La distinción entre izquierda y progresismo tiene una importancia clave en cualquier esfuerzo de renovación. El poder distinguir entre una y otra perspectiva condiciona las opciones de cambio, pero a la vez, esa diferenciación no siempre es sencilla. Existen solapamientos entre esas dos posturas y repetidamente el progresismo alienta la confusión al presentarse a sí mismo como izquierda.
Se pueden ilustrar las diferencias a partir de algunos aspectos destacados. Desde el punto de vista histórico, los progresismos latinoamericanos son más recientes y derivan de izquierdas que les dieron origen a inicios del siglo XXI. Los primeros años de gobiernos como los de Lula da Silva en Brasil o Rafael Correa en Ecuador, expresaban un empuje de izquierda, con una amplia base ciudadana, y de esfuerzos de renovación que incorporaron nuevos temas y protagonistas. Se enfatizaba en la justicia y además se la ampliaba en lo social y ambiental. Pero con el paso del tiempo abandonaron aquella actitud, y se convirtieron en algo distinto, que son los progresismos tal como ellos mismos se denominan.
Con el paso de los años las diferencias se acentuaron. Los progresismos otorgaron un papel relevante al control estatal sobre el mercado en algunos sectores, pero al mismo tiempo lo cobijó en otros (en especial los negocios bancarios). De a ratos criticaban a Washington y Bruselas, pero se volvieron más dependientes de la globalización. Acentuaron, en todos los casos, sus roles de proveedores de materias primas, reforzando la subordinación internacional. Los progresistas desplegaron programas de lucha contra la pobreza, que fueron muy valiosos como medidas de emergencia, pero lo hicieron en varios casos acentuando el asistencialismo económico y el consumismo, sin poder resolver atrasos en educación y salud. Sus retóricas invocaban los derechos humanos y la democratización, avanzaron en ese campo, pero deteniéndose cuando la crítica o la movilización popular ponían en riesgo su permanencia en el gobierno, privilegiando el objetivo de mantenerse en el poder estatal.
Es importante que esa distinción no genere confusiones. Los progresismos no expresan posturas neoliberales ni conservadoras, pero tampoco pudieron mantener aquel empuje de una izquierda plural que sumaba nuevas temáticas, como género, interculturalidad o ecología. De un modo esquemático, podría interpretarse que los progresismos son el resultado de esfuerzos de renovación de la izquierda que no fructificaron.
En Uruguay no se escapó a esa situación. Tanto en los aciertos como en el desencanto con el desempeño del Frente Amplio puede ser analizado considerando esta distinción. Eso permite advertir que el viraje hacia el progresismo tuvo lugar poco a poco, hasta consolidarse sobre todo bajo el gobierno de José Mujica.
Por lo tanto, los intentos actuales de una “renovación” están frente a esas dos opciones. La renovación puede convertirse en un ajuste dentro del progresismo (como intentó Alberto Fernández en Argentina o parece ser el propósito actual de Lula da Silva en Brasil). O bien, puede ser una renovación volcada a la izquierda, que tome los aciertos progresistas, pueda resolver sus contradicciones, y dé nuevos pasos en incorporar otras cuestiones, más actores, aceptando la crítica y la diversidad.
Dos caminos
Esa tensión entre elegir uno u otro camino está presente una y otra vez en Uruguay, aunque no siempre se lo advierte. Uno de los ejemplos más recientes se dispara ante el proyecto gubernamental de tomar agua del Río de la Plata para sumarla a la red de OSE. Es una propuesta confeccionada por empresas, las que serían responsables de construir y mantener esa infraestructura, y a las cuales debería pagarse según algunas estimaciones hasta US$ 200 millones. Es claramente una iniciativa privatizadora, que tiene el apoyo del herrerismo, ya que hay “mallas oro” involucradas, y es defendida con “uñas y dientes” por el Ministro de Ambiente, Adrián Peña, del Partido Colorado. Se expresa una coincidencia política entre herreristas y colorados, que, por estar volcada a la privatización de un servicio estatal y el apoyo a grandes empresas, se acerca a lógicas neoliberales.
Esa intención recibe múltiples críticas, y a los efectos del presente análisis se las pueden dividir en dos perspectivas: una, que persiste en la lógica progresista, y la otra, que ofrece oportunidades para una renovación de izquierda.
El cuestionamiento progresista pone el acento en la privatización. Es la postura que prevalece en el Frente Amplio y el sindicato de OSE, denunciando que al ser una privatización del servicio de agua potable sería inconstitucional. Se defiende al Estado como proveedor de servicios básicos, y aunque puede incluir otras advertencias (como las ambientales), reclama asegurar el control estatal, todo lo cual es típico de los progresismos.
La otra posición no reniega de aquellas advertencias, sino que las incorpora, pero da unos pasos más. Se alerta que la calidad ambiental del Río de la Plata está muy comprometida, considerando la enorme carga de contaminantes que recibe, y además existen episodios de salinidad, lo que hace que se acumulen los riesgos de que el agua que llega a nuestras casas sea de peor calidad y amenace nuestra salud. Esta perspectiva es más amplia; incluye dimensiones sanitarias, ambientales y económicas. Pero la conclusión es diferente: ese proyecto del gobierno es inaceptable incluso si lo llevara adelante el Estado por medio de OSE. Es en esto que se expresa la mirada de una nueva izquierda.
Desde una renovación de la izquierda, hay acciones o políticas que son inaceptables o intolerables por violar o poner en riesgo la calidad de vida de personas y del ambiente, independientemente de la participación estatal (sea implementado por empresas privadas, estatales o mixtas). Dicho de otro modo: la propiedad de los agentes económicos no determina la justicia social o ambiental. Bajo esta mirada, el compromiso con la justicia regresa al primer plano.
Los modos por los cuales discurra estos y otros debates, reflejarán cuáles tipos de renovación se potenciarán desde el Frente Amplio. Si en realidad son ajustes o rectificaciones progresistas, o bien si se abren oportunidades para ampliar y potenciar otros modos de entender la justicia, si se mira más allá de la próxima elección, y si se pluralizan voces y demandas.
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