¿Quién gana y quién pierde con el referéndum de la LUC?
Nos aproximamos a tener que votar en el referéndum por los 135 artículos impugnados de la Ley de Urgente Consideración. Diversos actores del gobierno y la oposición están al palo realizando campaña para lograr apoyo al No o al SI respectivamente. La ciudadanía reconoce mayoritariamente que desconoce el contenido de lo que va a votar y todo parece indicar que hoy se vota por camiseta partidaria. ¿El resultado del referéndum generará algún cambio importante en el país? ¿Cómo queda el gobierno con un triunfo del NO? ¿Profundizará su política económica y social? ¿Y si es derrotado? ¿Tendrá que poner un freno a su proyecto? ¿Puede en semejante caso avanzar en una agenda que sufre un rechazo popular? ¿Si la oposición es derrotada, como queda? ¿Se le caerá el estado de ánimo triunfalista por haber logrado las firmas? ¿En caso de derogar los 135 artículos de la LUC, se parará en los pedales contra el gobierno? ¿El resultado marcara tendencia para el 2024? ¿Tocará los cimientos de la coalición un resultado adverso?
¿Cómo evitar que pierdan todos? Por Andrés Scavarelli
Diversas investigaciones, que han pasado distintas instancias de revisión por pares, han llegado a la conclusión de que las decisiones que las personas tomamos con frecuencia, muchas de ellas con cierto grado de complejidad, tienen un alto componente emocional, es decir que decidimos más con el corazón que con la razón. Eso explica por que las campañas publicitarias suelen enfocar más a la fidelización o a la identificación por efectos como “arrastre” que a la exposición racional, sistemática y clara de los componentes de la plataforma.
Vemos muchas veces consignas del tipo “el campo vota tal cosa” o “los trabajadores votamos tal cosa”, mas que hablar de la cosa en sí misma. Las ciencias enfocadas a los “procesos persuasivos” con el advenimiento de técnicas cada vez más sofisticadas de influencia como el mayor dominio de la información personal por medio la utilización más eficaz de macrodatos “big data” permite apuntar cada vez de forma más ajustada y precisa a los elementos que pueden llevar a que una persona ratifique su convicción o la modifique, según sea el interés.
Con el referéndum de impugnación contra la llamada “LUC” vemos algo similar de ambos lados, apelaciones a prejuicios compartidos, divisiones, lugares comunes, la utilización de posverdades y desinformación para incidir en la convicción de distintos grupos sociales a fin de embarcarlos en la posición que cada grupo en pugna busque, pero de la razón, la reflexión y la argumentación sobre los efectos reales de las normas se ha visto muy poco y a lo que se ve se le trata de traidor, quinta columna o tibio. Parece que el fanatismo está de moda y cuando eso sucede, la auténtica democracia huye por la ventana, porque democracia es poder popular y no hay tal sin reflexión, ya lo dice la Biblia “conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”, es solo a través del debate serio, de la información ecuánime y serena que se puede tener libertad real de elección, porque en la estridencia del griterío no hay posibilidad alguna de reflexión, solo de dejarse llevar por la corriente, y no es casual, es lo que se busca por parte de muchos de un lado y otro.
El resultado del referéndum que más me importa o preocupa no es quien gana, no es si sale 1 a 0 o 0 a 1, sino como quedan los jugadores para después. Porque el resultado va a tener tantas lecturas como intereses haya, pero la forma en que se haga la campaña puede determinar más que el resultado en sí mismo.
Si la campaña, como el agua por una pared, discurre por las grietas de su estructura, es inevitable que lo que tendremos será deterioro de la edificación y se ampollan los techos, pisos y paredes, lo mismo sucede con los discursos inflamatorios en el edificio de la democracia, no importa tanto el resultado visible sino el menos notorio, el de las secuelas, daños colaterales y ampollas que queden en nuestro sistema democrático luego de pasar por una campaña de medio término.
No hay cura fácil para una democracia herida, lo que hay es prevención, un llamado a todos los actores políticos y sociales involucrados a priorizar la convivencia social y la salud de la democracia y no un resultado electoral que con importante que pueda ser, jamás lo será tanto como la paz social de una democracia fuerte y plena.
Hay referéndum: pierde el país por Oscar Licandro
El sistema democrático representativo que nos dimos los uruguayos se basa en la idea de que los ciudadanos elegimos nuestros representantes para que sean ellos quienes propongan leyes, las discutan y las aprueben. No obstante ello, nuestra Constitución prevé dos mecanismos de democracia directa: el referéndum y el plebiscito. Sobre el primero se establece en el artículo 79: “El veinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar, podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo”. Claramente, el objetivo es dar a los ciudadanos un instrumento para oponerse a leyes votadas en el Parlamento y para impulsar leyes que éste no impulsa. El referéndum es un instrumento pensado para ser usado por los ciudadanos. No fue diseñado para que los partidos políticos (incluidas las organizaciones sociales que controlan) lo usen para revertir sus derrotas en el Parlamento. No fue pensado para “ganar en la liga lo que se pierde en la cancha”. Los que pierden hoy en el Parlamento, pueden tener su revancha en la próxima legislatura (corregir allí todo lo que creen malo de la mayoría actual). Los verdaderos demócratas tienen esta convicción.
La Democracia no es sólo un conjunto de elementos formales (elecciones, referéndums, Parlamento, etc.), sino también un conjunto de valores que deben regir el comportamiento de los partidos y de los dirigentes políticos democráticos (una cultura política). Entre esos valores cuenta el saber perder, el no utilizar vilmente las herramientas democráticas para torcer el funcionamiento de la democracia representativa. Eso lo tienen claro los partidos fundacionales y el Partido Independiente, que no utilizaron el mecanismo del referéndum para intentar derogar leyes con las que no estaban de acuerdo (que fueron muchas y muy importantes), votadas durante los gobiernos frenteamplistas. Lo inverso ha ocurrido con el FA, que ha llegado al colmo de utilizar infructuosamente dos veces la democracia directa para derogar la llamada Ley de Caducidad. La izquierda frentista no entiende el espíritu de la democracia. Por esa razón solamente acepta las reglas de juego formales (lo que algunos de ellos llaman “democracia formal”), pero no creen ni aceptan la dimensión cultural de la democracia (¡para Andrade, en Nicaragua hay democracia porque se realizaron elecciones!!!). Aceptan formalmente que perdieron las elecciones, pero no tienen la actitud moral de actuar como partido democrático de oposición, cuyo rol consiste en controlar, criticar, denunciar, pero no en distorsionar los mecanismos formales del sistema para imponer su punto de vista.
Es en función de estas convicciones personales que me tomo el atrevimiento de resumir todas las preguntas que formula Voces en una sola. En vez de preguntarme si gana el gobierno o gana el FA, según sea el resultado, prefiero formular una pregunta más trascendente y relevante para la vida de los uruguayos: ¿es bueno para el país este referéndum? Es decir, ¿gana algo el país según la opción que triunfe? En mi opinión, sea cual sea el resultado, el Uruguay pierde. En realidad, ya perdió.
Me explico. Uruguay arrastra desde hace décadas importantes problemas sociales y económicos (el de los asentamientos es quizá el más grave), a los que se sumaron los efectos dramáticos de la pandemia. Hay un gobierno electo por la mayoría de los uruguayos, que tiene una agenda y una estrategia para abordar esos problemas (esa mayoría les delegó el poder para hacerlo). A ello debería destinar todos sus esfuerzos. Hay una oposición que, si se focalizara en proponer alternativas negociables a las propuestas del gobierno, criticar y controlar, estaría contribuyendo a mejorar las decisiones del gobierno para el bien de los ciudadanos. A ello debería destinar todos sus esfuerzos. El referéndum distrae a ambos actores de las importantes responsabilidades que les demanda la situación del país. Mientras miles de uruguayos esperan soluciones a sus dramáticos problemas, la dirigencia política dilapidará tiempo y energía en la campaña del referéndum. Y el único gran culpable de esto es el FA, que con tal de imponer su punto de vista, violenta el espíritu de la institucionalidad democrática y saca al sistema político del que debería ser su foco: resolver los problemas de la gente.
A efectos de legitimar el referéndum, el FA argumenta que el gobierno impuso esta ley entre gallos y medias noches y que impidió un debate serio con la izquierda. Para el FA, la LUC es una falta de “calidad democrática” (¡porque en Cuba, Venezuela y Nicaragua, el gobierno y la oposición debaten las leyes!!!), que es necesario subsanar mediante un referéndum, en el que finalmente se dará ese debate y el pueblo decidirá. De ahí, para el FA, la legitimidad moral del referéndum. Pero este argumento es absolutamente falso. En 2019, a lo largo de toda la campaña electoral, se dio ese debate sobre los contenidos de la LUC (en particular, los artículos que se quieren derogar). La LUC resume la agenda de gobierno de la coalición multicolor. Esa agenda fue lo que, en particular Lacalle Pou, propuso y discutió con todo el FA durante la campaña de 2019. Después vinieron el anteproyecto y el proyecto de ley, pero el debate fue en 2019.
La estrategia preferida por la izquierda frentista es la de instalar un relato falso de los hechos, que sea funcional a sus objetivos. Instalar que no se discutió públicamente (y con calidad democrática) el contenido de la LUC es una gran mentira, que tiene un único objetivo: legitimar ante los ciudadanos el uso vil de un instrumento de democracia directa, a pesar de que la campaña por el referéndum saca energías al sistema político para dedicarse a resolver los problemas que tenemos los ciudadanos.
Para el FA (y todas las organizaciones que controla) lo más importante es infringir una derrota al gobierno. Los casi 200.000 uruguayos que viven en asentamientos, que aguanten y esperen. Total, si durante los 15 años de gobierno del FA, tampoco les dieron bola. La mejora de la educación, la reducción del delito, la creación de empleo y las decenas de problemas que afectan la calidad vida de miles de uruguayos (aquí sí es válido hablar de calidad) son menos importantes que imponer una derrota al gobierno. Si gana el NO, el gobierno probablemente se sentirá fortalecido para avanzar con su agenda de reformas, pero sus ministros y legisladores habrán distraído tiempo de su trabajo en defender la LUC. Si gana el SI, el FA se sentirá con fuerzas para “ir por más”, lo cual reforzará un comportamiento opositor destructivo. No podemos saber cuál de ellos ganará. Lo único seguro es que perderá el Uruguay. Ya está perdiendo.
No al trancazo por Gonzalo Pérez del Castillo
Es de toda evidencia que el Frente Amplio no termina de digerir que fue derrotado en las urnas en noviembre 2019. El pueblo uruguayo, después de haberlo apoyado por quince años consecutivos en todo el país, les dijo “basta” y los sacó. Años de laborioso trabajo conquistando y acumulando espacios de poder en todos los niveles de la educación, la cultura, la administración pública y el sindicato único terminaron por asfixiar a la población y esta, mayoritariamente, pidió un cambio.
El pronunciamiento fue explícito porque la oposición al gobierno del FA, durante toda la campaña, dejó bien claro los cambios que proponía. No hubo misterios. Al vencer la coalición multicolor, se redactó un programa conjunto que fue de orden público. Ese mismo programa es el que, una vez instalado el nuevo gobierno, se convierte en Ley y se somete al Poder Legislativo para su aprobación urgente.
No existe, tal vez, otro mandatario en el mundo al cual la catastrófica pandemia del COVID 19 le cayó a tan escasos días de haber asumido el mando. Al gobierno de coalición le entregaron las arcas del Estado con un déficit fiscal de casi el 5% del PIB, una cifra cercana a los 3000 millones de dólares. Ninguno de los logros que tuvo el FA (que los tuvo) puede justificar este desproporcionado exceso en el gasto público.
A pesar de estas dos calamidades el gobierno de la coalición tuvo un desempeño frente a la pandemia que ha sido ejemplar en el mundo. Se tomaron medidas adecuadas, se confió en la población, no se la confinó, no se paralizó la economía, se vacunó eficazmente y dieciocho meses más tarde se están recuperando los niveles pre pandemia de actividad económica y de empleo.
El FA quedó desconcertado y tuvo un comportamiento errático durante el período de la crisis sanitaria. Estuvo perdido y desorientado, peleando con sus propias autoridades e intentando marcar un perfil opositor que la población no acompañó. El sindicato de ANCAP, intentando salvar el pellejo propio, le tiró un salvavidas: un referéndum contra algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). El FA realizó una movilización impresionante para juntar las firmas necesarias y lo consiguió. Habrá referéndum. Gobierno y oposición deberán entonces re-encaminar buena parte de su tiempo, de su creatividad y de sus habilidades en esta intrascendente contienda.
Efectivamente, los artículos impugnados de la LUC, que están plenamente vigentes desde hace meses y no han producido ninguna catástrofe, no tienen importancia en este referéndum. Es simplemente un intento del FA por reposicionarse en el tablero político, obstaculizando la labor del gobierno. Significará un desperdicio de tiempo, de esfuerzo y de escasísimos recursos que bien podrían ser destinados a mejores causas en estos críticos momentos por el que atravesamos todos los uruguayos.
Hay una contribución que los uruguayos todavía podemos hacer. Lo del título.
Sobre el Referéndum y su trascendencia por Alfredo Asti
Este recurso constitucional de Democracia directa contra leyes aprobadas por mayorías parlamentarias tiene en esta oportunidad dos grandes motivos:
- La rechazable forma de cómo se presentó, trató y aprobó esta ley bajo el régimen de Urgente Consideración y con restricciones por la Pandemia.
Si bien la Constitución prevé este mecanismo para que el Poder Ejecutivo pueda presentar un proyecto que considera necesario de aprobación urgente y esto ha sido utilizado en Gobiernos anteriores en varias oportunidades, nunca se había utilizado de esta forma y circunstancias. En realidad no fue un proyecto de ley con un tema como eje, sino en realidad fue un compendio de varias decenas de temas, sin ningún vínculo entre ellos, pudiendo merecer cada uno de los mismos un proyecto aparte. Como la Constitución, sabiamente, prevé que no se pueda presentar más de un proyecto a la ve, la solución del Poder Ejecutivo para burlar esta limitación fue presentar una ley ómnibus, o como lo han identificado algunos expertos, ferrocarril por su extensión. Este tipo de leyes incluyen, por su amplitud, una verdadera reforma del Estado y sin una verdadera justificación de urgencia.
Estábamos en Emergencia Sanitaria por la Pandemia y sin embargo ningún artículo de los más de 500 presentados hacía referencia a ella. Los Gobiernos anteriores que utilizaron el recurso, lo hicieron para tratar temas concretos o en su caso cuando la crisis del 2002 para encarar la misma desde el punto de vista económico.
En este caso, por importancia, cantidad de artículos y temas diversos, los plazos constitucionales de tratamiento (45 días la primera Cámara y 30 la segunda) fueron una espada de Damocles en estas condiciones ya que, si esos plazos vencían, se daba por aprobado el texto del Ejecutivo, lo que conspiró contra un adecuado e informado debate y toma de decisión (hoy ya se ven a integrantes del oficialismo hablar de modificaciones o de estar en contra de alguna de las medidas adoptadas). Y además de todo esto recordar que se dio con las restricciones que impuso la Pandemia a legisladores, asesores, organizaciones de la Sociedad, etc. Fue un abuso o extralimitación de Poder, como afirmaron destacados juristas.
El voto por SÍ, más allá del acuerdo o desacuerdo con todos o algunos de los artículos debe significar un fuerte rechazo a esta forma de Gobernar, reivindicando una verdadera separación e independencia de Poderes para éste y cualquier Gobierno próximo.
- El contenido de los 135 artículos sometidos a referéndum (de los casi 500 que tiene la ley aprobada), presentan un claro retroceso en los avances que el Uruguay tuvo en años anteriores.
Pone en cuestión temas básicos en Educación, Seguridad Pública e Inteligencia, Vivienda, Economía, Derechos Laborales, Inclusión Financiera, lucha contra el Lavado de Activos, Adopciones, Colonización, Empresas Públicas, etc. que no pueden verse aislados de los planes presentados en el Presupuesto Nacional, Rendiciones de Cuentas, y otras leyes y decretos que presentan en su conjunto un proyecto de país muy distinto al que con tanto esfuerzo se fue construyendo en los últimos Gobiernos. Algunos de estos artículos ya han tenido resultados negativos y otros si todavía no los han tenido, siguen siendo un enorme peligro para el futuro.
El voto por SÍ impediría llevar adelante estas modificaciones que son propias de un proyecto neoliberal extremo, de cuño netamente lacallista, alejado de los principios de Don José Batlle y Ordoñez y Wilson Ferreira Aldunate, quienes, junto a otros progresistas, fueron mayoría en nuestra sociedad por décadas.
En resumen, es necesario hacer conocer, dialogar y discutir, ampliamente y solo con la verdad, la forma de aprobación y contenido de estas disposiciones, que nos retrotraen a los años más oscuros del siglo pasado, para obtener las mayorías absolutas en el referéndum y así dar un rotundo rechazo popular a este proyecto nefasto.
Por todo ello es prioritario abrir los mecanismos de un amplio dialogo republicano, que permitan encauzar el rumbo económico y social de este Gobierno, el que seguramente, de continuar envalentonado como hasta ahora, traerá aparejado, como ya está sucediendo, un grave deterioro de la equidad y los derechos conquistados, profundizando la desigualdad y la exclusión social, con la ausencia del Estado en áreas claves para la Sociedad, comprometiendo el potencial de Desarrollo equilibrado del país.
No es el fin del mundo, otra vez por Santiago Gutiérrez
Contrario a lo que la propia campaña -de uno y otro lado- parece señalar, el resultado del referéndum no es el fin del mundo.
Al menos no lo es en términos histórico-prácticos.
Por varias razones, pero principalmente porque las leyes por sí solas no gobiernan.
Es un mal muy uruguayo creer que las iniciativas legislativas, por su sola presencia, cambian el país. Por supuesto que la aprobación (e incluso la derogación) de ciertas leyes tienen un impacto social superior a lo que esté propiamente escrito en el proyecto, por lo que representan simbólica y prácticamente, generalmente cuando son producto de un reclamo popular, como lo fue el matrimonio igualitario, por ejemplo.
Delante de un respaldo legislativo debe haber buena gestión que haga valer el cumplimiento de la norma y utilice la misma de base y trampolín. Con esto quiero ser bien claro: estos 135 artículos de mantenerse o derogarse no cambian el país en términos prácticos. Sin embargo, en el universo político electoral y de gobernabilidad, el referéndum cobra un relevancia muy superior a la que puede tener en el universo ejecutivo de políticas públicas.
Es de sentido común entender al referéndum como una instancia político electoral en la que su fin último es totalmente político electoral, valga la redundancia. Poco tiene que ver el contenido de esos 135 artículos y su impacto en la vida cotidiana de las personas. De hecho, la central sindical había decidido impulsar la recolección de firmas previo a decidir qué artículos quería impugnar y previo a que el Frente Amplio se viera arrastrado a la contienda, pese a que muchos se negaban a priori. Toda una declaración de principios. Ahora el valioso botín electoral cambió la mirada de un tema que debió tener su última discusión en la democracia representativa.
Entonces es necesario cuestionarse (a futuro), si es justo para el país tener a todo el sistema político enfrascado en una discusión que tiene mucho impacto para los actores políticos y poco para la gente. Una discusión de desinformación y exageración mayoritariamente, donde todo el resto de las acciones de gobierno y oposición tendrán al referéndum como objetivo, cuando el país debería seguir un rumbo distinto, de mucho mayor relevancia y aliento. Con esto no intento negar la validez democrática del mecanismo de recolección de firmas, sino cuestionar la oportunidad y relevancia del momento.
Falta mucho para 2024, y en ese tiempo la vida de la gente puede (y debe) cambiar mucho y para bien. No tenemos derecho, como sistema político, a poner nuestros caprichos electorales, un proyecto de poder y no de país, por encima de la gente.
Qué lejos quedamos de Wilson en la explanada, otra vez.
Consulta para evaluar la gestión del gobierno por Ignacio Núñez
Los gobiernos son constantemente sometidos a desafíos durante su administración. Sean coyunturas internacionales u oposiciones internas, los gobiernos deben adaptarse para viabilizar su programa a pesar de las adversidades que estos enfrentan.
El primer gran desafío que tuvo el gobierno de coalición fue la emergencia sanitaria que sacudió al mundo entero y generó impactos económico-sociales que todavía siguen vigentes. En nuestro país, y debido a la ordenada gestión del gobierno, la pandemia se transitó apaciblemente gracias a una efectiva política de vacunación y a la «libertad responsable» que evitó el cierre total de la actividad económica interna.
Actualmente, el gobierno enfrenta un desafío político que proviene de la oposición que busca derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración aprobada por el parlamento el año pasado. Dicha ley es el lineamiento general del programa acordado por los integrantes de la coalición gobernante a fines del 2019 y está reformando áreas claves para el desarrollo del país como la seguridad pública y la educación.
Al observar el proceso de recolección de firmas, surge una serie de interrogantes que ponen en duda el motivo real de la derogación, ya que por un lado se promueve la derogación de artículos que fueron votados afirmativamente por unanimidad por todas las fuerzas políticas en el parlamento, como por ejemplo la fijación de precio del petróleo mediante la paridad de importación.
Al ver el contenido de los artículos a derogar, se fortalece la idea del objetivo político detrás del referéndum ya que, después de un año y medio de su vigencia, parecieran haber mejoras en algunos aspectos. En materia de seguridad, los indicadores han marcado una disminución en la cantidad de crímenes, particularmente las rapiñas y homicidios. A su vez, la LUC es la base de la reforma educativa que se está llevando a cabo para aumentar la tasa de egreso liceal que actualmente se encuentra en un 40%. Esto incluye la alineación del programa educativo de la ANEP a los demás entes autónomos y la formación universitaria a los docentes. En cuanto al gasto público, se ha profesionalizado el manejo de las cuentas públicas mediante una regla fiscal que pone un tope al gasto y al endeudamiento. De esta forma se asegura que el mayor cuidado de las finanzas públicas y asegura la eficiencia de las políticas públicas para que tengan un impacto real en los más necesitados.
Dicho esto, el referéndum se asemeja más a una consulta popular para evaluar la gestión del gobierno. El riesgo radica en que en la búsqueda de la victoria se equivoque el camino y se ponga en riesgo el país.
Jugada de medio tiempo por Rodrigo da Oliveira
La ley de empresas públicas del 92 generó una movida política inédita para la entonces alianza de gobierno de Lacalle Herrera y el Partido Colorado. Luego de ser votada en pleno por parte de los aliancistas, hubo un cambio de postura por parte del sector encabezado por Sanguinetti que terminó apoyando el derogar determinados artículos de aquella excelente ley.
Pasado el tiempo vimos porqué era excelente.
Duro fue el revés que sintió la administración en aquel diciembre, acusó el golpe y, ya recompuesta, continuó con algunos cambios que lo llevaron a culminar con buen pie institucional el período.
La jugada fue certera, rindió sus frutos y el hábil político volvió a la presidencia. No solo por eso pero fue una base importante para su retorno.
Vio la oportunidad de una elección de medio término y la aprovechó.
Algo parecido sucede esta vez: bajo la cobertura de la derogación de artículos varios lo que se pretende es aprovechar la oportunidad y socavar la buena imagen que mantiene esta administración a pesar de haber pasado casi medio período bajo una pandemia que puso en jaque a gobiernos de diverso estilo en todo el mundo y dilató casi hasta un punto de no cumplimiento varios de sus postulados previos. Ambos sectores se ven favorecidos a priori desde el arranque: la oposición porque logró cohesionar posturas que no lograban generar un encare sostenible como tal y así afianzarse como opción válida y apoyarle electoralmente. Remarcable es que la recolección de firmas surge desde el sector sindical y algunas organizaciones sociales y recién luego el Frente Amplio ve la oportunidad para su utilización política. Vaya ello a la cuenta de la miopía estratégica detentada en los últimos tiempos, en ese aspecto.
Desde el gobierno se ven seguros de poder mantener la situación bajo control y lograr el apoyo de la ciudadanía, votando esta el NO.
Fuerte será el respaldo obtenido de cumplirse las expectativas de los multicolores y a quienes hoy están en el llano les habrá valido para aunar fuerzas y desde ahí posicionarse rumbo a las elecciones nacionales del 2024.
Todos ganarían, de acuerdo a lo que se ve hoy.
En todo esto caben algunas puntualizaciones que se repiten para aquel 1992 y este 2022: la gente se posiciona de acuerdo a preferencias políticas, sin conocer o profundizar demasiado en los contenidos sobre los cuales ha de pronunciarse, guiando por las posturas de sus respectivos referentes ideológicos. Una gran mayoría desconoce qué se va a votar, tal vez en mayor proporción por parte de los derogantes. Así lo han reconocido muchos de quienes aportaron su firma pero también quienes dicen apoyar la LUC como tal desconocen en gran medida su contenido, a pesar de sí tener una vaga idea general.
Tan así es que la misma oposición la votó a favor en general, planteando su discrepancia solo con algunos artículos, lo cual genera aún mayor incertidumbre al sufragante de a pie.
Las quejas acerca de inexactitudes referidas a los argumentos de quienes impulsan la derogación son variadas, en algunos casos definidas como burdas mentiras.
Algunos recordarán aquello de «vender las joyas de la abuela», tal como se calificó la citada ley, también fue argumento de ese sentido poco veraz digamos. Hoy escuchamos cosas así referidas a la seguridad y a la educación, por ejemplo.
Para completar el panorama surgen voces que además pretenden modificar algunos artículos de la misma ley pero pasada la instancia que nos convoca, para ajustar algunas cuestiones percibidas como inconvenientes luego de su aprobación y esto último por parte de legisladores integrantes de la coalición.
Queda mucha tela para cortar aunque parece que no habrá mayores novedades; los votos no alcanzarían para derogar y todos tendrán motivo de festejo.
Queda aún medio período por delante y el gobierno necesita de este empujón para llegar a buen puerto, sobretodo en estos momentos en los cuales los números comienzan a darle favorable pero la gestión en seguridad flaquea.
En política a veces es complejo aventurar resultados, apenas sí se puede esbozar impresiones generales y hay que tratar de no hacer futurología.
Seguiremos la instancia atentamente aunque sin esperar demasiado en materia de debates de alto nivel o ilustrativos para el común del votante, no lo admite la fondo ni la forma de lo que se viene.
Algo más de barro veremos en este aspecto, para regocijo de los unos pocos y hartazgo de la mayoría. Ojalá no sea así y elevemos la mira.
Lacalle no llega a Qatar por Camilo Márquez
¡CUANTAS COSAS HA REMOVIDO EL EXABRUPTO DEL SINDICALISTA ARGENTINO!
Un sopapo al gobierno por Martin Forischi
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