El gobierno asestó un nuevo golpe a la producción y a la población en general, al decretar el cuarto aumento de combustibles en apenas siete meses, una situación absolutamente inédita desde los lejanos tiempos de la inflación de tres dígitos del gobierno autoritario de Jorge Pacheco Areco en la década del setenta y en el primer gobierno de post-dictadura encabezado por Julio María Sanguinetti.
Este nuevo ajuste en el precio de las naftas y el gasoil, que se aplica en función del novedoso mecanismo de fijación establecido por la LUC, eleva el valor de estos subproductos en más de un 20% con respecto a enero pasado.
Obviamente, el incremento impactará directamente en el bolsillo de los uruguayos y particularmente en los costos de producción, ya que las empresas los trasladarán a sus precios para no perder competitividad.
Este brutal desaguisado, perpetrado por una coalición derechista que estafó inmoralmente a los electores durante la campaña previa a los comicios cuando prometió bajar o bien congelar el precio del producto, se traducirá seguramente en un nuevo empuje inflacionario que horadará el poder de compra de los escuálidos bolsillos de la mayoría de los ciudadanos.
La consecuencia será un salto al alza del Índice de Precios al Consumo, lo que haría trizas los optimistas pronósticos del gobierno y también afectará la ya iniciada ronda de negociación colectiva, acotando el margen de maniobra para acordar convenios salariales, ya de por sí ajustados a pautas restrictivas que no garantizan la recuperación.
Como se recordará y aunque el gobierno se empeñe como siempre en jugar a la desmemoria, el primer aumento de los combustibles de este año se registró en enero, con un 6,2% respecto a los valores vigentes hasta diciembre de 2020.
Luego, en junio, se concretó un tarifazo del 12%, en julio hubo una pequeña corrección al alza y, a partir del primer día de agosto, se aplicó un incremento del 7,6% en el valor de las naftas y de casi un 11% en el del gasoil, lo cual supone un auténtico cimbronazo para el sector productivo.
El pretexto, además de la aplicación del PPI (Precio de Paridad de Importación) previsto en la cuestionada LUC, son los supuestos sobrecostos de larga data, que no eran trasladados a los precios cuando gobernaba el Frente Amplio.
Como se recordará, durante las administraciones progresistas las tarifas sólo eran ajustadas en enero, en guarismos siempre inferiores a los aumentos salariales y de jubilaciones.
Esa circunstancia otorgaba absoluta certidumbre, Incluso, también se registraron rebajas tarifarias cuando los siempre fluctuantes valores del petróleo lo permitían, pese que el crudo de la modalidad Brent llegó a trepar a 130 dólares el barril. Además, los precios fueron congelados durante más de dos años, para no condicionar al gobierno entrante.
El año pasado, en la fase más álgida de la pandemia, la cotización de la materia prima se desplomó en picada por la caída de la economía en todo el planeta, y su valor llegó a los 30 dólares por barril en mayo de 2020, menos de la mitad de los que cuesta en el presente.
Si el Poder Ejecutivo hubiera tenido la intención de cumplir con su promesa electoral, debió aprovechar la coyuntura favorable para ajustar los valores a la baja. Sin embargo, no lo hizo, para no perder recaudación.
Es claro que la derecha prometió lo que sabía de antemano que no podía cumplir, por la alta volatilidad de los mercados y, en el presente, por el incremento de la demanda derivado del comienzo de la reactivación económica a nivel global.
Si no se deroga el artículo 135 de la LUC, que es uno de los recurridos, los uruguayos deberán vivir todos los meses entre ascuas, aguardando un nuevo ajuste.
La disposición establece que “el Poder Ejecutivo aprobará el precio de venta de los diferentes combustibles producidos por Ancap con entrega en cada una de sus plantas de distribución, previo informe preceptivo de la Ursea y de Ancap”.
En este caso, la potestad de asesorar el gobierno queda a cargo de la Ursea (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua), aunque la decisión siempre la toma el presidente de la República, en acuerdo con la Ministra de Economía y Finanzas y del Ministro de Industria, Energía y Minería.
Durante la conferencia de prensa en la que se concretó el anuncio del nuevo tarifazo, ambos intentaron justiciar vanamente lo injustificable, aunque ningún comunicador los puso en aprietos.
El que debía dar la cara y explicar el motivo de la medida es el propio Luis Lacalle Pou, quien durante la campaña electoral estafó al electorado con promesas que no cumplió ni cumplirá.
Por primera vez desde que se desató este auténtico vendaval de ajustes al alza, se escuchó la voz de oligarquía rural integrada por los latifundistas, quienes manifestaron “decepción y frustración”.
Una de los rechazos más potentes fue el del cuasi desaparecido movimiento Un sólo Uruguay, que en el último año de gobierno del FA operó abiertamente para la derecha y devino aliado electoral del bloque conservador.
Por supuesto, esto señores reclaman bajar los costos del combustible eliminado el subsidio al boleto y al supergás, dos medidas impopulares que afectarían a la mayoría de los consumidores. Obviamente, ellos no viajan en ómnibus ni usan el combustible más requerido para cocinar y calefaccionar.
Para reducir el impacto del demoledor tarifazo, el oficialismo urdió un enchastre mediático contra el senador comunista Oscar Andrade, con la ayuda del mandadero rentado Ignacio Álvarez.
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