El senador socialista y ex ministro de Desarrollo Social Daniel Olesker advirtió que la ley de presupuesto votada por la coalición multicolor puede generar un brutal retroceso, al final del período, de dos mil millones de dólares con respecto a los recursos presupuestales ejecutados en 2019, último año de gobierno del Frente Amplio.
El monto, que equivale a casi cuatro puntos de PBI, significaría, en caso de concretarse, una grave afectación a las prestaciones estatales, y redundaría en un serio deterioro de la calidad de vida de los uruguayos, con rebaja de salarios y pasividades e incremento de la pobreza.
Al respecto, el legislador denunció que el artículo 7 del texto normativo habilita, en determinadas circunstancias, a ejecutar menos dinero del presupuestado, acorde a la rígida regla fiscal implantada por la LUC, lo cual supone un discrecional ajuste sin control parlamentario.
La afirmación, que no es un vaticinio de un mero actor político sino de un economista de fuste reconocido a nivel nacional e internacional, confirma -con la contundencia de las cifras- el talante draconianamente restrictivo del texto presupuestal que regirá en los próximos cinco años.
En efecto, sólo en 2021, el gobierno recortará 21.000 millones de pesos a las unidades ejecutoras del Estado, incluyendo 8 mil millones de pesos a la educación pública.
Como afirmaba el recordado contador José Pedro Damiani, que otrora fue director del Banco de la República en representación del Partido Colorado y presidente del Peñarol –única afinidad que me une con él- “los números no mienten, los que mienten son los que hacen los números”.
Esa reflexión, despojada de todo tecnicismo de impronta economicista y de fácil comprensión para el conocimiento vulgar, sintetiza -con singlar elocuencia- la falacia institucionalizada del equipo económico de gobierno, que niega los brutales recortes que está aplicando y proyecta aplicar a los fondos estatales pasibles de ejecución, con el eufemismo que lo único que se reduce son “los excesos y las gorduras” del Estado.
Ese es, por supuesto, el discurso del Director de la OPP, Isaac Alfie, bautizado por el diputado frenteamplista Gonzalo Civila como el “hombre manos de tijera”.
Su justificación para congelar, por ejemplo, el presupuesto educativo, es que habrá menos inscripciones y menos alumnos, reflexión que parece formulada por un ignorante, que no contempla, en modo alguno, la singularidad del proceso de enseñanza y aprendizaje ni la necesidad de atender –mediante estrategias personalizadas- a los niños y adolescentes procedentes de las familias sumergidas con mayor riesgo de desvinculación educativa.
Lo concreto es que, como hemos denunciado, el futuro presupuesto educativo sufrirá un salvaje amputación de aproximadamente un 22%, a raíz de lo cual habrá entre 40.000 y 50.000 horas docentes menos. Ello dejará sin trabajo a más de
2.000 educadores y generará una explosiva superpoblación de alumnos por clase, ya que serán eliminados 150 grupos del Plan 2006, según lo confirmado por fuentes gremiales.
También se reducirán las coordinaciones interdisciplinarias, los programas de apoyo a adolescentes con dificultades y las tutorías, que son absolutamente esenciales para acompañar las trayectorias académicas de alumnos de contexto socio educativo complejo.
Este irracional criterio, propio de un tecnócrata insensible –que vendió sus servicios a una multinacional que demandó al país-para quien la vida de las personas se reduce a una mera ecuación entre ingresos y egresos, déficits fiscales y grados inversores, es una concepción obtusa de la sociedad.
No en vano, también fue acusado de desmantelar el plantel de Peñarol cuando era tesorero de dicha institución, priorizando la caja sobre los intereses deportivos.
Este señor tampoco contempla la virtual desaparición del Sistema Nacional de Cuidados, que hasta el año pasado atendía a más de 80.000 personas en situación de vulnerabilidad.
Uno de los servicios que será más afectado es el denominado Programa de asistentes personales, que, según las proyecciones del gobierno, tendrá a fines del período la mitad de usuarios que en el presente, porque las postulaciones fueron cerradas en agosto por tiempo indefinido.
La Secretaria del Sindicato Único de Asistentes Personales Silvina Brocal advirtió que “el gobierno habla en términos de reestructura pero sus decisiones lo que arrastran son consecuencias desastrosas, en ocasiones confundiendo discapacidad con dependencia severa”.
Al respecto, en un revelador reportaje concedido al semanario Voces, la Directora del Instituto de Economía de la Universidad de la República, Gabriela Mordecki, advirtió que las proyecciones de crecimiento del equipo económico incluidas en el presupuesto, son excesivamente optimistas e “inconsistentes”, porque no contemplan el escenario global de post-pandemia, que será tan incierto como volátil.
Esta ley de presupuesto, al igual que la LUC, ignoran insólitamente los impactos económicos y sociales devenidos de la pandemia, como si sus autores vivieran en otra galaxia. No en vano, no se atendió adecuadamente la emergencia social ni se otorgó una suerte de salario mínimo ciudadano para ayudar a las familias más desprotegidas, como lo propusieron el Frente Amplio y el PIT-CNT.
Es tan ultra-ortodoxo este gobierno pro-mercado que ni siquiera emuló a rabiosos neoliberales como Jair Bolsonaro y Donald Trump, quienes concedieron partidas de supervivencia a las personas que viven en la periferia de la sociedad.
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