¿Qué cobrás juez?

La decisión del juez Recarey de suspender la vacunación anti covid en menores de 13 años, conmovió al país. Es casi paradójico prohibir algo que es voluntario y que seguro nos coloca como país en el libro de records de Guiness. Lo que seguramente pronto pasará al olvido como un evento que no debió suceder, deja muchas interrogantes. ¿Puede un miembro de la justicia prohibir un derecho ciudadano? ¿No implica una violación a la libertad individual? ¿Tiene lógica que un magistrado, que nadie eligió, pueda oponerse a la decisión del sistema político que contó con más del 95% de apoyo ciudadano? ¿Qué responsabilidad tendrá el juez si algún niño muere por no estar vacunado? ¿Y qué responsabilidad le cabría al sistema político si en un futuro próximo se constatan efectos secundarios adversos? ¿Está tomada la Justicia por algunos elementos delirantes? ¿Qué consecuencias debería tener este accionar del magistrado? ¿Se podría haber evitado este extremo si hubiese habido más transparencia durante este proceso?

¡Qué nunca falte! Por Eduardo Vaz

Artículo 1º.- Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá deducir la acción de amparo contra todo acto, omisión o hecho de las autoridades estatales o paraestatales, así como de particulares que en forma actual o inminente, a su juicio, lesione, restrinja, altere o amenace, con ilegitimidad manifiesta, cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución (artículo 72), con excepción de los casos en que proceda la interposición del recurso de «habeas corpus». (ley 16011)

La ley de amparo fue aprobada en diciembre de 1988 en nuestro Parlamento. Era  una necesidad para ampliar y robustecer el marco de garantías con que las personas podían contar ante acciones estatales (y también particulares) de manifiesta ilegitimidad. Veníamos de 12 años de dictadura y terrorismo de estado, lo que daban una base más que sólida y dolorosa, a la importancia de contar con normas que cuidaran la plena vigencia de los derechos humanos. Seguramente, es perfectible como toda herramienta jurídica, pero es imprescindible tenerla.

Sin ubicar su origen y razón de ser, puede pensarse que es una norma garantista excesiva que dificulta, especialmente, la acción del Estado, la que estaría por encima del interés particular. En Uruguay vivimos con más intensidad que en otros países la contradicción estado-individuo.

La gran construcción batllista del siglo XX definiendo al estado como “escudo de los pobres” y no como “directorio ejecutivo de los ricos”, logró instalar en el imaginario colectivo una simpatía profunda y sensata en el papel estatal en cuanto a la defensa y promoción del bien común, limitando el individualismo egoísta y promoviendo las garantías fundamentales en torno a los DDHH y los valores republicano-democráticos que caracterizan nuestra sociedad.

Pero la dictadura, tanto de Terra y, muy especialmente, la iniciada por Juan María Bordaberry en 1973, mostró el rostro que anida en todo estado cuando se suspenden las garantías individuales y colectivas o son sometidas a un bien superior que es el propio Estado o la Nación: el terrorismo totalitario. La vida entera sometida a control, represión, censura y arbitrariedad del poder, sin ámbito donde reclamar ni autoridad en quien confiar para defender los DDHH de las personas.

Se puede discrepar totalmente con las resoluciones del Juez Recarey sobre la vacunación a menores o la suspensión de las obras en la rambla de Punta Colorada, pero qué importante que exista el instituto legal del amparo y que la ciudadanía pueda presentarse ante la Justicia y haya jueces que le digan al Estado que se detenga inmediatamente.

No discuto el fondo de ambas acciones. Hay opiniones a favor y en contra en ambas. Hay mecanismos legales plenamente vigentes que seguirán a estas acciones y la vida dirá los caminos que se siguen. Pero cuánto más sano, democrático y transparente es que la gente involucrada directa o indirectamente pueda tomar la palabra, la Justicia pueda frenar al Poder Ejecutivo de turno y reclamarle explicaciones y medidas para subsanar errores, mitigar riesgos o explicar las bondades y necesidades que se dice estar resolviendo. Una democracia deliberativa y participativa, con equilibrio de poderes independientes, no se canjea por cuestiones de ejecutividad ni gastos “superfluos”. Ya lo vivimos y sabemos a quiénes sirve la “ejecutividad” por encima de la deliberación soberana, el “bajar costos” sobre los efectos ambientales y sociales, y un largo etcétera que los poderes fácticos luchan siempre por imponer.

Institucionalidad republicana por Isabel Viana

En relativamente poco tiempo hemos pasado de vivir en una cultura de convivencia muy formalizada a la institucionalización de un cierto cambalache, en el que la praxis valida saltear las normas o cumplirlas más o menos.  Tenemos una legislación sobreabundante y recurrimos con demasiada frecuencia a formas mucho más laxas, en las que deja de llamar la atención el que se violen abierto normas, se ignoren derechos, la vida “en negro” cunda desaprensivamente en todos los ambientes, se concreten grandes inversiones en marcos de secretismo y muchas otras acciones naturalizadas como válidas, aunque estén fuera de los marcos legales.

Creo que el caso que nos convoca tiene múltiples aspectos preocupantes, de los que destaco el que el juez admita la acción de amparo por un actor no legitimado y que determine medidas en aspectos de la administración pública sobre los que carece de competencia. No soy especialista, pero sé que para ejercer el derecho de amparo es necesario que quien lo invoque esté directamente afectado por la circunstancia recurrida y que no puede usarse para reclamar por derechos difusos de la sociedad. También debe tenerse en cuenta que el hecho impugnado debe haber ocurrido en un lapso muy corto previo a la solicitud del amparo.

En el tema que analizamos interesa destacar que quien solicitó amparo no estaba legitimado para hacerlo y que el plazo estaba totalmente vencido, pese a lo que el juez actuante admitió la acción y dictó una sentencia con efectos sobre la sociedad.

Las leyes y las instituciones son parte esencial de nuestro capital social. Definen nuestra forma de convivencia, para la que son herramientas clave. La relativización de las condiciones de validación de una ley es un escalón inaceptable más hacia una cultura del más o menos, que tiene como consecuencia debilitar sensiblemente el marco institucional que nos rige. Esta afectación no ocurre sólo en el acto en sí de aceptar la acción de amparo fuera del contexto necesario, sino que debilita la estructura institucional en su conjunto. Es dable pensar que todo el constructo de las instituciones se sacude cuando se actúa, desde ellas y con el poder conferido por la sociedad, ignorando las condiciones formales de aplicación de un derecho.

El asunto se agrava en la medida de que la resolución del juez se debe materializar en ámbitos de competencia que constitucionalmente corresponden al Poder Ejecutivo, como es el cuidado de la salud y cuando se afecta la libertad individual prohibiendo el ejercicio del derecho y la obligación de los responsables legales de los menores de cuidar de la salud de los mismos.

No sea un ataque a las herramientas por Andrés Scavarelli

Más allá de lo que se pueda discrepar con la decisión del juez de feria sobre la vacunación, es importante sostener y defender la independencia del Poder Judicial pero también de los jueces como contrapeso a la voluntad de las mayorías en favor del Derecho y los derechos humanos.

Se han leído y escuchado voces de todo tenor y en diversos sentidos, cada una cargada de razón y fundamentos, pero llegando a conclusiones que se enfrentan duramente.

Por un lado, aquellos que celebran la decisión judicial de analizar la hipótesis planteada y por otro el de quienes cuestionan la facultad de un juez para cuestionar lo que es una convicción médica o un consenso político y social.

Uno de los requerimientos de un sistema republicano ideal es aquel donde exista separación de poderes, pero no como compartimientos estancos, tiene que haber una necesaria comunicación e interacción de poderes para que el Estado pueda funcionar.

En este esquema de división de poderes es importante que estos tengan un sano equilibrio entre ellos y con la sociedad. Por esa razón es que es habitual que existan dos de ellos que sean de carácter popular o mayoritario, esto significa que sus integrantes sean electos por el cuerpo electoral, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo son entre nosotros casos de esto.

Pero un sano equilibro requiere que el tercero de los poderes tenga por base algo más estable que los cambios de humor social o las corrientes políticas, este es el caso del Poder Judicial donde sus integrantes y sus jerarquías, si bien con cierto grado de decisión de los poderes electivos, sean cooptados o electos por la propia estructura ya que el Poder Judicial no tiene por finalidad otra cosa que la de darle voz al Derecho, no al pueblo, o al cuerpo electoral.

De allí que recientemente se ha estructurado a partir del garantismo, del reconocimiento de la dignidad humana que lo que refiera a derechos humanos no puede ser decidido por los poderes electivos y ni siquiera aún por el cuerpo electoral, es decir, que los derechos humanos no pueden ser cercenados y ni siquiera renunciados por el cuerpo electoral por referéndum o plebiscito. Es lo que algunos autores como Luigi Ferrajoli ha denominado “esfera de lo indecidible”, que nos recuerda también a aquella frase acuñada en la historia del molinero “todavía quedan jueces en Berlín”.

Nuestro sistema ha dado una muestra de seriedad y republicanismo muy grande en estas horas pues si bien diversas voces, tanto desde los poderes del Estado como de la sociedad han criticado fuertemente, en algún caso de forma un tanto fuera de tono, pero se ha acatado el fallo judicial.

Hay quienes han llamado a estas críticas como una violación de la separación de poderes, pero no creo que sea así, toda sentencia es recurrible y criticable, no se debe entender la crítica como una violación a la separación de poderes porque de lo contrario se podría caer en el error de convertir las decisiones jurisdiccionales en dogmas de fe.

Más allá de la posición que se tenga sobre el fondo del caso, sobre la legitimación activa de un particular para representar a toda la sociedad, de si es razonable prohibir el ejercicio de un derecho o más aún de obstaculizar la vacunación voluntaria, lo que se debe destacar es lo permanente.

Es necesario que la justicia sea un contrapeso que, fundado en la realidad, sea quien defienda el Derecho, los derechos fundamentales, frente al poder de los gobiernos, los parlamentos y la voluntad de las mayorías, pues ellas pueden ser útiles herramientas para la toma de decisión política pero no están pensadas para la protección de derechos ni para el descubrimiento de la verdad.

De allí que tanto la ciencia como la justicia, cuando son realmente tales, no dependen de lo que los poderes o de la decisión de las mayorías sino de lo que la realidad o el Derecho establecen.

Cuestionemos el fallo judicial, discutamos, de eso se trata una democracia, pero tengamos el cuidado suficiente de hacerlo preservando el sistema de equilibrios y contrapesos al poder que el Recurso de Amparo nos brinda y un Poder Judicial independiente nos garantiza.

Anti-vacunas, y otras yerbas impartiendo “justicia” por Oscar Licandro

La Justicia es sólo ciega en teoría, porque los encargados de impartirla no lo son. Por ello no alcanza con tener normas que indiquen cuáles son las potestades y limitaciones de jueces y fiscales. Estas normas siempre tienen zonas grises, por donde suelen transitar algunos jueces y fiscales que utilizan su posición para canalizar intereses personales, rencores, prejuicios, su ideología, su militancia y hasta su ego. Por ello se necesita que, además de las normas que las regulan, estas personas posean fuertes convicciones democráticas y el compromiso moral de ejercer su función de modo objetivo, ecuánime, ajustado a derecho y despojado de su propia persona. La Justicia solamente es Justa cuando las personas que la gestionan poseen unas virtudes morales que les permiten poner ese compromiso por sobre todo elemento personal.

Sin embargo, sabemos que hay jueces y fiscales que no poseen esas virtudes. Algunos actúan como clérigos medievales: son los guardianes de la moral pública. Entre estos sobresalen los integrantes de la Suprema Corte de lo Estados Unidos, quienes hace unos días eliminaron el derecho al aborto, sólo porque dicho derecho es contrario a sus valores conservadores. También tenemos a los justicieros. Recuerdo al juez Garzón, quien hizo fama en España por su manejo mediático de los juicios. En 2012 Garzón fue condenado por prevaricación, luego que quedaran demostradas sus maniobras ilegales en el famoso caso Gürtel. En Brasil tuvimos al fiscal Moro, obsesionado en condenar a Lula por corrupción. Se sacó las ganas, Lula fue preso. Pero con el tiempo se demostraron las arbitrariedades de Moro; entonces Lula (seguramente culpable) salió de prisión. En mayo, ya sobrepasando el límite de lo ridículo, un tribunal en el Reino Unido determinó que llamar calvo a un hombre es acoso sexual.

Y así llegamos a nuestro país y a nuestro juez anti-vacunas. ¿Es él sólo una gota en el océano? O, por el contrario, ¿es otro caso más de jueces y fiscales que actúan en forma arbitraria, para imponer sus prejuicios, su ideología u otro tipo de intereses personales? En Uruguay tenemos también nuestros clérigos, sólo que su fanatismo está en las antípodas ideológicas de los jueces conservadores norteamericanos: los que comulgan con el feminismo radical. Dos casos mediáticos ilustran el daño que pueden hacer estos operadores judiciales: la supuesta (no hay dictamen todavía) violación grupal del Cordón y Operación Océano. En ambos casos la obsesión clerical llevó a sus protagonistas a incurrir en arbitrariedades. En el primero, la macana involucró a la fiscal y a su superior, quienes luego de mandar allanar una radio y requisar el celular de un periodista, dieron marcha atrás, pero argumentaron su error en base a pretextos. El segundo, protagonizado por una fiscal que actuó como clérigo y justiciera, fue tan tortuoso y extravagante, que seguramente será material para una película.

Vayamos más atrás en el tiempo. Durante la dictadura operaron los llamados “jueces militares”, unos auténticos justicieros que, auto-legitimados en su misión de salvar al país del comunismo, encarcelaron a cientos de personas por el sólo hecho de militar en organizaciones políticas y sindicales enemigas del régimen. Algunas décadas después llegó la hora de la revancha. Amparados en un nuevo contexto político favorable, y cuan ángeles vengadores, varios jueces y fiscales, claramente identificados con la izquierda, se lanzaron a la caza de sus antiguos verdugos. Cierto es que muchos de los militares encarcelados son culpables (enormemente culpables), pero también es cierto que en varios casos condenaron sin pruebas, exclusivamente basados en testimonios de testigos que no eran imparciales.

El juez anti-vacunas, la fiscal que actuó como clérigo justiciero y la famosa jueza militante de los “derechos humanos” (los de sus camaradas y sólo los de ellos) son ejemplos de lo que no debería ocurrir en una verdadera democracia. Y lo mismo cabe para el juez que es suave con el gran narcotraficante pero implacable con la pobre mujer que vende unos gramos de pasta base; el fiscal que arma una causa light contra un político porque quiere quedar bien con sus correligionarios; los jueces que ponen “penitas” a los estafadores de cuello blanco, los que se lavan las manos en los juicios contra el Estado y los fiscales que acusan sin pruebas fehacientes para sacarse el caso de encima. Esta gente existe, es real y causa mucho daño, a veces a las víctimas y a veces a los erróneamente acusados. ¿Se acuerdan del taxista que hace 10 años fue condenado sin pruebas por una supuesta rapiña a una clienta?

Sobre este problema sólo se denuncia públicamente cuando alguien se siente perjudicado, pero se calla (y a veces, se festeja) cuando perjudica a los rivales. De un lado, el FA festeja las arbitrariedades que cometen sus ángeles vengadores. Y del otro, Cabildo Abierto impulsa una ley sobre prevaricación para jueces y fiscales (dirigida a los ángeles vengadores), pero no condena la actuación de los tribunales militares durante la dictadura.

No es que esté en riesgo la Democracia, como gritan algunos. Pero éste es un grave problema que pone en riesgo la libertad y el derecho de los ciudadanos, al tiempo que erosiona la convivencia democrática. Por lo tanto, no podemos continuar mirando para el costado, festejando cuando nos favorece o quejándonos cuando nos perjudica. De lo contrario, en breve, veremos cómo un juez tierra-planista dicta la prohibición de enseñar en las escuelas que la tierra es redonda.

La libertad de los otros por Rodrigo da Oliveira

Planeado el tema de la suspensión, por parte de un sr. Juez, a la vacunación a niños menores de 13 años (hoy en instancia de apelación, por parte del Poder Ejecutivo y se espera su revocación, veremos qué sucede con ello), surge como primer pensamiento la gran oportunidad de pensar acerca de lo que sabemos, de lo que no sabemos y de lo que entregamos a manos de ese gran pater familias, que hemos dado en llamar estado. Y es que nos dejó mal parados, viendo cómo éramos sujetos cuasi inermes frente a algunas cosas. A saber: la transparencia en algunos procesos del propio estado, la eventual manipulación de la que podríamos ser objeto, las consecuencias de tal manipulación y, yendo al terreno de lo improbable, la posibilidad de ser poco menos que ratones de laboratorio a gran escala.

Antes de continuar, debemos agregar aquí que frente a circunstancias excepcionales debemos demasiadas veces tomar medidas excepcionales. Y es lo que sucedió. Llegó algo ya conocido, con un nivel de afectación altísimo (según regiones, no fue igual para todos, aunque sí general), y de repente muchos o casi todos de nosotros comenzamos a conocer o tener por familia alguna víctima fatal del virus de marras.

Del virus o de la enfermedad desencadenada, otra discusión que se dio pero que carece de sentido traer nuevamente hoy, se salió de manera muy hábil, por parte de la actual administración, a tratar de conseguir las vacunas, dónde y cómo fuere. Se logró proveerlas y comenzar a vacunar en cuanto estuvieron disponibles, a nivel de los países del aún llamado primer mundo.

Todos tuvimos dudas, era algo nuevo, pero a la par de la llegada de las mismas se desencadenó la oleada de muertes de marzo a mayo del 2021.

Sin lugar a dudas ayudó a tomar decisiones y rápidamente la población en general se dispuso a vacunarse. Con miedos, dudas y recelos, pero frente al número de víctimas fatales, era una u otra opción, básicamente.

Habíamos pasado casi todo un año con una mínima cantidad de fallecidos y hospitalizados, una nueva variante hizo que tal seguridad desvaneciera y quedáramos expuestos a algo que seguíamos sin conocer bien. Y mucho menos enfrentar debidamente.

La campaña hizo efecto, para mediados de junio la situación era otra y la confianza a nivel general fue alta, referida a efectos y consecuencias de lo que recibimos por parte de los organismos que históricamente se han ocupado de brindarnos tranquilidad en estos temas. Nacionales e internacionales.

Desde el día uno se conocieron las condiciones en que llegaron las vacunas: en proceso acelerado, sin tener todas las etapas cumplidas, con un rango aceptable de seguridad, que no evitaban enfermarse o portar el virus sino sus formas graves, con contrato y cláusulas secretas y sin poder litigar en contra de los fabricantes, dado que deslindaban eventuales responsabilidades negativas por el uso de lo que proveían. Todo ello se supo.

¿Cuáles eran las opciones? No las había, para casi ningún estado. Era eso o nada, porque las cartas las daban los laboratorios. Y a ceder.

Todos los gobiernos firman acuerdos con cláusulas secretas, referidas a diversas cuestiones, no fue esta la excepción. Pudo haber salido muy mal y salió muy bien.

Quedaba la vacunación a menores, se dio en una segunda instancia, se discutió ampliamente dado que encima generaba todo el tema de la educación virtual y a distancia y el rezago al que se vieron sometidos muchos estudiantes, cosa que aún costará enmendar (ojalá que podamos).

Eso oportuno acá apuntar el porqué utilizar la palabra manipulación, al comienzo de estas líneas. Es que fue lo que se intentó, por parte de laboratorios y antivacunas, hasta hoy mismo.

No importaba la información real, clara y explícita, para ninguno de ambos sectores, aunque por diferentes motivos.

Ello hubiera implicado persuadir, aquello que busca que cada uno decida, teniendo en cuenta lo que mejor convenga a cada cual, con toda la información a la vista y sin falsear datos ni argumentos. Lo que el dictamen del sr. Juez termina aplicando, es dar por buena la posición de una de las partes, bajo el noble paraguas de la salud pública y unos derechos humanos que llegan un año después. ¿Dónde están los derechos vulnerados de los menores, concurridos a vacunar con la firma autorizante de sus responsables legales?

Se actuó con lo que había y posibilitó avanzar, sin consecuencias negativas importantes.

Pero volviendo a los del comienzo, a los ciudadanos de a pie nos vendría bien observar el proceso a largo plazo, para poder ver cuán expuestos estamos a las diferentes posiciones que desde diversos ámbitos detentan unos y otros. Una discusión profunda de lo que queremos para llevar nuestra vida en sociedad también implica que no haya lugar para este tipo de cuestiones, tanto el secretismo como la argumentación infundada que pone en riesgo al común de la gente. El tener contratos secretos o con cláusulas secretas implica tratar como a incapaces intelectuales a los ciudadanos. Algunas sentencias judiciales, también.

Mercaderes de la mentira y el miedo por Juan Pablo Grandal

Mucho se ha hablado en los últimos años de la problemática de las “fake news” o noticias falsas. Es un concepto que es pasible de infinitas críticas, y generalmente me rehúso a caer en su utilización. La razón es que generalmente es utilizado por medios masivos de comunicación, aliados al poder real, para silenciar aquellos medios u opiniones contrarias a la ideología oficial. Cuando estos propios medios pueden ser igual o más mentirosos que aquellos a los que acusan. Pero el mal siempre se aprovecha de problemas reales, para ofrecer falsas soluciones y manipular la situación a su favor. Que el concepto de “noticias falsas” sea utilizado por actores aliados al poder para defender sus intereses, es difícil de negar. También es difícil de negar que en muchos casos hay discursos tan profundamente alejados de la verdad, que ni siquiera les interesa llegar a ella.

Esto tiene que ver con el tema de hoy. Puedo entender que en el 2020, o incluso a comienzos del año pasado, se mantuvieran serias dudas sobre la vacunación contra el COVID-19. Es más, en mis propias columnas en este semanario las he presentado. Pero hay verdades irrefutables a esta altura del partido. La inmensa mayoría de orientales estamos vacunados, y una mayoría menor, pero mayoría al fin, lo estamos con 3 dosis (algunos incluso con 4). Es visible que gracias a la vacunación, hemos podido reducir bastante el número de internados en CTI y muertos por causa del COVID, y hemos podido recuperar en buena medida el funcionamiento normal de la sociedad.

Las consecuencias positivas tanto en la protección de la vida, de la salud mental y física de un gran número de personas, de la economía, de un montón de esferas de la vida social, son innumerables. Y las predicciones más catastrofistas sobre sus consecuencias simplemente no se han cumplido, no son ciertas. Y como en la mayoría de estos casos, si bien existe una mayoría de gente honesta y bien intencionada que por la razón que sea termina creyendo estos discursos, no podemos comernos los mocos y no entender que hay al menos una minoría de actores malintencionados que por “x” motivo se dedican a mentirle a la gente y generar una sensación constante de desconfianza y paranoia injustificada, siendo las consecuencias positivas de la vacunación VISIBLES.

Hay solo unas pocas formas de explicar el accionar de ciertos actores. O realmente repitieron tanto su propio discurso que se lo terminaron creyendo y ya son una especie de “disco rayado”; tienen miedo de perder su minuto de fama que tuvieron durante la pandemia y entonces hacen todo lo posible por mantener en vilo a la gente con esta temática; o defienden algún oscuro interés difícil de determinar. Es curioso porque si bien durante lo álgido de la pandemia se le llamó “mercaderes del miedo” a quienes manipulaban la realidad para imponer restricciones cada vez más duras, ahora los que viven de buscar imponer el miedo son los anti-vacunas. Y quien busca generar miedo difícilmente sea bien intencionado. Pero en este tema, como en tantos otros, como sociedad debemos mostrar una indisposición férrea a presentar como actores legítimos a individuos o grupos que faltan constantemente y conscientemente a la verdad sin el más mínimo reparo.

Y esto último no solo para la temática de las vacunas. La política partidaria es otra esfera de la vida social en la que la mentira es parte cotidiana del modus operandi, y lamentablemente hemos aprendido a aceptar esto. Los medios masivos afiliados a los centros de poder también mienten descaradamente todo el tiempo para defender sus propios intereses. Y bajo ningún concepto debemos tolerarlo. Y tanto en aquellos casos como en este, no debemos tolerar que minorías vociferantes se impongan sobre las mayorías que quieren vivir una vida pacífica en comunidad, y menos mediante una apelación constante a la mentira y la falsedad.

Lo peor es que todo esto es una pantomima absurda. En un mes las probabilidades son casi del 100% de que se restablezca la vacunación en menores. Es otra opereta de un grupúsculo que quiere enfrentar a los miembros de nuestra comunidad, que no busca la armonía y la paz, sino el enfrentamiento constante, y la imposibilidad de poco a poco recuperarnos de los traumas de la pandemia. Por suerte en este caso este grupúsculo es visible y conocido por todos, ya que en otros casos no es tan fácil. Que tengan la libertad de expresarse, está muy bien. Pero basta de tomarlos en serio como actores legítimos. Me hace muy feliz así como a la mayoría de orientales como hemos podido recuperar un montón de cuestiones que la pandemia nos arrebató. Quienes se opongan a aquellas herramientas que lo han permitido, como la vacunación, están actuando de forma profundamente contraria a los intereses y deseos de la mayoría de nuestro pueblo, y plantarse desde ese lugar puede ser muchas cosas, pero lo que jamás será, es respetable.

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