Durante la reunión virtual del Mercosur -que celebró el 30 aniversario de su constitución- participaron presidentes actuales de Estados Parte que lo suscribieron. Allí se pronunció una frase inquietante por el uruguayo Luis Lacalle, contestada por Alberto Fernández, mandatario de Argentina, que preside al bloque el primer semestre del 2021. Los recíprocos términos que dieron lugar al clima contencioso fueron vastamente difundidos. Como para paliar lo afirmado por Lacalle, que acusó al Mercosur de representar un “lastre”, un “corsé” para Uruguay, se adujo que sus dichos eran un acto de sinceramiento. Estoy de acuerdo que “lastre” y “corsé” no riman con el acto, tampoco cubren infelices señalamientos del uruguayo ni el pedido de mesura a quien representa política y éticamente a los cuestionados, al que le imputan actitudes poco convencionales, al hacerlo -indican- con un lenguaje marginal al diplomático.
Nada más alejado posdiscurso que pretender limitar a Lacalle su demanda de “flexibilidad”, aunque falsifica que habla debido a un reclamo popular (¿a quién querrá engañar?). Coincidió su postura con Bolsonaro (que abandonó la conexión antes de finalizar el acto), con aval de Paraguay (atacado Abdo Benítez de corrupto, apoyado por el sector agrícola-ganadero brasiguayo), el neoliberal presidente uruguayo se atrevió al planteo sin medir sus palabras, carente de tacto; el fatuo tuvo respuesta de quien estaba compelido a hacerlo.
Al abstraerme por momento de los hechos -espero que el episodio no tenga consecuencias- hay ciertas cosas sobre las que deseo dar opinión: el lugar que tiene el Mercosur y qué intenciones animan a los socios.
Parto de que el bloque, tras 30 años, declina en más de un sentido: respecto de lo que fue la intención contenida en la declaración inicial y lo alcanzado en tres décadas, por lo menos. En el momento fundacional se apreciaron visiones contrapuestas: estuvo presente una explícita intención económica, reduccionista, con innegable peso e información pública y privada, agregándose a temas comerciales. A eso deben sumarse las capacidades casi únicas de comunicación de protagonistas económicos y técnicos participantes en el proceso, constituido por actores de los países suscriptores o de fuera que apostaron abiertamente por un área de libre comercio: eso significaba un claro enfrentamiento con quienes promovían una práctica más amplia.
Desde el inicio estamos hasta ahora ante posiciones en favor de un proceso exclusivamente económico-comercial por un lado y, por otro, a una deseable alianza de integración productiva, social, política y cultural. En todos los aspectos en que se desenvolvió el Mercosur, más allá que Uruguay tiene -ajeno a sus dimensiones- una presencia política justa en Sudamérica, con alto nivel de vida, relativa buena educación laica y gozó de un equilibrio social limitado (pero mayor en la región), correspondió a Argentina y Brasil sobrellevar el mayor peso estructural del cuarteto.
Observo el decrecimiento como consecuencia de desavenencias políticas entre los suscriptores del Tratado de Asunción y del Protocolo de Ouro Preto que pone en peligro hasta lo que se tiene ahora en lo económico-comercial bajo la égida de una unión aduanera imperfecta -prevalente por 30 años- que pretende ser abolida y sustituida solo por una tarifa externa común, llena de excepciones (con más agujeros que el gruyer) que posibilita a las naciones -de no alcanzarse un pacto general- relacionarse comercialmente con un tercero de forma unilateral. Ese sendero quiere Lacalle que transitemos.
La finalidad de una tarifa externa conduce al bloque a regresar a ser un área de libre comercio, corriente que sostienen actualmente Brasil, Paraguay y, por supuesto, Uruguay. Otro signo que ofrece pistas es la modalidad acerca de cómo negocian el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE): el intento, con muchos ingredientes, se asemeja a un tratado bilateral (TLC) haciendo de lado cualquier idea relativa al conjunto. De seguirse con este formato, se cubre la eventual alianza de amplio ropaje neocolonial.
Firmar en estos momentos y pasar por encima de las asimetrías entre ambos grupos, equivaldría a que los sudamericanos renuncien a un posible futuro de desarrollo económico y a una existencia con mayor soberanía. De forma y fondo, un TLC de la UE-Mercosur solo reproducirá los desafortunados pactos comerciales conocidos por el mundo, donde se aprueba y norma -por ejemplo- que se exporta de aquella comunidad el contexto protector del derecho de autor que obligaría al bloque a ampliar el plazo del mismo. Se trataría de un TLC que perjudicará a las mayorías (incluido el contexto laboral) y reducirá -entre otras cosas- la posibilidad de los estados mercosurianos a conducir políticas sociales públicas apropiadas para la aplicación de derechos básicos en cultura y educación.
En todo caso -solo apuntando a lo antineoliberal y a la independencia de estados centrales del capitalismo, sin objetar el sistema y como un paso de sanidad política para caminar hacia la izquierda- considerando la naturaleza intergubernamental del Mercosur, pienso que una postura regional debe propender a demoler las vallas de las burocracias públicas. De contrapartida, hay que señalar el poco interés por parte de la mayoría de los medios de comunicación y el empresariado, saboteador de facto.
La opción del terceto no contaría con la contribución de pequeñas empresas al sentirse marginadas de procesos integradores y de complementación, sumado al propio creciente descrédito de algunos sectores dichos “progresistas”. Por otra parte, el ámbito directamente laboral -en particular el industrial- no se sentirá comprometido con la integración, distanciada esta de la libre circulación de personas, sin planes regionales de mejoría social ni ampliación de los cauces culturales, más allá de algunos esfuerzos en cada país. Mi parecer es que el mercado común y la integración regional no están aún alineados para traspasar el umbral de los discursos.
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