En los últimos tiempos han sido muchos los casos donde la actuación de la Justicia, léase Fiscales, Jueces y decisiones tomadas, generan sospechas, desconfianzas y, por supuesto, enorme rechazo en la opinión pública y el sistema político.
Desde la prisión domiciliaria decidida para algunos delincuentes de crímenes de Lesa Humanidad, como en su momento el caso del asesino Gavazzo, hasta las recientes determinaciones, también de prisión domiciliaria, para connotados narcotraficantes de extrema peligrosidad. Con respecto a estos últimos, ha trascendido que algunos informes médicos que aseguraban que estos delincuentes estaban enfermos, eran falsos o no estaban firmados por ningún médico, y que nada tenían que ver con tratamientos de diálisis o cosas parecidas. El narcotraficante Juan Antonio González Bica transportaba 420 kg de cocaína por la ruta 8, en una ambulancia, cuando fue detenido. La droga había llegado vía Cerro Largo en una avioneta, lo que da cuenta de una fuerte vinculación internacional. La jueza María Helena Maynard accedió a un pedido de la Defensa para que se le otorgara prisión domiciliaria con tobillera. Apeló la Fiscal Ferrero, a quien asistía la razón y el sentido común, pero Maynard no hizo lugar y González Bica pasó a residir en su casa, pero claro, se quitó la tobillera y se mandó mudar.
¿Alguien puede ser tan angelito con estos tiburones del tráfico internacional de drogas? Desconfío, diría en el juego de cartas. Eso sí, quien caiga con 40 gramos de marihuana con pretensiones de ingresarlos a un establecimiento de reclusión, se come 4 años de cárcel.
El ministro protestó y, aunque tengo lejanías enormes con Heber, entiendo su enojo y me sumo a su protesta.
Pero la justicia tiene muchos otros antecedentes de irregularidades. ¿Por qué la jueza Fossati no dio a conocer los contenidos de los chats de Astesiano con el presidente? Desconfío. ¿Qué ha sucedido con la “Operación Océano”? Desconfío. ¡Cuánta manija hubo contra Gustavo Leal y Fernando Pereira también por parte de la jueza Fossati! Desconfío de sus legítimos propósitos. Ambas causas se archivaron. ¡Cuántas idas y venidas con el caso Penadés! Y de los casos de corrupción, abusos, designaciones por clientelismo, pasaportes falsos o favores a delincuentes internacionales como Sebastián Marset, de eso ni hablamos y yo, desconfío.
Muy larga es la lista. La justicia, para que sea precisamente justa, debe ser transparente, ecuánime, equilibrada, contundente e incuestionable. Puede no gustar, es verdad. Lo que no puede es arrojar desconfianzas, dudas, oscuridades o complicidades misteriosas. Pero eso, en Uruguay, no sucede, al contrario, la justicia funciona mal. El accionar policial se desmerece con procedimientos exitosos que luego naufragan en los juzgados. Claro que no es un tema nuevo. Por supuesto que viene sucediendo desde hace años, con todos los gobiernos en democracia. ¿La opción? En el marco del respeto irrestricto a la independencia de poderes, debemos crear ámbitos de coordinación y coherencia para hacer frente a los problemas que afectan a toda la sociedad.
Symbol of law and justice with Uruguay Flag. Close up.
