El referéndum pretende derogar 34 artículos de los 80 que la LUC dedica a educación, varios de los principales en esta área. Un primer problema es que se impugnan artículos que no están en la LUC, en especial los referidos a la privatización de la educación.
Si bien dirigentes importantes como Pereira y Bergara han reconocido que no existe la tal privatización, otros empezaron con un juego de la mosqueta conceptual. Alguno habla de “lógica de gestión privada”, que no se entiende claramente que es y en todo caso cuando argumentan parecería que fuera todo cambio a la lógica vigente en la gestión pública, que además de ser necesario mejorar es distinta, para peor, que la lógica de gestión pública en otras áreas de política social (que han logrado realizar reformas importantes). Otros, directamente en un “juego de la mosqueta” conceptual, hablan de privatización escondida, pero no aclaran donde se esconde. Siendo precisos, privatizar es transferir capacidades o recursos a los privados y eso no existe.
Además de la fábula de la seudo privatización, se argumenta contra la LUC tergiversando los cambios en la gobernanza. Probablemente el cambio más importante sea la eliminación de los consejos de educación primaria, secundaria y técnica.
Algunos docentes tienen la arraigada convicción que los subsistemas educativos deben gobernarse por órganos colegiados. Fue así en su historia y en buena parte de ella fue una modalidad efectiva. Pero desde hace décadas es una modalidad que muestra dificultades, especialmente para emprender cambios. Por ejemplo, Fullan et al (2013:7) en un estudio para el Ceibal, describen al gobierno del sistema educativo uruguayo como fragmentado en varios órganos.
La dirección y gestión de la educación en varios colegiados es una originalidad de un sistema educativo que se destaca por tener graves problemas en sus resultados. O sea que es una característica excepcional y que no parece asociada al logro de buenos resultados. La educación se dirige en la mayor parte de los países por direcciones unipersonales de cada uno de los diversos subsistemas que lo componen. Una parte importante de los problemas obedecen a falta de ejecutividad y a fragmentación. Un solo ejemplo, en el 2012 todos los partidos políticos, convocados por el presidente Mujica, acordaron implementar la modalidad de contrato del denominado “profesor cargo”, con por lo menos un medio horario concentrado en un solo centro, incluyendo múltiples tareas además de dar clases, reemplazando el contrato por “horas aula”. El amplio acuerdo político no se logró implementar ni en ese período, ni en el siguiente y es muy difícil identificar quien es el responsable. Podrían multiplicarse los ejemplos. Desde el 63 secundaria tiene planes piloto de reforma y hasta hoy el currículo, hasta incluso en el Ciclo Básico de UTU, mantiene la impronta enciclopédica y asignaturista cuestionada desde aquel entonces. Perfiles de egreso y marco curricular se aprobaron, pero no se modificó el currículo contenidista anterior. Las decisiones se complican, se dilatan, se empastan hasta que se bloquean y la educación se estanca.
¿Las Direcciones Generales van a resolver esto? No es seguro. Pero después de haber mantenido la modalidad peculiar de los colegiados durante décadas, las últimas de estancamiento y bloqueo educativo, parece razonable ensayar el cambio.
Decir que lo principal de este cambio es ir contra la participación docente es ver sólo un árbol y no el bosque que está atrás o, peor aún, es directamente un argumento de mala fe. Los docentes mantienen sus dos delegados en el máximo órgano de gobierno educativo, que es el CODICEN de la ANEP. Y tan o más importante se mantienen los ámbitos amplios de participación, que principalmente son las Asambleas Técnico Docentes, con espacios centrales y a la vez con espacios en cada centro educativo. También se mantiene otra buena innovación de la Ley General de Educación del 2008 –ley que es bueno recordar votó solo el Frente Amplio- que fueron los Consejos de Participación por centro educativo, conformados además de los docentes, por los estudiantes, las familias y la comunidad. Han funcionado poco y mal todos estos años, pero tienen gran potencialidad, para promover la participación docente junto con la de otros actores.
Las declaraciones de algunos referentes frentistas y sindicales expresan más que la reivindicación de la participación la añoranza por el cogobierno de toda la educación, en la que tampoco los gobiernos frentistas incursionaron. Tal vez sería bueno sincerar que ésta es la perspectiva. Mirado estrictamente desde los delegados docentes la eliminación de los tres colegiados es más la pérdida de tres cargos, que una reducción efectiva de ámbitos y posibilidades de participación.
Hay otros temas que quedan para otras columnas, como el de la formación docente, en los que también la LUC es una apuesta y una posibilidad de innovación, que procuran generar condiciones para enfrentar los graves problemas de calidad, equidad y egreso, que desde los promotores del referéndum se minimizan, a la vez que reclaman más recursos y proponen, en definitiva, la huida al pasado.
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