El asunto que voy a desarrollar quizás no sea apropiado para la campaña electoral, pero es algo que nuestro país tiene que encarar en algún momento: me refiero a la relación con las Fuerzas Armadas.
En una determinada circunstancia de nuestro pasado reciente, ese del que los viejos tenemos recuerdos personales y los jóvenes, si se interesan, solo tienen relatos, se organizó en este suelo un movimiento guerrillero que cobró fama internacional y cobró vidas nacionales. De ese período se ha construido un relato parcial y hasta sesgado tanto de sus causas como de su desenlace.
Sobre lo que no hay discusión es que, en un momento dado, las autoridades legítimas de gobierno de ese tiempo dispusieron la intervención militar para derrotar al movimiento guerrillero, que se había levantado en armas con el propósito de hacerse del gobierno. Esa tarea fue ejecutada con rapidez. Los militares, además de lo que se les había encomendado, hicieron algo que nadie les había pedido ni tenían derecho a hacer: cerraron el Parlamento, sustituyeron al Presidente y todos los Ministros y se dispusieron a reformar al Uruguay según el paradigma del cuartel. Esa fue una decisión institucional de las Fuerzas Armadas, involucró a todos y los que se pusieron en contra (Contralmirante Zorrilla, por ejemplo) fueron neutralizados.
Fue un atropello contra todos los uruguayos (aunque hubiese algunos uruguayos que lo recibieron con alivio) en un despliegue corporativo con propósitos que nada tenían que ver con la lucha antisubversiva. Nos quitaron a todos los uruguayos derechos y libertades. Yo estuve activamente en contra de esa usurpación: yo y muchos uruguayos que no éramos tupas ni protupas, ni justificábamos la actividad y los propósitos guerrilleros.
Las cosas actualmente han vuelto a su cauce: las Fuerzas Armadas no participan del gobierno ni directa ni indirectamente y no hay nada que reclamar en este punto. Se dio vuelta la página.
Pero sucedió que en el relativamente breve tiempo del enfrentamiento armado contra la guerrilla se cometieron actos injustificables: muchos uruguayos, con vínculos guerrilleros reales o supuestos, fueron internados en los cuarteles y algunos salieron de allí muy maltrechos y otros no salieron nunca.
Mediante un pacto entre los militares y el Partido Colorado y el Frente Amplio fue restituida la democracia y el Uruguay, con vacilaciones y tropiezos, abrió un período (largo) de investigación, juicio y castigo para los militares, señalados con nombre y apellido, responsables de los actos aberrantes. Ese proceso se ha prolongado en el tiempo: sobre esa prolongación el Uruguay debe procurar reflexionar.
Voy a mencionar, al pasar, mi opinión personal respecto a la jurisprudencia más generalizada hoy que sostiene que hay delitos de tal gravedad que son imprescriptibles, duran para siempre. Durante siglos el derecho en uso en nuestro mundo occidental aceptaba la prescripción del delito. Si transcurría mucho tiempo (en algunos países 30 años, en otros más) y no se podía demostrar nada o no se podía encontrar al presunto responsable, la sociedad desistía de su impulso justiciero, abandonaba la pesquisa, no por cansancio sino porque no se podía ya esperar ningún beneficio en su prolongación. Personalmente estimo que era una postura sabia: los humanos vivimos en el tiempo, somos seres de tiempo, no tenemos nada eterno, la vida sigue, el tiempo se comerá en el olvido lo que hayamos declarado imperecedero o imprescriptible. Me parece más sano reconocerlo que proclamar una eternidad que el tiempo desvanecerá inevitablemente en algunos años. Pero no es este el criterio que se acepta actualmente en el mundo ni en el Uruguay.
Lo que estimo debemos tener presente –y es el criterio que ha tomado el Senador Javier García mientras fue Ministro de Defensa- es que las instituciones, en este caso las Fuerzas Armadas, no acarrean (y menos para siempre) las culpas de los delitos y horrores que cometieron determinados miembros en el pasado. Así como fue una decisión institucional de las Fuerzas Armadas tomar el gobierno desplazando a los titulares que habían sido elegidos, no hay evidencias de que haya sido una decisión institucional la tortura, muerte y desaparición de detenidos.
¿Se puede hoy pedir respeto a la institución Fuerzas Armadas y a sus miembros? Hay quienes sostienen que eso no es posible mientras haya desaparecidos, ya que la desaparición forzada es un delito imprescriptible. Pero ¿quién es el sujeto o el actor de ese delito terrible? No se sabe y entonces, como no se sabe, se culpa a todos, inculpación injusta ya que se asienta en la ignorancia del acusador, se apoya sobre un no saber.
Respecto a esta báscula saber-no saber el Uruguay tendría que sincerarse. Hay cosas que se saben y también hay certezas de lo que no se sabe. Sabemos de memoria los nombres de Gavazzo, Cordero, Arab y toda esa lista. También sabemos que había cuerpos del Ejército –el S1 y el S2- (y también de las otras Fuerzas), que se encargaban de las tareas de inteligencia y que, en el desempeño de esas tareas de inteligencia se transgredían límites. Había otros militares en otras tareas. En Treinta y Tres, donde yo vivía en esos tiempos, mataron a Batalla en el cuartel y, simultáneamente, era Intendente un Coronel, que no tenía nada que ver con el cuartel, ni siquiera vivía allí.
Hay que sincerarse en ese saber-no saber. Tampoco sabemos cuántos enterramientos clandestinos en predios militares quedan por descubrir ¿Muchos más o ninguno más? No sabemos. El no saber ¿a qué cosas da derecho? ¿qué legitima? Yo integré –y me sentí honrado cuando me invitaron- una comisión pro monumento memorial a los desaparecidos. La integraban ciudadanos honorables como Seregni, Arana, Maggi y otros muchos. Elegimos un lugar en la ladera del Cerro, llamamos a un concurso de arquitectos para construir un monumento que contuviera los nombres de los desaparecidos en el Uruguay. Allí está, se lo puede visitar, en la ladera del Cerro, mirando a la bahía, el monumento-memorial con una treintena de nombres; no más.
Me parece que se ha instalado un bascular perverso entre saber y no saber: como no sé atribuyo que tiene que haber otro u otros que saben y construyo arbitrariamente (y convenientemente) ese otro que infiero o afirmo que sabe y le pido cuentas. Hay jueces y fiscales que han obrado de ese modo: no generalizo ni hablo al boleo, los casos que conozco los he denunciado bajo firma en este semanario (que puede sentirse orgulloso de haber aguantado la mecha). Interpretaron esos jueces y fiscales que el pueblo uruguayo les pedía que fueran particularmente severos con los militares acusados de violar los derechos humanos; hubiésemos preferido que fuesen particularmente justos, ofreciendo meticulosamente todas las garantías del debido proceso, (no solo porque es su obligación hacerlo sino para marcar la diferencia con los fallos de la justicia militar de aquella época).
Creo, en virtud de lo expuesto, que la institución militar no debe permanecer bajo sospecha por actos aberrantes de alguno de sus integrantes en el pasado. Es saludable y digna de recibo la postura que en ese sentido ha tomado el Dr. Javier García durante el lapso de su titularidad en el Ministerio de Defensa.
Estimo que mi escrito se sostiene sólo, pero agregaré una referencia (aunque solo sea para que esa cita no se pierda). Mujica, recién electo Presidente, reunió a todos los mandos militares en Durazno y les dijo. “La unidad nacional la empezamos a plantear la noche misma del cierre electoral. Dijimos, ni vencidos ni vencedores, aunque como cualquier cosa debió haber gente que no le gustó. La unidad nacional solo será posible si se practica un enorme respeto por lo diverso. Por eso estoy aquí y me hago cargo de una causa común”
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