La interpelación al Ministro de Transporte planteada por el Frente Amplio y llevada adelante por el senador Charles Carrera ha sido un hecho político para mí sorprendente y decepcionante.
Dejo de lado la anacrónica obstinación de los senadores de creer que la calidad de una interpelación se evalúa por la duración de los debates: si es menos de seis horas es un fracaso y si lleva más de quince o veinte es memorable (como si se cotizara al quilo). Seguramente piensan que el país entero se mantiene atento y en vilo durante todas esas horas de sesión.
Lo más asombroso de esta interpelación y, a la vez, lo más decepcionante se encuentra en el hecho de que los senadores, tanto los interpelantes como los defensores, no dieron muestras de haber percibido que el fondo de la controversia fue y es la disputa feroz por el puerto entre dos empresas de servicios. ¿Nadie reparó en eso?
Se trata de dos empresas enormes, ambas internacionales, que se están disputando hace años el negocio del puerto y cada una tira para su lado y plantea sus estrategias defendiendo sus intereses, no los del Uruguay. Esto está en el fondo del asunto y detrás de todas las argumentaciones; es tan evidente que lo tiene claro hasta el último parroquiano del boliche antes de la primera copa. Hace años que ambas empresas se acusan mutuamente de procedimientos abusivos y ese contencioso ha llegado al Parlamento donde cada una espera un fallo favorable a sus intereses. El gobierno tiene que tomar distancia de eso y fijarse, con entera libertad, en el interés nacional.
El puerto de Montevideo ha sido históricamente y sigue siendo actualmente un elemento clave en nuestras relaciones con la Argentina. Nada de eso le importa ni a Montecom ni a Katoen Natie. Pero le importa al Uruguay y le importa mucho; por lo menos una palabra en atención a eso se tendría que haber escuchado en la interpelación.
El puerto es importantísimo para nuestro país; sin exagerar se puede decir que fue una de las razones de ser del Uruguay. Los intereses del país son diferentes a los intereses de las dos empresas litigantes: la discusión parlamentaria debería haber dejado en claro que por lo menos se entendió la diferencia. Fue un debate lastimoso basado en intercambio de adjetivos personales (cipayos, entreguistas, etc., versiones parlamentarias de los gritos histéricos de aquella doctora acusando al gobierno de perpetrar un genocidio). La exposición del senador Gandini fue una reconfortante excepción.
Esto lleva a reflexionar sobre otro asunto, directamente relacionado al tema de la interpelación, pero en otro nivel, que es la discusión que el Uruguay debe darse y que es sobre el tamaño. Veamos.
Hay un número importante de empresas enormes que se han instalado en nuestro país al amparo de tratados internacionales de inversión. Katoen Natie y Montecom, por su tamaño, producen las mismas irritaciones en el tejido socioeconómico del país que las producidas por UPM. Son actores económicos tan poderosos, pueden mostrar una billetera de tantos miles de millones, que los gobiernos (de cualquier color) corren serio riesgo de ceder a sus exigencias.
Un país chico tiene que pensar dos veces y con dos criterios (económico y social) los términos de su asociación productiva con empresas de enorme tamaño y correlativo poder negociador. Teóricamente tanto da que sean extranjeras o nacionales. El acuerdo que firmó Uruguay con UPM personalmente me pareció excesivo. Lo he calificado en otros escritos como un tratado de tipo colonial, de la metrópoli con sus territorios de ultramar. El Partido Nacional protestó mientras no estuvo firmado (está en las actas del senado) y trató de enmendarlo una vez en el gobierno. A su vez, el acuerdo recién firmado con Katoen Natie también me parece excesivo y por los mismos motivos. Me pregunto –y es la pregunta más necesaria- qué tan inevitable sea esto que lo firma tanto el Frente Amplio como el gobierno actual. Algún apurado sacará la precipitada conclusión de que estoy a favor del cierre total a toda inversión extranjera. No es eso. El Uruguay se ha ganado hoy un prestigio que le permite negociar y elegir el volumen y la calidad de las inversiones que le convienen: hay que usarlo.
El asunto del tamaño no se agota en esas dos enormes inversiones citadas: el puerto y la forestación o la celulosa. Hace pocos días atrás fue planteada una justificada queja de los minoristas contra las llamadas grandes superficies. Fue expresada en términos sencillos pero elocuentes: cuando Devoto era de los hermanos Devoto y Tienda Inglesa era de Henderson, es decir, personas de carne y hueso, con domicilio acá (y familia y recuerdos y compañeros de liceo y muertos enterrados en los cementerios de acá) las relaciones eran más próximas y los diferendos más arreglables. Ahora, alegan, la única lógica que funciona es la ganancia y si se muere el chiquitaje que produce acá, mala suerte: importaremos.
La economía moderna tiende, por lógica interna, hacia el gigantismo. En un un país pequeño, con una población y una economía de vecindario, el tamaño es un factor a tener en cuenta. Se trata, evidentemente, de un asunto complejo. Todos los últimos gobiernos han reconocido la necesidad de inversiones para hacer crecer la economía. Hasta Mujica reconoció la necesidad de la inversión extranjera, pero ¿no hay algo referente al tamaño que incide en la calidad de las decisiones?
Es decepcionante que en el decurso de tanto calor y tanto grito desplegado en la interpelación no haya atravesado el solemne recinto del Senado alguna palabra sobre aspectos de fondo que estaban en juego (y que siguen estando tan campantes después del final del debate parlamentario).
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