es una de las empresas en cuestión. Esa compañía quedó ubicada en el último lugar del ranking de reputación entre las grandes farmacéuticas realizado en 2018, y posiblemente eso tiene que ver con la multitud de juicios que ha sufrido. En la lista de los mayores pagos por juicios está ubicada en el tercer puesto; en 2009 pagó US$ 2 300 millones por responsabilidades civiles y penales que, según el Departamento de Justicia de EE UU, se debió, entre otras cosas, a proveer información falsa (1).
Nada de eso puede sorprender ya que son transnacionales que actúan en el mercado, sus metas están en las ganancias y no son agencias para el bien público. Por lo tanto, la confianza presidencial en una transnacional sólo puede ser aceptada por desprevenidos desorientados o por la prensa que sólo respete los mensajes gubernamentales. En cambio, cualquier ciudadano informado debería estar preocupado. La sucesión de metáforas (como la de “colarse entre los grandes”) y esa idílica confianza parecen más cercanas a un optimismo de aficionados que nunca negociaron con una transnacional. Es más, se podría reclamar casi lo opuesto: que el presidente negocie desde una precavida desconfianza.
Firmar un consentimiento
A la defensa de la confidencialidad le siguió el anuncio de que se requerirán consentimientos firmados para recibir las vacunas. Algunos periodistas lo justificaron como si hablaran por el gobierno, sosteniendo que esto era análogo a la que se firma para cirugías. Están muy equivocados.
Es que en las cirugías, eso resulta de la evaluación de uno o más médicos, quienes consultaron exámenes complementarios del paciente, y que por lo tanto informan sobre posibilidades y riesgos ajustados a cada caso. Si se quisiera hacer algo similar con las vacunas tendría que haber un médico ante cada persona, se debería revisar su historial y ofrecerle información personalizada. Asimismo, aquellos consentimientos se firman para proteger al médico y su institución, pero aquí parece que es para salvaguardar a una transnacional.
El intento del presidente de justificarlo afirmando que eso servía para asegurar la responsabilidad del gobierno, no sólo es confuso, sino que no resuelve esos problemas. La responsabilidad sería en todo el caso del Estado, y nada asegura dado los antecedentes de las agencias de salud en admitir responsabilidades e indemnizar (como sabemos por los larguísimos juicios para cubrir el costo de los medicamentos, las apelaciones en los juicios por mala praxis, etc.).
Crean en mí
Las contradicciones gubernamentales entre presentarse como transparentes pero a la vez negociar en secreto, entre asumir responsabilidades pero exigir documentos para deslindarse de ellas, se volvieron tan agudas que desembocaron en una última explicación: “crean en mí”, pidió el presidente.
Esa idea, expresada de ese modo, es muy preocupante. La arquitectura democrática opera con instituciones que se complementan entre sí pero además se controlan y evalúan mutuamente. El legislativo tiene que controlar y evaluar al presidente y todo el resto del Poder Ejecutivo, y resulta inconcebible que se planteara algo así como la suspensión de ese mandato bajo el simple pedido del presidente de que crean en él. Pero Lacalle da pasos en ese sentido; que el secretario de la presidencia, A. Delgado, maneje esas negociaciones no es menor, porque no puede ser interpelado por el legislativo.
Son justificaciones que no tienen antecedentes recientes, donde la fe en el presidente llama a suspender toda duda y cuestionamiento, como si fuera un iluminado que todo lo sabe. Es un presidencialismo personalista y vertical. Esto se despliega bajo una retórica liberal, indicando que lo que más se respeta es la libertad de las personas, y por ello no estamos bajo cuarentenas forzadas. Pero, a cambio, se debe aceptar el secreto y el verticalismo presidencial.
Pero enseguida aparecen contradicciones. Adhiere a una defensa de ciertas libertadas, pero incumple otros mandatos del liberalismo clásico como limitar el poder estatal, dado el secretismo, y al mismo tiempo subordina al país a empresas farmacéuticas extranjeras.
Entretanto el gobierno no logra anudar acciones concretas y efectivas para lidiar con las terribles consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Nos entretiene con mil repeticiones de futuras vacunas o relatos sobre freezers, pero las respuestas más efectivas siguen basadas en los instrumentos y prácticas de los gobiernos anteriores (como el seguro de paro). No hay novedades sustantivas, y hasta sufre para asegurar paliativos urgentes, tales como sostener las ollas populares.
Por momentos parecería que desde el núcleo gobernante se hace un análisis entre la marcha de la pandemia (número de infectados, número de muertes, etc) y los costos económicos que requerirían otras ayudas. Mientras aquellos indicadores los considera manejables y la protesta social no escale, seguirá triunfando la alergia a mayores gastos. En eso sólo hay retazos de liberalismo. La gestión social se acerca cada vez más a la caridad, remitiéndose a la esfera personal, y por eso los políticos gobernantes no se avergüenzan por las ollas populares que sobreviven gracias al apoyo de vecinos.
Entonces, si este gobierno es liberal, lo es intermitentemente. Asoma un viraje hacia posiciones y prácticas neoconservadoras, que habrá que ver si se mantienen. Es una ecuación política que permite que circulemos en las calles, pero si se quiere la vacuna, hay que creer en el presidente.
Notas: Informaciones sobre estas y otras farmacéuticas en www.drugwatch.com
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