La arbitraria orden del Presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, quien encomendó tapar con pintura una inscripción estudiantil registrada frente al Liceo Nº 3 “Dámaso Antonio Larrañaga”, constituye otra flagrante violación del derecho constitucional a la libertad de expresión.
Esta actitud se suma a la registrada en julio, cuando las autoridades de la educación prohibieron el uso de tapabocas que fustigaban los contenidos de la tan regresiva como represiva Ley de Urgente Consideración sancionada por el bloque derechista.
La leyenda –que fue escrita sobre la acera pero no en las paredes ni en las escaleras de acceso al edificio- afirma: “falta presupuesto para la educación porque sobran milicos”.
Si bien puede subjetivamente cuestionarse el lenguaje empleado por los jóvenes para manifestar su hondo malestar por la feroz amputación del presupuesto educativo, lo que no está en tela de juicio es el concepto.
El colorado Robert Silva, quien accedió a un cargo que nunca soñó porque el Presidente Luis Lacalle Pou no quiso desgastar a ningún miembro de su partido en esa investidura tan compleja, sabe bien, al igual que los restantes integrantes de dicho cuerpo colegiado, que la reflexión de los alumnos es un descarnado retrato de la realidad.
También lo saben las autoridades del Consejo de Educación Secundaria encabezadas por Jenifer Cherro, que, en el nuevo y vertical esquema de poder impuesto por el cambio de sistema de gobernanza de la educación, son meros subordinados a los dictados del CODICEN.
Por supuesto, el órgano rector tiene también las manos atadas, porque carece de autonomía, ya que sus políticas son minuciosamente digitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, liderado por Pablo da Silveira, un referente de la educación privada que nada sabe de la enseñanza pública.
A juicio de Robert Silva, quien defendió en su cuenta de Twitter este nuevo acto de censura del más puro y duro cuño pachequista, “la educación pública es un espacio integrador y plural desde sus orígenes. Los centros educativos no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser portadores de mensajes o consignas ofensivas. Es obligación actuar en consecuencia y defender principios básicos que nos identifican”.
Si bien es cierto que la educación pública debe ser un espacio integrador que refleje la pluralidad de la sociedad, como la leyenda fue escrita sobre la acera no hubo violación alguna de la laicidad, como suelen alegar los reaccionarios recalcitrantes, que, hace más de medio siglo, ya empleaban ese pretexto para conculcar las libertades públicas en las aulas.
Por supuesto, el malestar de los jóvenes es harto justificado, porque la ley de presupuesto jibariza salvajemente los recursos destinados a la educación como denunciamos en una nota anterior titulada “Un brutal hachazo a la educación pública”. En efecto, los ominosos recortes provocarán la pérdida de entre 40.000 y 50.000 horas de labor en Secundaria, lo cual dejará sin trabajo a más de 2.000 docentes y generará una explosiva superpoblación de alumnos por clase, ya que serán eliminados 150 grupos del Plan 2006, según lo revelado por fuentes gremiales. Ninguno de estos números ha sido desmentido por las autoridades.
Este acto irracional dispuesto por el gobierno de derecha y convalidado con su aquiescencia por las autoridades de la ANEP, cercenará también programas destinados a la atención de los alumnos procedentes de las familias más vulnerables y con mayor riesgo de desvinculación y abandono, lo cual atenta contra el constitucional derecho a la educación.
A ello se suma, naturalmente, la rebaja salarial que padecerán los educadores, al igual que los demás empleados públicos y los trabajadores de la actividad privada.
Paradójicamente, en el marco de recorte y zurcido de este presupuesto perverso y claramente oscurantista, se reasignarán recursos destinados a los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional, se aumentará el número de generales y coroneles y se comprará innecesario equipamiento militar.
Al respecto, lo más más escandaloso en un contexto de restricciones y austeridad, es la adquisición de dos gigantescos aviones Hércules de procedencia española, por un monto de 25 millones de dólares. Lo insólito es que ambas aeronaves están en desuso, porque tienen nada menos que 47 años de antigüedad, y el final de su vida útil es inminente.
Más irracional aun es que los aparatos no están dotados de las cualidades necesarias para el transporte u otras actividades imprescindibles y necesarias, sino que se trata de aviones cisterna adaptados para abastecer a cazabombarderos en vuelo.
¿Cómo justifica el Ministro de Defensa Javier García la adquisición a un costo millonario de esta chatarra inservible? Obviamente, no tiene necesidad de explicar nada, porque está amparado y sostenido por el cerco del oligopolio mediático.
¿Cómo quieren que los jóvenes no se rebelen ante este atentado a la razón, en un contexto de libertades y de derechos constitucionales radicalmente conculcados por meros decretos bajo el pretexto de la pandemia, como si se tratara de una dictadura?
A esa sana rebeldía las autoridades de la ANEP, que siguen sumisamente la línea del gobierno y revelan falta de sensibilidad impropia de educadores, responden con un ultraje a la libertad de expresión, acorde con la impronta de un gobierno represivo, que no duda en limitar el derecho de reunión y en apalear, gasear y disparar balas de goma contra pacíficos civiles desarmados, como sucedió en la Plaza Líber Seregni.
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