El ahorro previsto en el proyecto de presupuesto constituye una burda farsa, en tanto serán incrementados los recursos destinados a los Ministerio de Defensa e Interior, en desmedro de otras prioridades sociales como la educación, los salarios y las inversiones en áreas clave del Estado.
La motosierra que podará 900 millones de dólares anuales, opera como una redistribución de fondos con criterio restrictivo, acorde al talante regresivo de un modelo económico perimido.
Mientras perderán salario real los docentes y maestros, el personal de salud y funcionarios de otras unidades ejecutoras estratégicas y se recortarán salvajemente las inversiones en las empresas públicas, la iniciativa propone aumentar el número de oficiales de las Fuerzas Armadas.
Insólitamente, los generales del Ejército pasarán de 12 a 14, los coroneles de 130 y a 156, los capitanes de Navío de la Armada Nacional de 76 a 82 y los coroneles de la Fuerza Aérea de 45 a 47. Asimismo, el personal militar que cumple misiones en el exterior, recibirá una compensación equivalente al 50% de su salario, entre otros beneficios.
Obviamente, todos estos rangos perciben sueldos muy altos, que superan largamente el promedio de las retribuciones que se pagan al personal de la Administración Central.
También se proyecta adquirir nuevo equipamiento militar, incluyendo, en el caso del Ejército, la compra de vehículos tácticos y de transporte.
Con un socio como el ultraderechista Guido Manini Ríos en la coalición presionando permanentemente para que se privilegie a la corporación castrense, no se podía aguardar nada diferente. Obviamente, también el Ministerio del Interior constituye otra prioridad en el proyecto de presupuesto, que prevé la contratación de hasta 1.000 policías retirados, 750 cargos para la Guardia Republicana, 500 cargos de agente para el Instituto Nacional de Rehabilitación y otros 750 cargos de agente para personal de prevención y represión del delito. Ello totaliza 3.000 ingresos a la Secretaría de Estado.
Naturalmente, estas nuevas erogaciones serán financiadas con recursos ahorrados de otros incisos, entre ellos de la educación, donde habrá rebaja salarial, se eliminarán cargos docentes y horas de clase y se recortarán o suprimirán programas que atienen directamente a los niños y adolescentes procedentes de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social.
Este es el “presupuesto para la gente” que promete el Presidente Luis Lacalle Pou, en función del cual un militar o un policía valdrán más que un maestro o un docente, con una explícita prioridad a la represión sobre la educación, la formación de las nuevas generaciones y el desarrollo humano.
Todo este panorama anticipa, para el presente quinquenio, un país de tercera categoría, similar a tantas republiquetas bananeras caribeñas que padecen la hegemonía del imperio unipolar, donde siempre un uniforme militar fue más importante que la túnica de un educador.
No en vano, para justificar el hachazo, el neoliberal Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie sustentó la rebaja al presupuesto educativo en la hipótesis que ingresarán menos niños y adolescentes a las aulas uruguayas, por el decrecimiento de la tasa demográfica. Es, sin dudas, la reflexión de un petulante ignorante que no entiende nada y vive en otra galaxia.
En otro orden, el mensaje presupuestal prevé aumentar sustantivamente los salarios de los presidentes de las empresas públicas de los 120.000 pesos actuales a 230.000 pesos, con el pretexto que esos cargos sean ocupados por los “mejores” técnicos.
También se aumentará un 50% los sueldos a los jerarcas de confianza política del MIDES, mientras los funcionaros padecerán retroceso salarial.
Esta afirmación es una grosera tomadura de pelo, ya que esos puestos jerárquicos se distribuyen con criterio de reparto entre los cinco socios de la coalición y, en muchos casos, constituyen premios consuelo para quienes no lograron acceder a cargos electivos.
Más allá que se redireccionarán recursos y parte lo ahorrado será destinado a financiar exoneraciones tributarias al gran capital para que presuntamente genere puestos de empleo, lo primordial será el maquillaje de las cuentas públicas y el abatimiento del déficit fiscal, acorde con los compromisos contraídos con las calificadoras de riesgo y los acreedores internacionales.
En tal sentido, los anuncios oficiales en materia presupuestal constituyen, como siempre, una suerte de nebulosa y de meticuloso montaje mediático.
Al respecto, el Presidente Luis Lacalle Pou se comprometió a bajar el déficit fiscal al 2,6% del Producto Bruto Interno al final del quinquenio, sin apelar a la suba de impuestos.
“Nosotros podemos cumplir el plan sin meterle la mano en los bolsillos a los uruguayos. Los bolsillos de los uruguayos no aguantan más carga impositiva”, proclamó Lacalle Pou.
Sus afirmaciones constituyen una grotesca paradoja, ya que el gobierno ajustó las tarifas por encima del costo de vida en plena crisis económica y social, eliminó dos puntos de bonificación del IVA a las compras con tarjeta de débito y crédito y estableció una pauta del 3% para los ajustes salariales de enero de 2021, que horadará el poder adquisitivo de las familias. Eso sí es meterle la mano en el bolsillo a la gente.
Esto es neoliberalismo puro y duro, en su versión más salvaje y exacerbada, acorde a las despiadadas teorías económicas que priorizan el mercado sobre la justicia social y el desarrollo humano. Esta película, que ya vimos, terminó devastando al país en el dramático año 2002.
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