¿Justicia diferente para pobres y para ricos?

El Fiscal de corte declaró que en nuestro país la Justicia actúa diferente de acuerdo a la clase social porque las leyes la hacen los ricos. ¿Es real esta afirmación? ¿Tienen todos los ciudadanos en los hechos los mismos derechos frente a la ley? ¿Por qué las cárceles terminan llenas de pobres? ¿La posición económica brinda beneficios en la Justicia? ¿Cuánto influye en la justicia quien es el abogado defensor? ¿Hay corrupción en el Poder Judicial?

Tiene vigencia la máxima de Martin Fierro: “Hacete amigo del juez…”

Sobre las cegueras de la (in)Justicia

Por Roberto Soria

‘’Iré viendo menos cada vez, y aunque no pierda

la vista me volveré más ciego cada día porque no tendré quien me vea.’’

José Saramago

No en vano la diosa de la justicia es ciega; o al menos, la representación occidental clásica de la justicia es una mujer con los ojos vendados, con una balanza en una mano y una espada en la otra. Una suerte de sentido común que atraviesa el río de los siglos desde el imperio romano hasta el presente, prescribe que la imparcialidad queda garantizada por la ceguera en sí. Pues nada hay más falso o justamente ‘’ciego’’ que sostener eso. Veamos.

En Uruguay los jueces son celosos de su imparcialidad, o más que los jueces, la cúpula de la corporación que es el Poder Judicial, la Suprema Corte Justicia (SCJ), los hace presentarse como deseosos de su propia ceguera. Ser ciego, aunque parezca obvio, implica no ver, no ver el afuera, y no conocer el mundo de la vida, limita –o dificulta- el hacer. Ejemplos sobran, pero en un mes como mayo, cómo no recordar a cierta jueza que quiso ver: Marina Mota.

Esta jueza, que llevó importantes causas penales de violaciones de derechos humanos en dictadura, tuvo la poca fortuna de ser identificada viendo, aunque en silencio, en una marcha no muy lejana un 20 de mayo. La historia sigue de una manera harto conocida: un medio de prensa le saca una foto que circula profusamente por las redes, la SCJ le pide informe sobre qué hacía allí, con quién y de qué hablaba; poco tiempo después y por su persistencia en seguir viendo, la trasladan de la jurisdicción penal a la civil  y  alegan ‘’razones de servicio’’. El balance es también conocido: las causas contra los torturadores desde entonces avanzan más lento, y recientemente, no hace más de unos días, Mota es propuesta por las sociedad civil a ocupar un cargo del otro lado de la trinchera -cortando vendas se diría- en la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Pero, ¿por qué la SCJ de justicia reproduce la ceguera?, ¿la justicia nace ciega o llega a serlo? Otra vez, veamos. El pasado 16 de mayo cesó en su cargo Pérez Manrique, quedando una bacante en la SCJ que puede ser ocupada por: a) designación de la Asamblea General y por dos tercios de votos; b) y en su defecto, pasados 90 días después que se generó dicha vacante por el Ministro más antiguo de los Tribunales de Apelaciones.

Bacante tras bacante se repiten como una mueca  historias e intrigas de los ‘’acuerdos’’ que se tejen en secreto sobre la designación de los Ministros de la SCJ, y esta vez probablemente la excepción no sea el caso. Así, la obscuridad o la ceguera aparecen como un vicio estructural, en tanto que calan en lo más profundo del sistema político.

Es decir, que si el sistema político le oculta el nacimiento –la justificación- a la ciudadanía de la elección de un cargo de relevancia institucional como es la cúpula del Poder Judicial, ¿qué esperar de los demás jueces?, ¿cómo correr de una vez por todas el velo de las decisiones judiciales para mostrarlas tal cual son: políticas, ideológicas?, ¿cómo acercar el lenguaje espinoso del Derecho a la comprensión de la vecina del cerro que tiene vergüenza de ir a tramitar la pensión alimenticia de sus hijos a un juzgado que queda en el centro?, ¿por qué siente vergüenza la vecina?, ¿por qué los juzgados están en el centro solamente?, ¿cómo traducir los vaivenes que rozan la esquizofrenia institucional en torno al nuevo Código del Proceso Penal (que entre en vigencia mañana, que pasado, que tras pasado, cambiemos esto o aquello otro, o esto de nuevo)?, ¿cómo entender por fin a esos seres siniestros y difícil-hablantes que se llaman abogados?

Desigualdad

Por Isabel Viana

Artículo 8º.- Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.

Artículo 7º.- Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general^[i]

La Constitución de la República establece la igualdad de las personas ante la Ley, así como el derecho a ser amparados en el goce de sus derechos básicos. Señala también que no se puede limitar esos derechos si no es por razones de interés general. Establece además una institucionalidad que genera las leyes que regulan la convivencia y las responsabilidades en su cumplimiento, así como la protección de los derechos de los habitantes del país. Define también la institucionalidad que debe otorgar la protección de cada uno en el goce de su vida, honor, seguridad, trabajo y propiedad.

La realidad en que vivimos muestra otro panorama: son evidentes desigualdades profundas en el seno de nuestra sociedad. Ésta se manifiesta de muchas  maneras. La más obvia, es la pobreza. Ésta incluye la difícil cotidianeidad en materias esenciales como la vivienda, el trabajo, la salud, el acceso a los bienes imprescindibles, la formación adecuada para la vida y el acceso a la información veraz.

Una de las carencias comunes entre la población es la dificultad para el conocimiento de las múltiples leyes que rigen nuestra convivencia. No se enseña que, cuando juramos la Constitución, ratificamos el pacto que nos liga para estructurar la vida en común sobre nuestro territorio. La educación formal presta muy poca atención a enseñar acerca de las instituciones y sus competencias, ni cómo actuar en su caótica materialización institucional. Sabemos muy poco acerca de los derechos y obligaciones de cada uno. Y los empoderados (electos o no) suelen olvidar – si lo aprendieron – su condición de servidores públicos.

Hay personas que desconocen cómo actuar para hacer valer la igualdad ante la ley que establece la Constitución. Otras conocen y usan sus derechos… y no siempre sus responsabilidades.

Conocen menos quienes nacen y viven su infancia en la pobreza material (contextos críticos, como se les llama). Tampoco conocen sus derechos quienes viven en el interior profundo, ni los niños que quedan al margen de los procesos de aprendizaje porque no se detectan y subsanan a tiempo sus dificultades, o los que asisten a clase con hambre y mal vestidos. Conocen menos los que aprenden acerca del mundo trabajando arriba de la pila de basura de un carrito, o revolviéndola en los basurales municipales. Conocen menos los que carecen de información suficiente, en ventanilla única y próxima a sus hogares, sobre los posibles respaldos públicos a su condición.

Están capacitados para conocer más sobre el mundo en que vivirán los que tuvieron alimentación, techo y cuidados básicos en su primera infancia. Los que pueden pagar aulas no superpobladas, libros, computadoras, Internet y enseñanza adecuada para encarar el presente. Pasada la infancia, pueden ubicarse más hábilmente en su entorno social quienes pueden pagar asesores que respalden sus iniciativas y aseguren la coherencia de las mismas con las estructuras legales. Reciben mejor y más rápido trato (en los tribunales, en los establecimientos de detención) los que pueden contratar su  abogado y no depender de servicios de oficio.

Es cierto que las cárceles están llenas de pobres. Los pobres viven cada día la evidencia de la desigualdad de oportunidades (de respeto a sus derechos, de estudio, laborales, de calidad de vida, de seguridades en su domicilio, en su integridad física). Saben que necesitan sobrevivir y aceptan lo que lo habilita, sea no legal.

Se entremezclan además juegos de poder, más trágicos cuando los empoderados usan las capacidades del estado para fortalecer el statu quo desigual (allí se consiguen votos) o difundir anti-valores populistas que buscan igualar para abajo y desacreditar el conocimiento y la información. Y peor aún cuando los poderes públicos se contaminan y validan la corrupción, actuando en función de intereses espurios (coimas, amiguismos).

Vivimos en una sociedad y en un mundo fracturados. La Educación y la Justicia son la primera línea para enfrentar la desigualdad y las múltiples ilegalidades en las que vivimos. Por algo es que ambas son permanentemente relegadas por quienes detentan las posibilidades de legislar y hacer para dignificar ambas actividades del Estado.

Cabe a los ciudadanos no aceptar los mantos de parálisis, silencio e impunidad e intentar la búsqueda renovadora de una sociedad más igualitaria.

[i]  Destacado en el texto por la autora de este artículo

Sandro Soba

Por Jorge Zabalza

“Hoy es una tarde donde la verdad como la justicia siguen ausentes: las mentiras y la banalización de las tortura en dictadura nos trata de ganar la cabeza. Lo que ellos llaman exceso fue tortura, como claramente lo dijo el fiscal y presentó inmediatamente la apelación. Arriba los que luchan y si no hay justicia, habrá condena social”. Sandro Soba luego que Blanca Rieira interpetó la ley de modo de no encontrar razón alguna para procesar el general Mermot por apología de la tortura.

Si mal no recuerdo, medio siglo atrás nos enseñaban en Facultad que la conducta del hacedor de justicia traducía en acción la palabra de la ley, o sea, que hacer justicia es actuar conforme a lo prescrito por el derecho positivo. La justicia no es un valor abstracto sino una cuestión práctica; no es un principio etéreo, intangible o divino sino una forma de comportamiento humano, concreta, vulgar y silvestre.

Para Aristóteles era muy justo que unas personas nacieran para esclavos y las otras para ser sus amos, su sentido de justicia era el mismo que luego se convirtió en dogma de la iglesia católica y siglos después reglaría la conducta de los nazis. Sin embargo, no era el que tenían los violentamente reducidos a la esclavitud. Para ellos, justicia era la de Espartaco. El mundo cambia y los filósofos griegos ya no pueden boludear, paseando sus ocios por templos y plazas marmoladas para consumir el tiempo libre que robaban a los esclavos. Aunque salario mediante las mayorías siguen sometidas sutilmente al trabajo forzoso, hoy día nadie en el mundo puede creer que la esclavitud sea un acto de justicia. Ni el fiscal Zubía podría ser tan payaso de sostener semejante barbaridad.

Los actos de justicia se dan en dos momentos: en el primero, se aprueban las leyes, códigos y constituciones y en el segundo, se aplican las normas o se administra justicia. En el primer momento, los parlamentarios aprueban leyes en función de sus concepciones y puntos de vista políticos, que son los hegemónicos, o sea los de la clase social dominante. Lo político prima sobre lo jurídico, como dice algún sabio de boliche. Fue por esa razón que, poco después del 2005, los diputados y senadores progresistas aprobaron la ley que convirtió la ocupación de tierras en delito penal, una decisión política para proteger la propiedad privada de unos pocos. Cometer un acto legislativo tan injusto les provocó reordimientos y por eso, haciendo gala de fina hipocresía, aplauden contentos al gran rostrudo que defendió la propiedad social de la tierra y la reforma agraria en un acto en Brasil, bien lejos de donde votó sancionar con años de prisión a los que ocuparan tierras.

Primero se aprueba el paquete político-jurídico y luego se debe aplicarlo en concreto. Hubo momentos de la historia en que esa secuencia escalonaba leyes que favorecían a los muchos y un poder político que las aplicaba sin pusilanimidades. Fue así cuando José Artigas promulgó el Reglamento de Tierras de 1815 y lo aplicó repartiendo los latifundios expropiados sin indemnización. Fue un acto de justicia para los miles de beneficiarios del reparto y un acto de injusticia para los malos españoles y peores americanos dueños de las enormes estancias. También fue un acto popular de justicia cuando en aplicación de una ley aprobada por la Convención Nacional, los parisinos pasaron por la guillotina los cuellos de la familia real francesa. Acto lamentado como una injusticia por la nobleza feudal europea que se organizó en la Santa alianza para ver de restaurar el derecho divino a ser oprimidos por reyes. No hay vuelta, lo que es justicia para el pueblo, es injusticia para quienes lo someten y explotan.

Para absolver al general Mermot, la jueza Blanca Rieiro recurrió a los criterios de justicia esgrimidos por autores de los años ‘30, cuando se imponían las tesis jurídicas del fascismo. Por eso Blanca pudo distinguir torturas de apremios físicos, cómo si no fueran la misma cosa. Rieiro debería haber sufrido plantón durante una semana, haciéndose pichí en los calzones, con manoseos permanentes a su culo y tetas, para tener una idea práctica del apremio físico versión Mermot. Su forma de ver la justicia cosecha elogios y aplausos de los sectores comprometidos con la impunidad a la vez que es rechazada  por quienes sentimos que en este país están ausentes la Verdad y la Justicia. Las víctimas ven la justicia con un color y los victimarios la ven sin color alguno, absolutamente negra. Blanca Rieiro eligió aplicar el sentido de justicia que protege a los impunes.

En cambio, cuando una jueza sostiene que se debe aplicar el derecho internacional a los crímenes de lesa humanidad, será implacablemente perseguida por los dueños del poder -civiles y militares- para que no practique  sus interpretaciones, aunque ellas sean compartidas por la mitad de los ciudadanos que votaron en el 2009. En la misma dirección, para imponer el Olvido y el Perdón como práctica jurídica, fueron amenazados los abogados y personalidades defensores de los derechos humanos en el Uruguay. Quieren que se hagan amigos de los jueces de la impunidad, que no les den de qué quejarse. Usan su poder para presionar a quienes entienden que justicia es condenar a los criminales del terrorismo de Estado.

La retirada ordenada a los cuarteles en 1985, nos dejó sometidos a una doble tutela: la de inversores privilegiados con exoneraciones de impuestos, zonas francas y vías férreas para mejorar sus negocios y las de los mandos militares que cada tanto sacan su lengua viperina de la cesta para asustar a Tabaré Vázquez y a su ministro de defensa, Dr. Juan Vicente Chiarino.

El último 20 de mayo se salió otra vez a gritar en silencio que no queremos vivir más bajo tutela, que todos deben ser iguales ante la justicia y el derecho… en realidad, compañeras y compañeros, estamos pidiendo un imposible: el poder judicial, el derecho y el Estado siempre protegerán criminales de lesa humanidad y a inversores de cuello blanco, ¡¡es su razón de ser!! La democracia  es tutelada o deja de ser burguesa y se transforma en poder popular. Esa es la realidad, pero nos entretenemos con apologías del onanismo mientras los impunidores hacen su agosto.

Alfredo, amigo mío, a menos que quisieras confirmar lo que ya sabes de antemano, realmente parece ocioso pregunta si la justicia es diferente para pobres y para ricos. Es terrible, pero no somos iguales ante los administradores del poder judicial. En la vida no somos iguales.

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¿Vale más el par de championes que una vida?

por David Rabinovich

Parece de Perogrullo afirmar que “a las leyes las hacen generalmente los representantes de las clases más pudientes, entonces, es fácil entender que una rapiña o un hurto son delitos, pero hay una resistencia a considerar que el lavado de activos también lo es”. Cuando Jorge Díaz, el Fiscal de Corte, lo dijo públicamente, causó tal sorpresa y repercusiones que Voces lo tomó como tema de debate. No sorprende lo que dijo, tan sabido como callado. Desconcierta que lo diga el Fiscal de Corte en un país donde, en estos temas, la norma es la hipocresía y hasta el cinismo. Pongamos atención al ‘generalmente’ porque, en la última década, el Parlamento uruguayo cambió su composición. De la mano del Frente Amplio llegaron los trabajadores a las Cámaras. Sin embargo, los intentos de legislar con otra lógica han tropezado con una Constitución hecha por las clases dominantes para preservar sus privilegios.

Díaz dijo: “En el Uruguay de hoy hay una sobreprotección del derecho de propiedad por sobre la vida y la integridad física. El homicidio tiene una pena mínima de 20 meses y una rapiña tiene una mínima de cuatro años”. No estamos acostumbrados a este lenguaje tan claro en estos temas. Ejemplos como el mencionado ¿no son contundentes?

“Cuando accionamos en la legislación nos cuesta mucho establecer delitos que castiguen determinadas conductas y no nos cuesta tanto establecer delitos que castiguen otras conductas”, continuó. Por ejemplo, sostuvo que en general la corrupción tiene castigos leves. En la estafa al Banco Comercial, “los hermanos Rohm se llevaron del país, entre los años 92-93 y 2002, casi 1.000 millones de dólares; y no estuvieron un solo día presos. Hoy si un chiquilín roba un par de championes con amenaza, tiene una mínima de cuatro años”, finalizó.

En realidad dijo poco el Dr. Jorge Díaz. Decir dijo el poeta, León Felipe, que proclamó, “Ya no hay locos” porque se murió el caballero manchego.  Y sobre la justicia: “…ahora que la justicia vale menos, infinitamente menos que el orín de los perros;…ahora que la justicia tiene menos, infinitamente menos categoría que el estiércol; si no es ahora… ¿cuándo se pierde el juicio?”

Decir, dijo el general Guido Manini que habló de los privilegios de las fuerzas armadas. Según El Observador, “Manini ironizó con este concepto recordando que los militares «tuvieron el privilegio» de realizar evacuaciones en el norte durante las inundaciones en diciembre del año pasado, de asistir a la población de Dolores luego del tornado, de evitar la emergencia sanitaria en Montevideo durante los festejos de fin de año y de participar de la misiones de paz en «los rincones más apartados y castigados del planeta«.” Naturalmente, el discurso del Comandante, en el día del ejército, apuntó a defender la Caja Militar y sus inaceptables privilegios.

Ayer fue 20 de mayo, nos acompañó el recuerdo de los desaparecidos, de las torturas, prisiones, destituciones y vigilancias… La sombra de la impunidad, instrumentado por un Estado omiso cuando no cómplice, un manto que ampara a los peores criminales. La consigna de la marcha “Impunidad, responsabilidad de los gobiernos de ayer y de hoy” no requiere de mayores explicaciones. El parlamento, la justicia, el poder ejecutivo no han sabido (o querido) enfrentar el tema. Las leyes las hacen y las sostienen los sectores que ‘pueden’: los poderosos.

Cuando las clases subalternas conquistan espacios de poder, la reacción escala hasta donde sea necesario para quebrar la voluntad popular.

Las leyes tienen un sesgo de clase, negarlo es como negar la “lucha de clases”, como pretender tapar el sol con un dedo.

Hijos y entenados

Por Raúl Viñas

El tema de las diferencias de los ciudadanos frente a la justicia es uno que no debiera darse, siendo que nuestra constitución establece en su Artículo 8 la igualdad de todas las personas ante la ley.

Sin embargo las declaraciones del Sr. Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación a La República el pasado 7 de mayo (1) evidencian desde un actor con alto grado de responsabilidad en el sistema judicial, la visión de que la justicia opera en forma “selectiva” según el delito a investigar y los involucrados.

Eso debiera de ser motivo de gran preocupación en un país donde bajo el imperio de la ley, todos estamos en una suerte de “libertad condicional”; veamos que puede bastar una simple distracción en el tránsito para que cualquiera de nosotros deba enfrentar procedimientos judiciales que pueden terminar en la privación de libertad.

Las declaraciones del Sr. Fiscal de Corte respecto a que las leyes “las hacen generalmente los representantes de las clases más pudientes” son además un serio cuestionamiento al cerno de nuestro sistema democrático.

Ese cuestionamiento a la igualdad constitucional aparece también entre los actores políticos, cuando se dice de los exorbitantes costos de las campañas previas a las elecciones,  lo que limita de hecho el acceso a los cargos legislativos a aquellos que cuenten o puedan obtener los apoyos económicos para realizarlas.

Tan complicado es ese asunto que el tema es hoy tratado por una comisión investigadora parlamentaria por sospechas de financiamiento indebido por parte de algunas empresas investigadas.

Hasta donde eso implica que los legisladores representen a “las clases más pudientes”, puede ser motivo de discusión, pero evidentemente la capacidad de acceder a cargos legislativos no se da por igual para todos.

Eso se refleja también en otras situaciones de público conocimiento, como que si decides desarrollar un emprendimiento comercial, industrial o de servicios, lo que implica abrir una empresa, incluso para construir o modificar tu casa, eres de inmediato un blanco de los organismos recaudadores del estado.

Sin embargo si el emprendimiento es de “gran porte” entonces seguramente el propio estado en la forma de los funcionarios ejecutivos y los electos se encargará de facilitarte las cosas, liberándote de las cargas impositivas, torciendo las normas con “tolerancias” o generando “excepciones” al amparo de normas legales como la del otorgamiento de Zonas Francas a las que no todos acceden.

No me gusta esto para mi país, me viene a la memoria aquello del que el que tiene padrino no muere infiel.

• http://www.republica.com.uy/f-3/609282/

Memento Mori

 por Fernando Pioli

Para la antigüedad la previsibilidad del mundo obedecía a la voluntad caprichosa de seres superiores que debíamos satisfacer a través de nuestros actos. Si las estaciones se suceden una tras otra en un orden eterno es porque existen deidades que así lo deciden sin más obligaciones que las que se deben a sí mismas. Los humanos, en estos términos, no son más que juguetes que nada valen si no son capaces de satisfacer estas voluntades que se imponen desde lo alto.

La Justicia es entonces nada más que una herramienta para gobernar el mundo, y en extensión, una herramienta para gobernar a los hombres y mujeres. Del mismo modo que tiene que existir un equilibrio entre el día y la noche, debe haber un equilibrio entre las tensiones humanas. El concepto de Justicia hunde sus raíces en lo mítico y florece en el plano de la razón.

Cuando en el siglo VII A.C. afloran en las colonias griegas la filosofía y el pensamiento científico el ajusticiamiento deja de ser un capricho de los dioses y pasa a ser un criterio mecánico de ordenamiento del mundo. Debe haber Justicia para que el orden del mundo se sostenga, hay Justicia porque es necesario que la haya. Si existen los dioses, deberán someterse a este criterio. Puestas las cosas así, los dioses ya no son tan dioses y quizás podamos vivir sin ellos aunque los poetas se quejen airadamente. Podemos aspirar a una Justicia puramente humana.

Ya en la época moderna la Justicia pasa a ser una herramienta de control social. Ya no se pretende con ella restituir una especie de orden original que aspiramos a mantener, sino ordenar y gestionar las tensiones sociales de modo que no ardan las praderas. La Justicia se transforma en su última versión en la herramienta más sofisticada y exitosa para mantener un sistema de poder.

Como el sistema de poder ya no pretende obedecer a una voluntad superior (aquello de Dios ha muerto de Nietzsche) es más fácil sospechar la existencia de fuerzas ocultas desde las bajezas humanas. Ante la pregunta de si existe una Justicia para ricos y una Justicia para pobres la respuesta parece tan obvia que resuena como un eco en una caverna vacía. Es que el mundo es más amplio cuando se es rico y más ajustado si se es pobre y la Justicia es más justa cuando se es rico y más ajustada cuando se es pobre.

Sin embargo, por más rico y poderoso que se sea cabe aquí aquella frase que un esclavo le recitaba a los generales que volvían triunfantes a Roma: “recuerda que morirás”.

Solo enrieda a los chicos 

por José Luis Perera

En términos generales, podemos decir que la noción de justicia es histórica, relativa a un modo de producción específico. La esclavitud no es injusta desde el punto de vista de una sociedad esclavista, ni la explotación sería injusta según las reglas contractuales propias de la producción mercantil generalizada. El marxismo entiende al Estado como un órgano de dominación de una clase sobre otra. La división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en las repúblicas burguesas compone un sistema de engranajes para mantener esta dominación sobre el pueblo trabajador, junto a otras instituciones, como las Fuerzas Armadas, la Iglesia, entre otras. Ninguno de estos poderes es imparcial, sino que defienden a su clase, es decir la clase explotadora, aunque se disfracen como poderes independientes.

No obstante, dentro del propio derecho burgués es evidente que la justicia actúa de modo diferente con los pobres y los ricos.

Si un pobre comete un hurto, seguramente que usted no lo verá al poco tiempo paseando por Gorlero o viviendo en una chacra de José Ignacio. Sin embargo, un señor que fue el jefe de la banda que cometió la estafa más importante de los últimos 40 años, que en el año 2002 condenó a la pobreza a casi un millón de uruguayos, que provocó el suicidio de unas 500 personas y se quedó con unos 1.500 millones de dólares de ahorristas uruguayos, argentinos y paragüayos, apenas estuvo en la cárcel 5 años. Se llama Juan Peirano y lleva una apacible vida en Punta del Este.

Si usted es joven y pobre y comete un delito, seguramente dormirá tras las rejas por el tiempo que marca el código. Nadie lo verá por la rambla paseando a su perrito en brazos como lo hace un señor llamado Eugenio Figueredo, procesado por una causa internacional de corrupción, lavado de activos y estafa.

Alí Primera cantaba:  “La policía es siempre eficiente cuando se trata de los pobres”. Y mucho antes el gaucho Martín Fierro afirmaba:  “La ley es tela de araña, y en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, no la tema el que mande,
pues la rompe el bicho grande y sólo enrieda a los chicos”.

Hay una muy buena película argentina llamada Relatos Salvajes. En la misma, el actor Oscar Martínez compone a un millonario al que un día su hijo lo despierta llorando y diciéndole: “Atropellé a alguien con el coche”. A partir de ahí se desespera por evitar que ese hijo vaya a la cárcel, por más que para ello deba apelar a diversos ilícitos”.

Y el actor explica: “la ley no es igual para todo el mundo. Hay una Justicia para ricos y otra para pobres. Para empezar, una persona rica puede contratar un abogado que el de pocos recursos no. Amén de los vínculos y conexiones que tiene alguien así. Los que pueden hacer eso son una minoría”.

Y lo más interesante:  “Mirá, no voy a decir dónde filmamos, por lo que te voy a contar. Nosotros rodábamos en un barrio muy caro, en una casa que sale más de US$ 10 millones. Las de por ahí ninguna bajaba de los US$ 3 o US$ 4 millones…Un señor muy amable se asomaba. Muy simpático. Un vecino lindante. Y resulta que ese vecino era un ex juez. Todos sabemos lo que cobra un juez. Con el sueldo de un juez no te podés comprar una casa de 3, 4 o 5 millones de dólares. Salvo que los haya heredado. Es imposible que con su sueldo se la haya comprado ”.

El Fiscal de Corte y el fiel de la balanza.
por Rodrigo da Oliveira
Polvareda levantaron las declaraciones del Fiscal Díaz, al diario La República, acerca de la Justicia y los pobres. El ex ministro Mercader sostuvo en El País y en la mesa de En Perspectiva la necesidad de mesura, bajo perfil y responsabilidad que exigía la administración de Justicia y las personas concurrentes a la misma. La Fiscalía de Corte pasó a ser un servicio descentralizado en 2015, lo cual podría tomarse desde algunos ámbitos como la posibilidad de inmiscuirse más o menos solapadamente en los asuntos judiciales, con el peligro que ello conllevaría. La mayor exposición de Díaz en los medios y algunas de sus expresiones encienden una luz de alerta en este sentido, no por él mismo, sino por las situaciones a que pudiera llegarse por algún adepto a personalismos desmedidos. El hecho de hacer una lectura cuasi clasista, o pasible de así ser interpretada, de la situación de muchos encarcelados hizo que volviera a discutirse un tema nada nuevo, aunque siempre removedor. La posible existencia de una justicia para pobres y otra para ricos aparejó hasta un llamado a Comisión por parte del legislador Pasquet. ¿Cuánto hay de realidad en las declaraciones de Díaz?
Nuestro ordenamiento jurídico no permite adherir a la teoría de que el resultado de cárceles masivamente pobladas por pobres surgiera como consecuencia de un andamiaje “burgués” u “oligarca”, dirigido a la dominación y el sometimiento de unos por otros. Es posible matizar, sin embargo, la aplicación efectiva de Justicia tomando objetivos perseguidos y alcanzados. Hay una mayoría de delitos como hurtos, rapiñas, homicidios y de los llamados “comunes” que son perpetrados por personas también comunes, algunos de los de a pié. Delitos como la corrupción a mediana o gran escala, el lavado de activos o los delitos informáticos detentan una complejidad mayor, tanto para llevarlos a cabo como para probarlos. Tan es así que ha llevado a la creación de juzgados especiales para ellos, Crimen Organizado. Esas mismas personas muchas veces logran acceso a mejores abogados, ya sea por posibilidades económicas o por vinculación personal. Por otra parte, quienes cometen delitos comunes y llegan a requerir los servicios de un abogado de oficio suelen llegar a verse inmersos en una vorágine inagotable de idas y venidas, sin resultados favorables a sus causas y demoras interminables. ¿En la práctica la Justicia termina generando un “empobrecimiento” carcelario? Es posible, aunque no porque exista un sistema pergeñado para dañar a una parte de nosotros mismos.
Solo cabe esperar que aquella polvareda no traiga mayores lodos.

Derecho de clase

por Lucía Siola

En la novela distópica de George Orwell Rebelión de la granja, los animales dicen la famosa frase “todos somos iguales ante la ley pero algunos somos más iguales que otros”. Expresaba un aspecto central del devenir de la Revolución Francesa que pregonó la “igualitè, fraternitè et libertè”, es decir, la igualdad de los ciudadanos ante la ley cercenando los privilegios de la nobleza. Esta igualdad jurídica fue el límite máximo al cual llegaron las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX, pues detrás de esta igualdad se escondía una profunda desigualdad social entre las clases de la sociedad moderna naciente.

En pleno siglo XXI, las declaraciones del fiscal de Corte Jorge Díaz reconociendo que ‘solo los pobres van presos porque los ricos hacen las leyes’, han generado fuerte impacto mediático pues ya ni se guardan las formas sobre aquel postulado de la Revolución Francesa de la igualdad jurídica. A pesar de esto, el contenido de sus declaraciones no es novedad para nadie, pues todos sabemos que los empresarios, los grandes capitalistas y sus servidores -como los militares de la dictadura- gozan del privilegio de tener un Estado a su servicio que defiende sus intereses particulares.

Como todo ‘progresista’ y garantista la crítica de Díaz se queda sin embargo en la superficie, pues establece que el problema de esta desigualdad social está en las leyes que emanan del Parlamento, y por tanto su ataque a la igualdad jurídica existente es a partir del argumento de que es formal y no real. Las relaciones sociales que son la base del andamiaje jurídico no se cuestionan, y por eso en este tipo de análisis, la solución está en concretar la igualdad jurídica a través de la sanción de nuevas leyes de tipo ‘reformistas’.

Algo que el gobierno del Frente Amplio ni siquiera ha hecho, sino que por el contrario ha profundizado las leyes que amparan y le otorgan impunidad a los empresarios y grandes capitalistas, como por ejemplo la ley de concursos de 2009, que permite el vaciamiento de fábricas, el robo de aportes de los trabajadores, y de impuestos aduciendo quiebra. Los casos de los Peirano, de Fernández el dueño de Fripur, o de los Esperanza –dueños de la Spezia- muestran que los grandes ladrones gozan del amparo estatal. La derogación del delito de abuso de funciones es otro ejemplo claro, de cómo los capitalistas y sus gestores dan vía libre a sus negociados, estafas y sus corruptelas con las finanzas estatales.

Pero lo que no cuestiona Díaz y no menciona es que el derecho protege a los poderosos pues no es más que la expresión jurídica de la organización social vigente, basada en la explotación, y es por tanto un arma del capital. Por eso, los militares y civiles que cometieron los crímenes más terribles de la historia uruguaya continúan impunes, revelando así el carácter de clase del régimen judicial. La igualdad entre quienes poseen los medios de producción y entre quienes viven de su trabajo no existe en el actual régimen social, algo que ya develó Marx hace más de 150 años.

Cuidemos la Justicia y la democracia

por Carlos Luppi

Cada cual responde a su circunstancia. Pertenezco a la Generación del ´71, la que vivió el gobierno autoritario de Jorge Pacheco Areco (recuerdo la excepcional clase política que teníamos en los tres partidos de entonces, contra lo que dice cierta seudo corriente historiográfica que busca distorsionar la Historia Reciente); el fraude electoral de las elecciones de ese año; la predictadura; el Golpe de Estado del 27 de junio de 1973, encabezado por el entonces presidente por el Partido Colorado Juan María Bordaberry; la dictadura y la salida cojitranca y tutelada de la dictadura.

Quienes vivimos esas etapas -y lo acaba de reiterar magistralmente Gerardo Caetano- adquiríamos, si no lo teníamos de antes, un respeto «sacramental» por la institucionalidad democrática -el régimen democrático republicano representativo de gobierno- y el Estado de Derecho, es decir, lo que alguna vez fue anatemizado como «libertades formales» o «libertades burguesas», y por la existencia de un Poder Judicial independiente.

Quienes vivimos esas etapas sabemos que la peor de las democracias es mejor que la mejor de las dictaduras y eso implica la posibilidad de una Justicia independiente, con los defectos que tenga, como toda institución humana, pero a la que se pueda recurrir.

Quiero decir entonces que no critico la Justicia -como no se me ocurre criticar al sistema democrático- sino que hago todos los días lo que buenamente puedo -y es muy poco-  para ayudar a mejorar la institucionalidad que rige nuestro sistema democrático.

Debe haber mucho para decir y criticar en la materia, pero no es mi tarea y acaso sí la del Sr. Fiscal de Corte, de quien he escuchado opiniones muy valientes sobre casos puntuales, como en el tema de las responsabilidades en el affaire «Banco Nelson» – Banco Central, que parece hundirse lentamente en el olvido, a pesar de lo que él afirmó con la autoridad que lo inviste.

Si algo hay que criticar es la facultad de olvidar que tienen muchos de nuestros conciudadanos sobre cosas importantes, lo que va mellando las instituciones. Eso hace que por momentos quienes vivimos los hechos de las décadas del ´60 y del ´70, sintamos que otra vez se fomenta deliberadamente -como lo hizo con gran astucia política Jorge Pacheco Areco- una sociedad dividida hasta el encono, que termina fatalmente en alguna forma de dictadura.

No quiero eso para mí, ni para mis descendientes.

Creo que en la banalidad de discusiones menores e inconducentes, olvidamos o evitamos discutir los grandes temas: el proyecto nacional del que carecemos, el desarrollo económico integrado (que nos permita ser viables como nación en el siglo XXI), una equidad real (que no está, por ejemplo, en nuestro sistema impositivo actual), y el perfeccionamiento puntual que necesita toda sociedad en materias específicas como la Educación.

Mientras tanto, cuidemos siempre la Democracia y la Justicia independiente, que sólo se valoran cuando se pierden.