¿PLEBISCITAR LAS JUBILACIONES?

El Pit-Cnt en una discutida Mesa Representativa resolvió impulsar la recolección de firmas para realizar un plebiscito junto con las próximas elecciones nacionales. Se plantea incorporar a la Constitución el tope de 60 años para jubilarse, así como derogar las AFAPs.
¿Es el mecanismo correcto para lograr cambiar la reforma jubilatoria que puso este gobierno? ¿Se debe meter todo en la Constitución? ¿No sería más conveniente modificar una ley por otra? ¿En caso de perder el potencial plebiscito se hace más difícil después revertir los aspectos más regresivos de la reforma? ¿Se trata de la política del hecho consumado para obligar a otros sectores sociales a acompañarla? ¿Cómo se van a parar los diferentes partidos políticos? ¿Cómo va a manejar el Frente esta iniciativa sindical? ¿Vale aplicar la democracia directa en este caso? ¿Se va a empañar la campaña electoral con este plebiscito?

Peleamos con las armas que nos permiten pelear por Benjamín Nahoum
La Mesa Representativa del PIT-CNT resolvió, el jueves 10, promover un plebiscito contra la reforma jubilatoria aprobada hace tres meses por la coalición variopinta que nos gobierna. De los cuarenta y cuatro sindicatos presentes, treinta se inclinaron por esta alternativa, y catorce se abstuvieron, por dudar de la conveniencia de ese procedimiento en este momento.
De los treinta que decidieron llevar adelante el plebiscito, dieciséis se inclinaban por someter a consideración tres puntos (mantenimiento de la edad mínima jubilatoria en sesenta años, eliminación de las AFAP y aumento de las jubilaciones más bajas) y catorce preferían ir por la derogación lisa y llana.
Como el PIT-CNT es una organización democrática, se analizó, se intercambió, se buscó hasta donde se pudo el consenso, se votó y, puesto que reaccionar ante el desmán del gobierno es urgente, se hará lo que decidió la mayoría: un plebiscito, y con la formulación que la mayoría entendió mejor. Y ahora, todas y todos juntos lucharán para que la iniciativa triunfe.
Lo primero que hay que analizar en este caso es si la reforma en cuestión es buena cosa, y hay que festejarla, o mala cosa, y lo hay que hacer es tratar de detenerla. Y aunque es cierto que en los sectores políticos más preocupados por el monto del déficit fiscal que por la calidad de vida de la gente común, y entre las AFAP, que incrementarán sus ingresos, se ha visto la reforma con ojos complacientes, en el campo popular el rechazo es unánime. Y, aunque pueda parecer paradojal, el representante empresarial en el Banco de Previsión Social, José Pereyra, tampoco la apoyó, enrostrando a los legisladores oficialistas cuando concurrió al Parlamento: “Ustedes tienen la responsabilidad de votar una reforma que no es del agrado de los uruguayos, que no ha sido de su agrado, que no lo será” (El Observador, 10/2/23).
Por lo tanto, por lo menos de este lado de los uruguayos, de lo que se trata es de evitar, lo antes posible, que tengamos que trabajar más para ganar menos, mientras las AFAP ganan más. Para eso se puede esperar a 2025 o 2026, para que, si el Frente Amplio gana las elecciones, y si las gana con mayoría parlamentaria, y si se pone de acuerde internamente, apruebe una ley que derogue la actual y ponga las cosas en su sitio. Mientras tanto, se irán generando hechos consumados (generados por este gobierno) que después habrá que hacer toda suerte de contorsionismos para solucionar.
O se puede actuar ya, interponiendo los mecanismos que la Constitución habilita. Que en este caso no es el del referendo, como era con la LUC, porque la actual constitución presidencialista que tenemos cierra esa vía para una serie de situaciones en que el Ejecutivo no quiere que su autoridad cese ante la presencia soberana del pueblo, como sostenía Artigas que debía ser y hoy se discute que sea.
Queda entonces un solo camino, que es el del plebiscito, que ya se recorrió exitosamente en 1994, contra un desmadre también relativo a la seguridad social de otro Lacalle, por iniciativa popular (¡oh, casualidad!), con apoyo del Frente Amplio y también de importantes sectores blancos y colorados. Y también, como ya había sucedido en 1989 en circunstancias y sobre temas parecidos.
Hay mucha gente, sin embargo, preocupada por qué pasaría si se pierde el plebiscito, basada en el error de que entonces no se podría modificar la ley ahora aprobada, cosa que no es cierta, y abundan las razones y los ejemplos para probarlo: el más claro, el de la ley de impunidad, su ratificación por dos instancias electorales y la derogación de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que aquella permitía, por ley en 2011. Aparte de que en la vida no hay nada que pueda durar siempre, como no dura la vida misma.
Si a los uruguayos no nos agrada la reforma del Dr. Lacalle Pou, como dice el señor Pereyra, y al Frente Amplio tampoco le agrada, como lo señalan todos sus grupos y sectores, ¿qué va a hacer el Frente cuando se realice el plebiscito? Pues lo mismo que hizo en 1989, en 1994, y en 2022 con la LUC: acompañar con todas sus fuerzas, los que pensamos que el plebiscito es lo que hay que hacer ahora, y los que puedan pensar que esperar a derogarlo por ley es lo mejor. Porque lo que estaba en cuestión (la oportunidad) ya no lo estará.
¿Y qué van a hacer los partidos de la coalición? El herrerismo, morir abrazado a la bandera, como lo hizo en 1994, con la compañía de los demás, si no deciden que al llegar al precipicio lo más conveniente no es dar un paso adelante, y se bajan a tiempo, como ya lo hicieron en 1994, abandonando al gobierno, que perdió el plebiscito y la elección presidencial.
Que la campaña electoral va a estar teñida por el plebiscito es indudable y ésa será la mejor forma de discutir el proyecto de país que cada uno quiere, no sobre enunciados teóricos, sino sobre una cuestión concreta y acuciante para grandes mayorías: si la seguridad social se debe financiar aumentando los aportes de los trabajadores, obligados a hacerlo cinco años más, y reduciendo luego las prestaciones que obtendrán, o pidiéndole, por una vez, a los “malla oro”, que tiren un poquito al frente del pelotón.
En una cuestión tan importante como ésta, donde existen opiniones tan opuestas, no puede haber solución mejor que la decisión por el propio pueblo. Porque, en definitiva, sistema representativo de gobierno no quiere decir que la soberanía se transfiere ni se delega, sino que se presta por un ratito, con obligación de devolución en cualquier momento. Al pueblo, claro está.
El traje a medida y el chaleco de fuerza por Andrés Scavarelli

Recuerdo cuando me compré mi primer traje, lo ajustaron bien a mis medidas y quedé muy satisfecho con esa compra. El tiempo fue pasando y con él lo previsible, hoy ese traje no me queda, estaba demasiado ajustado a aquella realidad, no a esta, no estaba pensado para el transcurso del tiempo sino para un momento y un contexto determinados.
Naturalmente que con el tiempo fui adquiriendo otros trajes, pero aprendí a no ajustar demasiado a una circunstancia lo que uno quiere que permanezca. Si uno quiere un traje que dure le tiene que dejar margen suficiente para los cambios que la realidad impone.
Así es con las leyes, pero estas se pueden ir ajustando con rápidas modificaciones. Por esto es que las leyes que más permanecen son las que mejor se adaptan, como en la teoría de la evolución de Darwin.
Con las Constituciones esto es aún más serio ya que las Constituciones no pueden ser cambiadas como una Ley y a diferencia de los trajes, solo hay una.
Es por esto que hay que tener mucho cuidado con lo que se coloca en ella porque puede ser que la realidad luego transforme, ese ajuste hecho a la medida de un contexto en un chaleco de fuerza que nos condene al inmovilismo en el futuro.
En la Constitución debe estar el marco amplio, los límites o linderos, las fronteras que no deben ser traspasadas, pero lo que hay dentro del cuadro debe ser fijado en Leyes, no en una norma de tan compleja modificación.
Un error en este sentido, tomando el caso actual del sistema previsional, puede llevar al colapso de la seguridad social en un futuro porque las reformas de la Constitución son difíciles de lograr y llevan mucho tiempo, por lo que se corre el riesgo de no llegar a tiempo con una adaptación a una nueva realidad.
El traje se habrá convertido en un chaleco de fuerza en un acto de escapismo submarino, condenando al sistema, por no poder adaptarse a tiempo, a la extinción, o forzar a los legisladores a aprobar una Ley sabiendo de su inconstitucionalidad con la esperanza que la Suprema Corte, en caso de impugnación, encuentre una forma de interpretar la norma contrario a su redacción, pero acorde a la necesidad, lo cual es sumamente peligroso.
De ahí el enorme riesgo que encierra el eventual plebiscito propuesto y por qué no debería ser llevado adelante, porque se va a estar comprando un chaleco de fuerza en la convicción de estar comprando un traje.

Las leyes se cambian con otras leyes por Gustavo Olmos
Lo primero que corresponde es reivindicar la independencia del movimiento sindical y los partidos políticos. Cada uno tiene su rol y sus mecanismos internos de discusión y decisión y está bien que así sea.
El Frente Amplio pretende representar a las grandes mayorías del país, pero eso no se traduce, ni debe traducirse, en alineación mecánica con las organizaciones sociales, en ninguno de los dos sentidos.
La reforma de las jubilaciones aprobada recientemente tiene enormes problemas. No es una reforma de la seguridad social, dejando afuera asuntos centrales como protección de la infancia, mujeres, trabajadores independientes, personas con discapacidades o sistema de cuidados, por ejemplo. Ninguno de estos problemas es encarado en el plebiscito anunciado.
¿Cuál es la mejor forma a través de la cual solucionar esos problemas?
El Frente Amplio ha asumido el compromiso de convocar a un gran diálogo nacional, si la ciudadanía nos da la responsabilidad de gobernar en el próximo período.
La Constitución debe contener definiciones relativas a los grandes temas (derechos, ordenamiento del estado y competencias de los poderes). «Un ingenioso mecanismo que trace el puente entre los momentos fundacionales y las coyunturas»
Las leyes se cambian con otras leyes y eso supone construir mayorías. No es una buena práctica poner en la Constitución, con la rigidez que ello implica, elementos que sabemos van a cambiar. No hubiese tenido sentido poner 60 años como edad jubilatoria en las primeras constituciones, porque vivíamos mucho menos, ni lo tendría ponerlo ahora, dado el aumento de la expectativa de vida.
El Frente se opuso en todo momento al aumento de la edad jubilatoria ‘al barrer’. Lo que podría ser viable para algunos sectores, es absolutamente inconveniente e injusto para otros (empleadas domésticas, por ejemplo).
En cuanto a la derogación de las AFAPs nunca estuvo en el programa del Frente. Entendemos que el pilar de ahorro individual es importante y ese es el marco que el país se ha dado para implementarlo. El Frente trabajó para reducir las comisiones y la rentabilidad de las AFAPs en el largo plazo es muy razonable. Por otro lado, es una falacia suponer que no tendría costo la administración de los fondos por el BPS, sería pagado por la sociedad vía déficit de la seguridad social.
El aumento de las jubilaciones mínimas, fue objeto de preocupación en los gobiernos frenteamplistas y los incrementos diferenciales en julio lograron triplicarlas en términos reales.
Finalmente, tengamos en cuenta que en octubre 2024 se juega mucho más que el futuro de la seguridad social.
Gustavo Arballo, Brevísimo curso de derecho para no abogados

Construir otra ley. Por Mauro Mego
Partimos de la base de que esta ley aprobada por el gobierno no es buena para las grandes mayorías, todos estamos de acuerdo en que otro sistema de seguridad social es posible y necesario y que esta ley debe ser derogada. También estamos de acuerdo en que las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones no son un mero cálculo económico, sino que constituyen un derecho humano. El centro de la disputa está en ver qué camino recorremos, es una discusión táctica no menor.
Yo, modestamente, adhiero a la posición que sostiene que la ley debe ser derogada por otra iniciativa legislativa que previamente incluya a todos los sectores sociales, políticos y académicos involucrados en un gran diálogo nacional sobre el tema. Ese a mi juicio es el mejor camino. Respecto de la iniciativa pro-plebiscito, algunas someras y muy cautas consideraciones, ya que aún no tenemos ningún texto concreto. Si lo que se plantea es recorrer el camino constitucional para desactivar por vía de jerarquía jurídica la reforma del gobierno surgen allí varios problemas. Es posible sí incorporar una enmienda que establezca algunos principios rectores generales sobre la seguridad social, lo que resulta más complejo es lograr condensar en un apartado constitucional una norma de tal envergadura que logre desactivar una ley de cientos de artículos bien específicos, se abren allí interminables debates y recursos jurídicos. Si lo que se plantea, de otro modo, es abrir una gran discusión nacional para eliminar AFAP’s o para modelar un sistema de seguridad social público, solidario y sostenible, los plazos que se vienen por delante (juntadas de firmas, avales, etc.) son bastante escuetos para un tema de tanta gravitación. Por otra parte, en el mundo contemporáneo, los cambios a nivel demográfico y del mundo económico-laboral son tan grandes y variados que sería complejo articular bajo principios rígidos un tema por definición flexible. Desde el punto de vista táctico político también se presentan varios problemas. Las últimas experiencias de democracia directa (recurso bien legítimo) han demostrado que: las decisiones que de allí surgen pueden fortalecer, en caso de resultado adverso, la reforma y los preceptos del gobierno, puede no ser buena cosa mezclar una reforma tan seria con una contienda político partidaria por lo que los desgastes militantes también serán parte del menú. En una campaña por la conquista del gobierno no podemos centrar la discusión exclusivamente en el tema seguridad social, otros temas vitales están en juego en la pugna de modelos. El mecanismo lógico y auténtico para derribar la ley del gobierno es otra ley. Vayamos en unidad por un gobierno progresista que lo haga.
Se hace camino al andar por David Rabinovich
Las políticas públicas nos afectan de forma directa y potente; algunas son más y otras, menos simpáticas. Todo depende del cristal con que se mira, a quien afecta o beneficia. No siempre los actores pueden elegir el momento y/o el escenario que más les conviene para plantear una batalla. Una simple escaramuza o el destino de una guerra se juegan en el terreno de la falta de certezas. Cuando se disputa en el campo de la democracia y no hay quien pueda convencer a todos con sus razones, las mayorías mandan, aunque lo sean por márgenes estrechos.
¿Cuál es el mejor mecanismo para cambiar la reforma jubilatoria que impuso el gobierno? ¿Cuánto se pretende cambiar del sistema? ¿Cómo se alinean las fuerzas a favor o en contra de los cambios? Todo es parte de un gran debate. Tanto en los movimientos sociales como al interior del Frente Amplio que de ellos proviene y que, en general, los representa. Pero son cosas diferentes; con una zona común sí de objetivos y militancia. Las dinámicas, las urgencias, los intereses personales, los matices… Todo juega, todo pesa.
Es cierto que establecer en la Constitución los años necesarios para poder jubilarse, agrega rigideces. Derogar las AFAPs no es tema que reúna consensos. Aunque poner un mínimo que alcance para subsistir parece razonable, no faltan aquellos que se preguntan por la financiación del sistema, cualquiera sea las características que tenga. También en este tema aparece nuestra Tenemos una sociedad fuertemente fraccionada con y disensos que obedecen a múltiples causas, no siempre evidentes.
En definitiva, derechas e izquierdas presentan, en su seno, matices más o menos fuertes. Suele haber un centro que deriva hacia una u otra posición, según humores de época. El domingo, luego de las PASO en Argentina, dijo el ganador: «Estamos ante el fin del modelo de la casta, basado en esa atrocidad de que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvidan de que alguien lo tiene que pagar. Cuya máxima aberración es la justicia social, pero se olvidan de que es injusto que la paguen sólo algunos». Quizá debemos asumir que entre la ultraderecha y la izquierda radical hay un mar ancho, profundo, oscuro, pero lleno de vida.
La política decide, define, impone y no siempre son las mejores causas las que triunfan. Las cámaras empresariales y el gobierno como su instrumento intentan imponer cambios profundamente regresivos en nuestra sociedad. Los conservadores y los reaccionarios se organizaron en una coalición, dicen que republicana, para desplazar al Frente Amplio cuyas políticas de aumentos salariales, tan prudentes como constantes, arrastraron al alza durante 15 años las jubilaciones.
Para el progresismo la justicia social es una meta no una aberración como piensa Milei y los suyos. Se hace camino al andar. Aunque entre compañeros de ruta haya codazos y zancadillas, al andar se hace camino y el ir despacio (exceso de moderación) puede ganar elecciones o perderlas. Pero seguro que no traerá cambios de fondo si eso es lo que se pretende.

Democracia directa siempre es buena noticia por Oscar Mañán
El PIT-CNT siguiendo sus reglas de organización interna definió llevar adelante un plebiscito constitucional para enfrentar no sólo la reforma jubilatoria votada por este gobierno sino el sistema privado que maneja los fondos de pensión de los trabajadores vigente desde la reforma de 1996. Asimismo, se plantea fijar la edad de retiro en los 60 años, y debería trabajarse en afinar la propuesta para generar un sistema de candados tales que los representantes políticos de turno no puedan disponer de los fondos de pensión de los trabajadores para otros fines.
A partir de tal decisión se debaten algunos tecnicismos poco sustanciales (ver Nahum, 2023, agosto 11, https://brecha.com.uy/ahora-a-empujar/) , o cómo esto afectaría a las estrategias de los partidos políticos, y en qué sentido influiría el proceso electoral del próximo año.
En principio esta decisión de la clase obrera organizada mediante sus mecanismos legítimos es aplaudible, llama al debate ciudadano y a la democracia directa para resolver un tema que les afecta fundamentalmente a los trabajadores. Sin duda la votación, por más que no denote unanimidades, es mayoritaria y viene siendo promovida por los trabajadores desde tiempo atrás. Estas propuestas se le hicieron llegar a los partidos políticos, con miras a generar un debate, amplio y abierto, sobre los problemas de la seguridad social y las reformas posibles más allá de los sistemas jubilatorios propiamente.
Los partidos políticos son representantes de los ciudadanos, pero no tienen el monopolio de las iniciativas, ni de ideas ni tampoco legislativas. En estos temas los partidos todos se han alejado de los intereses de los trabajadores, por lo que no tienen autoridad moral para criticarla. Los partidos de la coalición de gobierno no escucharon a los trabajadores ni incorporaron sus propuestas, los de la oposición que antes fueron gobierno tampoco hicieron movimientos en este sentido y varios sectores ya se declararon contra una iniciativa de democracia directa.
El dilema que tienen los partidos que piensan en el ciclo electoral es muy distinta a la que enfrentan los trabajadores que ven en el horizonte el final de su vida laboral activa. Es claro hace mucho, que los partidos políticos dejaron de ser los representantes únicos de la sociedad civil en el Estado. Esto implica una democratización de la sociedad, que deja de ser solo una democracia de partidos para ser también de ciudadanos. Ahora, en este caso la clase obrera organizada, es capaz de construir agenda política a partir de una vieja agenda social menospreciada por todos los partidos (terminar con las AFAPs, fijar un tope jubilatorio y rechazar la reforma recientemente votada).
El trabajo que se avecina es arduo y el movimiento obrero deberá sumar al conjunto de organizaciones sociales y solidarias que apoyan siempre los grandes temas nacionales. Los partidos políticos que aspiran a representar los intereses de los trabajadores deberán también plegarse a la causa, si se quedaran en las cuentas electoralistas, incluso cuando les presenten saldos positivos, no serán suficiente para lograr transformaciones de fondo.

Avancemos por Gonzalo Pérez del Castillo

La CNT, por su trayectoria en nuestro país, y luego el PIT durante los años de dictadura merecen el mayor respeto del pueblo uruguayo. El PIT-CNT, heredero de ambas tradiciones, merecería otro tanto. La defensa del trabajo y el salario en el Uruguay nos ha diferenciado de muchos países de América Latina y ha resultado en mejores niveles de vida para la mayoría de la población y en una aceptable convivencia política y social. La pandemia dejó en evidencia cómo opera la previsión social en el Uruguay. Lamentablemente, el PIT CNT no da la sensación de apreciar el tipo de sociedad que hemos logrado construir. Cuando debe pronunciarse públicamente sobre el país sólo ve los asentamientos, los sin techo y los trabajadores que ganan bajos salarios. Los demás trabajadores no existimos. La dirigencia del PIT CNT representa legítimamente sólo a aquellos que, junto a ellos, aceptan que en la celebración del primero de mayo nos venga a dar cátedra sobre principios y derechos laborales una representante del partido comunista cubano, la dictadura más longeva de toda América Latina (que ya es decir).
Después del triunfo de la Revolución, Cuba se entregó a la Unión Soviética. Convencidos que el socialismo real era la receta para la felicidad de todos sin exclusiones, impuso un paquete de reglas y normas que, entre otras, prohíben la libertad de organizarse, de reunión, de expresión, de movimiento y de protestar públicamente contra la autoridad constituida (legítima o no). Hasta 1989 cuando cayó el muro de Berlín, cabía la posibilidad de especular sobre las supuestas bondades y beneficios de ese régimen para la clase trabajadora. Después de esa fecha todo quedó claro y en la mayor parte de los países del mundo occidental los partidos comunistas desaparecieron o se redujeron a un pequeño grupo de devotos irreductibles. Aquellos que no aceptarán jamás contaminar la pureza de sus convicciones morales con los burdos hechos de la realidad. En el Uruguay, por el contrario, el partido comunista aumentó su influencia y no sólo domina la central obrera única de trabajadores, el PIT CNT, sino que se ha vuelto el ideólogo de la fuerza política de mayor peso en el país, el Frente Amplio.
La civilización occidental tiene una enorme riqueza acumulada de siglos de experiencia política y de preclaros pensadores (Kant, Rousseau, Smith y también Marx) que han permitido formar sociedades que, no siendo perfectas, son las más vivibles e inclusivas del mundo contemporáneo.
Uruguay forma parte de esta civilización y ostenta índices de democracia, libertad y derechos ciudadanos envidiables en América Latina. Pero no somos perfectos. Tenemos una necesidad urgente de reformar y adecuar, entre otros, nuestro sistema de pensiones, de educación y de organización del Estado a los nuevos desafíos que el siglo XXI plantea.
Los dirigentes del PIT CNT no están de acuerdo. Quieren un país distinto. En consecuencia, entorpecen todo avance que pueda enriquecer una democracia liberal y consolidarla. Sueñan tal vez con un Estado omnipotente y sin propiedad privada de los medios de producción. Un país tan idílico que ni siquiera los comunistas chinos aceptarían.
Finalmente, releyendo las preocupaciones que VOCES nos plantea: los trabajadores y los jubilados del Uruguay pensamos mayoritariamente en nuestros hijos y nietos y sabemos que reformar el sistema de seguridad social era, y seguirá siendo, indispensable. No perdamos más tiempo en discutir las fantasías de la actual dirigencia del PIT CNT. Avancemos.

¿Para qué? Por Santiago Gutiérrez
Desde que comenzaron a circular las voces de un posible plebiscito que incorpore los 60 años como edad límite para trabajar en la Constitución y la eliminación del sistema de AFAPs, trato de entender sin éxito y lo más desapasionadamente posible, cuáles son los motivos de este impulso político-sindical.
En primer lugar, incluir en la Constitución un tope de edad jubilatoria carece de todo tipo de fundamento de derecho constitucional y lógica. La Constitución de la República es la norma de más alta jerarquía en nuestro territorio. ¿Es la edad jubilatoria realmente inamovible y un elemento de importancia similar al ordenamiento y función de los poderes en nuestro país? ¿Es de relevancia similar a los derechos fundamentales como lo son la vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad? La obvia respuesta negativa es a su vez la primera pista de política pura, dura y pequeña, disfrazada de defensa de derechos.
En segundo término, la totalidad del sistema político ha avalado, por la vía de los hechos, el ahorro privado vía AFAPs. Han gobernado los tres partidos políticos principales, principalmente el Frente Amplio, que integran el Partido Comunista y el Partido Socialista, durante quince años con mayorías absolutas. Nunca voló una mosca en torno al tema. Si el Frente Amplio gobernara, nadie se estaría metiendo con las AFAPs. Por la sencilla razón que no lo hicieron antes con mayorías para hacerlo. Segunda pista de política menor y electoral, camuflada en añeja ideología.
Y, en tercer lugar, ¿qué plantea entonces la central sindical para solucionar el grave problema de sustentabilidad que tenía nuestra seguridad social previo a la Reforma de este gobierno?
Su solución es gritar para la tribuna que nadie debiera trabajar luego de los 60 años, como si fuera un derecho constitucional y que no les gustan las AFAPs porque cobran y obtienen dividendos de los servicios que ofrecen. ¡Bienvenidos al mundo real!
Si realmente la preocupación es que el Uruguay tenga un sistema jubilatorio sostenible y amplio, cosa que compartimos, debemos hablar con madurez y franqueza. Somos cada vez menos activos y más pasivos, que a su vez tienen más esperanza de vida. O sea, menos gente trabajando para sostener a más personas jubiladas por más tiempo. Inexorablemente había que hacer cambios difíciles y poco populares, pero por un bien superior. El gobierno los hizo vía esta reforma que sin dudas puede ser perfectible. Existen mecanismos de sobra para mejorarla.
Si su preocupación es digna de su discurso, este plebiscito no debiera existir, porque su fundamento no se sostiene ni jurídica, ni lógicamente. Que la tentación electoral no se disfrace de un plebiscito que sólo puede tener consecuencias negativas para la comunidad uruguaya.

La voluntad de la mayoría por Juan Pablo Grandal
En estos momentos nos encontramos apenas días después de las PASO, elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, en la vecina República Argentina. El resultado que llama la atención particularmente para esta discusión, es que el primer lugar se lo llevó Javier Milei, de La Libertad Avanza, con 30% de los votos. Ideológicamente representa cuestiones atroces. Busca destruir todos y cada uno de los avances sociales e institucionales que cualquier sociedad civilizada ha implementado desde mediados del siglo XIX.
No voy a ahondar en detalles, seguro que en alguna futura columna podré profundizar en lo que este personaje representa ideológicamente y filosóficamente. ¿Qué es lo relevante para esta discusión? Que un personaje con una visión tan extrema, tan fuertemente ideológica, logre el apoyo de un tercio de los votantes (no así del electorado, debido a la alta abstención). Esto puede tener varias lecturas, relevantes para el tema de hoy.
En primer lugar, puede analizarse que es no solo posible, viable, triunfar electoralmente presentando una visión clara, fuertemente ideológica, sin poner peros y sin miedo a ser denostado por la opinión pública o sectores intelectuales o de la cultura. En esta visión, puede verse positivamente el intento de derogar la reforma de la seguridad social mediante un plebiscito, en el que además se podría dar la eliminación de las AFAPs. Se presenta una visión ideológica clara, de contraste total con la del actual gobierno. Se busca volver a un sistema de previsión social plenamente “solidario”, yendo más allá que lo que el propio Frente Amplio estuvo dispuesto a hacer durante sus sucesivas administraciones.
Por lo tanto, ¿es posible triunfar si esto es bien argumentado? ¿Si se llega adecuadamente a las masas de la población? Cualquier comparación entre la situación actual del Uruguay y de la Argentina es absurda, obviamente, pero, ¿no deberíamos recalibrar lo que consideramos como imposible? O al menos, que presentar una visión clara, contundente, y hacerlo de forma consistente a lo largo del tiempo…puede dar resultados eventualmente.

La visión más terrenal quizás, menos especulativa, a la que me siento más cercano, es que es mucho más viable buscar un cambio de gobierno en el próximo período electoral, con un peso parlamentario lo más fuerte posible, para de esa forma imponer reformas desde el Estado, sin recurrir a otros mecanismos. Tampoco me queda claro que una reforma constitucional sea el camino para derogar una reforma particular. La Constitución es la norma suprema, y llenarla de reformas por temas puntuales no cooperaría mucho en hacer que nuestro armado institucional sea coherente. Se puede llegar al gobierno y deshacer lo que se tenga que deshacer, y hacer lo que se tenga que hacer. Obviamente, con limitaciones institucionales y político-coyunturales.
También, y vuelvo al primer ejemplo, hay que tener mucho cuidado con esa sacralización de la “participación política”, la “democracia directa” y esas cuestiones. Que una propuesta, o un candidato, tenga el apoyo circunstancial de una mayoría, no lo hace correcto. Puede ser profundamente nefasta dicha propuesta, o dicho candidato, y lograr el apoyo de una mayoría. Estas herramientas deben usarse a conveniencia. ¿Conviene usar el mecanismo de democracia directa en esta ocasión, o no? Esa es la pregunta. La herramienta es un camino institucional abierto a utilizarse, nada más, no es algo sagrado. Puede usarse para derogar esta reforma, lo cual comparto. O para cosas peores. Ojo con creer que la voluntad objetiva de las mayorías es demostrada por una votación circunstancial.

Solos, fuertes y juntos por Esteban Pérez
Pese a los disparos contra el PIT-CNT provenientes de los sectores más conservadores del FA, comunicado va, comunicado viene tratando de desmotivar, dividir y desmovilizar, la clase trabajadora decidió dar la batalla contra la reforma de la seguridad social. Más allá del triunfo de una u otra moción, quedó claro que el movimiento social no quiere quedar de brazos cruzados y dará pelea.
No nos extraña ni nos es ajena la presión ejercida desde el astorismo ni el mujiquismo para pretender torcer la voluntad popular; allá por el 2019 tanto Astori como Mujica realizaron declaraciones afirmando que quien ganara el gobierno debería aumentar la edad jubilatoria, casualmente lo mismo que venía planteando e impulsando desde distintos países el Fondo Monetario Internacional. Tampoco nos olvidamos que, en los tres gobiernos anteriores, contando con mayorías parlamentarias, no se eliminaron las AFAPs, pese a la insistencia de las bases frenteamplistas en los sucesivos congresos. Oímos en estos días a algún senador rasgándose las vestiduras y diciendo que no es conveniente realizar un plebiscito porque, si se pierde, la ley se afirma aún más.
O miente o es mala leche: si se pierde, simplemente el plebiscito no tiene efecto y se vuelve a la situación anterior, pudiéndose ser derogada la ley en cualquier momento, como lo establece nuestro marco legal. Salvo que se tema que el plebiscito triunfe y caiga la ley que ahorra el costo político que pagaría el FA concretando desde el gobierno la ya mencionada aspiración antipopular de Mujica y Astori, como sucedió cuando el Plebiscito contra las AFAPs: se perdió el plebiscito y el FA las mantuvo, se salvó, quizás, de pagar el precio político.
Es alentador, más allá de las diferentes visiones, que el movimiento social en su conjunto esté dispuesto a dar la batalla, que actúe con cabeza propia y autonomía de clase y ya obtuvo un triunfo: derrotar a los iluminados que mediante “sesudos” y paternalistas comunicados intentaron manipular la voluntad popular. Quedan dos trofeos más a cosechar: el primero y más importante es la acumulación de fuerzas con la movilización y recomposición del movimiento social; el otro es ganar el plebiscito como garantía de que el próximo gobierno no trampee la voluntad popular. Pero si pierde, quedará igualmente organizado y unido para actuar como ariete acicateando al gobierno de turno para modificar la ley y frenar el desmantelamiento de las conquistas obtenidas, buscando profundizar los cambios en beneficio de los sectores populares. El movimiento popular aparentemente tendrá que dar la lucha por el plebiscito prácticamente solo. Entonces, una vez más como pueblo deberemos ser “fuertes y juntos como una muralla.” Una vez más deberemos abrazarnos al “Nada debemos esperar sino de nosotros mismos”. ¡Arriba los que luchan! ¡Habrá patria para todos!

Leche más agua, agua, agua… por Leonardo Trujillo

Es fundamental tener presente, en cualquier discusión referente a este tema, que debemos abordar no solo el ámbito de jubilaciones y pensiones, sino también una amplia gama de prestaciones sociales, tales como subsidios por desempleo, apoyo en situaciones de enfermedad, licencias por maternidad y paternidad, así como también beneficios destinados a personas con discapacidad, entre otros.
Una reforma seria e integral del sistema requiere que se traten todos los aspectos.
La necesidad de reformar el sistema de seguridad social es un punto innegable en el panorama actual. Sin embargo, la verdadera cuestión radica en definir qué tipo de reforma resulta imperativa. El enfoque comunicacional que ha adoptado el gobierno en torno a esta iniciativa ha conducido a que se perciba su propuesta como elaborada con la más amplia contribución de «expertos» provenientes de diversos campos, a pesar de que aquellos verdaderamente afectados por estas decisiones parecieran haber sido excluidos o, en el mejor de los casos, no se les otorgó la debida consideración.
Esta ley se planteaba originalmente con el propósito de contener el gasto público, cargando parte de dicho gasto sobre un sector específico del sistema, aunque no se explicitara. No obstante, la ejecución de esta estrategia ha arrojado resultados que son evidentes y preocupantes: implica una prolongación de los años de aporte y, paradójicamente, conduce a un menor beneficio económico en comparación con el sistema vigente.
Podemos constatar que esta ley incluye aspectos que desafían incluso el sentido común (aunque sabemos que este sentido no es precisamente común en todos los casos). Se establece la consideración de ciertos trabajadores que no podrían extender su edad de jubilación, como los que se desempeñan en el ámbito rural o en la construcción, mientras que se omiten trabajadores de sectores igualmente demandantes, como los de la industria frigorífica, la metalurgia, el transporte de carga o pasajeros, o el servicio doméstico.
Surge la interrogante de quiénes son los principales beneficiarios de esta ley. En este sentido, es innegable que el sistema financiero y las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPS) emergen como los principales receptores de ventajas en esta nueva configuración normativa. Ahora, la cobertura de estas entidades se ha extendido al 100% de los trabajadores.
Cuando el sistema político no ha logrado o ha optado por no atender las demandas legítimas de la población, se ha recurrido a la opción de la consulta popular como medio para efectuar modificaciones en la estructura legal vigente. Este enfoque se ha utilizado en situaciones en las que el sistema político ha carecido de respuestas adecuadas a las necesidades y aspiraciones de la sociedad en su conjunto.
Obviamente las encuestas se toman en cuenta cuando favorecen a la posición que ostentamos. Más de la mitad de la población no está de acuerdo con la ley. La propia Constitución tiene la respuesta: la consulta popular.
Los defensores de la ley, a falta de argumentos, alertan sobre lo inconveniente de seguir agregando modificaciones a la Constitución, pero también lo hacen aquellos que piensan que plebiscitar junto con las elecciones nacionales les arruina la campaña electoral. Esto último es el problema de los que intentan, nuevamente, rescatar votos de supuestos indecisos, de votantes no definidos con ningún partido, como si esto no hubiera sido una de las causas de haber perdido la pasada elección. En un momento en el que se necesitan definiciones, piensan que paga no definirse.
Dijo el presidente Lacalle “Teníamos un litro de leche, se le fue echando agua, agua, agua, pero sigue siendo leche. Si fuera agua, ya no impulsaremos la reforma”. La metáfora simplifica demasiado la complejidad de la situación que se está discutiendo. Los temas de reforma son complejos y con múltiples dimensiones, y reducirlos a una simple comparación de leche y agua podría minimizar la verdadera complejidad de la cuestión. Lo peor es que no sólo el presidente lo hace, muchos de los que no opinan como él, también.
No cabe duda que una reforma de la Constitución ha sacado el tema a la luz.

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