Aunque fue respaldado por la bancada oficialista y sigue atornillado a su sillón, el Ministro del Interior Luis Alberto Heber protagonizó uno de los episodios más vergonzosos que registra la memoria colectiva, durante su comparecencia, en condición de interpelado, ante el pleno de la Cámara de Representantes.
En la oportunidad, el Secretario de Estado admitió –sin ruborizarse- la ocurrencia de reiteradas fugas de las cárceles y la violación de los derechos humanos en el sistema carcelario.
Obviamente, después de esas explícitas confesiones, debió renunciar para no seguir siendo parte de esta farsa. Sin embargo, permanece en el cargo, corroborando que es un inepto y un caradura.
Si bien a priori resulta plausible esa actitud de no eludir responsabilidades, el interpelado, para justificarse, acudió nuevamente al manido pretexto de la presunta herencia maldita derivada de los gobiernos anteriores. “Da vergüenza lo que son las condiciones de reclusión”, afirmó el gobernante, al tiempo de calificar algunos espacios carcelarios como “un infierno”.
Más allá que en el pasado también existían situaciones aberrantes que afectaban la dignidad y los derechos de las personas privadas de libertad, no menos cierto es que se registraron sustantivas mejoras en las condiciones de habitabilidad de los espacios de reclusión y bajó la tasa de hacinamiento, que, hasta 2005, era realmente explosiva.
Empero, resulta inadmisible que se intenten justificar situaciones ciertamente injustificables, con el mero argumento que la nueva administración heredó un contexto complejo.
Hoy, la responsabilidad de lo que está sucediendo es pura y exclusivamente del gobierno de turno, que, con amplias mayorías en el Parlamento Nacional, detenta todo el poder para tomar decisiones y corregir eventuales irregularidades.
¿Por qué el oficialismo no votó más recursos presupuestales para mejorar la situación carcelaria, en vez de ahorrar 600 millones de dólares en plena crisis, tomando en cuenta que la población de personas privadas de libertad ha crecido sustantivamente a la luz de la aplicación de nuevas figuras delictivas?
En tal sentido, no parece pertinente que el Ministro exhiba como un logro que, en los primeros siete meses de este año, sólo se registraron 19 fugas de cárceles uruguayas. En tal sentido, se permitió la osadía de comparar este número con cifras de años anteriores, registradas en un contexto diferente.
Es claro que el escape de un preso -máxime si es peligroso- siempre representa una amenaza para la sociedad y para la seguridad pública, que tanto este gobierno prometió mejorar. En efecto, si los reclusos se siguen escapando, es porque la tarea de custodia no es la más adecuada y, en el caso concreto del penal de Santiago Vázquez (ex Comcar), las culpas recaen también sobre el Ministerio de Defensa Nacional, ya que la custodia perimetral del establecimiento está a cargo de efectivos del Ejército.
Por supuesto, incurrió en nuevas contradicciones cuando fue interrogado sobre la sonada fuga del narcotraficante Hugo Pereira- luego recapturado- quien se evadió precisamente de la Unidad Nº 4 de Santiago Vázquez, sin que nadie se percatara de ello, pese a que se trata de un delincuente pesado cuya custodia demandaba máximas precauciones.
A ello se sumó, en menos de dos meses, la fuga de un recluso primario del penal Las Rosas del departamento de Maldonado y de Stefanía Quirque, quien tenía una extradición pendiente a Brasil por un delito asociado al narcotráfico.
Sobre ella –que estaba confinada bajo el régimen de prisión domiciliaria a la espera de la extradición al vecino país- pesa una alerta roja internacional de Interpol.
Asimismo, anteriormente estuvo privada de libertad por intentar matar tres veces a la esposa de su pareja. Ello corrobora que se trata de una persona peligrosa que igualmente se pudo fugar, porque la vigilancia policial no fue la más adecuada.
Aunque en este caso el Ministro Heber culpó a la Justicia, la responsabilidad de la custodia de esta criminal era de absoluta responsabilidad de la Secretaría de Estado que él encabeza.
A ello se añade, naturalmente, el infierno que padeció un preso en el módulo 11 también del ex Comcar, quien fue extorsionado, secuestrado, torturado y violado por otros reclusos durante no menos de dos meses. La respuesta de Heber, quien no ocultó un sentimiento de estupor, fue trasladar al funcionario responsable a otra unidad, pese a que, como mínimo, debió ser sancionado, sumariado y eventualmente destituido.
El Secretario de Estado también se defendió, como pudo, cuando se le planteó que hay 93 denuncias de abuso policial radicadas ante la Fiscalía por defensores de oficio. Por supuesto, Heber no tiene explicaciones para esa ni para otras imputaciones, porque carece de las cualidades mínimas para desempeñar un cargo de tanta responsabilidad.
Sin embargo, se permite mentir flagrantemente cuando afirma, sin pudor ni pruritos, que, si se anulan los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración en el referéndum que se dirimirá en 2022, “habrá que abrir las cárceles”.
La falacia se demuestra sola: ninguno de los 33 artículos recurridos sobre seguridad anula los incrementos de penas por delitos graves, que ya son cosa juzgada. También en este caso, Heber, que en su condición de Ministro no debiera participar en la campaña de defensa de la cuestionada norma, falta a la verdad.
Pese a todo, seguirá atornillado a su sillón ministerial, porque es un perrito faldero funcional al Presidente de la República.
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