Bajo todo parámetro democrático, Venezuela es una dictadura. A esta altura y con opositores casualmente siempre presos o proscriptos, es poco discutible. Incluso vale recordar que hasta el propio José Mujica lo reconoció.
El Salvador no es una democracia en desarrollo. Esgrimirlo sería únicamente justificar lo injustificable y evadir lo contradictorio. Las democracias son o no. Un punto gris sólo mide la intensidad de una dictadura, eso ya lo hemos vivido. El Salvador bajo el reinado de Bukele es una dictadura, pero lo más asombroso es el silencio, mientras que en los últimos 10 años continúa el debate de Venezuela.
Hechos: iniciando su mandato Bukele tuvo que coexistir con otras fuerzas, por entonces esencial el juego y negociación política propios de una democracia. Para ello existe el Parlamento, de imperativa independencia de hecho y de derecho. Sin embargo, comenzó a ‘mostrar la hilacha’ el 9 de febrero del 2020 al enviar tropas al Parlamento para forzar la aprobación del crédito que su gobierno solicitó. Revelando su compromiso a la intimidación, nula tolerancia a la disidencia, y precario apego a la democracia. En mayo, al negarse la oposición a prorrogar el estado de emergencia por el COVID, esto se hizo por decreto. Dicha declaración restringe el derecho de reunión, asociación y circulación, etc. lo que le valió ser declarada inconstitucional.
El 70% de los votos en una elección de dudosa legitimidad, dio a Bukele control parlamentario, sumando un Poder más a su bolsillo. Envalentonado, siguió con la casi inmediata destitución de los jueces y fiscales de la Sala Constitucional reemplazándolos con adeptos, infiltrando el Poder Judicial. Decisiones criticadas por organismos internacionales (OEA, CIDDHH, ONU, hasta la Vicepresidenta de los EUA), lo cual no hizo mella.
De igual forma, jubiló a casi 1/3 de los jueces -especialmente los disidentes- mediante ley aprobada con su supremacía. Fiel a su estilo, reformó la Fiscalía habilitando al Ejecutivo a temporal o permanentemente trasladar fiscales (“por razones justificadas de conveniencia del servicio”). Igualmente, la Comisión Contra la Impunidad en El Salvador creada con la OEA en 2019 fue cesada en junio del 2021. Pero la cereza del pastel está en la sustitución de los integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura, electores de los integrantes de la Corte Suprema, a su vez electores de los jueces de menor rango. Conquistado el más importante Poder estatal, con todos bajo su absoluto control, dio muerte a la democracia en su país.
Profundizando su regencia Bukele quiso reelección -expresamente prohibida por la Constitución en su art. 154- imprescindible para tal, nueva interpretación. Previsiblemente la Corte accedió y ordenó al Tribunal Electoral la autorización. El resultado: Bukele se pronunció ganador con ‘apoyo masivo’, previo finalizar el conteo de votos y con frecuentes cortes en la comunicación de estos, inclusive ordenada por el gobierno.
Más allá de la propaganda afín al régimen dentro y fuera de El Salvador e incluso en el Uruguay, lo cierto es que su pueblo lleva casi 4 años en estado de excepción casi constante, y no todos son afines a Bukele. La oposición (bajo la consigna Por la democracia y el restablecimiento del Estado de Derecho) recibió: protesta criminalizada, categorización como terroristas, capital militarizada y fuerte presencia policial.
Para la prensa favorable los presos son culpables, liquidó la violencia, bajaron los homicidios y viene ganando la guerra al crimen. Aunque omite mencionar que los juicios no son justos ni equitativos y los homicidios venían bajando un 50% anual previamente. Por último, lo que pocos señalan: inéditas concesiones y acuerdos secretos con jefes de las maras, como liberar a los que EUA solicitaba su extradición.
Parece ser otro caso donde el pueblo ‘voluntariamente’ renuncia, por más seguridad, a sus más básicos derechos. Aunque simula ser más un cambio de victimario que un fin de la inseguridad. Claro que las maras no toleraban disidencias; Bukele tampoco. Los victimarios hoy son matones del gobierno, actualmente reforzados no sólo para mantener contentos, sino por saber que el ‘apoyo’ no es eterno. Quien se oponga es arrestado, enjuiciado anónimamente junto a 100 reos o fácilmente desaparecido. Todas prácticas dictatoriales de manual, no muy distintas a las maras. La única diferencia es que los matones son uniformados y pagos con los impuestos del pueblo que juraron defender.
Según esto, parece evidente que esto es una dictadura pura y dura, pero entonces ¿por qué no escandaliza? Al revés, muchos apoyan y buscan en las filas de la derecha un Bukele uruguayo. Parecería que no irrita la dictadura, siempre y cuando los derechos que restrinja no sean económicos. Puede matar, torturar, desaparecer, encarcelar, pero Dios prohíba expropiar o requisar los bienes. Si un gobierno -incluso democrático- busca una economía social, es imperdonable. Qué paradoja si Maduro por ejemplo, hiciera la mitad de lo que Bukele, qué dirían nuestros más encumbrados políticos, especialmente de la coalición.
La historia demuestra que una dictadura abierta al libre comercio, a concesiones e inversiones extranjeras, amiga del gran capital, vendedora de recursos e incluso desreguladora del trabajo jamás ha recibido condena unánime. Si continúa el business as usual, no hay problema. Pareciera que lo importante es el patrimonio, especialmente del que no vive en los países cuya sombra siniestra la dictadura ha cubierto. Recordando a Artigas: La cuestión es sólo entre libertad y despotismo. Lamentablemente la única que vale y se defiende es la económica.
No sorprende que nuestros sectores más represores, glorificadores del pachequismo y hasta nuestras dictaduras, no sólo ignoren sino que apoyen a Bukele. Pero de quienes se dicen batllistas, seregnistas, o wilsonistas, el país, el pueblo, y el futuro exigen mucho más de ellos.
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