¿Empresas públicas a la Bolsa?

La semana pasada la Bolsa de Valores de Montevideo cumplió sus ciento cincuenta años de existencia y en medio de la celebración volvió a surgir el tema de que las empresas públicas emitan acciones y coticen en Bolsa. Años atrás Mujica había hablado del tema basándose en la experiencia que existe en otros países.

¿Es correcto que los entes públicos emitan acciones y se vendan al público? ¿Es una forma de privatización encubierta? ¿Afecta el espíritu con que fueron creadas y mantenidas como públicas plebiscitariamente? ¿Denota esta idea el triunfo de la concepción capitalista de la sociedad sobre aspiraciones de otras formas de organización? ¿Sería positivo que los ciudadanos puedan acceder a comprar acciones de las empresas del Estado? ¿No es una forma de lograr propiedad colectiva? ¿Hay que limitar la compra por persona? ¿Sirve como control a la gestión que deba haber asambleas periódicas de accionistas? ¿Puede mejorar esto el funcionamiento o lo lleva decididamente a la búsqueda del lucro y el abandono de la función social?

Los hombres de la bolsa por José Luis Perera

El tema no es nuevo, y cada tanto vuelve al tapete, como tanta cuestión en este país. Al menos desde el año 2006 se viene hablando de la cotización en bolsa de las empresas públicas, y en ello han estado de acuerdo los grandes líderes gestores del capitalismo de todos los partidos (Lacalle, Bordaberry, Larrañaga, Mujica, Astori, etc,) además de ser obviamente una recomendación del Banco Mundial, faltaba más.

En 2009 se aprobó una ley para reactivar el mercado de valores de la Bolsa, y allí había un artículo que justamente impedía que las empresas públicas cotizaran en bolsa. El Partido Nacional pidió que ese artículo fuera retirado pero todo el Frente Amplio se opuso. El entonces candidato Mujica, a pesar de que había votado en contra, se mostró sin embargo partidario de lo contrario, es decir, de que las empresas pudieran emitir acciones (hago una cosa y te digo la otra).

Es sin duda muy parecido a lo que propuso Luis A. Lacalle cuando fue presidente y que los uruguayos rechazaron mediante un plebiscito de defensa de las empresas públicas. Y es, como dije antes, una recomendación del BM. En el documento del organismo financiero denominado “notas de política, Uruguay: desafíos y oportunidades 2015-2020” se dice lo siguiente: “Opción 3: creación de un mercado de capitales para las empresas públicas. Como ya se señaló, Uruguay carece de un mercado de capitales para las EP, lo que dificulta que amortigüen riesgos, diversifiquen sus fuentes de financiamiento, y se hagan de mayor liquidez y acceso a inversión y tecnología”.

Si no tuviéramos en cuenta que la Constitución de la República impide eso, y que habría que reformarla, hay que saber que las acciones son anónimas, y que nunca se puede saber a qué manos van a parar. Eso es sin duda privatizar (toda o en parte) las empresas públicas, por más que el inefable Mujica haya dicho alguna vez que su propuesta bursátil es “socializadora” (nada más socializador que el BM). Se supone que todos los uruguayos somos propietarios de las empresas públicas, y el gobierno elegido por los propietarios designa a quienes las van a gestionar por el período de gobierno; de cotizar en bolsa, quien comprara acciones (no sabemos si uruguayo o extranjero) tendría el derecho a definir una orientación cualquiera que nada tendría que ver con lo que el pueblo (sus propietarios) quieren. Las empresas públicas hoy son el brazo ejecutor de políticas de gobierno. Desde el momento en que comiencen a cotizar en bolsa, deberán rendir cuentas ante sus ahorristas, por lo cual tendrían que resignar la posibilidad de no trasladar los aumentos del combustible a las tarifas, o de congelarlas, o de postergar los aumentos, o brindar sus servicios gratis como forma de redistribuir la riqueza o contemplar situaciones especiales, y hasta transferir recursos a Rentas Generales. Nada de eso sería posible, ya que las empresas al cotizar en bolsa deberán funcionar como empresas privadas, aunque tengan como socio al Estado. Ingresar las empresas públicas en el mercado de valores, es ingresar nuestros más preciados valores a la ruleta capitalista.

 Empresas del Estado: ¿quiénes son sus verdaderos dueños? por María Dolores Benavente
Sobre fines del año pasado, la Academia Nacional de Economía y su Centro de Análisis y Propuestas, Pharos, realizaron una Mesa redonda donde técnicos de diferentes Universidades comentaron el primer trabajo de Pharos, sobre Gobierno corporativo de las Empresas Públicas, encomendado a un equipo de IEEM-UM, integrado por el Ec. Ignacio Munyo, el Cr. Pablo Regent y el Dr. Carlos Delpiazzo.

En dicha oportunidad, los comentaristas fueron el Cr. Alejandro Perroni (UCU), el Ec. Carlos Steneri y el Ec. Leandro Zipitría (UdelaR).

Esta mesa redonda se centró en las siguientes preguntas “disparadoras” de debate:

Las Empresas Públicas…

• ¿Tienen que tener estándares de información, transparencia, gobierno corporativo, evaluación de su gestión, auditorías independientes, equivalentes a las empresas del sector privado?
• ¿Tienen que tener las mismas exigencias que las empresas que cotizan en Bolsa?
• ¿Pueden tener liberalidades en la disposición de sus recursos?
• ¿Cómo deben ser elegidos, evaluados y despedidos sus Directores?
• ¿Deben tener Directores cuyo mandato no coincida con el ciclo electoral?
• ¿Deben tener Directores con idoneidad técnica comprobada que tengan totalmente inhibida la posibilidad de dedicarse a la política después de su mandato?
• ¿Cómo deben ser reguladas cuando actúan en competencia o son accionistas de empresas privadas que actúan en competencia?
• ¿Pueden servir a objetivos de recaudación impositiva o de control de precios e igual tener un sistema de gestión profesional e independiente?

Estas preguntas se analizaron a la luz de las principales conclusiones y recomendaciones del trabajo.

Empresas del Estado y Eficiencia: relevancia del ejercicio de la propiedad

• Se entiende por Gobierno Corporativo al conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa.
• El Carlos Delpiazzo señala que en la medida que etimológicamente, la palabra Administrar significa Servir, es un deber de los administradores servir adecuadamente. Enfatizó que la eficiencia es un principio general del Derecho; es un deber. Y por ello, la gobernanza debe ser mucho más exigente en el sector público.
• Experiencia internacional. El Ignacio Munyo señala que diversos estudios en EEUU demuestran que la calidad del gobierno corporativo importa: las empresas con mejores indicadores de gobierno corporativo logran mejores resultados económicos (Gompers et al., 2003; Larcker et al., 2007). Existe evidencia de que mejoras en el gobierno corporativo de las empresas de propiedad estatal son claves para lograr una mejor gestión (Aivazian et al., 2005; Andrés et al., 2011; Kato y Long, 2005; Kim. y Chung, 2008; Mbo y Adjasi, 2013).
• Resultados para Uruguay. En el trabajo se analiza la calidad del Gobierno Corporativo de las empresas públicas uruguayas en el contexto latinoamericano. Se analizan cuatro aspectos: Marco legal, Revelación de información, Conformación del Directorio, Ejercicio de la Propiedad.

Se analiza también este indicador para las empresas “satélites” de las empresas estatales uruguayas. Varios de los panelistas fueron muy críticos con la existencia misma de estas empresas de propiedad estatal y gestión privada, que en muchos casos compiten con las empresas privadas, gozando de beneficios que les trasmiten sus accionistas estatales.

Se advierte que la mala performance también se repite en el caso de las empresas satélites.

• El Cr. Pablo Regent señala que las recomendaciones de OCDE para mejorar el gobierno corporativo de las Empresas de propiedad estatal se pueden agrupar según se relacionen con la Razón de Ser, la Propiedad y la Gestión de estas empresas.
  1. Política de las empresas públicas. Política expresa aprobada.
  2. Régimen de propiedad pública. Determinar quién ejerce los derechos de propiedad de la empresa.
  3. Objetivos vinculados a políticas públicas. Determinar cuáles son los objetivos de política pública que cumplen las empresas de propiedad estatal.
  4. Estándares equivalentes a los del sector privado.
  5. Simplificación de normas. Evitar el uso de normativa especial.
  6. Objeto social. Rigurosidad de su formal legal.
  7. Acerca de los Directores. Determinar claramente sus deberes y derechos.
  8. Empresas de propiedad pública en competencia. Debe existir un marco legal que contemple estas situaciones.
  9. Crédito y garantías. Separa las responsabilidades crediticias del Estado de las de las empresas de capital estatal.
  10. Rendimiento de los recursos. Deberá tener una tasa de retorno adecuada al capital invertido.
  11. Liberalidades en la disposición de los recursos. Deberá tener vedado tener este tipo de liberalidades.
  12. Régimen de auditoría. Deberá estar sometida a auditorías de estándar internacional.
  13. Deberá tener igual transparencia que las empresas que cotizan en bolsa.
  14. Exposición al riesgo. Se deberá explicitar todo nivel de riesgo de la empresa.
• Conclusiones y recomendaciones para el caso uruguayo.
  • El Dr. Delpiazzo hace un análisis de estas recomendaciones y encuentra que en la mayor parte de ellas no es necesario un cambio legislativo: lo único que se necesita es la voluntad de aplicar la normativa existente….. y el sentido común.
  • Las prácticas de gobierno corporativo de las empresas del Estado uruguayo no están en línea con las buenas prácticas consensuadas a nivel internacional.
  • Muchos de estos problemas se pueden solucionar sin cambios en la normativa vigente.
  • La evidencia empírica sugiere que la falta de claridad en el ejercicio de la propiedad de las empresas del Estado tiene impacto negativo sobre la eficiencia de su gestión.
  • Una alternativa sería trasladar a una nueva entidad todos los derechos inherentes a la propiedad con la excepción de la venta de la propia entidad estatal.
  • Los derechos que esta entidad debería recibir por delegación serían:
    • coordinar al conjunto de empresas estatales
    • velar por el cumplimiento de los objetivos de cada una de las empresas
    • nombrar y remover a los directorios de cada una de las empresas
    • discutir y aprobar las decisiones estratégicas que excedan por reglamento las atribuciones de los directorios de cada empresa
    • realizar la tarea de control de los directorios.

 —————————————————————————————————————-

EEPP y las formas de colonización del Estado por el capital por Oscar Mañán

Se presenta como socialista hasta el liberalismo burgués,

como socialista la ilustración burguesa, como

socialista la reforma financiera burguesa

(Marx, 1852, El Dieciocho Brumario… Cap. IV).

Para discutir lo atinado u oportuno de que Empresas Públicas (EEPP) coticen en Bolsa habría que caracterizar a dichas empresas y su propiedad, el espíritu con que se crearon y el lugar que tienen en la economía del país.

Los que definen a las EEPP como empresas sin abordar el carácter público de su propiedad y beneficios, las asimilan a las capitalistas donde el lucro guía sus acciones, y a mayor lucro más exitosa su tarea. Con tal visión enfatizan las bondades de cotizar en bolsa, el estudio Ferrere en un artículo intitulado sugerentemente “Metiendo al Estado en la bolsa” (firmado por Diego Rodríguez) detalla beneficios potenciales.

El más obvio es el acceso a capital para financiar los objetivos de las EEPP. El capital accionario sustituye las entidades financieras comerciales (Bancos, etc.) conectando al ahorrista directamente con el que necesita capital para desatar “los espíritus animales” de la inversión. El financiamiento tiene así menores costos para las empresas. Sin embargo, cualquiera sabe que para la inversión pública un financiamiento más sano, eficaz y barato son los impuestos (cuestión que no entusiasma a liberales y no tanto).

Otro, supone que el tomar dinero de inversionistas implica un compromiso de gestión profesional (“las buenas prácticas de gobierno”), de transparencia y rendición de cuentas ante los accionistas que son socios en el riesgo que tomarían las EEPP. Esto tendría un impacto muy importante en la eficiencia de las EEPP. Asimismo, ignoran que los que financian la inversión no son solo socios en el riesgo que toman tales empresas, sino que también imponen la lógica a tales inversiones; es decir, obligan a que éstas sigan solo criterios financieramente sustentables. Sin embargo, no siempre lo sustentable desde el retorno financiero es lo que necesita una sociedad para vivir mejor.

Esta concepción de las EEPP las mercantiliza, las pone a disposición de la acumulación capitalista y no de la sociedad. Con ello el Estado pierde la lógica de las decisiones que se mueven por el interés público y pasa a subordinarse a la rentabilidad de los negocios.

Otra visión de EEPP las define como un sistema, que abonan a decisiones estratégicas que se mantienen en el ámbito de lo público, es decir de la sociedad, y que se basan en el bien común. Si se  toma esta definición, no importa el lucro o la productividad de las EEPP por separado, sino el impacto que tienen en la vida social o bien en la eficiencia del sistema económico.

La OSE es: “responsable del abastecimiento de agua potable en toda la República…, y del servicio de saneamiento en el interior del país, desde 1952. La ley de creación de OSE, establece que sus cometidos deben efectuarse con una orientación fundamentalmente higiénica, anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico. Asimismo, a través de la reforma de la Constitución del año 2004, Uruguay se convierte en el primer país del mundo en declarar como derecho humano fundamental al acceso al agua potable y al saneamiento” (http://www.ose.com.uy/e_empresa.html dix). Como puede leerse se busca asegurar su disfrute en cuanto bien público sin importar que se pueda o no pagarlo.

El riesgo que asume la cotización de EEPP en bolsa es que los gestores (directores) dejan de ser subordinados al poder político (y por su intermedio a la sociedad) lo serán ahora a sus financiadores. No se estaría ante una forma de privatización encubierta, sino ante una forma directa de mercantilizar los espacios de las decisiones públicas, avanzando en generar las condiciones para la colonización del Estado por la acumulación capitalista.

Un caso comparable discute hoy AEBU ante la estrategia del BROU de tercerizar un montón de funciones que pasan ahora al sector privado. También la COFE analiza las formas en que los avances científico-técnicos permiten segmentar los procesos de trabajo, estandarizarlos y privatizarlos o tercerizarlos (incluso extranjerizarlos) impactando el empleo y salario público; pero fundamentalmente las decisiones públicas.

La idea podría provocar varios beneficios por Max Sapolinski

Cada tanto surge nuevamente la idea de plantear la posibilidad de que las empresas públicas emitan acciones y coticen en Bolsa. Como todas las iniciativas que impliquen algún cambio de consideración en nuestro país, siempre la discusión se tiñe de ideología o de uso de estereotipos.

Casualmente, en este caso, el líder de los sectores más radicales del Frente Amplio, el expresidente José Mujica, es quien, a contrapelo de lo que pudiera ser el discurso tradicional de esos sectores en contra de eventuales privatizaciones de empresas públicas ha puesto sobre el tapete, desde hace años, la posibilidad de considerar estos cambios que para aquellos que miden todo por la vara de los conceptos anteriores al fin de la guerra fría, podrían alinearse en la más pura concepción capitalista de gestión de las empresas.

Con un sistema regulado adecuadamente, la idea podría provocar varios beneficios. El primero, y a la vista de los acontecimientos de los últimos años que han dado tanto que hablar y que su tratamiento se encuentra actualmente en los estrados judiciales, estaría determinado por el control que los accionistas. Los mismos, no serían otros que aquellos individuos dispuestos a invertir en las empresas públicas y generarían por medio de las asambleas correspondientes un verdadero control ciudadano.

Las empresas pasarían a constituirse en verdaderas “empresas públicas”, no pertenecientes a un Estado, que en cuestiones comerciales pasa a constituirse en una entelequia, sino que habría una verdadera representación palpable de las personas, esos sacrificados contribuyentes que sufren los errores y en general se benefician poco de los aciertos. Si en estas circunstancias se constatan desbandes en la gestión de la empresa, la asamblea sencillamente estaría en condiciones de remover de sus cargos a las autoridades para poder poner a otras.

Por otro lado, se generarían alternativas de ahorro para la población y se obtendría, en momentos en que el tema de la corrupción pasó a estar en la agenda pública, una mayor transparencia generada en las exigencias que las empresas que cotizan en Bolsa están obligadas a mantener.

Actualmente, aparte de las empresas públicas conocidas por todos por su vasta historia como pueden ser ANCAP, UTE, ANTEL  y OSE, existen decenas de sociedades anónimas cuyos accionistas son las empresas madres, que no se encuentra bajo la cobertura de los organismos tradicionales de contralor y actúan totalmente ajenas a cualquier otro control. La posibilidad de adquirir acciones de las mismas, terminaría con esa actividad secreta para los propietarios de las mismas, los habitantes de este país.

Por supuesto, que se deberían establecer regulaciones precisas que permitan mantener las funciones sociales que las empresas públicas deben seguir desarrollando.

El objetivo del batllismo, al generar el empuje reformista que tanto incidió en la conformación de las empresas públicas, era procurar que se pudiera mantener las actividades esenciales de las mismas, en beneficio de los ciudadanos de la República, en planos en que la actividad privada no podía o no estaba dispuesta a incursionar. Esa era la concepción que José Batlle y Ordóñez cimentó en base a la influencia de autores como Edward Ahrens, discípulos de la escuela krausista.

En el siglo XXI, la preocupación por el desarrollo social de la filosofía batllista sigue vigente. Pero como ha caracterizado al batllismo durante su largo siglo de vigencia, las acciones deben amoldarse a los tiempos que corren y a las nuevas circunstancias que se generan.

Es por eso, que manteniendo los objetivos iniciales, nuevas ideas reformistas podrían generar mayor bienestar a los habitantes de la República. No sería descabellado pensar en este tipo de modificaciones para determinar el accionar de las empresas públicas.

¿Abrir más las puertas a “este sistema? por Gustavo Melazzi.

Es evidente que tales “palabras informales” en la Bolsa no sólo reflejan viejas aspiraciones de comerciar con las acciones; típicos “globos sonda”. Pero lo más importante: van en línea con el credo básico de la política económica de este gobierno; el mercado decide.

1) Lo importante es con qué criterios se ubica cada uno frente a tales propuestas. Creo que lo más sencillo y claro es alinearse con el Papa Francisco. En Santa Cruz, Bolivia, el 9 de julio de 2015, entre varios conceptos afirmó:

“Porque no se trata de cuestiones aisladas. Me pregunto si somos capaces de reconocer que estas realidades destructoras responden a un sistema que se ha hecho global. ¿Reconocemos que este sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza?”.

Entonces la pregunta: ¿seguimos consolidando “este sistema” o defendemos y avanzamos en otra lógica social?

2)   Años atrás, gobiernos batllistas crearon los Entes Públicos, no con el objetivo de obtener ganancias sino proporcionar servicios públicos y operar en áreas estratégicas para el desarrollo nacional. Mucha agua pasó bajo los puentes, e incluso el gobierno habla de “empresas” públicas, con todo lo que esto significa.

Cotizar en Bolsa; vender acciones (recordemos que su cotización se vincula con las ganancias)… es un enorme retroceso.

Surge otra pregunta: retroceso ¿para qué? Es más; recordemos también que todos los argumentos se debatieron en el Plebiscito del 13 de diciembre de 1992 que rechazó  las privatizaciones. Sería bueno que se explicitara si hubo cambios que justifiquen replantear el tema.

3)  Alguien podría responder que este razonamiento es tremendista. Pero no olvidemos al “lobo disfrazado de cordero”. Lo concreto es que se abrirían puertas; se inicia un proceso que, pasito a pasito, va en la dirección de la política económica. Las tercerizaciones; privatización de áreas; etc., en los Entes Públicos son moneda corriente, cuyo máximo ejemplo actual quizás sea el desmantelamiento del BROU.

Importa no confundir este proceso con la participación privada en algún proyecto concreto que, de por sí, es acotado en el tiempo y tiene objetivos definidos. Y muy otra sería la situación de contarse con un Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de todos.

Se menciona que “se pondrían condiciones” a las acciones. Pero no es buena la experiencia en cuanto a los controles que el gobierno debería desarrollar. Y no sería difícil para futuros gobiernos alterar tales condiciones.

¿Acaso se busca mejorar la eficiencia empresarial? Se contrabandea el mito de que la empresa privada es más eficiente, y es difícil para un accionista impulsar propuestas.

¿Acaso se busca mejorar su control? Pero los mecanismos legislativos y fiscales ya existen; se trata de que operen. Mas la transparencia, para que todos sepamos “de qué se trata” (difícil confiar; ante el secreto de las increíbles concesiones a UPM, que ni el Poder Legislativo conocía, pese a que condicionan parte del futuro de Uruguay).

¿Acaso hay escasez de recursos? Otro mito; ya hoy se aprueban proyectos privados de generación eólica, por ejemplo (que UTE perfectamente está en condiciones de realizar), y los privados… solicitan créditos (incluso en el país). Ni hablar de derroches financieros (como venderle fuel-oil a UPM por debajo del costo), o destinar a esta misma transnacional recursos de todos para “ayudarla” con el ferrocarril.

4)   En definitiva, de concretarse, sería otro paso más de un proceso ya en marcha de favorecer al capital privado, erosionando el fruto creado por el esfuerzo de generaciones de trabajadores uruguayos al someterlos a la lógica del mercado.

—————————————————————————————–

De querusa  por Esteban Pérez

De querusa tanto en el lenguaje popular como en el carcelario significa “disimuladamente”, “sin que se den cuenta”.

Allá por el año 2010 José Mujica dio una charla en la Bolsa de Valores en la que expresaba la posibilidad de participar en Bolsa con las acciones de las empresas del
Estado, según él para ganar la confianza de los empresarios. En realidad introducía un concepto que elaboraba en su cabeza, probablemente asesorado por sus aliados capitalistas. Estaba jugando “al quede”, como le gusta decir, dejando correr la bola disimuladamente, sin provocar resistencia en el seno de su fuerza política.

El viejo zorro tiraba sus primeras cartas tanteando el terreno y midiendo hábilmente los tiempos políticos. Pese a la edad es un excelente contorsionista con movimientos inesperados. Criado en el Paso de la Arena aprendió de los simpáticos teru-teru, a pegar el grito en un lado y tener en otro el nido. Podríamos decir también que tiene una frustrada vocación de enfermero, pues esconde la jeringa y nos vacuna en el momento preciso.

Con gran alharaca introduce en el país la energía renovable de generadores eólicos, con la cual estuvimos y estamos de acuerdo. Aquellos diez primeros molinos en la Sierra de los Caracoles  reforzaron la soberanía nacional.

El facón estaba tapado por el poncho: hoy la mayoría de los parques eólicos están en manos de empresas privadas a las que UTE les compra energía.

Sin darnos cuenta nos pasaron de ser soberanos en la producción de electricidad a ser dependientes en buena parte de ella; imaginemos en el futuro “un apagón” empresarial teniendo al país de rehén exigiendo el aumento del monto que se les paga.

Disimulado en la energía limpia, ecológica, venía oculta una novedosa y no traumática forma de privatización de una de las más estratégicas empresas públicas.

Más cercano en el tiempo UTE ofrece acciones a la venta para el  público en general a “precio módico” (en realidad exigía al momento de concretar la compra una abultada cuenta en dólares).

Se pretendió disimular la oferta vistiéndola con el disfraz ideológico de “un avance por izquierda al colectivizar las empresas con la participación de los ciudadanos”. Infantil argumento según el cual las grandes empresas que cotizan en bolsas y venden acciones son “ensayos socialistas”. Algo parecido sucede con ANCAP y DUCSA.

El Antel Arena nos lo vendieron en papel de regalo con moñita incluída: un proyecto que revitalizaría la zona dándole una importancia y un movimiento superior al que generaba el finado Cilindro Municipal. El nido estaba en otro lugar: un jugoso negocio para una empresa privada que lo gestionará.

Seguramente se nos escapa alguna cosita más y otras estarán cocinándose para salir a la luz en el momento justo que no veamos la aguja. “De querusa” nos están vacunando, por lo tanto “de querusa”, con constancia hay que trabajar profundamente en la masa con prescindencia de partidos y movimientos “institucionalizados”, absorbidos por el sistema, para organizar y promover la resistencia al modelo económico que nos están imponiendo. La patria compañeros la hemos de encontrar

Amenaza u oportunidad por Alfredo Asti

Entendemos que la opción que las Empresas Públicas puedan emitir acciones y que éstas se vendan al público, es una opción a analizar en detalle y profundidad. Podría ser posible y conveniente siempre que esa emisión mantenga el carácter de Empresas Públicas, con participación mayoritaria, decisiva y controlante del Estado, en cumplimiento de los objetivos que, como parte del Estado, le corresponden. Entre ellos, debe priorizarse los de función social de las mismas, impulsoras de la innovación y la universalización y equidad en acceso a sus servicios. Recordemos que el artículo 188 (inciso primero) de la Constitución de la República prevé estas hipótesis para los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados requiriendo ley con mayoría de tres quintos de ambas Cámaras para autorizar la admisión de capitales privados, pero conservando la mayoría del capital y decisiones en poder público. Asimismo, pero por mayoría absoluta, se admite la participación del Estado en Empresas formadas por “aportes obreros, cooperativos, o capital privado” no exigiéndose en este caso mayoría de capital y administrándose la empresa en el Derecho Privado.

Varias leyes han reglamentado estas asociaciones en general (16.642, 16.736, 17.792, etc.) y otras normas de igual rango lo han hecho para determinados organismos (UTE, ANCAP, ANP, etc.) autorizando su integración, pero no por la vía de emisión de acciones en oferta pública sino en asociaciones estratégicas con otras empresas nacionales o extranjeras, públicas o privadas.

Creemos que en determinadas condiciones puede ser positivo que los ciudadanos comunes puedan acceder a comprar acciones y de esta forma participar en el financiamiento del aumento de capital, por ejemplo, para nuevas inversiones que financien internamente ampliaciones y modernizaciones de los bienes y servicios ofrecidos por las mismas. Puede ser una interesante forma para que multiplicidad de pequeños ahorristas puedan participar en una cuota de propiedad de una empresa pública en forma colectiva, por supuesto que para ello deberá haber estrictos controles de límites de participación por persona, debidamente identificadas a través de acciones nominativas que puedan controlar su propiedad y eventual venta, a los efectos de evitar concentración en un solo beneficiario final. La trazabilidad de operaciones por medios digitales (como los previstos en la ley de inclusión financiera) puede actualmente mejorar estas seguridades.

No consideramos que cumpliendo estos requisitos se pueda vincular esta modalidad con cualquier tipo de privatización de las Empresas Públicas, sino de ampliar democráticamente el acceso a una parte minoritaria de su capital y eventualmente de su dirección.

Seguramente, una participación de este tipo puede mejorar el control público de la gestión, con mayor transparencia y eficiencia de las empresas a través de las asambleas anuales de sus accionistas. Al mismo tiempo podría fortalecer el Mercado de Valores usando su reglamentación y control como una nueva forma de financiamiento con acceso a multiplicidad de pequeños ahorristas.

En algunos casos sería necesario poder mantener la reserva en algunas decisiones estratégicas cuando la Empresa Pública se encuentre en competencia o por su rol en algunos momentos sea necesario preservar por el interés general algunas acciones trascendentales.

En definitiva, creemos que no podemos dar un sí o un no, sin conocer un detallado proyecto con condiciones y seguridades de cumplimiento de los objetivos básicos de orden Constitucional y de fundamento del rol protagónico que queremos darle a las Empresas Públicas en el Desarrollo económico y social del país con equidad e inclusión.

Un análisis sin prejuicios por Hernán Bonilla

El evento realizado por la Bolsa de Valores de Montevideo al conmemorar sus 150 años impulsó el debate público de varios temas relevantes para nuestro país. Nuestro mercado de valores atravesó circunstancias muy cambiantes a lo largo de su historia. Los memoriosos recuerdan que hacia la década de 1940 supo ser más importante que la de San Pablo, pero luego su importancia relativa fue decayendo y hoy existe un amplio consenso respecto a que es necesario para el desarrollo del país que tenga un papel mucho más dinámico y dinamizador.

La importancia del financiamiento para poder llevar adelante proyectos de inversión es muy clara y así como algunas veces este soporte lo puede desempeñar la banca comercial en otras es positivo que se complemente y que compita con el mercado de valores. Por cierto que aceptar lo anterior requiere desprenderse de algunos prejuicios ideológicos que aún son populares en Uruguay, pero que son simplemente eso; prejuicios. La evidencia acumulada a lo largo de la historia y a lo ancho del mundo demuestra que el capitalismo de libre mercado (no el prebendario o el de Estado, naturalmente) es el único sistema que permite el desarrollo económico compatible con la democracia y el respeto a los derechos humanos.

Para que logremos alcanzar un mercado de valores mucho más activo y protagónico en la vida del país es necesario enfrentar trabas culturales e institucionales, pero también es indispensable la voluntad política de impulsar esos cambios y la capacidad para concretarlos. En este sentido, la posibilidad de que empresas medianas o pequeñas puedan acceder a algunas de las opciones disponibles es una buena iniciativa.

Al mismo tiempo, es también es un buen mecanismo para que las empresas públicas financien algunas iniciativas, como lo demuestran los casos recientes de UTE y OSE. La transparencia y ventajas financieras que otorgan mecanismos como la emisión de obligaciones negociables o los fideicomisos son elementos a tener en cuenta.

Indudablemente la emisión de acciones por parte de empresas públicas puede ser un tema más polémico, pero debe analizarse sin prejuicios para cada caso. Podrían ayudar a que las empresas de todos sean realmente de todos y no de nadie como a veces parecen funcionar en la práctica, en que sabemos poco y nada sobre sus planes de inversión, de endeudamiento, o incluso de su plan estratégico, hasta que es demasiado tarde.

Un análisis detenido y profesional adaptado a las necesidades de cada empresa es indispensable para determinar cuál es la mejor alternativa. Lo que notoriamente no podemos hacer es negarnos a discutirlo por nuestro consabido conservadurismo vernáculo que nos tiene paralizados y trancados en tantos temas fundamentales.

Van por las joyas de la Abuela por Lucía Siola

En el 150 aniversario de la Bolsa de Valores de Montevideo ha vuelto a resurgir por parte del capital financiero la propuesta de que las empresas públicas coticen en bolsa, una iniciativa que Mujica quiso impulsar en el segundo gobierno del Frente Amplio (www.espectador.com 09/07/2009) y antes, Luis Lacalle.

La orientación no es novedosa, pues durante toda la década del gobierno frenteamplista se ha procedido a un mecanismo de privatización progresiva de todas las empresas estatales a través de diferentes mecanismos, como la tercerización de servicios y la privatización de áreas de producción fundamentales, o las decenas de sociedades anónimas financiadas por el Estado pero bajo derecho privado. En el caso de UTE, la producción de energía eléctrica dejó de ser monopolio del Estado, para pasar a ser patrimonio de una decena de empresas que producen electricidad que luego el Estado compra a precios más elevados, (es el caso de la energía eólica, y el de las pasteras -incluyendo ahora el nuevo contrato con UPM dónde como garantía el Estado le comprará por 25 años la energía generada a un precio mayor que la que genera el Ente). En el caso del agua sucede algo parecido, pues la ley recientemente votada, habilita que inversores privados “de otro giro” distinto al sector agrícola se incorporen a las sociedades agrarias de riego (SAR) y que estas empresas puedan acogerse a los beneficios fiscales establecidos en la Ley de Promoción de Inversiones (La Diaria, 16-10). Se trata de un paso en la entrega del agua a las grandes empresas y fondos financieros que ya actúan en el ‘negocio’ del agua, cómo la estadounidenses American Water Works, Danaher Corp o la francesa Suez, que la han transformado en un commodity que opera en las principales bolsas del mundo con rendimientos crecientes en los últimos años.

La privatización también se extiende al ámbito financiero, tal como lo está poniendo de relieve la lucha de los trabajadores del BROU, que denuncian no sólo el cierre de dependencias sino la entrega a empresas privadas de áreas claves del banco tales como el análisis de crédito, y las transacciones a través de corresponsalías – Abitab, Red Pagos, etc-.

El nombramiento de la ex gerenta de Shell en la dirección de ANCAP y la asociación con esta multinacional por la regasificadora, dan cuenta de esta misma orientación.  En Argentina y en Brasil, Macri y Temer también han puesto a gerentes y empresarios de las multinacionales a la cabeza de organismos públicos, con el objetivo de desenvolver un fenomenal ajuste y saqueo a los trabajadores. Se trata de un proceso que recorre América Latina y que es llevado adelante tanto por los gobiernos derechistas como por los gobiernos centroizquierdistas.

Detrás de la exigencia de que coticen en bolsa las empresas públicas, se encuentran sin dudas el gran capital financiero, e incluso los pulpos que ya actúan en estos negocios, pues es sin dudas un mecanismo para poder influir más estrechamente en la fijación de los precios.

La cotización en bolsa de las empresas estatales, ya sea de acciones o de obligaciones (deudas), es una privatización indirecta, una forma de transferencia de propiedad estatal a una privada, manteniendo parcialmente la gestión estatal que sirve en última instancia como pantalla, y también como garantía frente a posibles caídas o pérdidas. De un modo general, las acciones son títulos que dan derecho a participar en la ganancia de una empresa, pero que son sin embargo la expresión pura de capital ficticio porque el capital no existe dos veces: una como capital realmente invertido (maquinarias, edificios, materias primas, salarios) y otra como valor-capital de esas acciones. Este capital ficticio cumple una función real, que es ensanchar el terreno de sus negocios, facilitando el consumo y extendiendo las posibilidades de producción durante un cierto tiempo, pero como contrapartida hacen más estrepitosas las caídas y crisis ulteriores, que tienen como base este capital operando más allá de sus límites. Se trata de la expresión más acabada del parasitismo del capital, cuyo monto supera actualmente en diez veces el valor real de la producción mundial, alcanzando una cifra superior a 500 billones de dólares.

La cotización en bolsa, permitiría al capital financiero acceder a las ganancias en rubros dónde el lucro le estaba (relativamente) vedado, e influir directamente en la gestión y la política de las mismas con una garantía estatal; un negocio rotundo. No se trata de una privatización a lo Menem, que fue rotundamente rechazada por el pueblo uruguayo, sino que es una nueva modalidad, que de todas formas violenta el pronunciamiento que significaron los plebiscitos de ese período.

La lucha contra esta forma de privatización de las empresas públicas (dónde el Estado aparece como garante de la ganancia capitalista y descarga los costos sobre los bolsillos de los trabajadores) plantea una lucha estratégica por la nacionalización y control obrero de la tierra, la banca y los recursos naturales, para terminar con el lucro de los grandes monopolios, y reorganizar la actividad económica nacional sobre nuevas bases, esta es la gran tarea que tenemos la izquierda y los trabajadores.

Propiedad de todos por Leo Pintos

Un berenjenal. Eso es en lo que se meterán los distintos actores si las empresas públicas salieran a cotizar en bolsa. No se me ocurre otra figura para describir lo que puede llegar a ser la conjunción de la política y los mercados. Porque parece imposible compatibilizar dos conceptos opuestos como lo son el carácter social que debieran tener servicios como el agua o la electricidad con el natural carácter lucrativo de quienes invierten para rentabilizar sus capitales. Recuérdese que las empresas son públicas porque la Constitución así lo dispone y que, por ende, habilitar la salida a bolsa de arranque necesita una reforma constitucional, con todo lo que implica el solo hecho de mencionarlo. Por otra parte, históricamente los antecedentes de transparencia y responsabilidad en la gestión de los entes públicos y sus «metástasis» paraestatales han sido nefastos, a lo que, sumado el enorme volumen de capitales con origen en delitos tan graves como el narcotráfico, la corrupción y la evasión fiscal pueden darnos una idea de hacia dónde puede derivar la experiencia. Experiencia que no es mala en sí misma, ya que al cotizar en bolsa la empresa debe revelar la información financiera completa sobre sí misma y podría llegar a ser un instrumento válido para diversificar las alternativas de ahorro e inversión y darle más sentido al carácter social de las empresas públicas, pero que, más temprano que tarde, terminaría siendo un engranaje más de la lavadora de capitales sucios que inundan la economía global. Sabido es que hecha la ley hecha la trampa, por lo que toda legislación reguladora respecto de la tenencia de las acciones, restricciones de montos, identidad de los accionistas, asambleas societarias, balances y decisiones tarde o temprano acabarán siendo pasto de las fieras especializadas en estos temas, tan lejanos al común de los mortales.

En vez de buscar por el lado bursátil, se debería apostar por la profesionalización de los cuadros directrices y gerenciales de las empresas estatales, dotándolas de instrumentos modernos para la gestión de los recursos humanos y materiales, la optimización de los resultados y despojarlas, de una vez por todas, del rol de plataforma de lanzamiento de figuras políticas o premio consuelo para quienes el voto ciudadano no alcanzó, moneda de pago por el trabajo político partidario y caja recaudadora del gobierno de turno. Ese sería un buen comienzo para transformarlas en lo que en su esencia son: propiedad de todos.

Democracia, Interés público, Empresas y Bancos Públicos por Carlos Luppi

Las Empresas y los Bancos Públicos (particularmente el Banco de la República), constituyen la base del patrimonio nacional y el imprescindible fundamento de cualquier  proyecto de desarrollo, así como una inmensa fuente de ingreso para el erario público.

Constituyen además un pilar básico de nuestra democracia republicana representativa, al ser factor de equidad social y mejorar significativamente las condiciones de vida de los ciudadanos, sobre todo de las personas y familias más vulnerables. Me explico: las Empresas Públicas operan mediante transferencias cruzadas (objeto de odio visceral de nuestros economistas neoliberales o, mejor dicho, dirigistas de derecha), las cuales permiten que los centros más ricos -por ejemplo Montevideo, Canelones, Colonia y Maldonado), subsidien a los departamentos más pobres, posibilitando que tengan agua potable, luz, energía y telecomunicaciones. Ello no ocurriría si las empresas estuvieran en manos de agentes privados, que se rigen únicamente por el criterio de maximización de su ganancia. Así ocurrió en Argentina cuando Carlos Menem obtuvo la presidencia y privatizó las EEPP: las provincias pobres quedaron a oscuras, sin agua potable y aisladas.

En tal sentido, las EEPP son fuente de equidad, sustento de la democracia e incluso pilar de nuestra seguridad nacional.

Me resulta inconveniente y contraproducente que las Empresas y Bancos Públicos emitan acciones y permitan de esa forma la injerencia de agentes privados en su conducción. Así como el gobierno debe estar en manos de políticos (probos, formados, capaces y competentes) y no de empresarios o comerciantes (que se regirían por sus respectivas vocaciones e intereses); las EEPP deben estar conducidas por líderes que tengan las mismas cualidades que pedimos para los políticos, y no por empresarios o comerciantes.

El ejemplo de la principal superpotencia, los Estados Unidos de América, es elocuente: funcionó bien con Ronald Reagan, William Clinton, Barack Obama, todos ellos políticos natos. Ahora está en manos de un megaempresario, y está perdiendo aceleradamente su gravitación y su prestigio en todo el mundo.

La cuestión central estriba en que tanto el Gobierno como la conducción de las Empresas y Bancos Públicos deben estar regidas por la búsqueda del interés de toda la ciudadanía (el interés público) y no por el interés privado, que siempre termina siendo clasista y egoísta, por definición.

Esto nos lleva a una opinión personal que he publicado en otros medios: el principal problema que afecta a Uruguay es la falta de una clase política de alta calidad (con las excepciones del caso), como la que tuvo antes del golpe de Estado de 1973. Recuérdense los parlamentarios de los tres partidos (por ejemplo, Eduardo Paz Aguirre, Wilson Ferreira Aldunate y Zelmar Michelini), y se verá que teníamos una clase política de primer nivel mundial.

Hoy no es así, pero debe volver a serlo, porque en ello nos va la vida como nación. No hay organismo que funcione bien si su cabeza no lo hace.

Reitero: no agregaría nada (antes bien, distorsionaría la actividad y crearía problemas) la introducción de directores privadas en las muy codiciadas Empresas y Bancos Públicos, que son el objeto de deseo de empresarios como los nuestros, que sólo invierten sobre seguro, y la prueba de ello es que todos los gobiernos desde 1985 han apostado a la inversión extranjera. Saben que no pueden contar con la uruguaya.

Acaso deberíamos formar, como en Francia, una Escuela Nacional de Administración para formar adecuadamente a nuestros políticos y altos funcionarios de empresas y bancos públicos.

Para finalizar, y debidamente autorizado por el Ing. Juan Grompone, presento la respuesta que me dio cundo le pregunté, para un artículo, cuál es su opinión sobre las Empresas Públicas en Uruguay y los monopolios que ostentan algunas, en particular.

Me respondió el Ing. Grompone: «Tengo sobre las empresas públicas uruguayas una posición conceptual. Hay un problema básico de escala. En un país pequeño como el nuestro no tiene sentido la competencia en los servicios públicos. Sí la tiene, por ejemplo, en las panaderías, en los comercios minoristas. Pero tener tres empresas de agua corriente en un país de 3,3 millones de habitantes no tiene sentido, de electricidad menos y de telefonía, área donde ANTEL se ha quedado con la amplia mayoría del mercado, tampoco. Me baso para esta afirmación en la experiencia norteamericana. Cuando se produce la división de AT&T en 1984, descubrieron que el tamaño de una compañía telefónica debe ser no menor a 30 millones de habitantes.

El sentido de las empresas públicas de José Batlle y Ordóñez fue ese: la única manera de competir contra las enormes empresas  británicas era dotarlas de monopolio. En consecuencia, soy firme partidario del monopolio, cuanto más eficaz mejor, por supuesto, en las empresas públicas.

Para mí la existencia de los monopolios en las empresas públicas que brindan servicios es una causa nacional, en donde está implicada la supervivencia  de un país pequeño como el nuestro». Me honra compartir estas claras y contundentes opiniones.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES

Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.

Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.

Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.
Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.
Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.
Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.
Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES
Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.

Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.