Resulta poco frecuente cuestionar procederes amplia y socialmente aceptados: en esta oportunidad lo haré dando una opinión personal, anticipándome a ofrecer disculpas por exponer en un tema que es reservado a grandes pensadores. Entiendo sobre derecho penal aquel que sirve para contener las manifestaciones de ejercicio irracional del poder punitivo. Parto de que la sentencia es el acto de un poder del Estado: entonces es un acto político de la autoridad.
Algunos grandes males que se pretextaron para amenazar a países y -en términos más abarcadores- al mundo, fueron una permanente estafa, presente y reincidente por siglos en la historia humana: se amenazó con infinitos males de diversa naturaleza, desde brujas, el diablo, los herejes, la sífilis, hasta la guerra fría I, el comunismo internacional, el terrorismo o las drogas. En función de las amenazas se ejerció un poder punitivo ilimitado. Este acto del Estado no resolvió ninguno de los males que inventó para expandirse, lo cual sugiere la idea que estuvo al servicio de otros intereses. Se reitera el error de creer que ese poder debería resolver algún problema, que atacaría amenazas que procuraran destruirnos; cada uno de estos males -sostenido ideológicamente- venía relacionado, imbricado, envuelto de discursos que prometían concedernos un paraíso, aderezado por pensamientos con claros dejos spencerianos, cuando no desatinadamente panglossianos.
Entretanto, el derecho penal verdadero es distinto: nace como deseo libertario desde los pueblos. En América Latina se han producido, en las etapas referidas, momentos de altas y bajas, estas con alta represión. El poder sancionatorio en nuestras tierras, por regla general, no fue formal, afirma (y adhiero) el argentino Raúl Zaffaroni (*): “no pasaron a través de jueces la esclavitud ni la explotación que casi extingue a nuestras poblaciones originarias. Fuimos ocupados policialmente en el colonialismo originario. Las oligarquías pretendían estar llevando a cabo una labor humanitaria; venían a cumplir esa benéfica labor de gobernar a la masa informe que todavía no había adquirido conciencia. Su ejercicio de poder punitivo era, fundamentalmente, policial.”
Los gobiernos progresistas, con intenciones de estado de bienestar socialdemócrata, cometieron errores, a veces autoritarios, a veces paternalistas. Pero sumadas todas las fallas de los gobiernos populares, empalidecen frente a las infelicidades en que incurrió la derecha para contener la ampliación de la base ciudadana real que esos períodos posibilitaron. Así entiendo que cuando las derechas accedieron (de alguna forma) a los gobiernos, utilizaron el poder judicial para estigmatizar a líderes políticos de lo que llamaron izquierda.
Según el poder emergente de las cadenas informativas internacionales y los medios hegemónicos en cada país, antes, durante o después de su paso por los gobiernos, políticos del hemisferio norte, mayoritariamente, se ubicaron como consejeros o lobbistas de transnacionales, que no están manejadas por dueños del capital, como en el viejo capitalismo productivo: las conducen los chief executive officers (CEOs), tecnócratas que, si no cumplen la misión de conseguir la mayor ganancia en el menor tiempo son defenestrados.
Según se ve, van cayendo obstáculos éticos y legales, dando forma a un totalitarismo financiero que está rodeado por agentes inmorales. Basta encender la televisión y escuchar un comunicador para darse cuenta que se está ante un promotor político en campaña permanente para fabricar candidatos que destruirán la economía mediante los endeudamientos: es el neocolonialismo que se le continúa imponiendo a las naciones periféricas.
Lo inicial es imponer un sistema 30-70%. Así, piensan que el 70% a controlar se hará -en algún momento- con blindados cercando favelas, callampas, villas miserias, ciudades perdidas o desalojando los asentamientos. A algunos los aislarán en campos de concentración, mal llamados cárceles o institutos penitenciarios, donde hay una superpoblación del 200% al 300%. Estos territorios cercados son manejados por capos de alguna organización de delincuentes que comúnmente toma el control interno. Ahí les “dan clases” a infractores primarios y los reclutan.
Estimo que la población penal ha de tener hasta 20% de privados de libertad por delitos mayores, reiterados, y los demás deben englobarse como delincuencia juvenil mínima. Encarcelan al adolescente -al que previamente excluyen de la escolaridad mediante detención en recintos para menores- y lo tienen encerrado cierto tiempo. Subestimado, modificadas sus percepciones acerca del mundo, cuando “egresa” seguirá delinquiendo. Zaffaroni dice “se lo pone en la puerta con un certificado de incapacidad laboral absoluta”.
Las conclusiones de lo anterior indican que cuanto más pobre es el sujeto, más riesgo de victimización corre; mientras muchos al sentirse agredidos reclaman más castigos. Ese es el método: los propios excluidos lo solicitan y explica -en parte- por qué algunos desempleados, pobres y asalariados votan por oligarcas o sus servidores.
Los jueces, no nacen, se hacen; la sensación, es que lo que se les enseña son teorías jurídicas normativistas cerradas a cualquier dato de la realidad para el silencio de las mayorías judiciales -que sirven única y justamente para la legitimación del valor de la carrera. Toma su lugar, en varios casos, el caos social, mientras algún “inteligente” envía al ejército a cumplir funciones policiales en las que sin conocimientos, se equivocan, atropellan y pierden el respeto de la población. Ese escenario es el preferido del imperio y su maquinaria, en especial si contiene una parte de criminalización a los dirigentes populares.
La esperanza que nos sostiene recurre a la consigna de resistir social e intransigentemente a seguir con la lucha anticolonialista en esta etapa de financierismo tardío.
(*) Zaffaroni, R. El autor tuvo presente la intervención en Estado, política y democracia en América Latina del ex magistrado.
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