¿Quiénes pagarán la reforma de la seguridad social?

Se conoció un ante proyecto para cambiar el sistema jubilatorio uruguayo que implica nada menos que el 11% del PBI nacional. El envejecimiento de la población, así como la baja natalidad hace que el sustento de la seguridad social sea un enorme problema en nuestro país. ¿Se puede denominar como neoliberal este proyecto? ¿Es correcto aumentar la edad jubilatoria? ¿Se deben eliminar situaciones de privilegio de algunos colectivos? ¿Se logrará aumentar las jubilaciones paupérrimas de miles de uruguayos?
¿O por lo contrario, como se desprende del nuevo cálculo jubilatorio propuesto, se rebajarán las prestaciones? ¿Qué hacer con las AFAP? ¿Es correcto habilitar a las AFAPs a invertir el dinero que administran en apuestas especulativas y de mayor riesgo que las permitidas hasta el presente? ¿Será posible lograr consenso para esta reforma? Sin modificaciones, ¿no terminará de explotar el sistema de seguridad social? ¿El costo de esas modificaciones debe recaer solo sobre los trabajadores?

Eliminar las AFAP y que aporte el capital por  Adolfo Bertoni

Hace algunas semanas, en un presunto debate televisivo, Daniel Castro dijo: “algo hay que hacer, porque el sistema está en quiebre”. Lamentablemente nadie lo paró diciéndole: “el BPS no está en quiebre”. Si una empresa está en quiebre está fundida, lo que no está en ninguno de los horizontes posibles del BPS. La Constitución es clara sobre cómo deben financiarse las pasividades: aportes obrero patronales, tributos establecidos por ley y la asistencia financiera del Estado que fuera necesaria. Según el Presupuesto del 2020, esta fue del 1,2% del PBI, es decir del conjunto de lo producido en bienes y servicios del país en todo un año. ¿Pero para qué se usó ese 1,2%? Para pagar 796 mil jubilaciones, pensiones, pensiones a la vejez e invalidez y subsidios transitorios, es decir el 20% de la población. ¿Está mal que para ese 20% se destine el 1,2% del PBI? En un país justo: ¿no debería destinarse el 20? Esto lo debería cumplir cualquier partido que esté en el Poder Ejecutivo. Los “expertos” hicieron proyecciones que van hasta el 2100, y les dio que a fin de siglo la asistencia sería de 4,4 del PBI, pero entonces serían destinados para cerca del 30% de la población? ¿Es mucho que de cada 100 pesos que produce el país se destinen 4,4$ para el 30% de la población? Son proyecciones suponiendo que no se mejore nada, que siga vigente la horrible ley vigente. Por otro lado, precisamente en VOCES, en el 2013 el economista Antonio Elías revelaba que si se redujeran a la mitad los subsidios al IRAE, Impuesto al Patrimonio y devolución de tributos, sector automotriz y prefinanciamiento de Importaciones, se cubría “el déficit” del BPS y sobraba plata. Estos subsidios, estaban concentrados en las 1000 empresas mayores (a BPS aportaban 198.992 en 2019). Las 100 mayores concentran más de 1/3 en IRAE y el 11,1% en Patrimonio. Las Zonas Francas eran las más beneficiadas (70% en IRAE, 41,7% en Patrimonio.) En total eran 1.447 millones de dólares, que equivalían al 2,9% del PBI. ¿Saben cuánto suman los 7 puntos de IVA que van al BPS –impuesto regresivo– y los del IASS? Son del 2,63% al 2,87% en todo el período (hasta el 2100). Es decir que es el conjunto del pueblo trabajador el que subsidia a los grandes capitalistas. Finalmente, la respuesta primordial a la consulta de Voces es sencilla: si no se eliminan las AFAP y no se tocan los aportes del capital (en Europa los empresarios aportan en promedio el 15,5% y los trabajadores el 8,5%: en Uruguay es al revés; el 7,5 y el 15) no será posible recuperar un sistema verdaderamente solidario y justo como el que reclaman y necesitan la inmensa mayoría de nuestros compatriotas.

La reforma previsional por José Manuel Quijano

Las reformas previsionales no son populares. En algunos países el mero anuncio ha provocado tumultos y las movilizaciones hasta han derrocado a las autoridades.  Si usted se propone reformar el sistema previsional debe asumir que algo anda mal y que debe tomar medidas que no serán simpáticas. Y después, debe prestar atención a un conjunto de variables que son determinantes: a  las  tasas de aporte (lo que le sustraen periódicamente para volcarlo al  sistema);  al porcentaje del salario que se pagará como jubilación (que en la jerga se llama tasa de reemplazo); a la edad mínima de retiro (que se debe ir modificando al alza a medida que la población envejece); al agregado de los años activos (siempre le pedirán un poco más) durante los cuales se han  realizado aportes y, eventualmente, la modalidad de prueba  que se admite para justificarlos; y  al procedimiento de ajuste de las pasividades en el tiempo ( que en Uruguay se rige por el índice medio de salarios IMS). La modificación de estas variables se denomina ajuste paramétrico y, como es fácil de imaginar, la reforma admite varias combinaciones.

En el caso de Uruguay hay, además, tres temas que pueden abordarse  en el caso de una reforma:1) las “cajas paralelas” (policial y militar por un lado, que siempre han sido muy dependientes del aporte del gobierno central, y bancaria, notarial y profesional por el otro, que  apostaron a  construirse  en esquemas de capitalización, con éxito variado ); 2) el régimen de capitalización (que creó las AFAP) que  es y será cada vez más relevante a medida que el sistema madure; 3) y  el “régimen de prestación” que en el Uruguay, en  el sistema solidario, es de “prestación definida” y  hay quienes consideran que debería ser sustituido por un sistema de “prestación variable”,  que ha sido adoptado por las AFAP, y que depende de la historia laboral, la masa salarial y la esperanza de vida (o probabilidad de sobrevida) al momento de retiro.

No dispongo del texto que ha elaborado la Comisión presidida por el Dr. Saldain y mis comentarios se guiaran por lo que he leído en la prensa. La Comisión propone no elevar las tasas de aporte (considera que ya son altas y un incremento podría alentar la informalidad); en cuanto a la indexación de pasividades considera que es apropiado que se siga recurriendo al IMS, porque evita, con justicia, que los niveles jubilatorios se desvinculen de las remuneraciones salariales. Además de inclinarse por la prestación definida, las dos variables a modificar son años de servicio (elevándolos de 30 a 35 años) y edad mínima para jubilarse (incrementándolos de 60 a 65 años). También se propone no avanzar, por el momento, sobre los subsistemas (“cajas paralelas”)

Me atrevo a sugerir que la constitución y el trabajo de la Comisión es de las buenas cosas que está haciendo el país.  Ahí se ha reunido gente que conoce el sistema previsional y que en lo que lleva de trabajo lo ha hecho con extrema discreción y tacto. Las sugerencias centrales para el sistema solidario las comparto plenamente: conservar las tasas de aporte, respetar el ajuste por IMS, mantener la prestación definida y centrar la atención sobre años de servicio y edad mínima para jubilarse. Pero desearía agregar algunos apuntes que no son discordantes sino ampliatorios. O, dicho de otra manera, temas que no deberían estar ausentes.

15. El primer tema es de contexto: el rápido y muy preocupante incremento de la población que envejece, elemento central en cualquier sistema previsional. En el año 2000 el 13% de la población uruguaya había alcanzado los 65 años o más, en año 2020 el porcentaje se había elevado a 15.1%, en el 2040 se estima alcanzará 19.3% y en 2060 se ubicará en 24.5%. El único consuelo es que América Latina (AL) que en 2000 apenas llegaba a 5.7% de su población con 65 años o más, en 2060 se estima alcanzará 22.8%. (Fuente CEPAL, proyecciones demográficas de CELADE, revisión 2019) Cualquier reforma del régimen previsional debe partir de este dato tan inquietante de la realidad: tanto la relación de dependencia demográfica (población dependiente/población en actividad) como la relación de apoyo potencial (la inversa) se modificarán, en la dirección no deseada, sustancialmente. Este es el contexto inevitable. ¿Cuál es el paquete más aconsejable de medidas, que deberíamos tomar desde ahora, para prevenir lo que viene?
16. El segundo tema es el de las AFAP. Desde que se implementó el sistema de capitalización podía esperarse una mejora de gestión y también el desarrollo del mercado local de capitales. Más de 20 años después la gestión es eficiente, las comisiones de las AFAP están quizá en lo razonable y el ingreso, como único operador, del Banco de Seguros ha dado tranquilidad en ese segmento.

* Pero lo que no se ha logrado, y es un tema de inquietante relevancia, es dinamizar el mercado de capitales local. Las AFAP realizan, de manera muy marcada, inversiones en títulos públicos, en un circuito cerrado que no tiene visos de abrirse. Parece un juego de tontos: gobierno emite deuda, AFAP compra títulos y con lo que rinde el papel paga jubilaciones que antes estaban a cargo del gobierno. En parte se debe a que las AFAP han tenido, por cierto, muchas limitaciones para operar, derivadas de la cautela de la autoridad monetaria. No hago de esto una crítica sino un llamado porque el régimen de capitalización no tiene destino, ni se justifica su actuación, sin el desarrollo del mercado local de capitales. La salida a los mercados externos, que no debe estar vedada, tiene que actuar como complemento de un mercado local en expansión.

*Lo sorprendente es que el fracaso, en   este terreno, ocurre en un periodo de bonanza para la economía uruguaya (desde comienzo de siglo hasta 2016) durante el cual se crearon 461 empresas grandes (más de 100 trabajadores), 2626 empresas medianas (20 a 99) ,9183 empresas pequeñas (5 a 19) y 62694   empresas micro        (1a 4).(Fuente: BPS  memoria 2017). Entonces, ¿qué ha pasado?  ¿Fueron las limitaciones bancocentralistas?, ¿El crédito era accesible y menos costoso en otras fuentes? ¿Influyó cierto descredito de las Obligaciones Negociables? ¿El desinterés de las AFAP? ¿Qué debemos corregir para que se aceite este mecanismo?

*Los sistemas de capitalización, aun cuando la autoridad monetaria los vigile con celo, presentan periodos de inestabilidad. Tienen por tanto que operar con reservas de significación para los malos momentos. Hace ya algún tiempo que la rentabilidad de las AFAP muestra una tendencia decreciente. Esto no debe sorprender en un periodo con tasas de interés muy bajas y precios más elevados de los activos disponibles para invertir. Obviamente, se hace difícil repetir las altas rentabilidades del pasado y esto no es ajeno a las jubilaciones que podrá brindar a futuro el sistema.

27. Es interesante notar, también, que, en las primeras dos décadas del siglo, el BPS se ha convertido en un instrumento bastante más   eficiente de lo que era. Se ha incrementado el porcentaje de cotizantes al BPS respecto a la población total: en 2000 cotizaba el 27.6% de la población, en 2019 el 42.1%.  Se ha reducido, estiman los servicios del BPS, significativamente la evasión: en 2004 evadía el 37.4% y en 2016 el 18.0%.  Es notoria también la expansión de la cobertura hasta niveles muy elevados de la población nacional. (Fuente: BPS Memoria anual, varios años)

El punto débil es el déficit del BPS y la necesidad de asistencia del gobierno central, así como de los impuestos afectados.  Por cierto, que el BPS realiza transferencias a las AFAP, y eso podría quizá explicar su déficit, pero si se toma información de la Memoria 2019 (antes de pandemia) las transferencias a las AFAP significaron apenas 17.7% de la suma de la asistencia y los impuestos afectados. Aun con su mejora de gestión, el banco continúa arrastrando un problema con tendencia a agravarse. (Fuente: BPS Memoria 2020)

¿La evasión ha sido superior a la estimada?  ¿El ajuste de las pasividades por el IMS, durante un periodo de crecimiento constante del salario real, tuvo algún efecto sobre los equilibrios del BPS? Se ha incrementado notoriamente el número de cotizantes, pero ¿el aporte promedio, por gravitación de los trabajadores en las micro y pequeñas empresas, puede ser decreciente en el tiempo? Y, sobre todo, ¿centrar la atención sobre más años de servicio y edad mínima más elevada para jubilarse, medidas que son necesarias, corregirán el desequilibrio de un BPS con población cada vez más envejecida? ¿O serán necesarias medidas adicionales?

Si no se reforma pagaran nuestros nietos por Isabel Viana

Las instituciones se organizan adecuadas a necesidades del tiempo en que se las crea. En teoría, cuando las circunstancias cambian, se las debe modificar para adecuarlas a los cambios en la sociedad. A veces puede ser suficiente con cambiar algunos aspectos parciales. En otras circunstancias los cambios deben ser radicales.

La resistencia al cambio nace de los derechos creados y adquiridos por quienes son funcionarios de las instituciones y por aquellos que son beneficiarios de las mismas. Resulta previsible que cada persona quiera conservar el lugar al que había llegado en la carrera funcional y que cada grupo beneficiario quiera que los derechos adquiridos no se modifiquen.

Históricamente, la atención a la vejez, a la infancia y la que debe prestarse a los enfermos fue parte de los cometidos de las familias, que necesariamente debían ahorrar a esos efectos. Hubo también instituciones de caridad privadas que acogieron a los más deprivados. Las dificultades inherentes a la prestación de esos servicios hicieron que se transfirieran gradualmente a la sociedad, inicialmente por la vía de respaldo recíproco de grupos afines (las mutualistas son un ejemplo supérstite de esa modalidad). Desde comienzos del SXX el Estado comenzó a intervenir en el proceso creando Cajas de Jubilaciones de naturaleza gremial, cuya función era recibir los aportes regulares definidos para cada institución y administrar los fondos resultantes, que debían ser suficientes para subvenir a las necesidades de los receptores de prestaciones. Así se crearon la Caja Escolar (1896), la Militar (1911), la de Empleados Públicos (1919), la de Bancarios (1925) y la de Industria y Comercio (1928). En 1919 se aprobó una ley de Pensiones a la Vejez. Salvo en el último caso, los seguros sociales comprendían a trabajadores asalariados.

La Constitución de 1967 institucionalizó el Banco de Previsión Social, reuniendo las cajas Civil, de Industria y Comercio y Rural (que mantuvieron sus diferencias estructurales institucionales), tendiendo a la organización de un sistema de seguridad social con vocación nacional, meta ciertamente difícil de alcanzar. A ese esquema general se agregaron los seguros privados de las AFAP, siempre criticados.

La sociedad del primer quinto del S XXI cambió radicalmente. Es imperiosa la necesidad de pensar si es posible “remendar” un sistema que institucionaliza la desigualdad entre quienes son atendidos y que haya personas que no tienen derecho a apoyo social en los casos clásicos:  enfermedad y accidentes (común o de trabajo), maternidad, invalidez, vejez, muerte, orfandad o desamparo de menores, viudez, cargas familiares (matrimonios, número de hijos, etc.) y desempleo o hay que vencer las resistencias y rever la totalidad del sistema. También hay que preguntarse si todas las prestaciones del BPS son justas y si debe continuar expandiendo las tipologías de las mismas.

La lógica financiera del sistema cambió por la fuerza de los hechos: hoy funciona gracias a la solidaridad intergeneracional: los aportes de los que trabajan y del Estado conforman la torta a repartir. En una sociedad en que el número de viejos crece y disminuye el de nacimientos, la carga sobre los sectores más jóvenes de trabajadores tiende al crecimiento más allá de lo soportable.

No creo que se deba “retocar” el sistema: intervenciones parciales no lo harán dejar de ser injusto, ya que mantendrían diferencias entre personas con iguales derechos.

Se hace necesario trabajar sobre la construcción de un sistema justo, que establezca la igualación de derechos independientemente de la profesión que haya ejercido y defina prioridades de cobertura en función del interés general, sin olvidar los principios como el de Igualdad e integridad, que postula la asignación de idéntica protección ante iguales contingencias y el de solidaridad refiere a la financiación del sistema, según el cual toda la población debe contribuir al sostenimiento del mismo.

Trabajar para vivir o vivir para trabajar por Federico Kreimerman

En Uruguay las clases dominantes están con el viento en la camiseta, y se proponen seguir avanzando sobre la clase trabajadora para aumentar a costa de ella sus ganancias.

Por un lado se sigue procesando una reforma laboral encubierta que va precarizando el trabajo, vía tercerizaciones, vía desregulaciones, la “uberizacion” del mercado de trabajo solo significa pérdida de derechos y mayor explotación. En el 2021 se consolidó un ajuste salarial con baja del salario real, casi sin esfuerzo ni confrontación por parte de las direcciones sindicales ni la oposición política, salvo aspectos discursivos, esto explica en buena parte ese viento en la camiseta y la confianza que los grandes empresarios y su gobierno multicolor se tienen para seguir avanzando en sus intereses. Se conocieron ahora detalles de lo que es la otra gran componente que consolida este embate, la reforma de la seguridad social. Deberíamos llamarla como la segunda parte de la misma reforma iniciada en 1995 cuando se aprobó la ley 16713  que entre otras cosas introdujo sustanciales modificaciones en el régimen de prestaciones a la seguridad social, creando el régimen de las AFAP. Ese primer mojón de reforma jubilatoria quebró una tradición de seguridad social intergeneracional y solidaria para instalar la lógica del ahorro individual. 26 años después tenemos como resultado que la enorme mayoría de los trabajadores luego de al menos 35 años de trabajo y aportes llegan a su retiro recibiendo pésimas jubilaciones que no permiten en muchos casos afrontar con dignidad la etapa final de la vida. En el medio pasaron 15 años de gobiernos con apoyo popular y mayorías parlamentarias que podrían haber devuelto a la seguridad social su espíritu solidario, pero en vez de eso, se mantuvieron las AFAP y se redujo el aporte patronal, ambas causas del actual déficit que tiene el BPS que hoy se utiliza para justificar un nueva reforma en detrimento de los trabajadores. Ahora se nos plantea aumentar la edad de jubilación hasta los 65 años, al mismo tiempo que se eliminan prestaciones y se modifica la base de cálculo a un promedio de los 25 mejores años de aporte, cuando hoy son 20 años (una simple cuenta muestra que esto sólo reduce el promedio que se tomará para el cálculo). Esta reforma es a las claras un avance más sobre los derechos de los trabajadores; aunque busque justificarse en que la tecnología ha avanzado, que eso permite vivir más y a su vez que el trabajo no sea “tan pesado”. Cuando la ciencia puesta al servicio de la producción permite a la humanidad producir más en menor tiempo deberíamos trabajar menos y no más como pretenden los reformadores al servicio del capital. En nuestra concepción la seguridad social no es una caja de ahorro ni menos aún un negocio sujeto a los vaivenes del mercado, la seguridad social es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el estado poniendo el acento en los más desfavorecidos. Corresponde a los trabajadores tomar este tema con la debida responsabilidad para enfrentar movilizados y en la calle este intento regresivo de modificar las condiciones de retiro y las prestaciones sociales. Nada les fue regalado a la clase obrera, es hora de defender las conquistas.

Ángeles de la muerte por Esteban Pérez

A partir de 1939 el régimen nazi comenzó a considerar a los ancianos y discapacitados “población poco productiva”. Los ancianos eran vistos como indeseables y superfluos para el Estado, por lo tanto recibían una asistencia alimentaria y de salud insuficiente como método para acortarles la vida. De otorgarles escasos recursos se pasó luego a la eliminación de hecho. Entre enero de 1940 y agosto de 1941 alrededor de 70.000 internos de establecimientos siquiátricos y asilos fueron sistemáticamente asesinados.  Las SS crearon el brazo ejecutor de este plan con el nombre de “AKTION T4”, quienes luego serían los asesores y gestores de los campos de exterminio de judíos y gitanos.  Según el plan elaborado en 1939 uno de cada diez pacientes siquiátricos debía ser eliminado elaborando incluso un cálculo estadístico de ahorro en alojamiento, vestimenta y alimentación hasta 1951.

En nuestro país la Comisión de Expertos que promueve la Ley de Reforma de la Seguridad Social siguiendo el mandato del Fondo Monetario Internacional, plantea una proyección estadística hasta el 2100. En base a ello estiman lo que se ahorrará en seguridad social si se aprueba  dicho proyecto de ley.  Se mide la seguridad social no con ojos de una sociedad justa y solidaria sino con una mirada economicista y de ahorro en base a la población más vulnerable. Cualquier similitud con los primeros párrafos es pura coincidencia…

Pese a lo reiterado en distintos congresos del Frente Amplio sobre eliminar las AFAPS, los gobiernos frenteamplistas en 15 años no lo concretaron ni tampoco le metieron mano al cáncer que sigue siendo la Caja Militar con jubilaciones escandalosas y que son una verdadera sangría de las arcas del estado. Entre las AFAPS y las exoneraciones de aportes patronales,el BPS deja de percibir muchísima plata. Mientras el trabajador aporta un 15% de su salario, los patrones aportan sólo un 7,5 %; agreguemos a esto que salarios bajos, generaran bajos aportes.

Si bien justo es reconocer que con los gobiernos del Frente Amplio las jubilaciones y pensiones mínimas tuvieron una pequeña mejora, la realidad indica que el 20 % de la población (unos 720.000 uruguayos) son jubilados, el 70% de éstos cobra menos de $30.000 y a su vez el 30 % de este último porcentaje cobra menos de $16.000. Cifras que, sobre todo estas últimas, nos recuerdan el plan nazi de acortar la vida de los viejos teniéndolos mal asistidos y mal alimentados.

El gobierno actual, lejos de plantear mejorar el sistema jubilatorio, lo que propone es empeorarlo y agravarlo ahorrando a costa del bienestar de jubilados y pensionistas, total “la de ellos” la tienen asegurada.  Se nos va a obligar a trabajar más, a aportar más para cobrar menos dejándonos menos tiempo de vida y con más penurias cuando ya viejos, merecemos y necesitamos un digno descanso y poder disfrutar de la vida y de nuestros nietos. Por lo tanto creemos que es hora de sumarnos para apoyar al Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social y bregar por un sistema único de seguridad social intergeneracional y solidario, sin jubilaciones ni de privilegio ni de hambre.

¡Y aquellos que levanten la mano en el Parlamento aprobando la reforma que propone el gobierno multicolor, merecerán ser comparados eufemísticamente con los “Ángeles de la Muerte” de los SS AktionT4…!

El imperioso acuerdo que sólo el gobierno quiere por Oscar Licandro

En los temas de seguridad social la demografía se impone. Cuando aumenta la expectativa de vida de una población y su tasa de fecundidad cae por debajo del nivel de reemplazo la población envejece, y entonces el aporte de los trabajadores en activo ya no alcanza para pagar las jubilaciones. En ese momento los gobiernos se ven obligados a transferir fondos del estado para financiar el déficit, para lo cual deben incrementar la carga impositiva de los ciudadanos y endeudar más a sus países. Como el déficit va en aumento, a mediano plazo la situación se vuelve insostenible. Entonces llega el momento en el que ni las corporaciones que intentan mantener un statu quo que les resulta favorable, ni los voluntarismos ideológicos, ni la demagogia de los partidos políticos que no quieren pagar el costo político de decisiones “impopulares”, pueden ya continuar pateando el problema para adelante. Al final, la demografía termina imponiendo sus condiciones y alguien tiene que hacerse cargo de arreglar las cosas.

En Uruguay hace ya varios años que sonaron las alarmas, pero nada se hizo. Entre 2007 y 2019 el gasto estatal en pasividades pasó del 8.5% al 11% del PBI. Durante el último gobierno del FA varios de sus dirigentes señalaron la necesidad de reformar la seguridad social. Pero no movieron un dedo para hacerlo. Cuando se trata de repartir dineros públicos ahí siempre abunda la creatividad y la voluntad de la izquierda. Pero cuando se trata de dar a los ciudadanos un baño de realidad, de decirles que Papá Noel no existe y que la única forma de asegurar las jubilaciones a largo plazo es hacer cambios que a todos nos van a doler, ahí las ideas y la voluntad de la izquierda desaparecen bajo la tierra. Mejor pasarle el problema a la derecha.

Por eso, nuevamente le toca a los partidos fundacionales (y a sus socios de la coalición multicolor) hacerse cargo. Consciente de la gravedad del problema y de la necesaria urgencia de abordar su solución, el presidente agarró el toro por las guampas. Ni bien asumió, Lacalle Pou impulsó la creación de una comisión de expertos (que incluye miembros del FA), cuya misión es formular una propuesta para reformar el sistema previsional. Dado que el tema requiere ser abordado con la mayor rapidez posible, la creación de esa comisión, sus cometidos, su integración y su funcionamiento quedaron establecidos en los artículos 393 a 398 de la LUC.

El gobierno es consciente de que la reforma debería contar con las más amplias mayorías, a efectos de garantizar su aplicación en el futuro, gobierne quien gobierne. Para ello tendrá que hacer concesiones al FA. Uno de los hechos que evidencia que el gobierno está dispuesto a construir acuerdos con el FA es la designación de Rodolfo Saldain para liderar la comisión de expertos. No lo eligió solamente por su conocimiento técnico, sino también por ser una persona de diálogo, respetuosa de sus interlocutores, que pone más el foco en acordar que en imponer sus puntos de vista. No obstante ello, el trabajo de la comisión avanza lentamente y los acuerdos no llegan. No debe ser fácil para Saldain negociar con el principal representante del FA en la comisión, Ernesto Murro, quien ha demostrado ser una persona muy intransigente, prepotente y dogmática. Tengo mis dudas acerca de las verdaderas intenciones del FA. Si realmente quisiera ser parte de la solución, habría hecho lo mismo que el gobierno: designar gente de diálogo para integrar la comisión.

Veo muy difícil que el gobierno logre su objetivo de una reforma acordada con el FA. Primero, porque al FA le cuesta mucho acordar cuando no puede imponer sus términos. Segundo, porque el FA se ha opuesto sistemáticamente a las soluciones que el gobierno de Lacalle Pou ha diseñado para abordar los diferentes problemas del país. Tercero, porque una buena solución al problema del sistema previsional requiere sacrificios que muchas personas no quieren asumir (por ejemplo, trabajar más años) e implica afectar los intereses de muchos colectivos (si fueran sólo los intereses de los militares el FA apoyaría con entusiasmo), todo lo cual se traduce en costos políticos que la izquierda siempre quiere que paguen otros. Cuarto, porque en el medio está el referéndum para derogar parcialmente la LUC. Si el FA lo gana, seguramente se sentirá con mayor legitimidad y fuerza para tratar de imponer sus condiciones en la reforma. Si es el gobierno quien gana el referéndum, el FA podría encontrar, en la lucha contra una reforma de la seguridad social que no votó, un instrumento para capitalizar el descontento de quienes se sientan perjudicados, acumular fuerzas contra el gobierno y mover el músculo con vistas al 2024. Inclusive, podría ser una oportunidad para ir por la revancha en un nuevo referéndum, esta vez en contra esa reforma.

Viendo cómo se ha comportado el FA en el pasado me cuesta ser optimista. El FA no parece tener la intención de acordar con el gobierno. Para muestra alcanza con escuchar las declaraciones de Murro, una vez que se difundió el informe elaborado por los representantes del gobierno en la comisión. El FA ni siquiera ha dado señales de que elaborará una propuesta propia. Para el FA lo mejor es que el gobierno pague el costo político de la reforma y aprovechar la volada para posicionarse mejor en las próximas elecciones. Por lo tanto, en algún momento el gobierno deberá abandonar el objetivo de alcanzar un acuerdo con el FA, para pasar a concentrarse en diseñar la mejor reforma posible y a prepararse para aguantar la embestida oportunista.

Algunas verdades frecuentemente soslayadas por William Yohai

El tema es, desde hace años, uno de los ejes centrales de la discusión económica. Es verdad, cada vez vivimos más años. Y, al mantenerse los critertios de edad y tiempo trabajado, el período en el que los jubilados cobran y no generan es mayor. Lo cual tensiona al sistema. En el mismo sentido al multiplicarse los avances en el cuidado de la salud aumentan los costos asociados a mantener una vejez saludable.

Por otro lado, no se debe perder de vista que simultáneamente aumenta la productividad del trabajo. Caen en forma sistemática los empleados en las actividades que producen bienes imprescindibles para la vida: alimentos, vestuario, energía, electrodomésticos, etc.

Son dos tendencias opuestas cuyo balance está completamente fuera de las posibilidades de este modesto escriba.

Pero hay algunas cosas del actual sistema “mixto” que sí están claras.

1) Como afirma el BCU^[1] en sus informes periódicos entre seguro (nunca logré tener claro que riesgo cubre) y comisión de administración, a los aportantes al sistema AFAP les quitan, mes a mes, alrededor de un 21,90% del dinero aportado.

Dicho de otra forma: las AFAP son una especie de banco donde uno coloca 1.000 pesos y si saca el saldo 5 minutos después figurará que le acreditaron 780 y fracción.

¿Usted colocaría su dinero en ese banco? Pues mire, 1.470.000 personas (números redondos) lo hacen regularmente. Y, seguramente, la inmensa mayoría desconoce esto.

Como la suma de aportes anuales que reciben las AFAP ronda los U$S 1.000 millones, la plata que reciben las administradoras suma algo así como 210 millones anuales.

El promedio de plata mensual que reciben las AFAP por aportante monta aproximadamente U$S 100^[2]. Calculando 30 años de aportes (y sin tener en cuenta las ganancias-pérdidas que ese ahorra haya generado) nos da un acumulado de unos U$S 35.000 a lo largo de su vida laboral, pero, de ellos U$S 7.600 habrán quedado en las manos de la administradora. Es evidente que su jubilación (en la parte de la misma que depende de la AFAP) deberá reducirse en una poporción similar.

Dicho de otra forma: si esa exacción no existiera el jubilado recibiría un aumento proporcional. Eso sin afectar otros aspectos del sistema.

A estas alturas conviene explicar: ¿Que hacen exactamente las AFAP?

1. a) Reciben, íntegros, mes a mes los aportes que les vierte el BPS. Que es quien asume los costos de supervisar las mil y una cosa necesarias para combatir la evasión de aportes. b) Colocan esa masa de dinero en inversiones, que están reguladas por ley, como: diversos títulos de deuda pública y/o deuda de organismos multilaterales de crédito y otra parte en emprendimientos privados que reúnen ciertos requisitos también regulados por ley. Trabajo para, tal vez, una docena de personas d) Pagan regios sueldos a una panda de gerentes y sus secuaces e) Gastan sumas ingentes en publicidad y marketing que sirve, más que para competencia entre ellas, para defender precisamente los privilegios de sus propietarios y gestores. f) El resto, ganancia de los dueños.

Cabe aclarar que un 53% del total de aportes al sistema van a República AFAP, cuyos accionistas son públicos (BPS, BROU y BSE).

Por último, cuando el trabajador se jubila esa masa de dinero pasa al BSE que de acuerdo a complejos cálculos actuariales pagará la parte correspondiente al sistema de su jubilación.

Otro aspecto clave para comprender el tema de la SS en Uruguay es el de la caja militar. Se afirma que el déficit de esa caja oscila entre 400 y 500 millones de dólares anuales.

No hemos verificado el número, pero dado que no hemos visto que haya sido desmentido, podemos tomarlo como real. Una cifra enorme. Que cubre un régimen de jubilaciones, particularmente en el caso de los oficiales de las FFAA, sumamente privilegiado.

Sin entrar a considerar el tema de fondo: salvo algunos servicios de indudable utilidad pública (sanidad militar, geográfico, prefectura nacional, aviación civil y alguno que se me escapa) y que deberían estar en el ámbito civil, resulta difícil justificar la necesidad que tiene Uruguay de unas FFAA de este tamaño.

Tal vez encarando seriamente estos dos aspectos se podría encaminar una solución para la sostenibilidad fiscal de nuestra seguridad social sin afectar en forma importante los actuales parámetros, como son edad de retiro y monto de las prestaciones.

[1]  https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Memoria-AFAP.aspx

[1]  Estos cálculos son aproximativos y deben tomarse a título ilustrativo. Se basan en los datos del bcu

Una reforma nórdica atada con alambres por Ramón Rodríguez Puppo

Desde que tengo uso de razón (dudo que este episodio haya ocurrido alguna vez) he oído hablar de la reforma “postergada”, la relación 1 a 1 (pasivos vs activos), la “materia pendiente” etc.

En fin, el Uruguay es un país donde todas las cosas viven -año a año cambiando en los discursos- pero en la realidad todo se mantiene -más o menos- igual. Puede cambiar el signo del gobierno y hasta se puede pasar de una democracia a un autoritarismo, pero a Ancap nadie la va a tocar, por ejemplo. Más o menos lo mismo pasa con la seguridad social. Seguimos la lógica del “gatopardismo”, y luego con la presión de las corporaciones y los genuinos intereses individuales de las personas se opera finalmente en favor de un statu quo.

Hoy la Comisión de Expertos en Seguridad Social representando los partidos que integran la Coalición del gobierno nos ha presentado un proyecto de reforma que insinúa cambios y uno no puede menos que esperar sabiendo que somos Uruguay, que se van a animar a pequeños retoques de un sistema que muestra fisuras y –a la vez- adiposidades que lo vuelven un ancla para la economía al mismo tiempo que no resuelve las necesidades de las personas. A la hora de la ejecución del presupuesto de la nación de cada 100 pesos que se gastan o invierten 24.4$ provienen del concepto Seguridad Social. El Uruguay sin crecimiento demográfico y con una población envejecida “surfea” en aguas apacibles sí, pero yendo directo a estrellarse con una roca. Es imperioso un cambio. Y el cambio que se nos presenta es apenas un parche. Son retoques de edad previendo una transición hacia la jubilación a los 65 años. Un sistema mixto en el que lo más positivo es que se ata un poco más la jubilación a la cuenta personal de ahorros de toda una vida y menos a la solidaridad intergeneracional. Pero el intento para un primer documento de trabajo es muy tímido. Y como era de esperar el representante del FA no iba a apoyar dicha propuesta. Por tanto, vendrán horas de negociación en búsqueda de acuerdos que en cualquier caso emparejarán el sistema hacia el statu quo.

A la propuesta original le faltó audacia. El régimen de AFAP vino para quedarse en los 90´s pero demostró que no fue solución. No alcanza con normas programáticas de buenos deseos para “controlar” que no haya exceso de ganancias en dichas empresas. Las cajas paralelas que están fundidas o a punto de fundirse no queda claro ¿cómo se las va a rescatar? y ¿qué reformas se espera? para darle alguna respuesta a los jubilados del mañana. Se debió haber sido un poco más audaz en el tema de las edades jubilatorias de cajas especiales como la militar. Y me preocupa el silencio de la Comisión respecto de las prestaciones que se sirven a familiares de ex guerrilleros a título de pensiones hereditarias en las que se generó una excepción a todo el régimen y que deberían ser al menos topeadas, si no eliminadas.

En fin, no deja de ser un primer documento y me hubiera –al menos- contentado si a partir del mismo se desprendía un acuerdo nacional que emerja como política de Estado. Pero la postura intransigente y radical del FA nos augura el peor escenario posible en el corto plazo. Me imagino una comisión de expertos buscando desesperadamente y a partir de un documento tibio generar consenso con quien te va a arrimar de nuevo a un escenario de “No toquen nada” o lo que es peor “que paguen el pato los que vienen atrás”. (esta expresión viene del siglo XVI y en realidad originalmente se referían a pagar el pacto. Era una amenaza del cristianismo a los judíos). Acá también tendremos que pagar el “pacto”.

Las democracias en el mundo han repetido esta historia de Uruguay porque a casi todas les ha pasado vivir este tipo de situaciones. Los nórdicos fueron los primeros en experimentarla. Avanzaron en la legislación protectora y se dieron cuenta que no alcanzaba con las buenas intenciones. Fueron los suecos, los polacos y los daneses quienes se arrimaron a una reforma de este tipo combinando solidaridad, cuentas privadas y ahorro combinado. Pero fueron a fondo y con el paso de las décadas salieron a flote. No importaba mucho si eran de izquierda o de derecha los gobiernos. Las cuentas no les cerraban y cambiaron. Acá eso no se puede. Existe el FA y el Pit Cnt. Y van a trancar y no tienen dentro de sus filas una línea moderada con cierta fuerza que les diga al oído: ”che ..mirá que nosotros podemos llegar a ser gobierno de nuevo alguna vez. Conviene acordar algo razonable”. Eso ya no existe más. Al FA hoy le falta “centro” y algo de “pelota al piso”.  Por tanto, entre el proyecto timorato y la necesidad de bloquear…solo espero una reformita nórdica atadita con alambre y con olor a torta frita, y poca cosa más.

Las venas abiertas del BPS por Rodrigo da Oliveira

Y, un día, llegaron las primeras noticias acerca de la propuesta de reforma para el régimen jubilatorio que abarca a la mayoría de los uruguayos. Esa genuina hija de la madre nunca aplicada de todas las reformas es la piedra en el zapato económico de los últimos, al menos, 50 años. Intentos hubo de modificaciones, se desarrollaron algunas parciales (como la de las AFAP) y se generaron graves problemas para los gobiernos siguientes en otras (como la de 2014).

Un tanto de pragmatismo y un mucho de demagogia primaron en una y otra, los resultados los tenemos a la vista.

Dos temas de fondo: la profusión de subsistemas jubilatorios y la dificultad de sostener el pago de las jubilaciones y pensiones en curso. Resulta llamativo ver como diversos actores políticos critican los privilegios de terceros y dejan pasar sin más las ventajas propias en cuanto a su retiro y demás beneficios percibidos durante el desempeño de su actividad. Esos mismos nada dicen acerca de unificar criterios para los trabajadores en actividad, con miras a un solo sistema que cubra su retiro.

Deberíamos ir hacia un solo régimen laboral para públicos y privados que solo haga distingo entre las cuestiones imprescindibles al desempeño de sus tareas, pero que de ninguna forma privilegie a unos sobre otros como actualmente sucede.

Claro está que ello no debe basarse en la pérdida de derechos adquiridos, sino con miras a futuro. Cosa diferente es ajustar variables de edad de retiro, teniendo en cuenta cosas como el aumento en la esperanza de vida, por ejemplo.

Se ha acusado de «neoliberal» (concepto discutible si los hay) a este intento de reforma y sus propuestas, nada más lejos de ella.

Sigue buscando sostener una manera que abarque a la gran mayoría,  cubriendo además a quienes poco o nada han aportado. El tema de los topes es algo que genera ruidos extra, ya que es un robo directo por parte del estado al aporte individual en aras del colectivo.

Solidario, que le llaman. Se tiende a ser solidario con la ajena, antes que con la propia. En fin.

Todo esto enfrascado en una discusión política, que no ideológica, dentro de la cual un sector acostumbrado a repartir dineros sin financiamiento genuino acusa a otros de querer arrebatar derechos.
¿De qué modo se generaron tales derechos?, sería la pregunta sin respuesta.

En carne propia lo sintió Vázquez al asumir su segunda presidencia y encontrarse con miles de jubilaciones y pensiones surgidas durante la reforma Mujica (¡¿cuándo no?!) y vérselas en figurillas para seguir pagando la fiesta en plena recesión. Estos y otros desmadres costaron al FA la pérdida de la administración, pero ello parece ser poco o menos importante, lo que contaba y cuenta era y es seguir repartiendo dineros que no hay o que para obtenerlos es necesario seguir tomando deuda.

Deuda, emisión, inflación… ¿le suena?

Asentado todo ello además con lo regresivo del sistema de IRPF llevado adelante en el período 2005/2010, en el cual se aumentó en mucho mayor medida de la esperada la recaudación por parte del amado estado nacional.

Quién tiene más, pagará más. Falso.

Quién tiene más y se lo quieren tocar, busca otros rumbos. Y la fiesta la pagan asalariados y jubilados, que son rehenes del sistema y con ingresos fijos.

Historias aparte, estamos de cara a dos instancias de enorme peso para este gobierno: la defensa de la LUC y la llevada a cabo de este ajuste del sistema de jubilaciones y pensiones.

El costo político de esta última podría ser muy alto, así como es imprescindible buscar una salida a algo que todos están contestes en que es imperioso solucionar ya mismo.

Los que están en contra no lo hicieron cuando gobernaban, ya sabiendo que debía realizarse.

Los que están a cargo hoy saben que hará ruido y será utilizado en su contra en la próxima campaña electoral.

Así planteadas las cosas, veremos si prima la honestidad intelectual o la demagogia.

Reservo mis convicciones al respecto, seguramente puedan adivinarlas y sin mayor esfuerzo.

Mientras tanto, quien esto escribe se apresta a agregar al menos un lustro a su edad de actividad laboral. Pa ser solidarios, ¿vio?

Una estafa contra los trabajadores por Rafael Fernández

La reforma de la seguridad social que impulsa el gobierno, inspirada por el Fondo Monetario en todo el planeta, se pretende sustentar en el supuesto “déficit” del sistema jubilatorio. No hay tal déficit, sino un verdadero vaciamiento. Los sucesivos gobiernos (primero blanqui-colorados, luego frenteamplistas) fueron reduciendo el aporte patronal -que hace algunas décadas estaba en el 14%. Hoy apenas aportan un 7,5% (contra un 15% de aporte obrero, antaño era el 13%), pero de ese porcentaje hay que deducir un 26% de exoneraciones votadas también en los sucesivos gobiernos. En otras palabras, los patrones aportan solamente el 5,6% sobre la masa salarial declarada (es decir, ignorando la evasión) y los obreros un 15%. Los ingresos del BPS además se ven reducidos por la captación de parte de los aportes personales por las administradoras de fondos previsionales (AFAP). En otras palabras, los obreros cada vez más financian ellos mismos sus futuras jubilaciones, siendo cada vez menor el aporte patronal. Téngase en cuenta que el BPS no sólo paga jubilaciones y pensiones, sino también otras prestaciones como el seguro de paro -que debería ser íntegramente financiada por los patrones.

El planteamiento de Saldain en nombre de la coalición derechista es una declaración de guerra contra el movimiento obrero. Propone extender las AFAP a toda la seguridad social, y equiparar hacia abajo todos los derechos jubilatorios y previsionales, para seguir generando ganancias a favor de los banqueros y grandes capitalistas. El aumento de la edad de retiro pretende justificarse en el crecimiento de la expectativa de vida, pero ocultan que un obrero en la actualidad produce infinitamente más que hace algunas décadas. El absurdo del régimen social actual es que apenas un 1% concentra en sus manos una inmensa riqueza -equivalente al PBI de naciones enteras, o al 50% de los ingresos de la población mundial- pero los obreros deben justificar su derecho a una miserable jubilación trabajando más años. Se trata de una rebaja salarial inocultable, para aumentar las ganancias capitalistas -y poder volcar más subsidios estatales a los bancos y corporaciones.

Desde el estallido de la crisis financiera en EE.UU. en 2007/2008, los gobiernos vienen volcando gigantescas sumas de dinero al salvataje de los bancos y empresas, aumentando el déficit fiscal y las deudas estatales, y provocando una pauperización de los trabajadores. El Estado debe sostener a los “malla oro”, porque supuestamente son los que generan riqueza y empleo, pero esos salvatajes no se han traducido en crecimiento de la producción, sino que se vuelcan a la especulación. Eso explica que no crezca el empleo (y sí la precarización laboral), mientras se desarrollan gigantescas burbujas financieras. La crisis del gigante Evergrande en China, y el referéndum en Alemania sobre la expropiación de viviendas, descansan sobre el mismo fenómeno: el encarecimiento de las viviendas como consecuencia de la especulación inmobiliaria, que es agravado por las masas de dinero que vuelcan los Estados en favor del gran capital.

Si se suman las exoneraciones fiscales y de aportes patronales, es claro que el Estado vuelca a las empresas una cifra multimillonaria en dólares, a lo que hay que agregar los subsidios directos y la propia rebaja del aporte patronal. Si se tienen en cuenta estas cifras, que Saldain y Lacalle pretenden mantener e incrementar, queda claro que no sólo no hay “déficit” del BPS sino que son los trabajadores los que están siendo despojados sistemáticamente por los grandes empresarios.

La “oposición” política no ha realizado ninguna declaración repudiando el planteo de Saldain. Buena parte de los dirigentes del Frente Amplio han declarado en muchas oportunidades que “habrá que trabajar más años” (Mujica, Astori). Fueron ellos mismos los que promovieron la última rebaja del aporte patronal desde el 12% al 7,5%; son perfectamente conscientes que se está confiscando a los trabajadores con el verso de generar empleo.

En los sindicatos se está abriendo el debate sobre un plan de lucha para enterrar este brutal ataque. Hay que tener en cuenta que en todo el mundo estas reformas han provocado huelgas, movilizaciones y auténticos levantamientos populares. Uruguay no será menos. Necesitamos poner en discusión la huelga general frente a la reforma del FMI. Se acerca un Congreso del PIT-CNT, y ese será el planteo que llevarán sectores clasistas y combativos, para terminar con la estafa de las AFAP, impedir el aumento de la edad de retiro, aumentar las jubilaciones y pensiones, y terminar con las exoneraciones al gran capital.

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