El segundo aumento de las tarifas por encima de la inflación en sólo diez meses y en un contexto recesivo, constituye un nuevo e irracional desaguisado del gobierno multicolor e incumple flagrantemente las promesas de la campaña electoral.
Si bien la irrupción de la pandemia modificó algunos planes de la administración de Lacalle Pou, no cambió, en lo sustantivo, el propósito de aplicar medidas restrictivas, que van en sentido contrario a las estrategias globales.
Es claro que el presupuesto aprobado por el parlamento con los votos de los socios de la coalición conservadora, no contempla, en modo alguno, la desaceleración económica ni los impactos sociales provocados por la epidemia.
La obsesión por amputar 900 millones de dólares anuales al Estado para equilibrar las cuentas públicas y preservar el grado inversor atendiendo las presiones de las calificadoras de riesgo, devino en la sanción y ulterior promulgación de la primera ley presupuestal sin aumento de gastos e inversiones desde la restauración democrática, en 1985.
Hoy, con una inflación anual acumulada del 9,41%, la mayor en los últimos cinco años según el Instituto Nacional de Estadística y con escuálidas correcciones salariales de apenas un 3,5 % para los trabajadores de la actividad privada sin convenio y de poco más de un 4% para los públicos, el gobierno insiste en ajustar al alza el valor de las tarifas públicas.
Por supuesto, la medida también castiga a los jubilados y pensionistas, particularmente a los de menores ingresos, que, en febrero, cobraron con un incremento del 7,57%, casi dos puntos menos que la inflación anual.
El desfase entre el IPC de los últimos doce meses y la eventual mejora será menor al de las retribuciones de los asalariados de la actividad pública y la privada, porque las pasividades se ajustan, por mandato constitucional, en función del Índice Medio de Salarios. La diferencia está en el efecto arrastre de algunos convenios salariales vigentes hasta el año pasado, que fueron rubricados durante el gobierno del Frente Amplio.
Naturalmente, en todos los casos hay pérdida del poder de compra de los sectores de ingresos fijos, lo cual impacta directamente en el consumo y particularmente en el comercio, con la consiguiente afectación de las fuentes de trabajo en el sector que ocupa más personal.
Sin embargo, en el marco del relato tendencioso que sigue armando el oficialismo con la cómplice obsecuencia de los medios de difusión masiva, se afirma que las tarifas públicas fueron ajustadas por debajo de la inflación.
En efecto, la tarifa de UTE aumentó en promedio un 5%, lo cual es naturalmente engañoso porque los precios dependen del plan y del consumo residencial de cada usuario.
Por su parte, los servicios de OSE subieron un 6,5% y el valor de las tarifas de ANTEL promedialmente un 6,4%, con un incremento del 6,3% en el caso de la telefonía móvil y un 9,5% en el caso del servicio de datos. En tanto, la modificación a la baja de la telefonía fija del 5,2% es casi simbólica, porque ya casi nadie usa ese medio para comunicarse o lo hace cada vez con menor frecuencia.
Aquí la clave es el tarifazo que se aplica a Internet, que contrasta con las necesidades originadas por el aumento del teletrabajo requeridas por la grave crisis provocada por la pandemia.
Respecto a los combustibles, cuyo precio fue congelado por el gobierno anterior, el ajuste fue del 6,19% en el caso de las naftas y del supergas, que es el producto más consumido por los hogares. Tanto el valor del barril de petróleo como el planchado tipo de cambio permitían obviar la suba.
El mantenimiento del precio del gasoil es una suerte de saludo a la bandera y una insólita discriminación, porque sólo favorece a los propietarios de vehículos caros y a la oligarquía empresarial.
Contrariamente a lo que afirma el gobierno, salvo en el caso del aumento promedio de UTE, que ya hemos explicado, todos los incrementos están por encima de la inflación, que debe computarse desde abril a diciembre.
En efecto, como el primer aumento tarifario del gobierno se aplicó en abril del año pasado, la inflación que debe considerarse es la generada entre ese mes y diciembre, cómputo que no llega ni al 6%. Desde ese punto de vista, salvo en el caso de UTE, todos los precios fueron ajustados por encima de la inflación.
Lo mismo sucedió en abril de 2020, cuando el gobierno- en plena pandemia igual a ahora- asestó el primer mazazo al bolsillo de los uruguayos, aumentando las tarifas de UTE en un 10,5%, las de ANTEL en un 9,78% y las de OSE en un 10,7%, todas ellas por encima de la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC).
Cuando el Frente Amplio gobernaba, los precios de los servicios públicos se ajustaban una vez al año en enero en sintonía con la inflación. La radical diferencia es que los incrementos reales de los salarios y las jubilaciones, casi siempre por encima del IPC, compensaban, con creces, esas correcciones tarifarias.
Este nuevo tarifazo sobreviene en un tiempo de contracción de la economía, pérdida de salarios y jubilaciones, aumento encubierto de la desocupación y masivos seguros de paro.
¿Qué fue de las promesas de la derecha en el sentido que las tarifas no subirían e incluso bajarían? Eran falacias del virus multicolor, que estafó la confianza de los uruguayos y conquistó el gobierno mediante un apócrifo relato contaminado de mentiras, amplificado por los empresarios obsecuentes de la comunicación y por los amanuenses mercenarios del poder.
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