La votación del presupuesto en la cámara de representantes dejó al desnudo las sustantivas diferencias que existen entre el modelo de país inclusivo con desarrollo social del Frente Amplio y el statu quo regresivo de una derecha aferrada a fracasados dogmas conservadores.
En efecto, sólo en 2021, el gobierno recortará 21.000 millones de pesos a las unidades ejecutoras del Estado, incluyendo 8 mil millones de pesos a la educación pública.
La reflexión más atinada y explícita sobre este impresentable engendro restaurador fue formulada por el diputado socialista Gonzalo Civila, quien afirmó que la iniciativa aprobada por la coalición multicolor con el apoyo de su nuevo socio, el apócrifo y casi inexistente PERI, parece haber sido elaborada por “el hombre manos de tijera”.
Obviamente, el representante frenteamplista parafraseó el título de la película “El joven manos de tijera”, del creativo cineasta estadounidense Tim Burton. El film, que mixtura, con lenguaje poético la fantasía con el romanticismo, narra la historia de un hombre creado artificialmente que posee manos de tijera.
Aunque las diferencias sean radicales, este personaje puede ser perfectamente extrapolable al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie –responsable de este presupuesto ruinoso- quien parece haber sido engendrado en un oscuro laboratorio del neoliberalismo más rampante.
Este tecnócrata, que aparentemente tiene un poder de decisión comparable al del presidente de la República, ocupa un cargo clave pese a haber colaborado con el malogrado juicio que la multinacional Aratirí entablo contra nuestro país.
Durante la maratónica sesión de la cámara baja, el bloque derechista justificó su proyecto de presupuesto en la hipótesis que heredó un país –el de los gobiernos del FA- caracterizado por el derroche, lo cual es una burda falacia.
No en vano, el oficialismo logró gestionar con relativo éxito el aspecto sanitario de la pandemia, merced a las inversiones realizadas por las administraciones de izquierda en salud, tecnología, educación y políticas sociales.
Obviamente, el Uruguay que recibió la coalición multicolor es radicalmente diferente al que heredó el Frente Amplio, luego de la devastadora crisis del 2002, que provocó una contracción de la economía del 11%, una tasa de desempleo que rozó el 20%, una pobreza de casi el 40% ((más de 1.200.000 pobres), una indigencia cercana al 5% (160.000 personas) y una caída salarial de casi un tercio del poder de compra, entre otros desastres.
Para enfrentar esta debacle, de la cual fueron responsables las dos coaliciones blanqui-coloradas que precedieron al progresismo, se debió invertir fuerte en áreas estratégicas y sensibles del Estado, como la asistencia social, la reactivación del empleo y el desarrollo con equidad.
En ese marco, los salarios crecieron en términos reales (por encima de la inflación) en el entorno del 57% y las jubilaciones casi un 60%, el sueldo mínimo se triplicó, se crearon 300.000 puestos de trabajo de los cuales se perdieron 60.000 en los últimos cinco años, y se restituyó la negociación colectiva.
Asimismo, se aprobaron más de medio centenar de leyes que otorgaron derechos a los trabajadores, incluyendo a los peones rurales y las empleadas domésticas, quienes permanecieron durante décadas a la intemperie de la informalidad y de la perversa lógica del mercado.
Paralelamente, se aprobó la Ley de Empleo Juvenil y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, en cuyo marco se ejecutaron políticas sistemáticas y focalizadas para generar oportunidades.
Por supuesto, también se incentivó al capital con exoneraciones y renuncias fiscales de 2.000 millones de dólares anuales, con el objetivo de crear puestos de trabajo.
Ni que hablar del histórico gasto en en educación, que creció un 172% en términos reales llegando al 5,2% del Producto Bruto Interno. También la salud y la seguridad tuvieron un incremento sostenido en esos 15 años.
En definitiva, el gasto social global aumentó un 136% en términos reales en el período 2005- 2018, lo cual permitió mejorar la calidad de vida de los uruguayos.
Asimismo, la mayoría de los ingresos al Estado que la derecha hoy hegemónica cuestiona, son de docentes para poder atender más grupos y eliminar el hacinamiento por clase, trabajadores de la salud –médicos y no médicos-y policías.
No en vano, pese a las dificultades emergentes de un contexto internacional que a partir de 2008 se complejizó, el Uruguay progresista era reconocido por las agencias internacionales como el más equitativo de la región.
No era el país de Walt Disney ni una sociedad ideal, ya que la desaceleración de la economía por razones multicausales provocó fuertes impactos en el mercado de trabajo en el último quinquenio y no fue posible eliminar el núcleo duro de la miseria generada por insensibles gobiernos conservadores.
No hubo derroche sino inversión. Sin embargo, ese relato contaminado de falacias alimenta el pretexto perfecto de la derecha multicolor, para amputar recursos o reasignarlos, priorizando más la represión y las regalías al capital que las demandas sociales de la mayoría de los uruguayos.
Este presupuesto es una perversa ingeniería de recorte y zurcido, que apunta claramente a desmantelar el Estado, privilegiar al mercado y favorecer los intereses de la rosca oligárquica.
La mayoría del electorado no votó conscientemente por este proyecto de país. Fue engañada y estafada por un discurso ambiguo, opaco y mentiroso, amparado por el obsecuente cerco mediático.
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