¿Hacen mandados los fiscales?

La solicitud de audiencia para imputar a Guido Manini Ríos por parte del Fiscal Morosoli despertó el debate a nivel político. Desde Cabildo Abierto fue catalogado como una maniobra política en su contra y el intento de proscribir a su candidato. Desde el oficialismo surgieron los ataques en contra del ex comandante en jefe. ¿Es una maniobra en contra de Cabildo Abierto? ¿Está haciendo la fiscalía mandados al gobierno? ¿Es correcta la oportunidad para plantear esto en medio de un proceso electoral? ¿Un proceso electoral debería postergar el accionar de la justicia? ¿Se intenta utilizar la justicia políticamente en nuestro país como se hizo en Brasil y Argentina? ¿No ocurrió algo así cuando se procesó a Amodio Pérez? ¿Fiscales y jueces son seres incontaminados de lo que ocurre en la sociedad? ¿No le sirve a Manini la victimización?

Desde 1985 todo está teñido de ambigüedad institucional por Gonzalo Abella

La salida de la dictadura se debió a dos factores convergentes: la resistencia popular y la decisión norteamericana de ensayar una nueva estrategia imperialista en la región. En efecto: abandonando el apoyo incondicional a los golpistas de los años 70, el imperialismo impulsó democracias tuteladas donde una derecha tradicional se alterna en el poder con una izquierda domesticada.

El Pacto del Club Naval tuvo cláusulas que aún no conocemos, pero que vamos descubriendo por el comportamiento posterior de sus firmantes. Cuando el Gral. Manini Ríos vertió conceptos altamente laudatorios en el entierro del Sr. Fernández Huidobro, o cuando la bancada del FA se niega a anular totalmente la Ley de Caducidad, sin tratar siquiera la propuesta que en ese sentido presentó el diputado de la UP, las señales son evidentes.

En relación al pacto de 1985 (militares – PC – FA) me consta que hubo sectores del FA que no quisieron aceptarlo, incluyendo sectores minoritarios que aún integran el partido de Gobierno. En cuanto a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, es uno de los mayores disparates jurídicos de los que se tiene registro en tiempos de democracia formal. Por esta ley claramente inconstitucional, un poder del Estado (el Legislativo) le dice a otro poder del estado (el Judicial) a quién puede juzgar y a quién no.

Blancos y colorados son los autores de esta ley, y el FA se niega a anularla aduciendo que ya se plebiscitó. Pero, señores del oficialismo, cuando se trata de crímenes de Lesa Humanidad, las trabas legales que se interponen ante Lajusticia no se plebiscitan: se anulan. No hay pretexto para no hacerlo si se tiene mayoría parlamentaria. Asusta en ese sentido el silencio cómplice del “cambio dentro del cambio” en la interna gubernamental.

En este marco jurídico ambiguo, cuando una información impactante sale a luz pública por un periodista, todo se tambalea y las culpas por la omisión de información y acción se atribuyen de unos a otros, de los otros a los unos.

Dentro de la actual jerarquía civil y militar ¿quién está libre de pecado, ¿quién puede arrojar la primera piedra?

Manini Ríos, encumbrado por el FA, astuto constructor de su base social, paladín del orden y la irracionalidad pro golpista, ahora tiene más votos de los que el FA hubiera pensado, votos que el muy ingrato piensa volcar en segunda vuelta hacia el bloque tradicional de la derecha. Es hora de frenarlo, pero ¿quién le pone el cascabel al gato sin recibir un arañón que le resquebraje el disfraz propio? Que la “Justicia” haga algo, por favor.

Tarde piaste. Sólo una fuerte bancada de la UP puede enfrentar el avance de la extrema derecha, que se encarama hacia donde una política coherente debió impedirle llegar.

Cualquier bolazo sirve por Roberto Elissalde

En período preelectoral cualquier gesto, cualquier desliz mínimo, cualquier acontecimiento climático es entendido en clave política. Las páginas de los semanarios (alcanza con mirar a os costados) se llenan con personas que saben que sí, que esto fue hecho con intencionalidad o que no, que esto es una casual casualidad.

Los procesamientos de Amodio Pérez, Fernando Lorenzo y otros, sin ser en período electoral, fueron considerados una intromisión judicial en la vida política. No extraña entonces que el pedido del fiscal Rodrigo Morosoli sea considerado un operativo político para sancionar a un candidato opositor que no para de crecer en las encuestas. Eso si uno piensa que el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio están intentando perjudicar a Manini.

Pero también se dice que es una maniobra para beneficiar a Manini, que al ser victimizado contaría con crecientes niveles de solidaridad y simpatía por parte de la población.

Para mí que son un par de bolazos. Quienes bolacean en un sentido u otro tienen tantos datos como yo. Y tal como se hace en los programas de chismes, cada loco desarrolla su tema con total despreocupación respecto a pruebas o datos objetivos.

El verdadero drama es que la política adquiere la forma de un programa de chusmerío o, cuando nos salvamos de ese extremo, como un programa deportivo: “a este le faltaron ideas para concretar, al otro le faltaron minutos y rodamiento y aquella otra sigue apostando a planteamientos tácticos que han sido abandonados en los mejores estadios del norte desarrollado”.

Mi bolazo es este: la costumbre de dar la palabra de forma equitativa a quien no sabe nada y a quien es un especialista, la capacidad que todos tenemos de ser “autores” en nuestro muro de Facebook o Twitter, el posmodernismo degradado y anti-intelectual que sostiene que cada cual tiene su relato, hace que vivamos todos en universos contiguos pero separados. Todavía compartimos un lenguaje común, pero no nos comunicamos usando el mismo código de significados. Nuestras cajas de eco son diferentes y aunque tengamos puntos de contacto (como cuando leemos los posts de “los otros” y nos horrorizamos de lo que dicen y piensan), nunca interactuamos.

El ámbito de lo político, que en una época ideal era el ámbito donde debían resolverse las discrepancias y encontrar las soluciones, ha sido targetizado (se ha convertido en blanco), segmentado, convertido en una sumatoria de pequeños públicos a los que se le llega con el discurso apropiado. Quienes creen que Manini ha sido beneficiado con su victimización no están buscando pruebas; ya saben que es así. Y quienes creen que el ex comandante en jefe y actual líder de la derecha sufre una confabulación de los rencorosos subversivos, ya saben que esto siempre es así.

Ante la vietnamización de la esfera pública (¿alguien se acuerda de lo que pasaba en ese país hace 45 años o de lo que decía Umberto Eco de ello?), la esperanza sería confiar en la aparición de influencers cruzados, capaces de llevar información de una caja a otra. Es posible pensar que ese tipo de gente exista o pueda existir. Pero sigue siendo dudoso qué tipo de mensaje lleven de un mundo a otro. ¿Será un mensaje basado en realidades, datos objetivos, confirmaciones o impresiones u opiniones dominantes en un círculo que son trasmitidas a otro? Manini no debe estar preocupado por estos temas. Pero yo sí.

Hay fuego más arriba por Marcelo Bacigalupi

Cuando los equipos de la dirección de fiscalización de la Dirección General Impositiva, en el marco de una actuación inspectiva se encuentran ante la presunción de un delito de defraudación tributaria, así lo consignan en el expediente, siendo el jerarca máximo –el Director General de Rentas- al que le compete realizar la denuncia penal ante la justicia. En el proceso pudieron actuar decenas de funcionarios, entre los propios contadores auditores, los abogados de la dirección técnico fiscal, los administrativos que cargan las actas y los informes al sistema, y hasta quienes en el mostrador le dan vista a la contraparte en todo el proceso. A nadie se le ocurre en su sano juicio responsabilizar a los funcionarios públicos por no hacer la denuncia penal ante el conocimiento de hechos de apariencia delictiva, mientras se espera que la dirección formalice –cuando así lo entiende pertinente- la denuncia penal.

En el Uruguay rige el principio de inocencia, y es solamente EL JUEZ quien debe valorar los hechos delictivos, procediendo a su investigación y juzgamiento –artículo 15 de la Constitución-. También es ante EL JUEZ que debe producirse prueba, lo que pueda venir de sede administrativa (por ejemplo la Fiscalía) no lo es, y tiene el valor de un elemento subjetivo, de una parte del contencioso que podrá ser tenido en cuenta o no en el proceso penal.

El código del proceso penal vigente ha sido uno de los mayores errores políticos de los últimos años. Por razones de espacio solo me remitiré a decir que colocar bajo la tutela administrativa del poder ejecutivo el disparador de la pretensión penal del estado, luce violatorio de las garantías que da nuestra Carta, de la propia separación de poderes. Que los Fiscales de la Republica dependan directamente del Presidente y bajo el mandato de un solo hombre –Fiscal General- y más allá de nombres, en virtud de integrar ¡un servicio descentralizado! que además por si fuera poco no es de integración plural, ha sido un gravísimo error de diseño importado desde el norte. Una mala copia del sistema americano, sin jurado, sin elección popular del fiscal general. Un desastre.

Al General Manini Ríos le están haciendo un favor con el inicio de este proceso penal, estamos a 26 días de la elección parlamentaria y este tipo de hechos lo colocan en un lugar protagónico. Va a tener más votos, y en idéntico plazo va a tener fueros. Para esto si se hicieron los fueros, no para proteger delitos comunes sino para evitar toda posible persecución política. Aunque esta no lo fuera, por la oportunidad en la que se da, es de una gran torpeza. Similar a la que tuvo el fiscal que rompió aquel pen drive.

Tengo la más alta estima por todos los miembros de los tribunales de honor militares, sé que actuaron de buena fe de acuerdo su convicción, porque ese es el criterio por el cual se falla. Esta claro que informaron a Manini, siguieron el conducto de mando. Tengo un enorme respeto personal, profesional y político por el General Manini. Creo que cumplió con su deber, que informo a su superior y que entrego la documentación. Tambien entonces, siguió con el conducto de mando. Se le pretende imputar un delito que, más allá del fondo del asunto –cuyo tenor no esta en juego en este juicio que esta por empezar ni en la valoración de estas líneas- en la esencia tiene el mismo carácter del ejemplo citado al principio de este artículo.

En el Parlamento hemos aprendido a no juzgar intenciones. No conocemos por qué se liberó de responsabilidad a los jerarcas del ex comandante y a quienes conocieron el hecho, desde el Presidente de la Republica hasta el subsecretario de Defensa, pasando por los asesores letrados y el secretario de la presidencia. Si esta omiso el subalterno, esta omiso el jerarca que sabía y no hizo nada. El Presidente dijo una cosa ante la prensa y otra en la fiscalía. Como dijo el Dr. Lacalle Pou hace algunas horas, parece que el fuego está más arriba de donde está ahora. Y está quemando mucho, porque abarca temas sensibles, temas que fueron bandera del Frente Amplio pero que en este caso parecieron no importar, no tener apuro.

Estamos frente a un tipo penal complejo y de escasísimo uso por parte de la justicia penal. Estamos ante un Señor Oficial del Ejército Nacional retirado que ha cumplido toda su vida con la Constitución y la Ley. Un hombre formado para el cumplimiento estricto de las normas. No parece muy coherente que se pretenda acusarlo sin apreciar dolo. El derecho penal requiere la actuación dolosa, o al menos culposa, donde a través de un actuar intencional o absolutamente negligente se produce un determinado daño. No parece ser el caso, será el Poder Judicial el que tenga la palabra.

El disparador de esta situación es el juzgamiento de conductas execrables cometidas por un individuo monstruoso. Hemos llegado al siglo XXI sin poder encontrar las respuestas que la sociedad requiere, constituyendo una pesada e injusta mochila para nuestra generación.

En definitiva esto también es “consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado”. Wilson tenía razón.

La Justicia en la Granja Animal por Heraclio Labandera

Desde lejos el movimiento judicial para imputar al general ® Guido Manini Ríos parece una maniobra política urdida contra un candidato emergente, cuando el fiscal Rodrigo Morosoli resolvió indagar en solitario al candidato de Cabildo Abierto, a un mes de las elecciones que prometen colocarlo en el Senado.

La prueba del nueve ha sido que la Justicia resolviera archivar cualquier investigación a otro que no fuera él, dejando fuera del problema nada menos que al presidente Tabaré Vázquez, al secretario de la Presidencia, Miguel Toma, a otros funcionarios y a generales que podrían ser sospechados de responsabilidad en el tema Gavazzo. Para el fiscal, los argumentos que ponen el foco del problema en el propio gobierno parecen no importar, ni dan mérito para investigar.

Parece evidente que el punto de mira está puesto sobre un candidato que, a pesar de haber cumplido un importante papel durante el gobierno del Frente Amplio, ya anunció que no los votará en el balotaje y sí lo hará por el candidato que pueda desplazar al Frente Amplio del poder. Impresiona como que se instrumentaliza a la justicia al estilo de lo que sucede en la dictadura de Nicolás Maduro.

Tan escandaloso ha sido el tema, que el cauto y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, salió a decir (casi en defensa del argumento de Manini), que “se descartó muy rápido la responsabilidad penal de otras personas”, y que por añadidura, el dictamen “ha dado pie a la sospecha”.

¿Hay algo más para evidenciar que se trata de una maniobra burda?

Ignoro si este caso se podría comparar a lo sucedido con Amodio Pérez, pero a la distancia impresiona que se quiere proteger al gobierno de cualquier novedad que lo afecte, y avisa de las consecuencias a cualquier posible “disidente”, en particular cuando hay tantas causas para investigar.

No me parece que el nudo gordiano de este caso sea la “oportunidad” o la “inoportunidad” del accionar judicial, porque cuando hay un dolo de cualquier naturaleza, el cometido de la Justicia es actuar de inmediato.

El problema es la discrecionalidad de la actuación, que no puede involucrar a la totalidad del Poder Judicial sino, apenas, el accionar de un funcionario de ésta, recordándome aquella máxima orwelliana de que en el régimen de la Granja Animal, “todos son iguales, pero hay algunos más iguales que otros”.

¿Hacen mandados los fiscales? por Miguel Manzi

Hay alrededor de 100 fiscales, asistidos por más de 200 adjuntos. La gran mayoría cumplen su trabajo silenciosa y prudentemente, y sus intervenciones no causan alarma pública ni son objeto de comentarios. También hay de los otros, aquellos cuyas actuaciones desconciertan a los especialistas y a la opinión pública, por alejadas de los criterios que aplicaría un “buen padre de familia” (para usar una expresión recurrida en derecho). A estos últimos se refieren estas líneas. La mejor hipótesis es que no, esos fiscales no hacen mandados, y ese es el problema: no van al almacén, ni llevan los nenes a la escuela, ni leen las notas de Leonardo Haberkorn. Viven en un tupper. Por eso le ponen tobillera a un asesino serial, piden 3 meses de prisión domiciliaria para un violador de menores, dejan libres a Sendic y a De León, quieren meter preso a un subalterno y se ensucian los pañales si les toca interrogar al presidente de la República y a su mano derecha, tipos sospechados de cuantas fallas morales caben en la humana naturaleza (Vázquez hizo carrera con la dictadura y felicitó al Goyo Álvarez; es un plagiario comprobado; persiguió desde el poder a sus competidores directos en su práctica médica privada; admitió que su hijo hiciera negocios con Venezuela; ampara al narco gobierno represor y asesino de Maduro; llevó de vicepresidente a Sendic; echó a Menéndez un par de días antes de su muerte; Toma es su secretario…). Entonces: si esos fiscales no hacen mandados, al menos ponen en tela de juicio la calidad del sistema; su madurez personal y su competencia profesional; su afán de protagonismo mediático. Del otro lado, la peor hipótesis es que sí, que algunos fiscales hacen mandados, cuando sus jefes fueron al almacén y se olvidaron de los huevos: el 18 de abril el diario El País tituló que “Bayardi no sancionará a Manini Ríos para respetar su derecho a hacer política”. El 24 de abril el semanario Búsqueda informó que para el ministro Bayardi “Fue un “error” que el Poder Ejecutivo no sancionara antes al general Manini Ríos”. Pasados unos meses, el presidente de la República queda en off-side porque -una vez más- mintió y omitió cumplir con los deberes de su cargo, y un amanuense acude en su salvataje imputando a otro subalterno. Si este fuera el caso, se pone en cuestión la integridad del sistema; la independencia técnica de un dependiente funcional del mismo presidente de la República, en el marco nunca desmentido por el partido de gobierno según el cual lo político está por encima de lo jurídico. Y como también pregunta Voces, por supuesto que la victimización le sirve a Manini, externalidad que encaja en cualquiera de las dos hipótesis anteriores: incompetencia y/o falta de integridad. Summum ius summa iniuria…

Borrón institucional por Carolina Ache

La decisión del Fiscal Morosoli de imputar a un candidato opositor en medio de las últimas semanas de las elecciones es decididamente preocupante.
Aunque por distintas razones, no estoy sola en esa molestia que va camino a convertirse en alarma, sino que connotados dirigentes del Frente Amplio –nada menos que el  ex Presidente Mujica y el líder de la lista 99, Rafael Michelini—hicieron saber a la opinión pública sus recelos y diferencias. Mujica en un acto de distracción o de absoluta sinceridad dijo que era “un error político”, dando a entender que la fiscalía podía actuar en sentido político, acertando o equivocándose, pero en un encuadre siempre político. Da qué pensar…Michelini, en tanto, prefirió la ironía; dijo “oh casualidad”, sugiriendo de este modo que no es casual sino deliberado que se acuse judicialmente a un candidato en plena campaña.
Ambos dirigentes pusieron de relieve dos aspectos que perturban seriamente el ordenamiento institucional del país, a saber: a) dan por buena la creencia de que la Fiscalía no actúa por genuinas razones de justicia, sino animada por fines extraños a sus deberes y límites; b) insinúan  que hay una intención espuria de interferir en la campaña política.
Para añadirle más ingredientes a este aparente  borrón institucional, tenemos las claras observaciones de un ex ministro de la Suprema Corte, el Dr. Jorge Chediak, que dijo que “se descartó muy rápido la responsabilidad de otras personas involucradas”, aludiendo con ello a la parte que corresponden en todo este entuerto de la posible denuncia en tiempo y forma de un delito del que estaban al tanto el Presidente de la Republica el Secretario de la Presidencia y otros militares. El dictamen del Fiscal Morosoli, en efecto, estimó correctas las conductas de Vázquez y Toma en todo el proceso, siendo que ambos sabían de qué se trataba y nada hicieron.
En mi condición de liberal, de demócrata y de batllista no puedo sino condenar esta situación. Las instituciones deben estar por encima de la política y a salvo de ellas; la Justicia debe ser una garantía igualitaria para todos los ciudadanos; la libertad y los derechos de las personas, cualesquiera sean sus ideas, no son prendas que se puedan utilizar como parte de una campaña electoral.
Sobre la cuestión que está en la raíz de todo esto, y que a veces se olvida, que es el de los Derechos Humanos, la Comisión para la Paz que creara el Presidente Jorge Batlle es el gran referente que tenemos en materia de claridad, respeto y eficacia para tratar tan delicado tema. Sería bueno que, a la hora de manejar estos asuntos, se tuviera en cuenta, y se actuara con la misma seriedad y compromiso con la verdad que entonces.

Auge de Manini Ríos, consecuencia de la impunidad por Federico Kreimerman

Manini Ríos en su discurso de despedida dijo que los militares indagados muchas veces son considerados culpables antes de ser juzgados, sin las “garantías del debido proceso”, y condenados de acuerdo a “conjeturas o convicciones inadmisibles, sin pruebas fehacientes, y en muchos casos fraguadas o inventadas”. Opinó que “no ha habido juicios imparciales” a los uniformados, y que “muchos de los imputados han sido condenados sin pruebas”.

Por supuesto que todo el mundo debe ser juzgado de manera imparcial y con garantías, por eso frente a ello, nos preguntamos: los que fueron detenidos, torturados, desaparecidos o muertos, ¿qué garantías tuvieron? ¿Dónde estuvo el debido proceso en las torturas que llevó adelante el ejército nacional durante la pasada dictadura militar?

El actual auge de Manini Ríos, se explica en la política de legitimación de las Fuerzas Armadas por parte de los gobiernos desde la restauración democrática: colorados, blancos y el Frente Amplio, en particular, la línea seguida por el Ministro de Defensa durante años, Fernández Huidobro.

En 14 años de gobierno frenteamplista no se ha reparado la deuda histórica y ética. No se ha tocado la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, no se ha tenido voluntad política para presionar realmente a las Fuerzas Armadas para que brinden información sobre el paradero de los desaparecidos, ni se ha realizado una investigación interna con el objetivo de depurar a los responsables de las atrocidades cometidas en dictadura. Los culpables han gozado de plena impunidad, algo que no sucede con otros delitos.

Esta política de conciliación legitima la llamada “teoría de los dos demonios”, es decir, esa justificación de la dictadura como una respuesta a “grupos terroristas” que amenazaban la seguridad interna, narración que oculta lo que realmente fue: un golpe de estado que las clases dominantes necesitaban para aplicar una política de hambre sobre la clase trabajadora uruguaya. Un golpe a las organizaciones sindicales, políticas y sociales, que tenían un importante estado de conciencia y organización.

La Unidad Popular en sus primeras acciones en la cámara de diputados, puso a consideración la anulación de la Ley de Impunidad, pues es un deber moral de la izquierda terminar con esta infame ley.

Urge realizar una investigación a la interna de las Fuerzas Armadas para esclarecer responsabilidades, enjuiciar y castigar a los criminales de la dictadura.

Debe replantearse la concepción de un ejército organizado bajo la hipótesis de guerra con otros estados, la cual es utilizada para justificar el aparato armado y su abultado presupuesto en desmedro del gasto social en educación, salud y vivienda.

Es urgente la apertura de todos los archivos clasificados para su investigación, y dotar de recursos económicos y técnicos al grupo de profesionales que llevan adelante las tareas de búsqueda de nuestros compañeros desaparecidos. Para que el pasado no se repita, hay que conocer la verdad.

Balanzas que nunca pesan bien por Fernando Pioli

La justicia nace junto con la necesidad humana de contar con instrumentos capaces de hacer soportable la convivencia. En la mente colectiva de una sociedad primitiva que tiende a explicar los fenómenos recurriendo a fuerzas sobrenaturales que exceden nuestra explicación, frente a las cuales poco valemos, encontrar nociones que nos permitan ubicarnos en el mundo es un deseo fundamental.

De modo que si en la naturaleza hay fuerzas que se equilibran mutuamente construyendo el mundo tal como lo conocemos, entre las personas debe existir algo parecido. Si fuese posible hacer hablar a esa mente colectiva, algo así es lo que diría.

Si las estaciones siguen un ciclo donde a la estación húmeda le sigue la estación seca, del mismo modo que las fases de la luna siguen un orden repetitivo en virtud de la cual aparece y desaparece, si al día le sigue la noche y a la noche el día, si hay un día más corto en el año que se enfrenta con uno que es el más largo; bueno, algo parecido debe pasar en las sociedades humanas.

Debe haber un equilibrio, un ajusticiamiento, un orden que garantice la vida en sociedad del mismo modo que en el mundo hay un orden que hace que no se destruya. Este es el origen del deseo de Justicia, una especie de fantasía primitiva que le da a nuestra humanidad un lugar en el mundo, y en este proceso construye un pequeño mundo. A esos pequeños mundos que la humanidad construyó se les llamó ciudades (polis para los griegos y de ahí viene política, civitas para los romanos y de ahí viene civilización).

Los sistemas de Justicia no son ajenos a los vaivenes sociales, sino que por el contrario los acompañan. Los operadores del sistema padecen de los mismos defectos que el resto de los mortales, e incluso de algunos dioses si nos remitimos a algunas teogonías antiguas.

Sin embargo esto es algo distinto de sostener que existe un uso discrecional del mismo de parte de un gobierno. Ejemplos de acciones sospechosas de falta de equilibrio en el accionar de los juzgados tenemos muchos, en Uruguay y en el extranjero. La causa de esto es nuestra humanidad, no contamos con un Zeus tirano que nos encamine por la vía correcta sino que apenas podemos contar con nuestros pares para hacerlo.

Entiendo que la situación de Manini al ser acusado por la fiscalía de omitir la denuncia a la que estaba obligado nos pueda volver suspicaces, pero que eso no haga que nos pongamos paranoicos, porque ese es el desequilibrio peor de todos y la madre de las peores injusticias.

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