El agrio debate que precedió a la votación del Impuesto de Emergencia Sanitaria 2 COVID 19 –que grava los salarios públicos y las jubilaciones de más de 120.000 pesos nominales y también la retribución de los cargos políticos- corroboró la existencia de dos modelos antagónicos de país.
En el marco de un debate cruzado en el Senado, en el cual la nacionalista Carmen Asiaín mintió flagrantemente al afirmar que el Frente Amplio no votó el impuesto, se enfrentaron el bloque conservador oficialista y el progresista. Basta remitirse a la versión taquigráfica para comprobar la falsedad de la acusación.
Si bien nadie objeta que los trabajadores públicos y pasivos que perciben ingresos más altos contribuyan a financiar el fondo destinado a atender las consecuencias de la pandemia, es evidente que la ley establece una intolerable discriminación.
Si bien nadie niega que los trabajadores del Estado gozan del privilegio de la relativa inamovilidad- salvo causas jurídicamente fundadas – ello no obsta a que no sean afectados por la crisis.
El propósito no es hacer una apología de los empleados estatales que perciben altos salarios, incluyendo naturalmente cargos jerárquicos en empresas públicas y bancos del Estado. No obstante, ellos también, al igual que sus colegas de bajos o medianos ingresos, padecen la brutal rebaja salarial decretada por el gobierno multicolor.
Al igual de lo que sucedió en 2020, lo que sí chirria es la brutal inequidad en el sentido que algunos sectores de la sociedad uruguaya aporten a tan loable propósito de financiar las erogaciones que demanda la atención de la emergencia sanitaria y social y otros sean exonerados.
Es bien sabido que los trabajadores del sector privado han padecido todas las consecuencias de la crisis, con masivos envíos al seguro de paro, despidos y rebaja salarial.
Sin embargo, en este caso nos estamos refiriendo a los cargos gerenciales, que en muchos casos perciben sueldos en dólares y al gran capital, que ha permanecido al margen y, sin generar ningún empleo, sigue gozando de beneficios impositivos.
La discusión en el ámbito del Poder Legislativo corroboró, una vez más, quién es quién en el juego político y de qué lado del mostrador están el bloque multicolor y el progresista.
No en vano, la bancada del Frente Amplio propuso aditivos que resultan pertinentes, promoviendo aplicar también el impuesto a los altos ingresos del sector privado, aumentar la presión impositiva a los contribuyentes del Impuesto al Patrimonio que hayan tenido resultados económicos positivos y gravar los depósitos de uruguayos en el exterior, que ascienden, aproximadamente, a los 8.000 millones de dólares.
Si se hubieran acogido los agregados de marras, la recaudación crecería sustantivamente, lo cual permitiría financiar –con mayor oxígeno- las erogaciones demandadas por la crisis.
Tal cual se votó, este impuesto, que el año pasado logró recaudar apenas 30 millones de dólares, ahora, en función del ajuste de sistema de franjas por ingreso, aportará no más de 10 millones de dólares.
No sorprende que el gobierno y la coalición que lo sostiene, opte por repetir la receta del año pasado y no le toquen ni un pelo a los sectores más privilegiados. No en vano, el Presidente de la República Luis Lacalle Pou, ha reiterado que la salida de la crisis la deben liderar quienes él denomina los “malla oro”.
Estos son quienes detentan la propiedad privada de los medios de producción, que, en menos de un año, destruyeron 60.000 fuentes de empleo y enviaron a casi 200.000 trabajadores al seguro de paro.
Como siempre, las crisis las pagan siempre los sectores de ingresos fijos, por la sistémica lógica perversa de la privatización de ganancias y la socialización de pérdidas.
Más allá de los estragos provocados por la pandemia en todo el planeta, un gobierno que se aferra a su rígida ortodoxia ideológica e insólitamente ahorra en lugar de invertir para mitigar los efectos más devastadores de la emergencia social, no tiene ninguna autoridad moral para acusar de nada a la oposición.
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