El anémico intercambio entre los senadores Oscar Andrade (Frente Amplio) y Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) a menos de un mes del referéndum revocatorio de 135 artículos de la LUC-que no fue realmente un debate ni tuvo momentos de tensión ni rispidez- condensó las irreconciliables diferencias ideológicas entre un proyecto político que defiende a ultranza los derechos de la sociedad y otro que los recorta.
En ese contexto, esta instancia no tuvo nada de duelo dialéctico, como sí sucedió en la campaña electoral de 1994, cuando confrontaron –con inusual dureza- el candidato presidencial frenteamplista Tabaré Vázquez y su homólogo colorado Julio María Sanguinetti.
La propia rigidez del formato impidió que ambos contendientes se explayaran sobre los ejes temáticos propuestos, a lo cual se sumó la flagrante omisión de obviar tópicos tan trascedentes como la regla fiscal y las modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera, que impactan directamente sobre el bolsillo de los uruguayos.
Mientras Andrade lució dinámico, nervioso e impulsivo como es habitual en él y acompañó sus reflexiones con una intensa gestualidad, Manini asumió una posición hierática y casi marcial, acorde a su condición de militar. No se le movió ni un músculo del rostro, como si se tratara de una momia egipcia.
En el contexto de la exposición sobre seguridad, el senador comunista desplegó un amplio arsenal de cifras, mientras su contrincante construyó un discurso improvisado, con profusas críticas a los gobiernos de izquierda y sin exhibir indicadores de impacto sobre la presunta baja de delitos. Así, evitó que su oponente las replicara. Evidentemente, ni él se cree los números amañados del gobierno.
En tal sentido, el representante oficialista se cortó sólo con un mensaje dirigido a sus adherentes de Cabildo Abierto con el horizonte en las elecciones del 2024 y no representó a sus socios de la coalición, cuyos miembros tuvieron escasa presencia en las redes sociales y priorizaron otras actividades de campaña.
En materia de seguridad, Manini sólo apeló al miedo a que se retroceda a la situación de hace dos años, mientras que el legislador del FA puso énfasis en fustigar el mecanismo de la legítima defensa presunta, que prioriza la propiedad sobre la vida humana y otorga impunidad para matar a una persona ante la leve sospecha que pueda cometer un delito. También criticó el abuso de autoridad y aludió a las 86 denuncias presentadas por los abogados de oficio, en torno a la represión y la vulneración de garantías. En tal sentido, consideró inadmisible que un ciudadano pueda ser detenido por no portar su documento de identidad, los allanamientos ilegales y la detención de ciudadanos que no suelen ser derivados a la fiscalía.
En materia de vivienda, Andrade corroboró que antes del nuevo régimen previsto en la LUC se podía arrendar sin garantía y que el nuevo sistema es draconiano porque no es garantista, permite desalojos exprés de malos pagadores y multas leoninas por atrasos. La única defensa de Manini fue priorizar el derecho de los propietarios sobre el derecho a la vivienda, omitiendo que el presupuesto recortó recursos destinados a soluciones habitacionales.
En tanto, en el capítulo consagrado a la educación el oficial castrense destiló todo su ácido veneno contra los sindicatos, a los que responsabilizó por los malos resultados y por boicotear los cambios. Por supuesto, Andrade replicó a su oponente recordando que las tasas de egreso de Educación Media eran peores antes de 2005 cuando gobernaba la derecha y acusó al gobierno de enterrar una larga tradición en materia de autonomía y participación, afirmando que es contradictorio mejorar la calidad de la enseñanza recortando recursos.
Empero, el capítulo de las relaciones laborales propició las mayores réplicas, cuando Manini- exhibiendo todo su odio hacia la clase trabajadora- mintió groseramente al afirmar que se presionaba y agredía a los trabajadores no huelguistas. También en este tópico derrapó, porque no pudo citar ni un solo caso.
En cambio, Andrade cuestionó la reglamentación del derecho de huelga contenida en la LUC, que demoniza a los sindicatos y ampara únicamente la prerrogativa de las patronales a perpetrar abusos, no cumplir con sus obligaciones, atrasar el pago de los salarios, no respetar laudos y disponer despidos abusivos. En tal sentido, afirmó que todos los conflictos se originan en incumplimientos, en la falta de respeto a los derechos de los trabajadores y en la ausencia de diálogo.´ Obviamente, en este caso Manini hizo causa común con los intereses de la oligarquía empresarial y no contempló los legítimos derechos de los trabajadores.
Esta suerte de debate, que más que debate fue una entelequia cuasi de guantes blancos y un pacto de no agresión, corroboró que el general –que no tiene quien le escriba, incluso en el seno de la coalición conservadora-sólo privilegia los intereses de los propietarios y del capital, en detrimento de la clase trabajadora.
En cambio, el senador frenteamplista desnudó los deletéreos efectos de una ley antipopular, anti-obrera y funcional a los sectores más privilegiados de la sociedad uruguaya.
Mientras Manini improvisó y cayó en múltiples contradicciones contaminadas de odio, Andrade exhibió un discurso coherente, informado y prolífico en invocaciones éticas, que marca las radicales diferencias entre un proyecto de país que privilegia a la clase dominante y la sensibilidad de una izquierda comprometida con la sociedad y los más vulnerables.
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