En su edición del pasado jueves 10 de octubre, Voces publica una nota del Dr. Hoenir Sarthou en la que este critica una nota mía publicada en El Observador el sábado 5 de octubre, bajo el título “La experiencia de los cincuentones”. Mi nota comentaba un estudio técnico del BPS acerca de los resultados de la aplicación de la Ley 19.590, “ley de cincuentones”. Dicho estudio, firmado por la Esc. Nadya Camerosano y el Ec. Roberto Ayuto, expone y analiza abundante información acerca del modo en que los cincuentones hicieron o no hicieron uso del derecho que les dio la ley citada, de desafiliarse del régimen jubilatorio mixto (BPS+AFAP) establecido por la ley 16.713 y acogerse al régimen exclusivamente de reparto (solo BPS), en los términos del Título VI de esa ley (“Régimen de Transición”). Por mandato legal, antes de optar por desafiliarse del régimen mixto los cincuentones debían necesariamente recibir el asesoramiento del BPS.
Resulta que de los 140.882 cincuentones, solo 84.286 -es decir, el 60% del total- fueron al BPS a asesorarse para hacer uso, eventualmente, de la opción legal; el otro 40% ni siquiera se molestó en ir a hacer la consulta. Y de los 84.286 asesorados, sólo 36.729 -o sea, el 44%- optaron por desafiliarse del régimen mixto.
La conclusión que yo saqué de los datos reseñados fue que “lo que la reforma del PIT-CNT propone es imponer con carácter general y obligatorio una solución que la mayoría de las personas rechaza cuando considera, contando con la información y el asesoramiento pertinentes -esto es fundamental- cómo la afectaría concretamente en su caso particular”.
Sarthou critica mi planteo y lo califica de “falacia” porque dice que omite considerar dos datos relevantes: la deuda con el BPS que la ley de cincuentones obligaba a pagar a quienes quisieran cobrar la jubilación del BPS, y la quita del 10% que esa ley imponía a tal jubilación. De no haber sido por esos “obstáculos monumentales”, dice Sarthou, se hubiera producido “el éxodo de los cincuentones hacia el sistema público”.
¿De qué deuda se trata? De la generada como consecuencia de que, en el régimen mixto de la ley 16.713, por los ingresos superiores a lo que hoy son, en números redondos, $260.000, no se debía aporte alguno ni al BPS ni a la AFAP, mientras que en el “régimen de transición” establecido por esa misma ley se debe aportar por el 100% del sueldo. De ahí que los que pasen de un régimen a otro deban pagar lo que corresponde en el régimen al que optaron libremente por acogerse. “Donde está el beneficio está la carga”, decían los juristas de la antigua Roma. Quien quiera obtener los beneficios de un régimen determinado, debe hacerse cargo de las obligaciones correspondientes.
Lo que omite decir Sarthou es que la reforma que propone el PIT-CNT sigue el mismo criterio. La Disposición Transitoria y Especial V’’’’ establece: “La ley reglamentará los aportes personales correspondientes a las asignaciones computables del tercer nivel previsto por el literal C del Art. 7 de la Ley 16.713, del 3 de setiembre de 1995”. O sea: deberá dictarse una ley para reglamentar el pago de esa deuda (palabra que la papeleta prudentemente omite para no espantar al votante), tal como lo hizo la ley de cincuentones (artículo 14). Quienes no optaron por la desafiliación para no asumir ese pasivo tampoco deberían votar a favor de la reforma, por la misma razón.
El otro punto es el descuento del 10%, establecido a instancias del Ministerio de Economía y Finanzas porque al Cr. Astori le preocupaba, efectivamente, la sostenibilidad del sistema (minucia que no quita el sueño al PIT-CNT).
A juicio de Sarthou, la quita del 10% fue determinante para que solo el 37% de los cincuentones abandonara el régimen mixto. Es una conjetura de imposible verificación. Cuando la propaganda del SI muestra recibos de jubilaciones AFAP (en rigor: rentas vitalicias del Banco de Seguros) de $300, como si fueran una muestra representativa del conjunto, cuesta creer que un 10% menos en las jubilaciones BPS haya sido un “obstáculo monumental” para cambiar de régimen.
Coincido sí, obviamente, en la necesidad de que el debate acerca de la propuesta del PIT-CNT contraponga datos ciertos y argumentos racionales para ilustrar todos los aspectos de la cuestión. En este sentido, los partidarios del SI están en deuda con la ciudadanía. Apelan a la emoción más que a la razón. Nos conmueven diciéndonos qué bueno sería pagar mejores jubilaciones y pensiones pero no explican cómo van a financiarlas después que se acaben los 23.000 millones de dólares que quieren confiscar (con evidente y grave menoscabo de la seguridad jurídica, que tampoco desvela al PIT-CNT).
Los estudios técnicos estiman que ese dinero podría durar entre 13 y 15 años, si se destinara exclusivamente a pagar jubilaciones y pensiones (lo que no resulta del texto de la papeleta, agrego yo, que deja a la ley reglamentaria la definición de los fines y los beneficiarios del fideicomiso a crear). ¿Y después, qué? “Hay tiempo para pensar”, “mañana se verá…”; de esta calidad son las respuestas.
A contramano de la demografía, prescindiendo de estudios actuariales e ignorando la opinión de los economistas de todos los partidos políticos, a puro voluntarismo y demagogia, se le propone a la ciudadanía incrustar en la Constitución una reforma impagable que aumentará el déficit, los impuestos, la emisión monetaria y la inflación y reducirá la inversión pública y privada, el crecimiento y el empleo; pero todo, eso sí, en nombre de la solidaridad y la justicia social.
Esta es la colosal falacia que hay que combatir.
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