A Bujari Ahmed, patriota, amigo, muerto en abril de 2018.
Pedro Sánchez, presidente de Gobierno, modificó una decisión de política exterior acerca del respeto a la autodeterminación saharaui por la propuesta de su invasor: el reino de Marruecos. El cambio -del que primero nos enteró Rabat- se entiende por la sociedad como una traición ya que, pese a sus gobiernos, tiene importantes lazos de solidaridad con los saharauis. Esto ocurre mientras Bruselas se ocupa en cumplir órdenes sugeridas por EEUU -para mantener enfrentados a Rusia-Ucrania- y en buscar proveedores de carburantes.
El 18 de marzo La Moncloa anunció su adhesión al plan alauita de 2007 sobre autonomía del territorio invadido, rechazado por el Frente Polisario (independentista). Al respecto, ONU había reiterado que el único programa era el propuesto por la
organización mundial. La Comisión Europea, repetidamente apoyó que el proceso político en el Sáhara debía resolverse con un plebiscito saharaui.
Se acusa a España de apoyar, encubrir y asistir al autor de un delito -el Reino de Marruecos- impidiendo la libre expresión saharaui, bajo dominio colonial e inscrito en la Agenda de Descolonización de la ONU desde 1963, sumando confusión de intereses a los deberes que tuvo como potencia administradora. Con ello quiere eludir su responsabilidad, eludiendo lo dirigido a Naciones Unidas en 1975, que exigía detener la invasión marroquí al afirmar que el territorio no quedaría descolonizado sin el pronunciamiento de sus habitantes.
Pero la historia no inicio hace 10 días: el PSOE por años se opuso a la publicación del comunicado firmado por Felipe González (entonces líder del PSOE) y el segundo presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Mohamed Abdelaziz, en noviembre de 1976. Lo esencial lo publicó el diario argelino de circulación pública El Moudjahid donde se expresa: «el PSOE reconoce al Frente Polisario como el único y legítimo representante del pueblo saharaui, apoya la proclamación de la RASD y lanza un llamamiento a todas las fuerzas democráticas y progresistas para que se solidaricen con esta posición».
El periódico, en el artículo Promesas a cumplir, el 31 de octubre de 1984 memoraba que Felipe González había visitado los campos de refugiados situados en Tinduf (Argelia), suscribiendo con el Frente Polisario un comunicado donde afirmaba que los acuerdos de Madrid (de 1975) eran «nulos e ilegales y que los deberes del Gobierno español permanecerían comprometidos mientras el pueblo saharaui sufriera las consecuencias de esa traición y no hubiera obtenido la liberación total de su territorio».
Más adelante, indicaba Felipe González que España tenía una tarea histórica en el conflicto del Sáhara Occidental y que, en consecuencia, «no puede permitirse deslices, sobre todo en materia de política exterior”. Ya como jefe de Gobierno, sostenía: «Hoy en día el PSOE se encuentra en el poder y tiene enfrente el contencioso del Sáhara para corregir los errores del pasado. El pueblo saharaui espera del nuevo gobierno español que uno de sus primeros actos sea la denuncia de los acuerdos tripartitos (España, Marruecos y Mauritania) y sus cláusulas secretas».
Al unísono con estas expresiones, el vicepresidente Alfonso Guerra recibía la orden presidencial de visitar y mantener una fluida y concordante relación en Rabat con el rey de entonces, Hasán II. Desde aquellos momentos, en los astilleros de Navantia en el Ferrol se construían guardacostas y fragatas con las que Marruecos resguardó el expolio del banco de pesca en costas saharauis que rindieron mil 300 millones de euros, una parte de los cuales los usufructuó la flota española. Recordemos que en aquel tiempo hubo 17 “conflictos” de pesqueros canarios que operaban con bandera marroquí en aguas saharauis y un navío de la armada hispana fue atacado, resultando un tripulante muerto. En lo personal, me acuerdo del conflicto por el Junguito, que le costó a Bujari malquistar al jefe de los barones del PSOE y presidente del Gobierno.
Ahora, la decisión de Sánchez provocó que China criticara de forma directa su postura y Argelia -principal proveedor de gas a España- llamara a consultas a su embajador en Madrid, Said Moussi. Si la explicación española no satisface, podría dejar de recibir a través del gasoducto Medgaz un millón de metros cúbicos argelinos por hora (45% del gas que importa).
No solamente de la pesca se favorece España: la ocupación es un importante negocio que produce beneficios a sus empresas. Marruecos ha desarrollado, con altos costos, una estrategia basada en la implantación de empresas extranjeras para consolidar la ocupación. Sucede, por ejemplo, con la extracción, la seguridad y la energía. La madrileña Indra se ocupa de instalar sistemas de seguridad marítima en las ocupadas El Aaiún y Dajla; otros, como la zamudiotarra-bilbaína Siemens Gamesa, desarrolla macroplantas de producción renovable de energía. Mientras los alemanes sueñan con que se produzca en la zona hidrógeno verde que sustituya el gas ruso, la monarquía lo hace con la reconstrucción del Gran Marruecos, parecido papel al actual de Turquía, en África del oeste, apoyada por Berlín, Washington y ¿por qué no? Madrid.
El paso de Sánchez ampara inversiones privilegiadas -protegidas tras muros de 2 mil 720 km- al recibir la promesa que se impedirá la migración subsahariana (de momento) a través de Ceuta y Melilla.
En tanto Rabat recibe ayudas sauditas y provisiones de países europeas, desde un punto de vista militar, los antiguos consejos de Kissinger a la Casa Blanca y el Pentágono de aprovechar el occidente de África, con el apoyo de Trump y su yerno a la relación con Israel, los paga el reino con bases estadunidenses en el Atlántico (del Africom) y la del Mediterráneo, coordinados con Rota, Morón y la inglesa Gibraltar. Aseguran que Sánchez intentará acallar críticas internas y externas por la formalización inconsulta de acciones pasadas y actuales.
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