Un tema que podremos llamar de “entrecasa” está impulsando un aluvión de notas a quienes emiten opiniones: es el del crimen organizado en AL. Concurren para esto el hecho de que en EEUU harán comicios federales en noviembre, que (por ahora) dos ancianos plutócratas disputan candidaturas de los grandes partidos, que uno de ellos está ejerciendo el mandato Ejecutivo con algún éxito económico e inocultables fracasos en el terreno exterior (Crimea, gobernada por un corrupto presidente, e Israel, donde el primer ministro controla el rumbo del genocidio en Gaza, mientras parecen haberse guardado los “tambores de guerra” en el contencioso de límites venezolano-guyanés (los demócratas no desean abrir un escenario en AL).
Además de aprovechar esta circunstancia, debe sumarse la convicción creciente entre opinión pública y gobiernos de que décadas de “guerra al narcotráfico” (parte medular de lo que se entiende por crimen organizado) es inútil como esfuerzo para controlar su expansión (fracasos -o quizá connivencia- notorios cosecharon las autoridades de EEUU, Felipe Calderón en México y César Gaviria en Colombia). Debe agregarse a todo esto la declaración en la ONU del colombiano Petro acerca de quien “pone” los muertos y la situación descontrolada, de inseguridad pública y carcelaria de Ecuador a poco de iniciar el gobierno de Noboa.
Desde el inicio se partió de más de un punto equivocado: el narcotráfico no se detendrá porque se lo combata coordinadamente, de forma más o menos universal; no es solamente una actividad que convoca a marginales empleados o, sobre todo, jóvenes desempleados, con escolaridad abandonada que ingresan a un trabajo ilegal y bien pagado. El dejar hacer por parte de algunos Estados, desentendiéndose de las regiones marginales, abandonando los recursos hacia sectores deprimidos -con bajos aportes a la fiscalidad-, son uno de los caldos de cultivo preferidos por los distribuidores de drogas ilegales. Cuando por diversos motivos parte de esos individuos van a dar a un lugar de castigo, el Estado se encarga de llenar las cárceles de detenidos (no son rehabilitados), de hacinarlos, ponerlos a disposición para su reclutamiento por el crimen organizado que opera en dichos recintos y les regala una inagotable población que, por ejemplo, morirá si se niega a integrarse o será víctima de su alineamiento y la lucha entre bandas. Recordemos que el mayor proveedor de ese mercado será el mismísimo Estado que dice combatir la delincuencia.
Sin embargo, hay que entender que observar luchas interbandas -donde muchos mueren- y los allanamientos y cierres de “bocas” de expendios de drogas ilegales no presagian ningún triunfo y sí profundos fracasos, aunque ocurran reconocimientos tardíos de su fracaso.
En tanto, las “porosidades” fronterizas (para lo cual el crimen organizado está bien entrenado y dispone de una amplia tecnología practicada por el contrabando) y el involucramiento de aparatos empresariales (bancos y empresas multinacionales, casas de cambio, agencias de viaje, inmobiliarias, estudios notariales y de economistas, compra-venta automotriz, negocios permeables a actividades fuera de la ley, etc.), sirven para transformar (lavar) el dinero mayor del narco en moneda de circulación legal (limpia).
Entre noticias, predicciones y augurios para este año, se informó que alrededor de la mitad de los ciudadanos del mundo concurrirán a elecciones: este “triunfo” de la democracia se atribuye por los amantes de la aritmética a 67 países. Hay un grupo de esos procesos que no están regidos por normas que obliguen a los partidos y sus participantes a declarar o exhibir de dónde provienen los recursos para sus campañas: una sana medida requerida es la que impone obligaciones a todos, porque hay quienes suponen que existen “aportes” de bandas y capos del crimen organizado (connivente con los partidos o con algunos políticos). Hay casos de partidos cuyos candidatos tienen “arreglos” con bandas diversas y en lucha entre sí; tenemos el ejemplo sudamericano de que algo así pasa en Paraguay en el Partido Colorado. No descubro nada cuando señalo a aquellos que hoy, en algunas geografías sudamericanas, ocupan un sitio donde reclutan delincuencia primaria para que dé avisos sobre presencia represiva (halcones, les llaman) de competidores regionales o simples sospechosos: digamos que son soldados de segunda y primera.
Pero la delincuencia necesita seguridades, y hay veces que dinero: es ahí donde se “asocian” con individuos, empresas de tradición legal, instituciones públicas, jefes policíacos, oficiales militares y les otorgo el grado tres.
En otros países, cuando el propio Estado, sus autoridades y sus líderes son los que se involucran con los narcos, se incrementan los números de la corrupción y de los muertos. Así pasamos por etapas y territorios dominados por el narcotráfico y sus variantes delincuenciales y llegamos al grado cuatro, en que el Estado admite la presencia de las bandas, su normatividad y se hace copartícipe; a cambio, de un narco-Estado, le dejan al Judicial casos menores y una puerta giratoria para el “cuello blanco” y sus operadores.
En particular el narcotráfico latinoamericano, dependiendo la plaza o país en que se desarrolle, tiene variadas prácticas. No es igual uno de buen mercado (Brasil, México, EEUU, Argentina, Colombia, etc.) que naciones de tradición “tranquila” (como Ecuador) o pequeña como Costa Rica y Uruguay. El primero de estos dos comporta el doble tránsito de indocumentados (migrantes pobres de distintas partes que se congregan en Panamá) y el de todas las formas de la cocaína en ruta a EEUU, el principal consumidor.
Uruguay, hasta hoy es fundamentalmente un “acopiador y exportador” y un gran aportante de próxima mano de obra excarcelada, pese al monstruoso hacinamiento que pone a disposición de la ilegalidad futuros integrantes. En todo caso, como lo demuestra el antiguo y “tranquilo” Ecuador, con independencia del mercado y su papel, todo puede variar, cambiar para mal en poco tiempo.
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