La epidemia global de Coronavirus que nos impacta con singular intensidad desde el viernes 13 de marzo, cuando se confirmaron oficialmente los primeros infectados, habilita más de una reflexión con respecto a las fortalezas de nuestro Uruguay para enfrentar tan compleja contingencia.
Si bien ninguna nación del planeta parece estar exenta de esta temible patología cuya velocidad de propagación ha puesto en jaque a los sistemas sanitarios, lo crucial es la capacidad de respuesta de cada país para afrontar este inédito desafío.
Este auténtico escenario de desastre, que sólo es extrapolable a las grandes plagas que otrora azotaron a la humanidad con consecuencias devastadoras, como la peste Bubónica, el cólera, la sífilis o el SIDA, entre otras, pone a prueba los revolucionarios adelantos científicos del presente.
Sin embargo, no es suficiente con los conocimientos acumulados, la formación académica y la experiencia para afrontar estas situaciones dramáticas.
También se requiere estar preparado como Estado y como colectivo para conjurar las emergentes consecuencias sociales de esta pandemia.
Hace apenas quince días, el debate político giraba en torno al impacto del tarifazo asestado sobre la población por el gobierno multicolor, la devaluación del peso y el inminente envío al Parlamento de la ley de urgente consideración.
Empero, como sucede con otros acontecimientos exógenos, como la alta volatilidad del dólar, la estrepitosa caída de las bolsas en las más importantes plazas financieras y la depreciación del valor del barril de petróleo, la irrupción del Coronavirus modificó radicalmente las rutinas de los uruguayos y las diversas variables de la actividad productiva.
En ese contexto, el gobierno de derecha encabezado por Luis Lacalle Pou debió apelar a múltiples fortalezas heredadas de las administraciones progresistas, tan criticadas y escasamente valoradas por la necedad y la soberbia del nuevo oficialismo.
Una de ellas es el Plan Ceibal, uno de los buques insignia de la primera presidencia de Tabaré Vázquez, que permitirá garantizar, en buena medida, la continuidad educativa y la interactuación a distancias entre docentes y alumnos mientras las escuelas y liceos permanezcan cerrados. Si mal no recordamos, la hoy senadora nacionalista Graciela Bianchi afirmó que este proyecto generaba “idiotas informáticos”.
Otra fortaleza es Alur, empresa industrial de gestión estatal fustigada hasta el hartazgo por la derecha por ser presuntamente deficitaria, que hoy está trabajando a tope para elaborar el alcohol líquido y el alcohol en gel, dos productos indispensables para la higiene de la población uruguaya que soporta estoicamente los embates del Coronavirus.
No le va en zaga la inédita conectividad, concretada gracias a las cuantiosas inversiones realizadas por Antel durante los gobiernos del FA con acceso virtualmente universal, sin la cual sería imposible desarrollar la modalidad de teletrabajo desde los hogares como medida preventiva para mitigar los efectos del contagio.
Adicionalmente, el Plan Ibirapitá, proyecto de inclusión digital que favorece a los jubilados de menos recursos, posibilitará que nuestros ancianos no queden aislados en un momento tan dramático.
En esa misma línea va la tan cuestionada inclusión financiera que está amenazada por las draconianas propuestas del gobierno, que permite canalizar el pago de sueldos y jubilaciones a través del sistema bancario y las transacciones comerciales mediante las tarjetas de débito. La utilización de estas valiosas herramientas reduce el riesgo de contagio masivo, por la escasa manipulación de dinero y la eliminación de concentraciones humanas.
Tampoco es un tema menor la solidad financiera que ostenta actualmente el país, con altos niveles de liquidez y reservas, así como el acceso a créditos internacionales contingentes para atender situaciones de emergencia, basado en la confianza devengada de administraciones serias y responsables. Ello corrobora que el despilfarro denunciado por el bloque conservador era una incalificable falacia.
Gracias a esos recursos, será posible diferir pagos de tributos y aportes de pequeñas y medianas empresas, otorgar créditos y reforzar los recursos destinados a atender los requerimientos de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Naturalmente, esta asistencia estatal será administrada por el Ministerio de Desarrollo Social, que, como se recordará, fue creado hace quince años por el primer gobierno frenteamplista para afrontar la galopante emergencia provocada por la crisis del 2002, de la cual fue responsable el último gobierno de coalición blanqui-colorado.
Por supuesto, el Estado cuenta con recursos suficientes para atender la cuantiosa erogación financiera originada por los masivos envíos al seguro de paro, en respuesta al cese de actividades en diversos sectores productivos.
Durante las presentaciones oficiales desarrolladas en la Torre Ejecutiva en las cuales fueron anunciadas las medidas para enfrentar la emergencia sanitaria, el gobierno de derecha encabezado por Luis Lacalle Pou no tuvo la honestidad intelectual de destacar el aporte de las administraciones frenteamplistas.
Esa deliberada omisión sintoniza con el espíritu de un bloque conservador que se ha dedicado a fustigar a la izquierda, mediante la falacia y la tergiversación de la verdad.
No queremos imaginarnos qué hubiera sucedido si le epidemia de Coronavirus se registraba en 2002, en un país devastadora por la peor crisis económica y social de la historia provocada por el bloque conservador.
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