El fallecimiento del Ministro del Interior y dirigente nacionalista, Jorge Larrañaga, habilita por lo menos tres reflexiones concretas que resultan ciertamente insoslayables: el generalizado respeto de todo el sistema político ante tan trágico e impactante desenlace, las irresponsables aglomeraciones generadas durante el velatorio y el ulterior sepelio -que violaron groseramente todos los protocolos en materia sanitaria impuestos por el propio gobierno que en vida integró- y la ratificación de la continuidad en materia de políticas represivas, siguiendo las líneas rectoras impartidas por el Poder Ejecutivo encabezado por Luis Lacalle Pou.
Con relación al primer aspecto, es pertinente destacar la ejemplar actitud respetuosa y ponderada de la oposición frenteamplista, que estuvo naturalmente a la altura de las circunstancias.
Si bien el FA combatió y fustigó a ultranza los excesos perpetrados por la Policía durante la gestión del Larrañaga, ello no fue óbice para dejar de reconocer su trabajo y su compromiso con la misión que le confirieron el gobierno y su Partido Nacional.
Larrañaga no fue en vida ni un ángel ni un demonio, acorde con la lógica binaria más perversa que suele transformar a la política en una guerra sin armas, pero que, en una democracia madura como la nuestra, siempre se dirime mediante el diálogo, el fluido intercambio de ideas y el debate.
En lo personal, a la hora de la muerte se impone el respeto por encima de otras consideraciones, pese a que siempre combatí, con frontalidad desde mis columnas de opinión, la impronta reaccionaria y el estilo exacerbado de Larrañaga, aun antes de su designación como Ministro del Interior.
Mi segunda reflexión refiere naturalmente al velatorio transcurrido en el Palacio Legislativo y en la sede del Partido Nacional, así como al ulterior acto de sepelio en Paysandú.
Más allá del afecto por el líder desaparecido y la indomeñable pasión partidaria, que es obviamente muy comprensible, lo insólito fue la ruptura de todos los protocolos en una contingencia de emergencia sanitaria, con descomunales tasas de contagios y fallecimientos que figuran entre las más altas del planeta.
No en vano, el propio Arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, rompió su cuarentena luego de haber estado en contacto con un sacerdote infectado y participó en las honras fúnebres, demostrando una absoluta falta de responsabilidad. Lo más grave fue que el test que le realizaron arrojó resultado positivo.
Al respecto, las exequias de Larrañaga contrastaron radicalmente con la razonable austeridad que caracterizó al emotivo homenaje que le prodigó el pueblo uruguayo al fallecido ex presidente de la República, Tabaré Vázquez en diciembre del año pasado, que contempló todas las restricciones demandadas por la delicada coyuntura sanitaria que atraviesa el país.
Aunque sería insólito comparar la inconmensurable estatura política de Tabaré Vázquez con la de Jorge Larrañaga, lo realmente evidente fue la diferencia entre la ponderación de hace cinco meses y la actitud de abierta irresponsabilidad de los que convocaron a despedir al dirigente blanco, quienes debieron pregonar con el ejemplo y no cometer excesos.
En este caso, se les quemó el libreto, ya que quebrantaron flagrantemente sus propios protocolos, lo que les resta autoridad, por lo menos moral, para penalizar las mentadas aglomeraciones, fiestas privadas o las imaginarias manifestaciones convocadas por el movimiento sindical, incluyendo la campaña de recolección de firmas contra la Ley de Urgente Consideración.
El tercer aspecto al cual nos referiremos es el que atañe al obligado relevo en el Ministerio del Interior. Al respecto,
la asunción de Luis Alberto Heber como nuevo titular de la cartelera ministerial, supone una continuidad de la política del gobierno en materia de seguridad, que implicará el mismo rumbo de talante autoritario que se imprimió a la Policía a partir del 1º de marzo de 2020.
Más allá de los anuncios oficiales, no hay motivo para lucubrar eventuales cambios que supongan una actitud diferente, al amparo de encuestas favorables a la gestión que para nada condicen con la sensación térmica que se respira cotidianamente.
Si bien a nivel de la opinión pública la seguridad o la inseguridad pasó a ocupar un lugar si se quiere marginal, ello es consecuencia que la mayor preocupación la constituyen los estragos provocados por la pandemia y la devastadora crisis económica y social que padece el país, que condenó a 100.000 uruguayos más a vivir bajo la línea de pobreza.
Aunque pueda ser comprensible por un tema de confianza política y afinidad ideológica con Luis Lacalle Pou, no parece demasiado atinada la designación de Heber al frente de un ministerio que requiere de cualidades de las que el flamante Secretario de Estado carece.
En todo caso, los únicos méritos del ahora ex ministro de Transporte y Obras Públicas son pertenecer a una familia de rancia prosapia nacionalista, haber permanecido atornillado a su banca parlamentaria durante treinta y cinco años, ser del riñón del herrerismo y haber sido un soldado fiel del ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera, con quien mantiene un vínculo de parentesco.
Empero, más allá de aptitudes para el desempeño del cargo que le ha sido conferido, no es esperable que con la conducción de Luis Alberto Heber tengamos una Policía que no cometa excesos ni viole groseramente los derechos humanos al amparo de la LUC, como ha sucedido desde el primer día de gestión de este gobierno.
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