Lo que no dijo Ope Psquet Por Hoenir Sarthou

En una columna publicada recientemente en el diario El Observador, el diputado Ope Pasquet inauguró una nueva línea argumental en defensa del desastroso sistema de AFAPs que sufre nuestra población trabajadora y pasiva.
La tesis de Pasquet, resumida, es la siguiente: el retorno de los afiliados al sistema público de aportación y cobertura exclusiva por el BPS fue rechazado por los propios involucrados, según los resultados de la Ley 19.590, que les permitió a los “cincuentones” salir de las AFAPs y regresar al sistema público, opción que sólo hizo el 37% de quienes podían hacerlo. De ese dato el Dr. Pasquet deduce que el 63% de los alcanzados por la Ley rechazó la posibilidad de cambiarse de sistema, lo que, en su lógica, demuestra adhesión al régimen de AFAPs vigente.
El argumento parece serio y fundado, pero en realidad es una completa falacia.
Lo que no dice Pasquet, es que la Ley 19.590 interpuso deliberadamente dos obstáculos monumentales para que el cambio de sistema fuese imposible o inconveniente para muchos de los “cincuentones”.
El primer obstáculo fue que el artículo 14 de la Ley estableció como condición para cambiar de sistema el reintegro de los aportes de los que la persona hubiese estado exonerada en el sistema mixto. Eso, para mucha gente, significaba pagar cifras muy altas, de las que no disponía o que no podría integrar en el plazo máximo de 72 meses que le dio la Ley.
El otro gran obstáculo –verdadera piedra en el camino- es que la misma Ley, en su artículo 16, dispuso que quienes cambiaran de régimen, por ese sólo hecho, recibirían una jubilación 10% inferior a la del resto de los jubilados del mismo sistema.
La injusticia y arbitrariedad de las dos medidas no puede ser más obvia. Por un lado, se les impone a las personas aportar, todo junto, o a lo sumo en 72 cuotas, todo lo que el régimen legal les había exonerado durante más de veinte años. Por otro, se castiga a las mismas persona pagándoles un 10% menos de lo que les correspondería. Vale decir, igualamos la aportación pero desigualamos la jubilación. ¿Conocen una medida más arbitraria en injusta?
La razón por la que se estableció esa “solución” tan irracional fue que, en su momento, a fines del año 2017, cuando el entonces presidente Tabaré Vázquez decidió atender los reclamos de los cincuentones, el ministro de economía de la época, Danilo Astori, puso como condición para apoyar el proyecto de Ley que se establecieran esos límites. Obviamente, la función de esas dos medidas era poner un dique al previsible éxodo de los “cincuentones” hacia el sistema público.
Y el dique tuvo bastante éxito. Mucha gente no pudo cambiar de régimen porque no podía pagar los reintegros pendientes o porque su futura jubilación, reducida en un 10%, podía no superar a la que obtendría en el sistema mixto.
Andando el tiempo, hoy tenemos en el país a muchos miles de personas que, después de aportar al sistema mixto durante más de veinte años, reciben de las AFAPs una renta que es la tercera o cuarta parte de la jubilación que reciben del BPS.
El actual proyecto de reforma constitucional de la seguridad social no prevé esa clase de limitaciones. Si triunfa, las personas se trasladarán al sistema público y recibirán una jubilación igual a la de cualquier otro jubilado anterior al sistema de AFAPs.
Hago aquí un paréntesis para decir que la situación de los “cincuentones” que ya se han jubilado por el BPS y reciben una jubilación reducida en un 10% debería ser atendida por ley. De lo contrario, nuestro sistema previsional se convertiría en un sándwich de injusticia. Con una capa de jubilados viejos y otra de jubilados nuevos, que cobran ambas el 100%, quedando en el medio una capa generacional condenada a cobrar 10% menos.
Parece claro que el argumento que contesto es falaz. ¿Cómo equiparar el traspaso de aportes y derechos jubilatorios en condiciones de igualdad con un sistema tortuoso creado para que mucha gente no pudiese optar o, en caso de optar, debiese pagar mucho y cobrar menos?
Quienes creemos que la vida política democrática debería ser, al mismo tiempo, un ejercicio educativo para toda la sociedad, en que todos aprendiéramos y debatiéramos sobre los problemas comunes, no podemos menos que lamentar el nivel generalizado de falacias que caracteriza a la campaña contra este proyecto de reforma constitucional.

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