El llano en llamas por José Luis Baumgartner

El sábado “El Observador” publicó resultados de una investigación del periodista Leonardo Haberkorn sobre las declaraciones de Gavazzo y Silveira ante Tribunal de Honor para oficiales superiores, admitiendo torturas, asesinatos, desaparición de personas o de sus restos, en el marco de la actividad institucional. Este Tribunal, el de alzada y el ex comandante Manini Ríos, coincidieron que esos crímenes y los 28 homicidios especialmente agravados por los que fueron condenados en 2009 no habían afectado el honor del Ejército, pero sí por haber dejado que un coronel estuviera 3 años preso por la muerte de Roberto Gomensoro, sabiendo que era inocente. ¡Felicitaciones Leonardo!

Tras la difusión del contenido de las actas, el presidente Vázquez tomó una medida sin precedentes: dispuso la renuncia del ministro y subsecretario de Defensa Nacional, destituyó al comandante en jefe del Ejército y al jefe del Estado Mayor de la Defensa, solicitó venia al Senado para el pase a retiro obligatorio de cuatro generales –todos militares integrantes de los aludidos Tribunales.

El Poder Ejecutivo había homologado los fallos sobre la conducta de Gavazzo y Silveira el 12 de marzo, pasándolos a “situación de reforma”  –evidentemente sin ser advertido sobre lo configurado en el “juicio” castrense: el lunes solicitó con “carácter urgente”  al MDN el expediente del Tribunal Especial de Honor y la cartera se lo envió en el acto.

Asimismo, Tabaré ordenó la remisión ¡ya! a la Fiscalía General de la Nación de los testimonios de los represores en cuestión, señalando que tanto ese Tribunal del Ejército como el de apelación “omitieron en forma deliberada cumplir con el mandato” que establece que, si el ejercicio de sus funciones los llevaba a la “presunción de un delito, común o militar, tenían el deber de comunicar esto “de inmediato” al superior que correspondiera.

Los imbéciles imbecilean. Culpan al “Taba”, como si pudiera dedicar 5 horas a leer ese combo (tiempo que le llevó a Haberkorn), quien, naturalmente, debe confiar en lo que le informen los asesores correspondientes. Resaltan el descuido administrativo (que existió e incluso puede involucrar a más funcionarios) pero NO VEN que nuestra democracia está “protegida” por “guardianes” irremediablemente de espaldas a la sociedad y al Derecho.

En noviembre de 1986, gracias a memorable reportaje de César di Candia, el Tte. Gral. Medina admitió responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los excesos cometidos “al haber perdido los puntos de referencia”. Treinta y pico de años después parece que no los volvieron a encontrar. Son un enclave extraño al país.

Reclaman lealtad, obediencia, consideración; estiman que los crímenes cometidos por subordinados de alto rango al realizar “tareas” no menoscaba en absoluto el honor de las Fuerzas; practican la ley de la “omertá”; se encubren unos a otros; amenazan –porque tienen el monopolio de las armas-; consumen sobredosis de impunidad; mantienen privilegios en cómputos de servicios y retiros, decretados cuando eran mandamases de la dictadura “cívico militar”, pagados por la gente; complotan; se entienden entre ellos; haciéndose los buenos, hoy son los mismos que los de la “doctrina de la seguridad nacional” pentagonista; recurren al crimen “si es necesario” (y no pocas veces lo ha sido); tienen el tupé de invocar a Artigas; consiguen esbirros políticos (que les temen o estúpidamente pretenden usarlos en su provecho). Son mafia a la luz del sol.

Un peligro incesante. Mantenerlos a raya constituye un logro magnífico. Claro, hay que tener mente lúcida, mano firme y huevos de puma. ¡Tabaré al podio!

Los cosos y las cosas en su debido lugar.

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