La demoledora victoria de las listas gremiales en las elecciones destinadas a designar a los postulantes que ocuparán los dos cargos que corresponden a los docentes en el Consejo Directivo Central de la ANEP, constituyó un fuerte cimbronazo para el oficialismo.
Pese a que aun falta contabilizar los votos observados, las diferencias son indescontables y marcan el rumbo del trabajo militante de los sindicatos en defensa de una educación pública verdaderamente popular, en un momento de crispación y de confrontación con las autoridades.
Los candidatos propuestos por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay cosecharon casi el triple de los votos que los representantes afines al gobierno, marcando una clara tendencia, que es irreversible.
Obviamente, para sufragar no es necesario estar sindicalizado, por lo cual la totalidad del colectivo docente estaba habilitado para ejercer libremente su voluntad en las urnas, mediante voto secreto y en comicios organizados por la Corte Electoral.
Ello le otorga transparencia y legitimidad al abrumador pronunciamiento de los trabajadores de la educación, que asestó un duro golpe a las políticas regresivas del gobierno y a la soberbia de las propias jerarquías de la ANEP.
También constituye un contundente testimonio de tajante rechazo a los cambios implementados por la LUC, que, por su talante inocultablemente reaccionario, evocan los tiempos más oscuros de la intervención del gobierno autoritario del prepotente mandatario colorado Jorge Pacheco Areco y la ley 14.101, de enero de 1973, que arrasó literalmente la autonomía educativa.
El resultado electoral, que le permitió a los docentes agremiados arrebatarle un asiento en el CODICEN al oficialismo y alzarse con los dos cargos en disputa, marca claramente el malestar de la inmensa mayoría de los educadores.
No en vano, desde la inauguración de la actual administración, que responde naturalmente a la coalición multicolor, la relación entre la cúpula de la ANEP y los trabajadores ha sido virtualmente inexistente. En efecto, el organismo presidido por el colorado Robert Silva ha violado flagrantemente la ley de negociación colectiva, exhibiendo una sordera acorde con la soberbia antisindical del gobierno.
El propio presupuesto restrictivo asignado a la educación pública, con fuertes recortes de horas docentes y de cargos –lo cual provoca pérdida de fuentes de trabajo y aumentará el hacinamiento en las aulas como en el pasado, corrobora la impronta vandalizadora de la derecha más recalcitrante. A ello se suma la inmoral rebaja salarial y la incertidumbre por una eventual recuperación.
Otra fuente de conflicto es la aplicación de la LUC, que arrasó con una rica tradición en materia de participación y estableció un nuevo esquema de gobernanza, que subordina todas las decisiones al poder político.
En efecto, la normativa eliminó los Consejos de Educación en las ramas de Educación Inicial y Primaria, Educación Secundaria y Educación Técnico Profesional-UTU, lo cual suprimió de un plumazo a los docentes como actores centrales del proceso de enseñanza y aprendizaje, tal cual sucedió durante la dictadura.
En ese contexto, se modificó groseramente la Ley General de Educación 18.437, de diciembre de 2008, sancionada en el primer gobierno del Frente Amplio, que otorgaba participación a los docentes en todos los organismos de conducción educativa, en una suerte de cogobierno que contribuyó a la generación de sustantivos avances en materia de inclusión, a la proliferación y la ampliación de la oferta educativa y, en algunos casos, a la mejora de los aprendizajes, con acompañamiento y tutorías.
Ahora, los Consejos de Educación dejaron de existir y fueron reemplazados por direcciones unipersonales, cuyos integrantes están fuertemente subordinados al CODICEN. Esta modificación, además de ser un retroceso a los tiempos oscuros del autoritarismo pachequista y la dictadura, viola el artículo 202 de la Constitución de la República.
Ahora, el CODICEN es una suerte organismo hipertrófico, que concentra inicialmente todas las potestades decisorias, aunque el poder real reside en el Ministerio de Educación y Cultura.
Paralelamente, al desaparecer los Consejos de Educación también fueron eliminados los representantes docentes en dichos cuerpos colegiados, que ya no tendrán ninguna participación en la construcción de las futuras políticas educativas.
Otro de los cambios incluidos en la LUC deja sin efecto la exigencia de tener como mínimo diez años de ejercicio de la docencia en el ámbito público para ocupar cargos directivos, lo cual abre un espacio de discrecionalidad para designar a personas que carezcan de idoneidad técnica.
Asimismo, hay disposiciones que limitan la libertad de cátedra de los educadores –quienes quedan relegados a un mero rol de aplicadores – y se delegan prerrogativas a las direcciones de los centros educativos, lo cual constituye una cortapisa que condiciona las decisiones a la confianza política.
En otro orden, también se violan los derechos adquiridos y se jaquea a la propia carrera docente, que ahora estará sujeta a la ambigüedad del “compromiso de centro” y hasta a eventuales e indebidas evaluaciones externas.
La contundencia del resultado electoral marca un nuevo mojón para el trabajo sindical, destinado a enfrentar –desde el campo popular-las políticas autoritarias y predadoras del gobierno y a movilizar a todos los trabajadores de la educación para lograr, por vía del referéndum, la anulación de 135 artículos de la LUC.
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