La diputada frenteamplista Bettiana Díaz le propinó una demoledora paliza a la Ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, refutando la mayoría de sus explicaciones, durante la interpelación transcurrida en la cámara baja, que desnudó la inconsistencia del discurso oficialista.
La tensa instancia corroboró que este gobierno es pura improvisación, ya que es rehén de su ortodoxia económica y de sus compromisos con la clase dominante y con un modelo paradójico, que mixtura el crecimiento económico con la exclusión.
Ni las últimas medidas económicas destinadas a asistir a la población vulnerable, que son tardías, insuficientes y de escaso impacto, lograron diluir esa realidad,
En la oportunidad, la titular del MEF ratificó la falta de rumbo y creatividad del Poder Ejecutivo para enfrentar situaciones complejas. En ese contexto, durante el llamado a sala, la Secretaria de Estado apeló a las excusas y los falaces argumentos de siempre: la supuesta herencia maldita de los gobiernos progresistas, los efectos de la pandemia y el contexto internacional adverso, ante el cual el gobierno no ha sabido reaccionar ni con la celeridad ni con la eficiencia requeridas.
En tal sentido, el relato de manual de Arbeleche fue una consumada pieza de política ficción, que presenta un país en pleno crecimiento hacia estadios de prosperidad, sin reconocer el daño provocado por las políticas de recorte de gastos e inversiones del 15% contenidas en el decreto de 90/2020 y en la ley de presupuesto, que lastró recursos en áreas estratégicas de atención tan prioritaria como la educación, la salud y la vivienda, más allá de refuerzos en las prestaciones sociales meramente coyunturales destinados a atender los desastres de la pandemia.
En la oportunidad, Azucena Arbeleche reiteró que es una tecnócrata obtusa y dogmática, para quien las únicas prioridades son el abatimiento del déficit fiscal, el equilibrio macroeconómico y el mantenimiento del grado inversor, siguiendo las recomendaciones, que tienen rango de mandato, de los organismos financieros internacionales y de las calificadoras de riesgo, que, mediante la extorsión, transforman a los gobiernos de los países periféricos como el nuestro, en auténticos títeres.
¿Cómo hará el gobierno para cumplir con su compromiso de recuperación salarial manteniendo su ortodoxia contractiva y restrictiva, que ha generado una caída en picada de los ingresos de los trabajadores y jubilados? En tal sentido, el paquete de medidas adoptado hasta el momento no contempla la grave coyuntura.
Durante la instancia parlamentaria, la diputada Bettiana Díaz, calificó de tardías e insuficientes las medidas adoptadas para reducir los deletéreos impactos de la espiral inflacionaria. Asimismo, cuestionó, con pruebas y documentación irrefutable, los indicadores en materia de empleo y pobreza que impactan, con rigor, a vastos sectores de la población.
Por supuesto, fustigó la rebaja de salarios y jubilaciones que abarca ya dos años, que se ha traducido en una innegable merma del consumo de las familias que marcan las estadísticas de las ventas, particularmente del comercio minorista proveedor de alimentos.
Obviamente, y aun admitiendo que hay un componente de inflación importada, atribuible al aumento de la cotización internacional de las materias primas, que calificó de “huracán de cola”, la legisladora responsabilizó al gobierno por la carestía, que atribuyó, con toda razón, al efecto dominó provocado por los permanentes ajustes del valor de los combustibles.
En ese contexto, criticó ácidamente el nuevo mecanismo de fijación de tarifas de los productos que elabora Ancap que impacta en el bolsillo de la población y en los costos de producción, acusando al gobierno de “trasladar toda la volatilidad a los consumidores”.
Naturalmente, los ocho aumentos de los combustibles dispuestos por el Poder Ejecutivo desde enero de 2021, han disparado los valores promedialmente en un 40%, provocado un efecto de cascada de incrementos, que afectan costos de producción e insumos, transporte y logística. Ello generó, por ejemplo, una estampida de los valores de los alimentos, que socavan particularmente a la población más carenciada.
La radical diferencia con lo sucedido en los gobiernos de izquierda, es que había incrementos salariales reales para enfrentar el aumento del IPC y hoy, según la interpelante, “los salarios y jubilaciones no han parado de caer”.
Con respecto a la pobreza, la representante frenteamplista criticó la incongruencia existente entre las cifras del Ministerio de Economía y las divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística y los gruesos errores cometidos en la información difundida, destacando que aun hay 66.000 pobres más que en 2019, situación que afecta particularmente a la población infantil, donde se ha verificado el mayor porcentaje de pobres.
Otro tanto sucede con la tasa de desocupación, que bajó estadísticamente, porque miles de personas desalentadas ya no buscan trabajo y por empleos transitorios -los jornales solidarios- remunerados con la irrisoria suma de 6.250 pesos.
En el ilusorio espejismo del gobierno, la riqueza crece, hay empleo digno y ayudas sociales suficientes. En el Uruguay real, hay ollas populares, caen los salarios y las jubilaciones, hay casi 900.000 trabajadores que subsisten con menos de 25.000 pesos, casi un millón de uruguayos en el clearing por la imposibilidad de pagar sus deudas y 9.000 millones de dólares más en las cuentas bancarias de la clase social privilegiada.
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