I.
Era de esperar que a los 50 años del comienzo formal de la dictadura los actores y sujetos políticos que hoy están activos reaccionaran y quisieran marcar su relato y su versión en la sociedad.
En ese sentido el Ministerio de Defensa es decir el gobierno, lanzó un Proyecto de Ley que planteó abrir todos los archivos existentes sobre el pasado relacionado con la dictadura. Lo defendió planteando que era una actitud de apertura a la verdad y dejó entrever que los gobiernos del Frente Amplio no quisieron hacerlo y que eso llevaba a las dudas sobre su complicidad con los golpistas. Es decir, la propuesta quería plantear esa dudad e instalarla en el imaginario social, para que quedara dando vueltas, retumbando y haciendo ruido.
Apenas unas semanas después aparecen cientos de documentos en un sitio de internet a días de la conmemoración del 27 de junio. Y esto terminó de revolver el avispero. Nadie firmó ni se hizo cargo de ese acto. El Ministro de Defensa ya anunció que no se realizará una investigación interna para intentar saber de dónde surgieron esos documentos que lo implican. Recordemos que este ministerio posee personal especializado en las áreas de informática y en las áreas de inteligencia para al menos elaborar hipótesis sobre este hecho que implica un problema para el Estado uruguayo. ¿El ministro y por tanto el gobierno seguirá sin hacer nada al respecto de esta situación?, ¿no debería conocer de dónde salieron esos documentos?, ¿quiénes estuvieron haciendo ese arduo trabajo?
Los actores y sujetos políticos que participan de manera activa en la vida del país no solamente son públicos. Sin dudas hay grupos que actúan de manera silenciosa y realizando operaciones secretas. En este país (pasó casi inadvertido para el sistema político y para la sociedad en su conjunto) la justicia sentenció que hubo espionaje y seguimientos políticos en “plena democracia” a organizaciones sociales, estudiantiles, sindicatos, etc. Y sobre esos hechos nadie se hizo responsable porque prescribieron. Pero lo más importante nadie se hizo cargo políticamente hablando. Ningún ex gobernante de las administraciones de 1985 a 2004 (los gobiernos posdictadura) planteó un discurso condenando estos hechos. ¿Estuvieron de acuerdo con ese accionar y por eso no lo condenaron?
II.
En este momento en el presente hay una lucha para opacar lo que sucedió en el pasado. Históricamente no hay dudas que las Fuerzas Armadas y especialmente el Ejército es el mayor responsable de los crímenes cometidos durante ese proceso.
Pero también el sistema político, es decir, los políticos profesionales fueron responsables. Porque el que dio el golpe de estado fue Juan María Bordaberry. No fueron los militares. “Por eso mismo, el 27 de junio no podría definirse como un “putsch” militar o un golpe de Estado “palaciego” en el que un dictador civil o un sector militar es desplazado por otro dictador u otro grupo armado” . Y allí no actuó sólo el dictador, tuvo un apoyo explícito de Jorge Pacheco Areco, ex Presidente también del Partido Colorado.
También amplios sectores del Partido Nacional dieron el apoyo para que la solución a la crisis que vivía el país les diera ingreso a los militares para que actuaran abiertamente al votar el Estado de guerra interno y luego le brindaron apoyo al dictador.
Luego que ingresaron a la política los militares comenzaron a extender sus funciones (no sólo reprimieron y cometieron crímenes de todo tipo) y avanzaron en algunos planes para intentar dar un desarrollo al país . Los resultados fueron negativos, entre otras cosas porque no sabían qué hacer porque su formación y preparación no está basada en buscar soluciones a un país en crisis, ni en gobernarlo.
Lo que sí hicieron los militares durante ese período dictatorial fue hacer negocios y también dejaron asestadas las bases para los privilegios de los altos mandos para las décadas siguientes. Es a partir del golpe y con todos los decretos y leyes votados por el Consejo de Estado dirigidos por ellos, que se comienzan a hinchar las jubilaciones y retribuciones para este grupo . Hasta el día de hoy es una carga inmensa la Caja Militar (500 millones de déficit anuales) que nadie se atreve a tocar.
Volviendo a lo que decíamos respecto a los negocios de los altos mandos de esta institución, es un vacío que todavía no se ha estudiado en profundidad y menos aún fue un tema de la justicia. Hay algunos estudios al respecto de corte periodístico (la historiografía uruguaya no ha profundizado en este aspecto) y aproximaciones de historiadores pero no es un campo de estudio prolífico. ¿Cuántas fortunas –que hoy siguen gozando sus familiares- hicieron los golpistas?, ¿no es posible hacer nada al respecto?
Quedan muchos puntos ciegos a resolver. ¿Cómo operó la dinámica de los negocios en el período 1973-1984?, ¿cómo actuaron los empresarios en ese período?, ¿cuál fue el vínculo entre empresarios y Estado?, ¿hubo políticos profesionales en estos negociados?
Estas preguntas recién empiezan a intentar responderse de manera más sistemática y profesional en este último lustro, aunque la historiografía aún no ha logrado posicionarse al respecto. Aquí los equipos multidisciplinarios (historiadores, economistas, periodistas, entre otros) podrían ser de gran relevancia para dotar de mayor potencia a las próximas investigaciones, de esa manera la historiografía logrará incorporar un aspecto hasta el momento no profundizado y que permitirá una lectura más integral de dicho período histórico.
III.
Sin dudas los chisporroteos actuales son parte de ese pasado que está abierto y caliente. Encontrar restos de detenidos desaparecidos siempre es removedor, pero en un mes como este a 50 años del golpe trajo un vendaval en todo el campo político.
Y la que sale herida de esta situación es la coalición que está gobernando hoy el país. Allí hay sectores y personas que apoyaron el golpe y continúan apoyando su legado. Fueron parte de aquellos años represivos y hoy buscan de todas formas enlodar la arena política para no quedar tan en evidencia ante la ciudadanía.
El Acto Reparatorio fue otro hecho que marcó que a la coalición conservadora no le interesa reparar a la sociedad (no solamente a los familiares de los detenidos desaparecidos), por eso el máximo líder de ese conglomerado político no asistió al Acto y por tanto desestimó la sentencia dictada por la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Esta acción quedará en la historia y dice mucho sobre los intereses del gobierno por no reconocer que el Estado fue responsable de los peores crímenes cometidos en este país.
Sin dudas no es un año y menos un mes cómodo para el gobierno (tiene muchos frentes abiertos que dejamos de lado pero que lo machacan). Lo que mantiene a flote a la administración conservadora es la alianza con los grandes medios de comunicación hegemónicos, que día y noche reproducen las posiciones gubernamentales, encapsulando el sentir de la mayoría de la población. En cierta manera son los amortiguadores del descontento social. Si otra fuera la posición de estos medios: ¿la población no estaría en las calles con mayor ímpetu reclamando?, ¿a qué se debe la benevolencia de estos medios de comunicación?
A 50 años del inicio formal de la dictadura quedan todavía lugares a descubrir. La novedad en este 2023 es que aparecen sujetos políticos parlamentarios que pretenden reescribir lo sucedido, opacando y poniendo un manto de duda sobre lo que pasó. Es por eso que todavía se da la disputa desde el campo popular contra el olvido y la memoria del poder.
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