El procesamiento del ex comandante en jefe del Ejército general Juan Modesto Rebollo por su participación en el asesinato de tres mujeres el 21 de abril de 1974, en plena dictadura, constituye un tardío pero loable acto de justicia con uno de los crímenes más deleznables y aberrantes del período más oscuro de nuestra historia reciente.
La masacre de las jóvenes permaneció impune durante 48 años, luego que los delitos perpetrados por militares fueron perdonados en diciembre de 1986, en el marco de la ilegal Ley de Caducidad, sancionada por el engendro blanqui-colorado y rechazada por el Frente Amplio.
La consecuencia de este acto de complicidad abiertamente inconstitucional fue el archivo de los expedientes penales que imputaban a los delincuentes uniformados hasta 2005, cuando el primer gobierno del Frente Amplio le desató las manos a la Justicia y permitió el procesamiento y encarcelamiento de notorios criminales, entre ellos los dos ex dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez, José “Nino” Gavazzo, Luis Maurente, Manuel Cordero, Jorge “Pajarito” Silveira, José Arab, Ricardo Medina y Gilberto Vázquez, entre otros.
Sin embargo, por falta de pruebas y el recurrente silencio del estamento castrense, varios crímenes permanecieron impunes. No obstante, siguieron las indagatorias que concluyeron en nuevas condenas, tanto en el segundo como en el tercer gobierno del Frente Amplio y hasta en el hoy presidido por Luis Lacalle Pou, quien pese a las demandas de su socio Cabildo Abierto, no ha interferido con el accionar de la Justicia.
Desde la instalación del nuevo parlamento el 15 de febrero de 2020, el Partido Cabildo Abierto, liderado por el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, quien perpetró el delito de omisión al no informar en tiempo y forma las confesiones de Gavazzo ante un tribunal militar, inició una furiosa ofensiva contra la Fiscalía.
En efecto, Manini, que sigue indebne porque se amparó cobardemente en sus fueros para no comparecer ante la Justicia por encubrir al militar de marras, quiere reinstaurar la impunidad y propone a sus socios de la coalición multicolor la sanción de una nueva amnistía para los represores.
El procesamiento de Rebollo –quien comandó el Ejército durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera- fue para él la gota que rebasó el vaso y el detonante de una nueva andanada de críticas y cuestionamientos al Poder Judicial.
A su voz se sumó la del senador Guillermo Domenech, quien compartió con Manini la enrevesada tesis de que el fallo judicial está inspirado en la venganza y en ánimos revanchistas ,y justificó, sin mayor pudor, el asesinato de Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanik, denominadas, simbólicamente por las organizaciones de derechos humanos, como “las muchachas de abril”.
Obviamente, el relato de Cabildo Abierto coincide plenamente con el testimonio de los participantes en ese luctuoso operativo de 1974, cuando las tres jóvenes fueron ejecutadas sin piedad, pese a que era meras colaboradoras y desempeñaban tareas de apoyo logístico a la guerrilla. Empero, según todas las evidencias que están en poder de la Justicia, jamás empuñaron un arma.
En aquella oportunidad, en el transcurso del procedimiento también murió un militar y otro fue herido, pero, según se pudo probar fehacientemente, fueron atacados por error por sus propios camaradas, en el marco de un operativo bastante caótico.
El Fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciaballe, antes de solicitar el procesamiento del Rebollo, recabó toda la información indispensable y, para emitir su dictamen, se basó en reportes de los peritajes forenses y en testimonios de vecinos.
De ese modo, pudo reconstruir los acontecimientos y determinar responsabilidades penales, en base a una batería de pruebas que- por su solidez- resultan irrefutables. Con el voluminoso expediente a la vista, la jueza Isaura Tórtora determinó el procesamiento del imputado.
Por supuesto, el planteo de la Cabildo Abierto, que solamente fue compartido por el ex fiscal y diputado colorado Gustavo Zubía, se transformó en reclamo al presidente Luis Lacalle Pou, con el propósito de que apure la sanción del proyecto de ley que determina prisión domiciliaria para los mayores de 65 años, que no cuenta con el apoyo de los otros socios del oficialismo.
Como se recordará, en la madrugada del 21 de abril de 1974, efectivos militares y policiales abrieron fuego en un apartamento en el barrio Brazo Oriental. En el interior había tres mujeres: Silvia Reyes, y dos amigas, Laura Raggio y Diana Maidanik, ambas estudiantes de psicología, quienes se habrían quedado a estudiar y dormir. Las tres eran militantes del MLN, pero se dedicaban únicamente a distribuir volantes y jamás habían disparado un arma.
Fueron cobardemente asesinadas en un confuso operativo, en el cual tiradores apostados en los tejados aledaños dispararon con armas automáticas e impactaron a dos de sus propios compañeros, que confundieron con guerrilleros, quienes previamente habían derribado la puerta de la vivienda. Luego urdieron la mentira del tiroteo –que fue desestimada- para justificar su aberrante crimen.
El procesamiento del asesino Juan Rebollo, que insólitamente se cumple en régimen de prisión domiciliaria, agitó la letrina del gobernante partido militar y del Centro Militar-una auténtica madriguera de golpistas-que reclamó al gobierno que “le ponga coto a la Justicia”, en una actitud antidemocrática que compartió también el ex presidente Julio María Sanguinetti.
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