¿Libertad responsable o marche preso?

La epidemia nos golpea duramente y en estos días volvió a discutirse en el parlamento el proyecto de ley para castigar con prisión a quienes caigan en conductas irresponsables para evitar contagios. ¿Es viable condenar a la cárcel a los que mediante actitudes irresponsables pongan en peligro a otros y les contagien Covid? ¿Tienen capacidad la policía, los fiscales y la justicia de implementar esto? ¿Puede considerarse un ataque a la libertad individual? ¿Cómo se comprueba el supuesto delito? ¿Quién determina cuál es una actitud peligrosa? ¿Cómo se conjuga la libertad responsable con el punitivismo por no practicarla? ¿Se corre el riesgo de caer en un Estado autoritario? ¿Debería alcanzar a las autoridades que por impericia o negligencia toman o dejan de tomar medidas que no dan los resultados esperados para contener la propagación del virus? ¿No sería mejor realizar campañas de concientización de la gente? ¿No llega tarde un proyecto de ley de estas características?

Vivir en tiempos de pandemia por Gonzalo Abella

Hay dos premisas que facilitaron la pandemia: 1) la industria capitalista de la alimentación confina y concentra miles de cerdos y aves, y los convierte en engullidores sin descanso de hormonas. Sus organismos inmuno- deprimidos son la fiesta mutante de los virus. 2) El cambio climático y los agrotóxicos obligan a muchos animales silvestres (portadores de virus) a aproximarse más a las poblaciones humanas. Una tercera premisa es posible: aunque la OMS reafirme que no hubo intención humana, la visita de científicos yanquis a Wuhan dos meses antes de que se iniciara la pandemia coincidió con victorias estratégicas de China en el mercado mundial de la industria y la tecnología. La guerra bacteriológica tiene 400 años; de la virológica sabemos poco.

Las consecuencias de la pandemia son más evidentes que las causas, y desnudan la crueldad del imperialismo, y la incapacidad de un sistema de responder cuando un fenómeno (generado artificialmente o no por sus propios agentes) se les escapa de las manos. La distribución de las vacunas es un ejemplo. El descenso del smog en varias megalópolis, y la vuelta de la fauna marina a los canales de Venecia, también nos demuestran que el Capitalismo es la muerte lenta de todo lo que necesitamos para vivir. Este es el siglo para sepultarlo-

No se puede hablar de cuáles son las medidas correctas sin algunos elementos de contexto. Comparemos el proceso de la Pandemia en China y en la India. Ambos territorios tienen casi la misma población, y ambos fueron saqueados por el colonialismo hasta bien avanzado el siglo XX. Pues bien: el país que tiene más centralizada y planificada su economía (aunque esté lejos de ser socialista) pudo tomar medidas preventivas; en cambio, el entretejido de cientos de millones de seres humanos que sobreviven en los poros informales del Estado indio capitalista, le impide a éste tomar las medidas más elementales de higiene y distancia física.

La Pandemia existe. El “negacionismo” fue una elaboración de las corporaciones de la industria pesada, de los Bolsonaro y los Trump, que necesitaban que los obreros volvieran a sus fábricas para no detener el proceso de generación de plusvalía. Con medias verdades engancharon en red a mucha gente con pensamiento antisistema. El otro sector del gran Capital, los laboratorios, el capital especulativo y  y los que están a la vanguardia en la transferencia de datos, se enriquecieron como nunca.

Con mayor o menor celeridad, los gobiernos van comprendiendo que la vacunación masiva es necesaria y que hay medidas de prevención y exigencias de comportamiento responsable a la ciudadanía que son inevitables.  Hasta algunos gobiernos neoliberales han terminado por tomar resoluciones razonables, encarando la protección de su ciudadanía como en una guerra defensiva. Esto nos recuerda la actitud del reaccionario gobierno británico en 1943, ante los bombardeos a Londres. Por entonces, proteger a cada mujer trabajadora de Londres no era un gesto altruista; era garantizar que funcionaran los hospitales, las comunicaciones, el transporte.

Por otra parte, la Pandemia permitió a los servicios de inteligencia innovar y perfeccionar diversos sistemas de vigilancia permanente sobre la población mundial. Debemos prever que estos mecanismos llegaron para quedarse y en caso de abusos de autoridad habrá que enfrentarlos.

Ya hoy, para las organizaciones políticas pequeñas y sin recursos propios, como la Unidad Popular, la Pandemia se ha vuelto una complicación extraordinaria. Recurrimos a reuniones de a dos y de a tres al aire libre con la debida distancia física, a la  transferencia de propuestas y resoluciones vía e- mail, a las video conferencias, y fue necesaria la postergación de su máximo instancia democrática, que es el Encuentro nacional.

Pero no podemos someternos a la dependencia tecnológica. Cuando el centro de trabajo o estudio se pierde o se vuelve virtual, se complica la inserción de nuestra gente en su ámbito natural, pero siempre queda el barrio. El barrio no es virtual y allí está el comienzo de la reconstrucción para la lucha social, por ejemplo, contra la reforma reaccionaria de la Seguridad Social. De ahí el salto a otros niveles de organización exige creatividad y audacia, por medios tecnológicos y artesanales. Para las organizaciones políticas pequeñas, moverse bajo las medidas necesarias por la Pandemia puede ser un buen ensayo para enfrentar futuras dificultades.

La libertad en estado de peligro por Milton Romani

¨Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo¨ canta Serrat los versos de Miguel Hernández que supo morir por ellos. Encarcelado por los fascistas antirrepublicanos. Concepto de lucha por la libertad en las antípodas de nuestros pretendidos liberales. Algunos liberales. La realidad, ha llamado a otra escuela ideológica, la del pragmatismo. En boca de Conrado Hughes ¨soy liberal, pero no idiota¨

La ambigüedad esencial de estos cruzados por la libertad se expresa en el dogma de debilitar al Estado. Estado mínimo, pero no en su faz represiva. Verbigracia, en pandemia se expresa la libertad de la economía, pero la represión aumentativa para ¨las aglomeraciones¨ con una represión, siempre selectiva. Con un sentido de clase similar a la extraña libertad irresponsable de perseguir clubes cannabicos pero aflojar los controles de lavado de dinero.

Ahora el intento de una nueva figura penal, para seguir mandando gente a la cárcel…por presumir que está en un ¨estado peligroso¨ (indemostrable) e insólitamente a encerrarlo para que siga propagando su peligrosidad entre los presos, o impedido de realizar tareas comunitarias, termine en su domicilio. Absurdo. Esto desnuda a liberales inconsecuentes que ni de liberales ni de responsables tienen un corno. Están a la derecha de Cabildo Abierto. Que es mucho decir.

Lo político por sobre lo jurídico

El proyecto de ley para crear un nuevo delito penal (otro más) tipificando conductas como ¨estado peligroso¨ ya ha sido demolido por prestigiosos juristas (Diego Caamaño, Juan Fagúndez, Germán Aller, y otros). No solo desde el punto de vista técnico jurídico. Sino además por su absoluta ineficacia, absurda, contradictoria incluso con fines sanitarios.

No es nuevo este pujo antiliberal. En plena dictadura iniciativas similares lo promovió el entonces Ministro de justicia Bayardo Bengoa. Resulta interesante leer un excelente trabajo académico del historiador Leandro Kierszenbaum Doctor en Historia en el Instituto Sverdlin de Historia y Cultura de América Latina en la Universidad de Tel Aviv.^[1] :

¨El jurista argentino Sebastián Soler consideraba en 1929 que la teoría de la peligrosidad anulaba las “tres columnas del derecho penal clásico”: “Nullum crimen sine legge; nulla poena sine lege; nulla poena sine crimen”. Esto implicaría tipificar estados de peligro predelictuales y no “actos concretos, hechos sino estados, formas de vida, etc.”. Con ironía ejemplificaba: “podríamos meter a todo el mundo en la cárcel como medida preventiva, y así no habría crímenes que cometer” También los juristas uruguayos Felipe Gil y Justino Jiménez de Aréchaga criticaban la idea del estado peligroso ya que ésta supondría una amenaza contra la libertad individual¨

Esto último es crucial, ya no desde lo jurídico. Desde lo político. Las libertades individuales. Más aún: desde lo ideológico que es el campo que la coalición de derecha y particularmente Lacalle Pou ha elegido como eje central de su accionar.

Ocurre que no solo es una paradoja del pretendido liberalismo, que una y otra vez, vuelve a mostrar su faz autoritaria y represiva. Es también una nueva inconsecuencia del pensamiento liberal. Siempre que aceptemos que estos neo, son liberales y que el liberalismo autentico y real en este país, murió definitivamente en el ocaso del Partido Colorado Batllismo. Todo intento de reanimarla, lamentablemente fracasó. La retirada de la política de Ernesto Talvi es un símbolo, desgraciado, de este fenómeno que ya había ocurrido en el partido de Batlle cuando Pacheco con apoyo de la Lista 15. Ganaron los primos reaccionarios de la lista 14, ganó el ruralismo con Bordaberry, ganó el riverismo y sus aliados de mando de Pedro Manini el abuelo. Peor aún: con un zurcidor letrado como Sanguinetti que ha calafateado desde la lógica única del poder. El herrerismo no es liberal. Es la venganza para erradicar todo lo que de batllista queda en Uruguay

Los liberales de ahora no son como los de antes.

La Sociedad de Mont Pelerín, fundada entre otros por Friederik Von Hayek, se reúne anualmente en Davos. Es la matriz que, con algunas imperfecciones de mal estudiantes, nutre a nuestro Presidente y algunos otros alumnos.

La Sociedad sostenía que hay acontecimientos de la crisis mundial, que fueron fomentados gracias al aumento de una visión de la historia que niega cualquier patrón de moral absoluta y por el auge de teorías que cuestionan la validez del imperio de la ley; también habrían contribuido una caída en la confianza en la propiedad privada y en el libre mercado, sin los cuales el final de la dispersión del poder y la libre iniciativa asociados a estas instituciones harían difícil concebir una sociedad en la cual la libertad pueda ser efectivamente preservada.

Una nueva generación de economistas liberales (Sitglitz, Schiller, Akerlof) desde otra perspectiva enfocan la dinámica económica con otro vuelo.  Ahora en pandemia, hasta el Fondo Monetario Internacional, que viene girando, recomienda medidas pragmáticas que colocan a nuestros lentos, perezosos y dogmáticos liberales. Porque en definitiva no solo se rinden a una realidad cruda y difícil, donde el vilipendiado Estado es nuevamente el escudo de los pobres y desvalidos, sino que despliegan estrategias sistémicas. En salvaguarda del modelo en su conjunto. Si se me permite la licencia poética: grandes empresarios que realizan estrategias a largo plazo y no bolicheros que defienden el costo beneficio de corto alcance.

La arrogancia del poder no es libertad.

La arrogancia no es signo de seguridad. La soberbia tampoco. El Presidente Luis Lacalle Pou se ha vanagloriado de ello y con su estilo ha logrado seducir a una parte de la opinión pública. Algunos periodistas y opinantes han creído ver en esta firmeza de no escuchar ¨ni al griterío ni a la tribuna¨ un rasgo relevante y rescatable del mandatario.

El ataque que se realizó contra el Sindicato Médico del Uruguay y a todas las sociedades médicas, Instituto Pasteur y UDELAR, y FEMI desde la máquina de trolls (hay una oficina de call center destinada a lanzar miles de mensaje por las redes de todo tipo, con miles de direcciones falsas) y declaraciones agresivas ha sido canallesco.

Ahora se tiene la osadía insensata de atacar a las ollas populares, pegarlas a la izquierda, como si fuera un estigma y condenar las reacciones solidarias de la gente. Al mismo tiempo que Lacalle Pou en reportaje a La Nación coopta y se auto adjudica este fenómenos, como rasgo de nuestra nacionalidad y de las respuestas que estamos dando.

Como dijo el Flaco Lamolle respondiendo a un editorial

¿Qué decís, El País? ¿Que la realidad le dio la razón a Bianchi? ¿Pero de veras no entendés que las burlas eran porque es OBVIO que las ollas, más allá de posibles excepciones, están ligadas a la izquierda? Es como decir que el hambre y la desocupación están ligados a la derecha.

A la Gran Siete

[1]Revista Contemporánea Historia y problemas del siglo XX | Año 3, Volumen 3, 2012, ISSN: 1688-7638

¿Libertad o muerte? Por Andrés Scavarelli

En estos días se debate en la Cámara de Senadores la modificación del artículo 224 del Código Penal que refiere a la “violación de las disposiciones sanitarias” y cuyo texto actual es el del repartido 267 de abril de 2021 con media sanción dada por la Cámara de Representantes.

Creo que es importante empezar conociendo la naturaleza del tipo penal propuesto, “tipo penal” es el equivalente semántico técnico a lo que comúnmente se refiere como “delito”.

Es importante tener en cuenta que si bien el delito actualmente existe se trata hoy de un delito de daño, es decir que requiere necesariamente que se produzca una modificación negativa en los hechos, por ejemplo, en este caso un contagio que derive en enfermedad o muerte.

Con la modificación propuesta este pasa a ser un delito de peligro abstracto, es decir que no se haya puesto efectivamente en peligro la vida humana, sino que la conducta sea descrita como peligrosa por una disposición sanitaria.

Esto se considera un “adelanto de la punición” es decir, el castigo se impone no cuando se produce el daño, no cuando la acción genera concretamente un peligro de daño sino cuando se realiza una conducta que una disposición gubernamental considera peligrosa.

Esa sería una primera característica del delito propuesto, la segunda es que se trata de lo que se llama una “norma penal en blanco” esto es que la conducta castigada no está descrita plenamente en el texto dejando en blanco una parte para que sea completada por disposiciones de rango inferior.

Se castiga entonces a quien se castiga a quien “pusiere en peligro efectivo” pero sin especificar más, de ahí que sea un peligro abstracto, “mediante violación de disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente”, sin aclarar que naturaleza ni rango normativo tendría esa disposición y de que órgano debe partir, si es el Poder Ejecutivo, un Ministerio o aún Intendencias o Juntas Departamentales. La interpretación de que es una disposición apta para ejecutar (perfeccionar la conducta típica) el delito estará a cargo de la discrecional interpretación de la administración.

Estamos entonces frente a una norma que al mismo tiempo anticipa el castigo al solo incumplimiento de una disposición indeterminada y cuya interpretación es de amplio espectro.

Esto genera varias distorsiones posibles, por un lado una afectación genérica de toda una gama de derechos y libertades, algo que es más propio de un “estado policial”, ahora que está de moda el término y al mismo tiempo una eventual saturación de las fiscalías penales pues deberán proceder a la investigación de oficio de un sinfín de situaciones de mero incumplimiento convertidas, por imperio de esta norma, en delito.

Se fundamenta en la necesidad de preservar la vida y la salud, pero el Derecho Penal debe ser el ultimo de los recursos al que acudir para reforzar una conducta social, no puede ser, como sucedería con ella, la primera de las herramientas del Estado.

Es entendible que exista una norma así para casos excepcionales y por eso es correcto que sea un delito de daño, pero es difícil de entender que se hable de “libertad responsable” al tiempo que se está aprobando una norma de estas características, en lo personal veo, con esta propuesta, una disonancia entre la posición clara del presidente de la República y la de su bancada parlamentaria sobre el alcance de la libertad.

No nos debemos dejar llevar por la falsa dicotomía entre libertad y muerte, porque parafraseando a Benjamín Franklin, si renunciamos a la libertad por una cuota de seguridad transitoria terminaremos perdiendo tanto libertad como seguridad.

Politizar la pandemia no le hace bien a nadie por José Manuel Quijano

¿Es viable condenar a la cárcel a quienes, mediante actitudes irresponsables, ponen en peligro a otros y los contagian?   En principio, y sin inmiscuirme en temas jurídicos para los cuales no me siento capacitado, creo que las conductas irresponsables que pongan en peligro a terceros deben merecer respuesta   de la justicia.  Pero supongo que para que ese proceder resulte viable y ajustado a derecho, debe estar debidamente promulgada y vigente una ley que tipifique, con suficiente claridad, ese delito.

¿Se corre el riesgo de caer en un estado totalitario?  No, en verdad. Si la ley es clara, se ha cometido un delito y el gobierno, en ejercicio del poder etático, procede a detener y poner a disposición de la justicia al infractor, nadie debería suponer que se ha caído en un estado totalitario. Por el contrario, se estaría actuando en el marco de la ley

Pero el debate que hemos presenciado en los últimos tiempos en el Uruguay reviste también otras características. La mayoría de los uruguayos desea recibir la vacuna como queda en evidencia por la gran cantidad de gente que se ha inscripto y concurre masivamente a los centros de vacunación. Los últimos datos comparados muestran que al 24 de abril 13.8% de la población alcanzaba la “pauta completa” de vacunación. En el continente americano solo Chile (32.2%) y EEUU (27.8%) lo superan.

Estos resultados, comparativamente aceptables, son el resultado de la buena respuesta ante la pandemia del sistema de salud; de la ofensiva en los medios, informando sobre las características de la pandemia y cuáles son los recaudos que debe tomar cada uno para minimizar los contagios; y de la agresiva y rápida campaña de inoculación. Si bien hay relativo consenso en los aspectos anteriores, no lo hay respecto a los confinamientos promovidos desde el poder ejecutivo.

El gobierno ha puesto mucho énfasis en la conducta (libertad) responsable de cada ciudadano y dispuso la suspensión de ciertas actividades; sectores de la oposición, por su parte, han enfatizado que no alcanza, que es preciso disponer de medidas de confinamiento más estrictas que reduzcan los contactos.

La verdad es que ambas cosas son necesarias: no alcanza con apelar a la conducta responsable para contener contagios y muertes (como no alcanza para reducir delitos o imprudencias de tránsito); pero los confinamientos más estrictos y las más severas sanciones quizá no conduzcan a los resultados deseados, si no cuentan con la cooperación ciudadana (o, dicho, en otros términos, no prospera lo que la gente no quiere o no le interesa).

Para el caso que nos ocupa, se necesita una combinación adecuada de conducta responsable y de atinados confinamientos y sanciones. Dicho lo cual, me atrevo a sostener que, desde la aceleración de los contagios y de los decesos provocados por el virus en 2021, el gobierno careció de la agilidad necesaria y de la capacidad de adaptación para disponer medidas de contención que ofrecieran una respuesta más acorde a lo que la sociedad necesitaba.

Estamos ante una emergencia nacional y es de desear que se junten fuerzas para salir adelante. Lo primero es el tono. Si el gobierno dice que lo que pide la oposición nos conduce al estado totalitario, está errando feamente el tiro. Y si la oposición acusa al gobierno de indiferencia y frialdad ante los muertos causados por corona virus, está diciendo un desatino y no ayuda para nada.  Así mismo, si es necesario modificar cierta normativa para disponer   del adecuado arsenal legal, que bueno sería que se aprobara el proyecto por gran mayoría y con rapidez. Politizar la pandemia no le hace bien a nadie.

Artillería pesada por Leo Pintos

Pasa el tiempo y conforme a lo que estamos viviendo, aquella idea de que saldríamos mejores de esto se va desdibujando. Quizá el problema sea pensar que el ser humano es capaz de dejar sus intereses individuales de lado para sumar en pos de encontrar soluciones a los grandes problemas que enfrenta la sociedad. La democracia ha probado ser el mejor (me niego a decir «el menos malo») sistema de gobierno y el Parlamento representa y encarna la esencia y voluntad del pueblo, por lo tanto habrá que pensar que de lo que sale de allí es lo mejor para todos. Pero es en circunstancias como las que atravesamos cuando todos los paradigmas y creencias se tambalean. La incertidumbre se puso al volante y la irracionalidad tiende a comandar nuestras acciones individuales y quiénes son los responsables de dirigir los destinos de la sociedad parecen haber perdido el rumbo. El contexto de pandemia exige de todos nosotros un esfuerzo por moderar impulsos, reforzar lazos y sobre todo desestimar prejuicios, de manera de delegar en los poderes públicos la salvaguarda del bien común y atender sus resoluciones. Pero ciertamente parece imposible de comprender y aceptar desbordes del tipo punitivo como el que se pretende perpetrar con la modificación del Artículo 224 del Código Penal. Porque es inconducente pretender abordar una situación de crisis sanitaria con una medida del tipo penal. Se trata de otra de las tantas medidas desacertadas de un gobierno sin capacidad de maniobra que ha hecho de la prescindencia y el destiempo una

constante. Aunque vale decirlo, no es distinto de lo que ocurre en el resto del mundo, donde la política ocupó el lugar de la ciencia.

Pretender aplicar el concepto de peligro como delito es tan ineficaz como peligroso. No es prudente incorporar al Código Penal el delito de peligro, un concepto vago que queda librado a la discrecionalidad de la autoridad que debe hacer cumplir la norma. Por otra parte resulta difícil imaginar su reglamentación y control. ¿Se manejarán por denuncias? ¿Se valdrán de las decenas de miles de cámaras de seguridad del Ministerio del Interior? ¿Podrá ser detenido el Presidente por sacarse una foto en plena pandemia?

No tiene sentido saturar el sistema judicial por situaciones de no uso de tapabocas o no respeto de la distancia física. Además sabido es que el propio

sistema judicial tiene mecanismos de autodepuración y desecha gran parte de las causas que recibe por improcedentes o por inaplicabilidad de la norma, por lo que no es difícil imaginar lo que sucederá en este caso.

El Presidente ha repetido como un mantra que no cree en un Estado policiaco y que prefiere las leyes flexibles de complimiento rígido a leyes rígidas de cumplimiento flexible. Pues bien, con esta modificación queda evidente una vez más la inconsistencia del gobierno. Y a esta altura se puede decir que es sintomático lo de los exabruptos del poder político incorporando normas sin sustento técnico. Porque esto es proponer matar moscas a cañonazos. Y en este caso puede ser un cañonazo en el pie.

La culpa es tuya, nuestra y de aquel por Andrés Copelmayer

Ningún país del mundo estaba preparado para esta pandemia y los pocos casos de éxito en su contención son inexplicables. La única certeza existente, es que si los países ahondan divisiones internas y se pelean con la ciencia, el Covid, los contagios y fallecimientos crecen exponencialmente. Lamentablemente nuestro Presidente, a pesar de haber tenido la suerte de que Uruguay no tuvo 1ª ola, o quizás creyendo que no fue azar sino su mérito, eligió el camino de cortarse sólo y agrandar la grieta.

El proyecto de ley que propone sanciones para aglomerados, es parte de la estrategia del gobierno de responsabilizar a la gente por el total descontrol sanitario actual de la pandemia. El patético relato de señalar culpables está dirigido a todo lo que huela a FA: protestas sindicales, referéndum Luc, docentes, tambores, Sindicato Médico del Uruguay, 8M, u ollas populares. Lo que sea. El gobierno, convencido que exprimir la grieta garpa, busca rédito político electoral, inmersos en una pandemia absolutamente inédita y mortal en el mundo entero. Colapso vital que sólo admite y requiere una respuesta única y compartida por todos: construir y  consolidar un gran acuerdo nacional político y social, que mitigue lo más rápidamente posible los nocivos efectos sanitarios, sociales, laborales y económicos de la pandemia a corto, mediano y largo plazo.

Centrar el eje del debate del aumento de los contagios buscando culpables, es fogonear el falso dilema entre la ciudadanía que cumple y las que incumplen con la libertad responsable. Este negacionismo del impacto presente y futuro de la crisis que estamos atravesando; guarda a la institucionalidad republicana en un cajón, y la deja como mera actriz de reparto en la gestión de la pandemia. El gobierno tomó la decisión política de desoír las recomendaciones del Gach, sociedades científicas, gremios de la salud, y la academia; sobre restringir por 15 días la movilidad a los esenciales y acelerar vacunación. Pero el Presidente no se hace ni se hará cargo de las consecuencias. Saben que no cumplieron con casi nada de lo que públicamente prometieron, pero pretenden vender el relato de que Uruguay repetirá hazañas milagrosas como el maracanazo o la sobrevivencia de la tragedia de los Andes. El narcisismo especular de un Presidente que sólo se mira y escucha a sí mismo, compromete el futuro del Uruguay. No compraron vacunas en tiempo y forma para inmunizar a toda la población en el primer trimestre, tal como prometieron y aún cuando nuestro pequeño Uruguay es una penillanura levemente ondulada con apenas 3,4 millones de habitantes.  Tampoco cumplieron con promesa de triplicar testo y rastreadores, y por el contrario, dado el desborde sanitario, resolvieron abandonar seguimiento de hilo epidemiológico y aislamiento de contactos estrechos de los contagios, factor clave para reducir pico de pandemia. Tampoco blindaron abril. Durante lo que va del mes, todos los días ocupamos el triste podio de estar entre los 3 países del mundo con más contagios y muertes por millón de habitantes. Refugiados en las encuestas de opinión y en las dificultades de la oposición para fijar un rumbo y representar el malestar de gran parte de la población, el gobierno sigue para adelante viento en popa ignorando los miles de cadáveres que se caen por la borda. Los demás partidos de la coalición piden más medidas pero el miedo a perder popularidad y poder les muerde la lengua. Los únicos que han reaccionado son los de a pie, organizando como pueden y en el boca a boca el #UruguayCacerolea que cada martes a las 21hs suena con más fuerza. Pero no alcanza. Necesitamos partidos políticos, organizaciones sociales y empresariales, dirigentes y líderes comunitarios que estén a la altura de las circunstancia y reaviven la esperanza. Es con amor a la vida y al país o no será.

Tutti frutti por Gonzalo Pérez del Castillo

Son muchas preguntas alrededor de un mismo tema y cada una de ellas merece una respuesta.

¿Libertad responsable o marche preso?

Es condición fundamental e indispensable de la libertad de que sea ejercida con responsabilidad y respeto hacia los demás. Si uno rapiña, viola o mata, marcha preso.

¿Es viable condenar a la cárcel a los que mediante actitudes irresponsables pongan en peligro a otros y les contagien Covid?

Sí, en la medida en que se compruebe que fue una actitud irresponsable y que causó un daño grave o irreparable. En las condiciones actuales de las cárceles uruguayas tal vez este tipo de pena no resulte práctico, ni constructivo, ni  conveniente; pero ese es otro tema. Multas pesadas es una alternativa.

¿Tienen capacidad la policía, los fiscales y la justicia de implementar esto?

Tienen que tenerla. Para eso están. El Estado uruguayo consume más del 30% del PIB. Es suficiente para que estos servicios esenciales funcionen como corresponde.

¿Puede considerarse un ataque a la libertad individual?

No. La irresponsabilidad que provoca daños no es libre.

¿Cómo se comprueba el supuesto delito?

De la misma forma que se comprueba cualquier delito: de acuerdo a la legislación vigente. Si no hay pruebas, no hay condena. El Ministerio de Salud debería reglamentar lo que constituye un peligro sanitario hasta donde sea posible.

¿Quién determina cuál es una actitud peligrosa?

Puede ser cualquier ciudadano. Si una persona va por la calle con un arma en la mano, o una pandilla de jóvenes agrede o un borracho violento molesta a los vecinos, se les denuncia. Si una persona que debe observar cuarentena sale a la calle, ídem.

¿Se corre el riesgo de caer en un Estado autoritario?

Este riesgo siempre existe. La democracia de ciudadanía se fortalece ejerciéndola. Las democracias en todo el mundo se están debilitando.  No necesariamente por causa de golpes de Estado. Hay un descreimiento creciente que tiene que ver con muchos factores que no hay espacio para examinar aquí.

¿Debería alcanzar a las autoridades que por impericia o negligencia toman o dejan de tomar medidas que no dan los resultados esperados para contener la propagación del virus?

Esta pregunta escapa a la esfera legal y entra en consideraciones políticas. Muchos jefes de Estado en el mundo  han demostrado impericia (justificable) o negligencia (menos disculpable). En democracia no serán los jueces ni los médicos sino el pueblo soberano quién finalmente juzgará y decidirá este tema.

¿No sería mejor realizar campañas de concientización de la gente?

Indiscutiblemente. Concientización no es sinónimo de adoctrinamiento.

¿No llega tarde un proyecto de ley de estas características?

En mi opinión, sí.

El código de Hammuraluis por David Rabinovich

Supongo que la ley será aprobada y se comenzará a castigar con prisión a quienes incurran en conductas ‘irresponsables’ en materia de salud pública. Bastará para ello con reincidir. Por menor que sea el delito cometido, si se tiene antecedentes, el ‘formalizado’ marcha preso. El Estado policial, que comenzó a instalarse con la LUC, avanzaría algunos casilleros más. El que avisa no es traidor y el anuncio de una política de ‘mano firme’ estaba claramente expresado.  El eufemismo no alcanza a disimular lo que es una concepción autoritaria del ejercicio del gobierno al que se concibe, en gran medida, como ‘control’ de la ciudadanía, de su libertad de expresión, reclamo, protesta. Me hago cargo significaba: “Acá mando yo”. Ustedes son protagonistas de los éxitos y yo responsable de los fracasos, dijo el presidente en el inicio. Ahora los números nos dan mal pero venimos vacunando bien y sólo de eso hablaremos. Para ponerle freno al desastre, todo vale. Todo menos afectar a los negocios claro. El credo está por encima de todo.

No está claro qué deberán instrumentar, en cumplimiento de la nueva ley, la policía, los fiscales, la justicia. En todo caso, para ‘los pie letristas’ en materia legal, será un dolor de cabeza, porque todo parece indicar que ante las dificultades de tipificar los delitos de forma clara y concisa se recurriría –una vez más- a fórmulas generales que, en derecho, son complicadas, peligrosas. Cuanto menos clara sea la tipificación del delito, más diferencias habrá en las consecuencias de reales o supuestas transgresiones según sea la policía, el fiscal y el juez que toque en suerte.

Creo que, en estas circunstancias, eso de la libertad responsable es un juego de palabras ingenioso, sin otro sentido que confundir a la opinión pública. Los grados de libertad individual posibles tienen un marco de referencia ineludible: la sociedad en la que vivimos. En muchos aspectos está claramente establecido que no somos libres de dañar a los demás. Quizá donde sea más complicado discernir los límites naturales de nuestras libertades individuales, en función de los derechos de otros y de la sociedad en su conjunto, sea cuando están en juego los ‘derechos’ y ‘libertades’ que se relacionan con la propiedad. Nada más reacio a las limitaciones que la riqueza y los ingresos concentrados. Para la ganancia y la rentabilidad el límite es el cielo.

Cuando las libertades de cada uno se adquieren en el mercado, resulta que los ricos son más libres que los pobres. Esto, asumido y naturalizado, es sustento de la idea que existe algo llamado libertad responsable donde cada uno termina siendo, en última instancia, quien decide estar sano o enfermo. Es así, tanto como es realidad que se decide tener trabajo, vivienda, auto y casa en la playa…

¿Libertad responsable o marche preso? Por Edward Holfman

La epidemia nos golpea duramente y en estos días volvió a discutirse en el parlamento el proyecto de ley para castigar con prisión a quienes caigan en conductas irresponsables para evitar contagios.

¿Es viable condenar a la cárcel a los que mediante actitudes irresponsables pongan en peligro a otros y les contagien Covid?

Es viable en cualquier Estado de derecho, pero me generan muchas dudas en su aplicación, solo recordar la primera Ley aprobada por el parlamento UY sobre las “aglomeraciones”

¿Tienen capacidad la policía, los fiscales y la justicia de implementar esto?

El Estado siempre tiene la capacidad de cumplir las tareas inherentes, pero sabemos que deja de cumplir otras tareas por escasez de recursos medios y presupuesto.

¿Puede considerarse un ataque a la libertad individual?

La libertad individual es esencial en la vida, pero haciéndose responsable ante la sociedad de las consecuencias de sus decisiones y de los resultados.

¿Cómo se comprueba el supuesto delito?

De aprobarse este delito de “peligro” será otra vez el Poder Ejecutivo que establezca por Decreto cuáles son los delitos y cuáles no los son. También el accionar de las autoridades, frente a este nuevo delito.

¿Quién determina cuál es una actitud peligrosa?

No puede ser el Poder Ejecutivo a través de un Decreto, que determine cuáles son las situaciones en las cuales se configura el delito de peligro. Es responsabilidad del Poder Legislativo, Parlamento Nacional

¿Cómo se conjuga la libertad responsable con el punitivismo por no practicarla?

La solución de conflictos por medio punitivo no va de la mano con la postura de libertad responsable.

¿Se corre el riesgo de caer en un Estado autoritario?

El Gobierno es partidario de la libertad responsable, significa que confía en que las personas van a actuar conforme a determinadas normas, sin que sea necesario recurrir a una imposición, coacción. Un mayor número de contagios, más fallecimientos, podrían cambiar la postura del Estado.

¿Debería alcanzar a las autoridades que por impericia o negligencia toman o dejan de tomar medidas que no dan los resultados esperados para contener la propagación del virus?

Los Gobiernos en el Mundo están tomando medidas en tiempo real, a veces con acierto y otras con errores graves, no hay una receta aprobada y efectiva para responder a la pandemia por covid-19.

¿No sería mejor realizar campañas de concientización de la gente?

Apoyar las campañas de salud pública contra la pandemia COVID-19 Se necesita mayor información, clara y confiable. Educar sobre COVID-19 no sólo es deber y responsabilidad del Gobierno y del personal de la salud, la responsabilidad es de todos. Debemos prevenir la peligrosa propagación de la desinformación en torno a la pandemia.

¿No llega tarde un proyecto de ley de estas características?

El Proyecto de Ley llega tarde y mal, no resuelve los problemas, tomar decisiones de esta índole no ayudan para nada. La Ley debe ser concreta, precisa en lo que se quiere decir y sancionar, este proyecto de Ley tiene muchos grises.

Peligro por Cristina De Armas

Para comenzar debemos tener claro que no existe un marco jurídico para la situación actual.  El art. 44 de la Constitución – me perdonará el lector que por razones de espacio no pueda transcribir cada artículo – establece que la salud de los ciudadanos no es sólo un derecho sino también una obligación y por tal motivo el legislador la elevó al Derecho Penal. El art. 224 como delito de peligro forma parte del Código Penal desde 1934, no es hasta el año 2001 en que se modifica para cambiar su redacción y convertirlo en un delito de daño. El delito de Peligro se configura con el mero hecho de poner en peligro o configurar la posibilidad de peligro sobre un bien protegido (Salud Pública) por la ley penal. El delito de Daño se consuma con una lesión efectiva sobre el bien protegido por la ley penal. La nueva modificación devuelve al art.224 al delito de Peligro eliminando de su redacción la necesidad de daño.

Quienes defienden la nueva modificación esgrimen que no se trata de sancionar un daño sino de prevenir un daño en la situación actual de pandemia. Parece de sentido común, sin embargo dice el art.-10 de la Constitución:” las acciones privadas de las personas que no alteren el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados”. En este momento los juristas que ponen reparos a la modificación del art.224 lo hacen por la imprecisión de la norma a la hora de identificar exactamente los actos de las personas privadas que configuran ese peligro. El Decreto de Esencialidad Sanitaria del Ejecutivo del año 2020 como los posteriores conforman el tipo penal en blanco previsto en el art.224.

¿Cuál es la conducta reprochable por la ley penal? ¿Subir a un ómnibus sin tapabocas, realizar una fiesta con fines de lucro violando la limitación a la libertad de reunión que ha aprobado el legislativo primero por 60 días, con 30 de prórroga, y que se ha prorrogado nuevamente pasando por el voto del legislativo a instancias del Partido Colorado, o una reunión política no partidaria al aire libre por la misma limitación? ¿Es el derecho penal adecuado para esta situación? ¿No debería ser el último recurso?

En lo personal me referiré a lo que hace muchos años un legislador ya fallecido me enseñó. No se legisla para el hoy sino para la posteridad, por eso, a la hora de la redacción de un texto legal se debe ser absolutamente claro y preciso, en cada letra, cada coma y cada punto para no dejar en lo posible librado el texto a la interpretación de los que vendrán, pero, sobre todo, pensar que aquel que interpreta, puede no tener buenas intenciones.               “El Derecho Penal deja de ser necesario para proteger a la sociedad cuando esto puede conseguirse por otros medios, que serán preferibles en cuanto sean menos lesivos para los derechos individuales.” Santiago Mir Puig (2016)

Marche preso por Sol Inés Zunin

¿Qué es más peligroso, un ladrón de gallinas o un empresario que carteliza los precios de los alimentos?

¿Quién incurre en delito de peligro, el trabajador que sube al ómnibus atestado para no perder el trabajo, el empresario que amenaza con despedirlo o el Estado que no le garantiza los medios para quedarse en su casa y no vectorizar el virus?

¿De cuántos muertos por Covid podríamos hacer responsable a cada uno? ¿De dos o tres al trabajador, de una veintena al empresario?

De todos al Estado.

Porque el daño mayor son las muertes, pero también el relato que las anima.

El relato de un Estado frivolizador que ni en pandemia suspendió su plan de marketing contagiando la idea de que, si los funcionarios de gobierno no lo hacían -el propio presidente se sacaba selfies sin solución de continuidad- y bajar el déficit era tanto más prioritario que garantizar el sustento de aquellos que debían procurárselo cada día, tan necesario no sería quedarse en la casa.

Porque ¿qué medidas tomó el Estado para permitir a ese trabajador quedarse en casa? ¿Qué medidas para protegerlo del despido? ¿Qué medidas para ayudar a que llegara a su trabajo sin ponerse en riesgo, ni a su familia, ni al resto de la comunidad que también viaja en el ómnibus atestado?

Pero si no es la vida la que se intenta proteger con la modificación del artículo 224 -porque ya se puede sancionar la violación de la cuarentena, con el delito de desacato-, ¿qué es lo que se intenta proteger? O mejor aún ¿qué mensaje se busca trasmitir, qué relato se intenta instalar?

La respuesta me parece contundente y cruel: sancionar, e incluso simplemente hablar, del delito de peligro tiene mucho más que ver con culpabilizar a la clase social que sale a la calle obligada por el hambre y criminalizar la desobediencia civil de la desesperación.
Puede parecer, a primera vista, ingenuo e irresponsable -caprichos de un presidente-niño que juega a ser su padre-, pero si se observa con detalle, esa relativización de las normas sanitarias permitió que la ciudadanía aceptara con naturalidad la idea de priorizar el movimiento económico por sobre la protección a la vida, ideología que se tradujo en cero –por irrisorios- subsidios que permitieran la inmovilidad.

Y es que no hay política sin relato y no hay pueblo que acepte su propia destrucción sin propaganda.

Entonces, mientras los contagiados, los internados en CTI y los muertos suenan cada vez más cerca, la pregunta que me inunda es: si la dieta a base de pasto es el recuerdo indeleble que nos dejó la anterior incursión neoliberal, ¿cómo recordaremos estas muertes en diez años?

¿Quedarán registradas en el imaginario común como el inevitable círculo vital o como las evitables muertes fruto de la desidia y el poco apego a la vida de un gobierno que de forma criminal bajó el déficit en plena pandemia?

Criminal.

Si “poner en peligro la vida o la salud de otro, colocándolo en situación de desamparo o abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse” suponen la figura de Abandono de persona y definimos Genocidio como la “Aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos” creo que solo nos falta determinar cual de las dos define mejor nuestra situación. O si ambas.

De negligencias y dolos. Por Rodrigo da Oliveira

¿Deberíamos castigar penalmente a quienes consciente o involuntariamente terminarían infectando a terceros, en el marco de la pandemia sarscovidiana?

La respuesta parece sencilla, difícil se torna su instrumentación, y ello se ha vuelto la piedra de toque de una discusión entre nuestros legisladores, la Academia, parte del periodismo y toda una caterva de neófitos (que nos involucra).

Cambios de encare a mitad del debate parlamentario, caso de Cabildo Abierto y un eventual veto de Presidencia, condimentan todo este embrollo legal. El mismo Jorge Díaz, actual Fiscal de Corte, ha sostenido la necesidad de especificar la norma penal a eventualmente aplicarse, a fin de no dar una supuesta carta en blanco y, sobre todo, no dificultar aún más el accionar de la Justicia.

El ex fiscal Zubía detenta una posición diferente, argumentando que nuestro Código Penal está plagado de «delitos de peligro», es decir artículos que penan el eventual daño aunque sin especificarlo, caso de los relacionados con el narcotráfico.

Desde otro lugar, algunas voces condenan una eventual demora en la generación de normas de este tipo, frente a los desbordes de individuos que no terminan aislados como deberían, sin necesidad de una ley que los obligue.

Una visión general, con la cual coinciden algunos liberales va algo más allá, insistiendo en no dar más herramientas de este tipo a gobiernos venideros, dada la amplitud del criterio en la redacción original. En la lógica democrática la rotación de gobiernos de diferente signo es algo habitual y dado que algunos comulgan menos con los valores republicanos, es conveniente no generarles elementos que puedan ser utilizados para menoscabo de derechos individuales, esos que tanto gustan declamar pero que rápidamente deterioran en pos de mantener sus posturas de gobierno a salvo de críticas inconvenientes.

El Derecho Penal tiene también como objetivo proteger a los ciudadanos de algunas excesos de ciudadanos «impunes», en auxilio de la Constitución. Por lo visto, muchos sienten que no les cabe el responsabilizarse de sus acciones individuales, aunque con ello provoquen daños en la salud de los demás. Aquello de ser libre va de la mano con ser responsable parece que no les fue inculcado, de modo que hoy estamos en esta discusión. Toda una parte de los opinantes sostienen que no sería necesaria una nueva modificación del Código.

De lo que no caben dudas es que parece innecesario seguir agregando leyes y más leyes de cumplimiento esquivo, cuando no carentes de aplicación práctica y efectiva.

¿Falta inventiva? Es posible. Los viejos mecanismos de control social, tales como la familia tradicional, la religión y la escuela, han perdido vigor y ello también se nota en diversas situaciones en las cuales nos resulta confuso el accionar individual. Algunos negacionismos han aportado para que los cuidados hacia la propia persona y terceros hayan escaseado y a ello se atribuyen algunos brotes eventuales.

Nuevamente lo anterior: faltan inventiva e incentivos frente a nuevas situaciones, de lo contrario seguiremos plagados de normas de poca o nula efectividad, sin aportar al problema de fondo y dando herramientas que podrían resultar en situaciones peores que la actual situación, en eventual desmedro de la calidad institucional.

A pensar, a elaborar y a proponer, sin recorrer el camino más trillado, que para eso los votamos.

Pandemia: el mayor “peligro” es el gobierno por Camilo Márquez

Los intentos por parte de la coalición de gobierno de modificar el artículo 224 del Código Penal referido a la violación de las disposiciones sanitarias para “impedir la introducción o propagación” de enfermedades “epidémicas o contagiosas” seguramente naufrague. Este artículo establece que aquel que “causare daño a la salud humana” será castigado con penas de tres a 24 meses de prisión.En otras palabras, es necesario comprobar que se causó un daño a la salud. El nuevo proyecto pretende cambiar eso y que no sea necesario comprobar el daño a la salud, sino que abarque simplemente con ponerla en riesgo. De aquí el nombre “delito de peligro”.

Mientras se redacta este artículo el proyecto ha vuelto a comisión luego de ser aprobado en diputados, rebotó en el senado tras diversos cuestionamientos por parte de CabildoAbierto, pero también de la propia bancada del partido nacional. Detalles de lado, asistimos a una farsa. El diario el país (insospechado de opositor) anunciaba el viernes que el Ministerio de Salud Pública “Abandona el rastreo intensivo de contactos”. El mismo medio, nos diceque esto obedecería a “un cambio de táctica”. En realidad, el gobierno tiró la toalla. Si ya antes se sostenía que existía un sub registro de casos, a partir de ahora los datosdirectamentedejan de ser confiables, son apenas un dudoso promedio. Las muertes que no dan tregua se mantienen en los niveles mas altos, a la vez que el promedio de edad de los fallecidos baja. Para ocultar esta situación Lacalle se ha apoyado en un supuesto amesetamiento de contagios que no se comprueba. En este momento tres de cada cuatro pacientes que ingresan en CTI lo hacen por Covid.

En este escenario pretender ir a un combate a la pandemia con el código penal es bastante mas que un exabrupto, es sencillamente una parodia. Se amenaza con acciones penales contra las violaciones a las disposiciones sanitarias de un transeúnte, mientras las patronales perpetran esas violaciones en forma colectiva cuando no respetan los protocolos en los lugares de trabajo, por caso, los trabajadores del frigorífico Canelones que debieron ir a una huelga para frenar un foco de contagios que la patronal negaba. La indignación que se produjo entre los trabajadores producto de la muerte de un joven compañero de 30 años de edad, arrancó un protocolo de hisopado riguroso. En la planta de canelones tenemos resumido una lucha de clases donde se juega la vida de quienes viven de la venta de su fuerza de trabajo de un lado y los capitalistas que defienden sus ganancias “a muerte” del otro. En esta batalla los trabajadores ejercieronel poder de veto que tienen sobre las condiciones de trabajo, la patronal no perdona que se la despoje de esta prerrogativa. Le ha declarado la guerra al sindicato suspendiendo por una quincena a su principal dirigente, dejándolo al borde del despido. Este es el núcleo de lo que esta en juego en esta etapa, por eso hemos acuñado la consigna de que la lucha contra el capital es de vida o muerte.

Mientras el gran comercio, el transporte y el trabajo en general goza de amplia “movilidad”, se pretende un retorno a clases, del que hay menos condiciones que cuando se suspendieron. Todos los movimientos del gobierno son improvisaciones. Ocurre que con 65 muertos por día y 2500 contagios (incluso si fueran estos exclusivamente) no hay protocolos que valgan. En estas circunstancias el principal “peligro” para la salud pública es el régimen político en su conjunto, en el que hay que incluir a la burocracia sindical, en primer lugar, la que tiene copados los sindicatos de la educación de secundaria y primaria, que reclama el retorno a clases en forma vergonzante, pues interpela al gobierno por los días de clases perdidos. Un despropósito con el agravante de que en este caso es criminal.

Si el ascenso de la pandemia se pone en tela de juicio, lo que nadie se atreve a discutir es el ascenso mayúsculo de la otra pandemia, la económico-social, que ha tenido como única respuesta del gobierno el descuento de sueldos a los funcionarios público para un fondo coronavirus que se transformó en una bóveda de acceso único. Los anuncios de “ayudas” para los que se echa mano a ese dinero, abre otro frente de confrontación al gobierno pues los subsidios no satisfacen a nadie.

Estamos ante una gran tragedia, que es orquestada desde arriba. La política del gobierno como la de todos los gobiernos en el mundo es que las muertes son fatalidades. Antes hubo otras epidemias, donde moría más gente, y la humidad sobrevivió, etc. etc. El camino, en vísperas de un primero de mayo, no puede ser mas claro. Para defender la vida, contra el régimen del lucro capitalista, preparemos la huelga general.

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