¿Pobres contra pobres?

El gobierno incluyó en la rendición de cuentas la creación de un fideicomiso que se utilizará para la regularización o relocalización de los asentamientos existentes.  En primera instancia se utilizara los fondos del Instituto Nacional de Colonización, veinte millones de dólares aproximadamente, que se usan para las compras de tierra.

La primera reacción de algunos opositores fue aducir que se intenta desmantelar al INC y que se posterga a los pobres del campo que esperan tierra para favorecer a los pobres que viven en asentamientos. ¿Cuál es la prioridad principal? ¿Es correcto que se cambien de destino esos fondos? ¿No se debería buscar otras fuentes de financiación? ¿Se ponen palos en la rueda a una medida del gobierno con los sectores más necesitados? ¿Hay cola de paja en la izquierda que no pudo encarar el problema de los asentamientos a fondo durante sus gobiernos? ¿No deberían sumarse todos los esfuerzos posibles para erradicar los asentamientos? ¿Es posible erradicarlos definitivamente?

El síndrome de la frazada corta por Benjamín Nahoum

El gobierno multicolor decidió crear en la Rendición de Cuentas 2020 un fideicomiso “de administración”, con fondos públicos, a fin de volcar recursos para los programas de regularización y relocalización de asentamientos irregulares. Según el cálculo de la ministra de Economía y Finanzas, Ec. Azucena Arbeleche, ello implicaría aportar entre quince y veinte millones de dólares para dichos programas.

La idea de incrementar los recursos para mejorar la situación de vivienda de las familias que viven en esos asentamientos no puede menos que ser aplaudida, aunque el aplauso deba ser algo tímido, porque el incremento también lo es: no llega ni siquiera a compensar el recorte que se hizo a las inversiones en vivienda en el Presupuesto Quinquenal 2021-2025, respecto al período anterior. La idea de hacerlo mediante un fideicomiso también podría ser aplaudida (en los hechos, esta propuesta tiene larga data) si uno supiera quién lo va a usufructuar y quién lo va a administrar, porque por ahí aparecen los capitales privados metiendo la cola. Estas preguntas son muy importantes para que se cumpla realmente el objetivo anunciado, pero ése es otro capítulo de esta historia.

Por el momento lo que se sabe es que el fondo constitutivo del fideicomiso surgirá del cambio de destino de dos impuestos, creados en distintos momentos: un adicional al impuesto a las transmisiones patrimoniales sobre los inmuebles rurales, creado por ley de 2006, y una sobretasa del impuesto al patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias, dispuesta por ley de 2013. Ambos recursos se destinaban hasta ahora a la compra de tierra por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC). Se trata por consiguiente de fondos públicos, que dejarán de destinarse a una cosa muy importante, para destinarse a otra cosa también muy importante, o sea, desvestir a un santo para malvestir (porque la ropa del primero le queda muy chica) a otro, como denunció FUCVAM en declaraciones a la prensa.

La explicación de la ministra fue uno de esos casos de “no aclares, porque oscurece”: en realidad esos recursos no se están usando para comprar tierra porque el INC tiene instrucciones precisas de no hacerlo, dadas muy posiblemente por ella misma. En un país con una concentración cada vez mayor de la propiedad de la tierra, y con una cantidad de pequeños productores que la requieren para trabajar y subsistir, el gobierno decide guardar en el baúl de los recuerdos al INC, quizá la única herramienta que se tiene para combatir ese flagelo. Porque sin dinero no hay tierra, y sin tierra no hay INC. Y la ministra todavía pregunta quién podría oponerse a que ese dinero que no se usa, se use para mejorar los asentamientos irregulares. Nadie, claro, siempre que no se pregunte si este otro santo, en este invierno tan crudo, no se nos morirá de frío. Igual que los productores agropecuarios sin tierra.

Quizá el problema sea la falta de imaginación, que le impide al gobierno hacer cualquier otra cosa que no sea, de día y de noche, con frío o sin él, combatir el déficit fiscal sin molestar a los “malla oro”. Sin embargo, los propios recursos de los que están echando mano, indican otro camino: en vez de dejar de apoyar a unos pobres para socorrer a otros, buscar los recursos allí donde están, gravando la acumulación y circulación de la riqueza.

Desvistiendo santos por José Luis Perera

La regularización o relocalización de los asentamientos existentes es un objetivo sin duda importante, nadie lo duda. La cuestión es, como siempre, de donde salen los recursos para llevarlo a cabo, que por cierto deberían ser muchos más que los que pretende obtener la rendición de cuentas, si es que se quiere hacer algo de fondo y no un parche.

Y no se puede tener un enfoque que simplemente atienda a las consecuencias (la falta de vivienda). Las causas del problema son la pobreza y la exclusión. Exclusión entendida en un amplio sentido, económico, social y humano. Su principal característica puede ser la económica, pero incluye oportunidades y capacidades para labrarse un camino en una sociedad productiva, con empleo, educación y salud. Cuando hablamos de esto, hablamos de derechos humanos, ni más ni menos

Esto significa que para resolverlo se necesitan recursos (financieros, materiales, humanos), pero lo primordial es la voluntad política. Si no hay esto último, lo demás no sirve de nada.

“Desnudar a un santo para vestir a otro” se usa para indicar la poca utilidad que tiene quitar algo de un sitio para ponerlo allí donde también, eventualmente, hace falta. Uno de los santos siempre quedará desnudo. Y la cuestión es que nadie se anima a desnudar a los que les sobra la ropa.

El Instituto de Colonización fue creado para “promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural”. Para ello, necesita recursos económicos, entre otras cosas para comprar tierras, cosa que este gobierno le niega.

Pero entiéndase bien: lo que ocurrió durante los quince años anteriores no fue otra cosa que una brutal concentración de la propiedad de la tierra, fundamentalmente en manos extranjeras. El latifundio más grande que existe hoy en nuestro país es extranjero, y se creó durante los gobiernos progresistas. Es decir, lo contrario de lo que promueve la ley de creación del INC. Y por otra parte, en quince años de gobiernos progresistas no hubo avances significativos en la erradicación de asentamientos. En 2006 habían 672, y al final del período 607. Por poner un solo ejemplo: el ex presidente Mujica prometió construir 4 mil viviendas en cinco años (cuando el déficit es de más de 50 mil), pero apenas construye mil, y se destina al Antel Arena tres veces más dinero que a la vivienda. Si tenemos en cuenta las cifras que se manejan de lo que el estado uruguayo invertirá en obras al servicio de UPM2, alcanzaría para construir unas 80 mil viviendas.

Todo esto demuestra que jamás hay una verdadera intención de encarar el problema de fondo ni de desvestir a los diablos.

“Asentamientos”: ¿Un problema estético? Por Jorge Nudelman

Convengamos en primer lugar que “el problema de los asentamientos” no es un problema. Son varios.

El primero, un problema económico. Sin resolver el problema de la pobreza, no se resuelve el problema de su asentamiento. Es una afirmación circular: la forma pobre en que viven los pobres es la manifestación visible de su propia pobreza. A menos pobreza, menos “asentamientos”. En las sociedades capitalistas, las “soluciones” son paliativos, es decir, soluciones temporales para aliviar el dolor. Es posible afirmar con tranquilidad que no hay manera de resolver definitivamente “el problema de los asentamientos” mientras no haya una forma de concebir la vivienda al margen de los valores de intercambio[i]. En los países más ricos son más eficaces, en los pobres, menos. Si un país rico se arruina, los pobres venderán sus casas y buscarán el lugar más barato para reiniciar el ciclo. Si un país pobre prospera, podrá encarar “soluciones” -estatales, privadas, mixtas- a gusto de los gobernantes.

El segundo problema es urbano. Los “asentamientos” han sido estudiados sistemáticamente por varias generaciones de profesionales, entre sociólogos, economistas, médicos, maestros, y urbanistas. El Instituto de Teoría de la Arquitectura y el Urbanismo (ITU), desde su creación en 1951 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, hasta el actual Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos -IETU-, han estudiado concienzudamente el tema desde diferentes ópticas urbanísticas. Un concepto que atraviesa los tiempos y se mantiene firme es que el “asentamiento” tiene un tropismo que lo impulsa hacia el centro de la ciudad, y las “soluciones” lo tienen en sentido contrario. Es decir: los pobres quieren estar cerca del centro de las ciudades, y se arriman todo lo que pueden, y las instituciones que lo “solucionan” los vuelven a expulsar lejos, a los terrenos baratos de la periferia, sin servicios. El costo invisible del ciclo -es decir, el que incluye la instalación de las infraestructuras, los transportes, los servicios como la educación o la salud primaria, etc.- es mayor que el ahorro de los costos inmobiliarios. Los que no pierden nunca son los dueños de las tierras.

Por acá nos vamos acercando a la ocurrente idea de nuestros aristócratas. Es tierra por tierra. Tierra productiva que se aleja de los sistemas controlados de la “colonización”. Tierra improductiva que se inyectará al ciclo inmobiliario. Es doblemente capitalista.

Y además, es estéticamente espléndida. Cierra, es una idea “clara”, de fácil digestión. Un problema estético, derivado de una cuestión más profunda. Lo estético se refiere a la visualidad del fenómeno; la estética es, sintetizando groseramente, la ciencia de la apariencia de las cosas.

Por eso, más que “solucionar”, es importante mostrar. Mostrarse en la tele, todas las noches, al frente de las huestes que salen a buscar personas “sin hogar”. Eso es más poderoso que las ideas. Es más fuerte que pensar que el dinero que se iba a invertir en trabajo (¡el sagrado trabajo en el campo!) se va a invertir en caridad, contradiciendo el discurso meritocrático sobre el mito de la superación en el trabajo.

A la hora de la verdad, puede la estética.

[i] El sistema cooperativo, aun en los países capitalistas, han dado prueba de esta afirmación, forzando la reducción del valor de la vivienda controlando su sistema de intercambio. Los gobernantes de derecha siempre reclaman el paso de las cooperativas a propiedad horizontal, u otras formas de posesión.

Marginalidad urbana y rural por Isabel Viana

El gobierno debe administrar el país para asegurar la calidad de vida de sus ciudadanos en base a sus recursos. Los criterios de gestión de un país y los que definen la calidad de vida deseable cambian con el tiempo. Mantener instituciones y procedimientos obsoletos, sin haber evaluado su aptitud para cumplir los fines deseados, no conduce a lograr los objetivos propuestos.

El territorio, asiento de la vida, provee el espacio y los recursos utilizables para asegurar la supervivencia con calidad de vida de las generaciones que hoy lo ocupan. Es necesario que la gestión del territorio habilite la vida de los habitantes actuales sin comprometer los derechos de quienes lo habitarán a futuro.

Los nativos americanos fueron los primeros que usaron el territorio. Lo hicieron sin apropiárselo, con carácter de bien libre (como hoy son el aire y el agua),

Los colonizadores europeos consideraron que ocupaban tierras vacías, desconociendo la preexistencia y derechos de los nativos. Literalmente “tomaron posesión” de las tierras, que pasaron a ser propiedad personal de los reyes conquistadores, que otorgaron tierras urbanas y rurales a sus jerarcas y a quienes vinieran a poblarlas en el proceso de conquista y colonización. La población nativa fue desposeída en la conquista, perseguida durante el proceso de colonización y exterminada por el estado independiente.

El territorio quedó dividido en parcelas muy desiguales, algunas inmensas, usadas como cotos de caza de ganado cerril. Los dueños de los grandes latifundios fueron desde entonces, factores del ejercicio del poder económico y político.

La población criolla, los inmigrantes, los libertos, quedaron sin acceso posible a la posesión de tierra productiva. Artigas encaró el tema de manera ejemplar procediendo a expropiar las tierras de los latifundistas, a los que calificó de malos europeos y peores americanos y a repartirlas, en lotes de escala subsistencial, entre quienes pudieran asentarse y producir. El trabajo aseguraba la continuidad en la posesión: la construcción de casa y corrales y las actividades productivas eran condición de la continuidad en la posesión. Derrotado Artigas, las tierras fueron devueltas a los propietarios que había legitimado el régimen colonial derrotado, señal inequívoca de la relación entre los dueños de la tierra y el poder político, fuera el que fuera éste.

Los que no recibieron en el reparto de tierras quedaron como peones en las grandes estancias cimarronas. Cuando éstas se transformaron en establecimientos capitalistas, los trabajadores fueron expulsados de los campos y pasaron a vivir en más de 300 “pueblos de ratas”, ubicados al margen de las carreteras y carentes de todo servicio. Fueron la población urbana más desposeída.

. La estructuración física del territorio dio lugar a la construcción de vías férreas y caminos, ambos puntuados por pequeños centros poblados, centros de acopio de la producción rural. Desde ellos se enviaba al puerto de Montevideo. También en los centros poblados de diversa escala los pobres ocuparon las periferias.

Hoy los procedimientos productivos han cambiado. Las tecnologías agropecuarias requieren grandes extensiones de tierra y una vez más el gran negocio agropecuario expulsa a los pequeños propietarios y trabajadores rurales. Los transportes carreteros que desplazaron al ferrocarril, permiten la salida de la producción desde los establecimientos rurales directo a puerto y las pequeñas ciudades han perdido progresivamente sus roles y funciones territoriales. Parte de la población rural que está siendo expulsada migra hacia las periferias urbanas, donde construyen asentamientos, que son ciudad y viviendas precarias. Son los tejidos urbanos que el país construye hoy.

El Estado creó un mecanismo destinado a retener población en el medio rural. Subdividió las tierras disponibles en pequeños establecimientos no subsistenciales que otorgó a personas con escaso capital y sin crear procesos de socialización vital y productiva entre vecinos. El Instituto de Colonización es una institución obsoleta, por cuanto vivimos un proceso de generación de macro unidades rurales. La enorme deuda de los concesionarios de tierra con el Instituto confirma su no viabilidad económica. Muchos de los concesionarios no viven en las tierras y las arriendan para pastoreo a vecinos más poderosos. La población rural es, una vez más expulsada y se radica, junto con los pobres urbanos en los asentamientos. No hablamos de pobres contra pobres: son los mismos pobres, expulsados por el sistema hacia periferias territoriales, sociales y económicas.

Ni el Instituto de Colonización da oportunidades válidas a los pobres rurales, ni construir viviendas soluciona el problema de los asentamientos. En uno y otro lado, quienes reciben tierras inadecuadas a las formas contemporáneas de explotación o viviendas, no pueden solventar los gastos inherentes, ni proveer necesidades básicas de sus familias. Lo más probable es que vendan o arrienden lo recibido, legal o ilegalmente y se sumen nuevamente a la población marginal social y territorialmente.

El problema pasa por la formación para la vida y el trabajo contemporáneos y por la consiguiente creación de oportunidades laborales que permitan proveer a la propia calidad de vida.

¿Pobres contra pobres? Por William Yohai

“El gobierno incluyó en la rendición de cuentas la creación de un fideicomiso que se utilizará para la regularización o relocalización de los asentamientos existentes.  En primera instancia se utilizara los fondos del Instituto Nacional de Colonización, veinte millones de dólares aproximadamente, que se usan para las compras de tierra.”

El tema da para largo. Priorizaremos un análisis cuantitativo del mismo.

En el año 2019, como parte del análisis económico de UPM2 planteamos una propuesta alternativa para los fondos que el gobierno destinaba al proyecto.

De acuerdo a fuentes oficiales una vivienda económica (4 plantas sin ascensor, 60 m²) costaba, incluyendo terreno en zona dotada de servicios básicos de la ciudad, U$S 81.660.  Se puede estimar que dicho costo no ha variado significativamente desde entonces.

la ONG “Techo” estimó que en 2019 había unas 60.000 viviendas en asentamientos irregulares que albergaban entre 182.491 y 219.504 personas

O sea, para eliminar los asentamientos irregulares se deberían construir unas 60.000 viviendas nuevas.

El costo aproximado de dicha construcción sería de U$S 4.900 millones.  A razón de U$S 20: anuales la eliminación de asentamientos llevaría unos 250 años.

Suponiendo una meta mínimamente razonable para un período de gobierno, reducir los asentamientos irregulares a la mitad, Se necesitaría invertir U$S 500 millones anualmente. Veinte veces más que la cifra propuesta a partir de liquidar la compra de tierras por el INC. Y así construir unas 6.000 viviendas por año. Dicho de otra forma, con U$S 20 millones se podrían construir menos de 250 viviendas anuales.

Presumimos que equivaldría a dar vivienda decente a unas 1250 personas, mucho menos, seguramente, que el saldo migratorio positivo que se constata los últimos años en el país.

Es evidente que la propuesta desde el punto de vista cuantitativo es absurda. Si analizamos su conveniencia, dejar de otorgar a gente del campo la posibilidad de un desarrollo productivo propio asentándola, la propuesta también nos parece negativa. Para cualquiera que conozca la realidad rural es clara la conveniencia desde los puntos de vista económico, social y cultural de evitar el incesante éxodo campo-ciudad. Desde ese punto de vista también la cifra que se maneja (los U$S 20 millones) es notoriamente insuficiente. Pero algo es algo.

En suma: el cambio propuesto simplemente no tiene sentido y no parece ser otra cosa que una afirmación lanzada al aire para generar titulares tipo “Se eliminarán los asentamientos” frente al hecho concreto de algunas sentencias judiciales que han puesto al gobierno en una posición claramente incómoda.

Un plan serio para eliminar los asentamientos necesita una reasignación de recursos importante (1% del pbi anual, para empezar). Endeudamiento, creación de impuestos que graven al gran capital, en especial al latifundio, son opciones técnicamente viables. Políticamente no parece haber posibilidades que nada de eso se concrete.

Pero, por favor, dejemos de decir pavadas y pongamos los números correctos sobre la mesa.

Lo urgente es la gente por Gonzalo Maciel

El gobierno puso en la rendición de cuentas un artículo que crea un fideicomiso que busca regularizar los asentamientos. No es más ni menos que comenzar a cumplir otra promesa electoral.

Pero una vez más, el Frente Amplio se opone sin ningún argumento válido. El único argumento que esgrimieron fue “quieren enfrentar a pobres del campo con pobres de la ciudad”, en esta afirmación el FA vuelve a mostrar la ignorancia sobre el Uruguay profundo, si hay algo que está claro es que el perfil de los futuros colonos no es justamente de gente pobre.

Ese artículo deja bien claro cuál es la urgencia para Luis Lacalle y para el gobierno que encabeza. Esa prioridad son los más desfavorecidos y más precisamente quienes tienen las necesidades básicas insatisfechas. En los asentamientos radica la pobreza estructural, y a eso apunta la regularización, saneamiento, techos, paredes y piso de material, luz eléctrica, veredas, plazas, etc. En pocas palabras, comenzar a trabajar en hacer más digna la vida de los ciudadanos.

En que hay que regularizar esos asentamientos, estamos todos de acuerdo, el tema siempre es de donde sacamos los recursos, sobre todo porque los recursos siempre son escasos. Así que como dijimos anteriormente, el gobierno tomó una decisión de qué priorizar, teniendo en cuenta que el Instituto tiene tierras en stock  y de qué es lo verdaderamente urgente. Así que Luis Lacalle se embarca en mejorarle la vida a miles de familias por la simple razón de que es su obligación por ser, como él mismo lo expresó, “yo soy empleado de ustedes”.

Para finalizar no nos queda más que pararnos espalda con espalda, saber que no es algo que se resolverá en este periodo ni de un día para otro, pero si saber que es el inicio del camino y que durante ese camino deberemos exigir resultados y ajustes para que día tras día los uruguayos estén un poquito mejor. Y bajo ningún concepto distraernos con las críticas panfletarias de quienes durante 15 años ni siquiera intentaron una solución para los miles de familias que viven hoy en asentamientos irregulares.

La tierra: el problema de vivienda y colonización por Oscar Mañán

Siempre digo que Uruguay tuvo el boceto más viejo de reforma agraria, y también, el más traicionado. Benedetti en su poema Artigas lo ponía en términos inmejorables: “tres años antes que naciera Marx y ciento cincuenta antes de que roñosos diputados la convirtieran en otro expediente demorado borroneó una reforma agraria que aún no ha conseguido el homenaje catastral”.

El problema de los asentamientos tiene explicaciones multicausales, pero todas confluyen en las relaciones sociales capitalistas, especialmente, con la propiedad privada del suelo. Obviamente, en condiciones de empleo inestable o informal y con salarios bajos pocos pueden acceder a una vivienda. Por esto, los gobiernos deberían actuar en tres direcciones: promover la construcción residencial con obra pública, financiación subvencionada para diferentes modelos de construcción; pero esencialmente, bajar la renta del suelo urbano para residencia.

Es reconocido internacionalmente la experiencia acumulada que tiene el país en la construcción cooperativa por ayuda mutua, y la FUCVAM (Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua) plantea sistemáticamente soluciones que no han sido tomadas en cuenta. Esta modalidad de construcción no solo es eficiente medida en términos de calidad y costos de construcción, sino que tiene un impacto cultural inestimable al crear redes de cooperación y convivencia. Sin embargo, hay tres costos superlativos todavía difíciles de abatir: la tierra, materiales de construcción, e impuestos (FUCVAM ha propuesto exoneración de IVA, entre otras).

En colonización, a pesar de los discursos, no se ha dado un salto cualitativo. Gobiernos anteriores avanzaron en cumplir la ley y terminaron con algunos privilegios de intendentes, diputados y otros beneficiarios que estaban en condiciones irregulares. Pero, al igual que lo que ocurre con el suelo urbano, el solo hecho de participar en el mercado de tierras para obtener los campos a colonizar, no permite abatir la renta del suelo sino lo contrario.

Sería menester pensar en una ley de uso del suelo que se proponga reservar tierras destinadas para la construcción de vivienda y para colonización fuera del mercado; esto sería actuar directamente en la renta del suelo. En el caso de los colonos debería sumársele asistencia técnica sistemática tanto en sus rubros productivos como en la comercialización.

Parece un despropósito quitar los menguados fondos de colonización para ocuparlos en vivienda, sería “desvestir un santo para vestir otro”. Leyes que regulen la herencia o impuestos que la graven llevarían a distribuir un poco mejor la riqueza intergeneracional. Una reforma agraria sería una solución más que atinada que iría a las raíces del problema. Podría comenzarse con una ley de expropiación para tierras improductivas, o para aquellos terratenientes que violen las leyes o que hagan un uso no adecuado del recurso, o para casas inhabitadas o en condiciones precarias que sus dueños no mejoran.

Perdonen mi pesimismo, pero en el “reino de las libertades individuales” la propiedad privada seguirá siendo soberana, y para “tragedia de los comunes” las astas del toro aún están inalcanzables.

Cianuro por Esteban Pérez

Es viejo y sabido que la emigración del campo a la ciudad se amontonó desde hace décadas en los cinturones de miseria que rodean nuestras ciudades, especialmente en Montevideo.

Esa es, en buena medida, la causa del surgimiento y crecimiento de los irónicamente llamados “cantegriles” a los que, por rubor y vergüenza de los últimos gobiernos se ha dado en rebautizar con el más distinguido nombre de “asentamientos”, pero son cantegriles al fin con las carencias y falta de vida digna de siempre.

Si bien tenemos la certeza de que la fábrica de cantegriles es indudablemente el sistema capitalista y que mientras exista seguirá habiendo gente sin vivienda, marginados y excluidos, no dejamos de reconocer que en 1948 se creó la Ley de Colonización gracias a la cual 5.550 familias permanecen instaladas en el interior viviendo dignamente de su trabajo y produciendo alimentos para todos.

El gobierno ha decidido meterle mano al bolsillo del Instituto de Colonización para supuestamente erradicar asentamientos, con lo que estamos de acuerdo nosotros y la Constitución, la que nos mandata a que todos los uruguayos tengan vivienda digna.

La Ley de Colonización otorga prioridad al Instituto para comprar tierras sobre los privados pero si al Instituto de Colonización le sacamos los recursos, minga va a poder comprar tierras. Se está, por lo tanto expulsando del campo a las 1.000 familias que año a año se inscriben con la esperanza que se les otorguen algunas hectáreas para trabajar. Se les quita el taparrabos a unos para dárselos a otros, pero los primeros irán a llenar los cantegriles que supuestamente dejarán los nuevos realojados, en un espiral sinfín de reproducción de la miseria.

Lo más triste de todo esto es que hay mucha plata para recaudar en otros ámbitos, sin tener que tocar los recursos destinados a los pobres del campo.

Irónicamente es prácticamente nulo el aporte a la recaudación fiscal por parte de los grandes exportadores y el sistema financiero, en momentos en que están incrementando con creces sus ingresos, pero claro, son los niños mimados por la filosofía del gobierno.

También se destinan 3.000 millones de dólares de las arcas del país en beneficio de UPM2, lo que significa el triple de lo invertido en tierras para colonos entre 1948 y 2021, que fueron en total unos 1.200 millones de dólares.

Nos queda una duda candente: las tierras que no comprará Colonización quedarán libradas a la especulación y negocios inmobiliarios, casualmente cuanto la rentabilidad de la tierra es un tremendo negocio, el que realizarán sin duda especuladores, sojeros y empresas forestales.

Mientras el sector financiero y exportador no cesa de incrementar sus ganancias se echa mano a los recursos destinados a los más desfavorecidos del medio rural para cubrir el costo de políticas sociales.

Cómo diría Martín Fierro versión siglo XXI: mientras al gaucho lo persigue la pobreza, el gobierno a la enfermedad la trata con cianuro…

No tengo datos, pero tampoco dudas por Sol Inés Zunin

Como si estuviera leyendo el diario del lunes puedo vaticinar que, cuanto este gobierno termine ningún asentamiento habrá desaparecido, pero si menos colonos habrán accedido a un pedazo de suelo en el que trabajar y la tierra oriental será un poco más extranjera. Una de cal y otra de cal, ¿no?

¿Que cómo lo sé? Bueno, la zorra sabe por zorra pero más por vieja. Por eso, si no alcanzara con lo que me susurra mi intuición, puedo basarme en la experiencia: cada vez que gobernó la derecha para, teóricamente, avanzar en mejorar la vida de la población, primero hubo que eliminar derechos y políticas sociales.

Sería la famosa política “honda” en la que primero hay que retroceder para tomar impulso y así sí, llegar a los prometidos futuros venturosos que, claro, nunca llegan porque siempre el camino está plagado de acechanzas que no pudieron prever, por las que nos privan de la parte del disfrute sin, por supuesto, olvidarse de dejarnos el recorte.

Es verdad que si uno toma la precaución de no aclarar de quiénes serán esos futuros venturosos, probablemente veamos cumplidas algunas promesas: nada como desmantelar el INC para que ese porvenir precioso se convierta automáticamente enbrillante presente para un colectivo pequeño, pero no por eso menos exclusivo: el de los grandes exportadores. 😉

La colonización está muerta, que viva la colonización.

Siempre me pareció irónico que un instituto que permitía la desconcentración y redistribución de la tierra se identificara con una palabra que en mi imaginario está asociada con los procesos de invasión y expulsión que propició, en éste querido continente, el viaje del intrépido Colón. Pero dejando ironías de lado (?) ahora sí volveremos a una buena colonización, a la clásica.

Es que en un país con una oligarquía -nacional y extranjera- netamente agropecuaria, ese resabio escandaloso del artiguismo negro y patudo, no podía caer simpático. ¿Qué digo simpática? Era una patada en el hígado.

Cabe, por supuesto, aclarar que suspender la operatoria de compras de tierras y relocalización del INC pensada para, entre otras cosas, frenar el drenaje de pobres de la campaña hacia los asentamientos de pobres de las ciudades, redundará inevitablemente en un crecimiento de estos últimos.

Dime qué recortas y te diré para quién gobiernas.

Si la intuición no basta, algunos números podrían servir; mi amiga que sabe me explica que erradicar un asentamiento requiere sumas, al menos, diez veces mayores que las que maneja (manejaba) el INC. Según sus cálculos de buen cubero, regularizar un asentamiento de cien familias no baja de U$S 5 millones, solo hablando de vivienda pura y dura, sin incluir servicios, ni caminería, ni cordón cuneta, ni espacios públicos. Peor todavía, sin incluir siquiera equipos técnicos. O sea, no va a alcanzar y nos vamos a quedar sin el pan y sin la torta.

Pero seguramente estoy siendo prejuiciosa, mal pensada y negativa. Por eso, y para ser sincera en mi autocríticay demostrar que creo en sus maravillosas intenciones, voy a proponer algunas fuentes de recursos que el gobierno podría aprovechar para financiar la desaparición de los asentamientos, la universalización de la vivienda, la permanencia de habitantes en zonas rurales, a la vez que defender la soberanía de la tierra.

Ahí van: Suspensión de subsidios a las producciones agropecuarias de mayor extensión -desestimulando latifundios y beneficiando las producciones de la economía social y familiar-, aplicación de retenciones móviles –para que las exportaciones record beneficien al conjunto de la población y no solo al grupito exclusivo-, gravar los depósitos de uruguayes en el exterior, eliminación de las exoneraciones de impuestos a las cajas previsionales privadas. Reforma de la caja militar.Un verdadero Kit Primer Mundo Básico. Y eso que estas son solo las que se me ocurrieron en el desayuno. El Kit Premiun sale a la hora de la cena.

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